Advance Healthcare Directive Mexico (Directiva Anticipada de Salud)

Sí. Conforme al artículo 166 Bis 4 de la Ley General de Salud, los prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, instituciones de salud) están legalmente obligados a respetar una directiva anticipada (voluntad anticipada) válidamente otorgada cuando el paciente cumple los criterios de condición terminal establecidos en el artículo 166 Bis 3, específicamente, cuando la enfermedad es incurable, irreversible a pesar del tratamiento óptimo y se espera que cause la muerte en un tiempo razonablemente corto. El artículo 166 Bis 10 de la LGS protege expresamente al personal de salud que cumple una directiva válida de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa; la protección legal cubre la decisión de no aplicar o de retirar las medidas extraordinarias conforme a la voluntad documentada. No respetar una directiva válida puede exponer a la institución a sanciones administrativas conforme a los procedimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a la responsabilidad civil por violar el derecho del paciente a la dignidad. Sin embargo, la obligatoriedad aplica específicamente a las medidas extraordinarias de sostenimiento de la vida en condiciones terminales: no permite la eutanasia activa (administrar sustancias letales) ni el abandono de las obligaciones de cuidados paliativos. El artículo 166 Bis 9 de la LGS exige que las instituciones de salud mantengan protocolos para identificar a los pacientes con directivas registradas al ingreso y para notificar al equipo médico tratante la existencia y el contenido de la directiva.

El derecho mexicano establece una distinción fundamental entre la ortotanasia y la eutanasia que es central para comprender el alcance de la directiva anticipada de salud. La ortotanasia —literalmente 'muerte correcta'— se refiere a permitir que la muerte natural ocurra sin una prolongación artificial, al no aplicar o retirar las medidas extraordinarias de sostenimiento de la vida cuando la continuación del tratamiento no tiene ningún fin curativo y solo prolonga el proceso de muerte. La ortotanasia es el principio legal y ético que subyace a la Ley de Voluntad Anticipada y a los artículos 166 Bis a 166 Bis 21 de la LGS: está expresamente autorizada y protegida por el derecho sanitario mexicano. La directiva anticipada documenta el consentimiento del paciente a la ortotanasia. La eutanasia activa —administrar una sustancia o realizar un acto con la intención de causar la muerte— sigue prohibida por el derecho penal mexicano. El artículo 312 del Código Penal Federal tipifica el homicidio por piedad como un delito distinto del homicidio ordinario, con penas reducidas, pero sigue siendo un delito. El suicidio asistido está igualmente prohibido. Ningún estado de México ha legalizado la eutanasia activa hasta 2026. La aplicación práctica para la directiva anticipada es que los médicos pueden legítimamente: desconectar los ventiladores mecánicos cuando la ventilación no tiene ningún fin curativo; cesar los protocolos de reanimación cardiopulmonar; suspender la nutrición e hidratación artificiales en estados vegetativos, todo ello mientras se continúa el manejo paliativo del dolor. Estos son actos de ortotanasia protegidos por el artículo 166 Bis 10 de la LGS, no eutanasia.

Hasta 2026, varios estados de México han promulgado una Ley de Voluntad Anticipada dedicada que provee marcos procesales específicos para el registro y la ejecución de la directiva anticipada: la Ciudad de México (Ley de Voluntad Anticipada del DF, 2008), Aguascalientes (2012), Coahuila (2009), Guanajuato (2012), Hidalgo (2012), Michoacán (2009), San Luis Potosí (2009), Nayarit (2014) y Oaxaca (2009). Estos estados mantienen Registros de Voluntad Anticipada oficiales —registros gubernamentales accesibles a los prestadores de servicios de salud para verificar la existencia de la directiva registrada de un paciente al ingreso—. Para los residentes de estados sin legislación dedicada, el marco federal —el Título XIV Bis de la Ley General de Salud (artículos 166 Bis a 166 Bis 21), agregado por decreto federal en 2009— aplica directamente y provee, en lo sustancial, las mismas protecciones para la voluntad documentada del paciente. El marco de la LGS no requiere legislación habilitante a nivel estatal para ser operativo; el derecho sanitario federal es directamente aplicable en las 32 entidades federativas. Los residentes de estados sin legislación específica deben otorgar la directiva ante un Notario Público (para un máximo valor probatorio), entregar copias certificadas a su médico de cabecera y a las instituciones tratantes, y conservar una copia con su representante en materia de salud designado. El instrumento notarial es reconocido por las instituciones de salud en todos los estados sin importar el estatus de la legislación local.

El representante en materia de salud (o representante designado) nombrado en la directiva anticipada es la persona que comunicará la voluntad del paciente al personal médico, asegurará que se cumpla la directiva y tomará las decisiones médicas conforme a las instrucciones documentadas cuando el paciente no pueda comunicarse. Elegir al representante adecuado es fundamental. El representante debe ser: alguien que conozca profundamente a la persona y comprenda sus valores, no solo sus preferencias médicas declaradas, pues las decisiones del final de la vida a menudo implican situaciones matizadas no cubiertas por completo en la directiva escrita; emocionalmente capaz de abogar en contextos médicos difíciles, incluidos los entornos de la unidad de cuidados intensivos, sin verse rebasado por el duelo o por la presión del personal médico o de otros familiares; geográficamente accesible o capaz de trasladarse con rapidez al lugar donde se encuentre el paciente cuando se requiera; y dispuesto a aceptar la responsabilidad, ya que el papel del representante puede ser emocionalmente exigente y requerir defender la voluntad del paciente frente a la posible resistencia de otros familiares que no estén de acuerdo con sus deseos documentados. El representante no necesita ser un familiar: para las personas cuya familia podría no respetar su voluntad (por razones religiosas, conflicto familiar o diferencias de valores), un amigo de confianza, un abogado o un trabajador social familiarizado con sus preferencias puede ser más adecuado. Designar a un representante suplente es importante para casos de contingencia: si el representante principal no está disponible, ha fallecido o está incapacitado cuando se le necesita.

Sí. Conforme al artículo 166 Bis 6 de la Ley General de Salud y a la legislación estatal equivalente, una directiva anticipada de salud puede revocarse o modificarse en cualquier momento mientras el declarante conserve su capacidad legal, lo que reconoce expresamente que las preferencias personales y las circunstancias médicas evolucionan con el tiempo. La revocación puede ser oral o escrita: la revocación oral ante dos testigos, o la revocación escrita ante el mismo notario que redactó la original o ante cualquier otro Notario Público. Para las directivas registradas en el registro de una Secretaría de Salud estatal, la revocación también debe presentarse ante el registro para actualizar el dato accesible a los prestadores de servicios de salud. La directiva o la revocación más reciente sustituye a los instrumentos anteriores: si el paciente otorgó una directiva en 2018 y la revoca en 2025, prevalece la revocación de 2025. La persona que se recupera de una condición temporal que la dejó imposibilitada para comunicar su voluntad —por ejemplo, una cirugía exitosa seguida de una recuperación total— puede revocar su directiva al recuperarse si sus preferencias han cambiado. Los prestadores de servicios de salud que actúan de buena fe con base en una directiva anticipada que fue revocada posteriormente, pero cuya revocación no se comunicó a la institución tratante, están protegidos de responsabilidad conforme al artículo 166 Bis 10 de la LGS, siempre que hayan verificado la existencia de la directiva a través de los sistemas de registro disponibles.

Sí. La directiva anticipada es un lugar apropiado para documentar las preferencias de donación de órganos, y hacerlo con claridad puede influir de manera significativa tanto en la ejecución de los procedimientos de donación como en la familia del fallecido durante un momento emocionalmente difícil. Conforme a la reforma de 2018 al artículo 324 de la Ley General de Salud, México adoptó un modelo de consentimiento presunto para la donación de órganos: se presume que todos los adultos han consentido la donación de órganos y tejidos al fallecer, salvo que hayan manifestado expresamente su negativa en vida. Esto significa que, sin una negativa expresa en el registro, los equipos médicos pueden proceder con la procuración de órganos tras declararse la muerte cerebral conforme al artículo 343 de la LGS, incluso ante la oposición de la familia. La directiva anticipada provee el mecanismo legal apropiado para las personas que desean manifestar expresamente su negativa al consentimiento presunto de donación: la declaración de negativa por escrito, atestiguada o notariada, es obligatoria para las instituciones de salud conforme al tercer párrafo del artículo 324 de la LGS. A la inversa, las personas que desean afirmar su consentimiento a la donación de órganos (en particular para órganos o tejidos específicos, o con condiciones determinadas) también pueden documentar esa afirmación en la directiva, dando claridad a su representante en materia de salud y a su familia. El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de México mantiene el Registro Nacional de Personas que han Manifestado su Decisión Respecto a la Donación de Órganos y Tejidos; el registro ante el CENATRA provee el dato más accesible para los equipos de coordinación de trasplantes.

Los cuidados paliativos son una atención médica especializada centrada en aliviar el dolor, los síntomas y el estrés de una enfermedad grave, con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de las familias. Son distintos del tratamiento curativo y pueden brindarse de manera simultánea con el tratamiento de prolongación de la vida o en lugar de él. Conforme al artículo 166 Bis 14 de la Ley General de Salud y al Programa Nacional de Cuidados Paliativos administrado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) y la Secretaría de Salud, los cuidados paliativos son un componente obligatorio de la atención de los pacientes terminales en México: las instituciones de salud no pueden negar los cuidados paliativos como condición para retirar las medidas extraordinarias, y deben continuar el manejo del dolor, los cuidados de confort y el apoyo psicológico y espiritual sin importar la directiva anticipada del paciente. La Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014 (Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos) establece los estándares clínicos para la prestación de los cuidados paliativos en todas las instituciones de salud mexicanas. El IMSS, el ISSSTE, las instituciones de la Secretaría de Salud y los hospitales privados están todos obligados por la NOM-011. México ha desarrollado una red nacional de unidades de cuidados paliativos y clínicas del dolor certificadas, aunque el acceso geográfico sigue siendo desigual. El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y los institutos estatales de cancerología prestan servicios paliativos especializados para los pacientes oncológicos.