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Real Estate

Urban Residential Lease Agreement Colombia (Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana)

An Urban Residential Lease Agreement Colombia is a bilateral contract between an arrendador and an arrendatario governing the rental of urban housing, primarily regulated by Ley 820 de 2003 — the principal statute governing urban residential tenancies in Colombia.

Key facts

ColombiaColombiaEnglish (CO)FreePDF & Word
Legal basisLey 820 de 2003 arts. 1-44Signature lines in this template: 3 parties
Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana

Ley 820 de 2003

Ley 820 de 2003

PRIMERA. — PARTES

ARRENDADOR:

Nombre: [Nombre del Arrendador]

Cédula de Ciudadanía: [CC del Arrendador]

Dirección: [Dirección del Arrendador]

Teléfono: [Teléfono del Arrendador]

ARRENDATARIO:

Nombre: [Nombre del Arrendatario]

Cédula: [CC del Arrendatario]

Teléfono: [Teléfono del Arrendatario]

Correo Electrónico: [Correo del Arrendatario]

Entre las partes arriba identificadas se celebra el presente Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana, regido por la Ley 820 de 2003 y el Código Civil de la República de Colombia.

SEGUNDA. — OBJETO DEL CONTRATO

EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente inmueble destinado exclusivamente a vivienda urbana:

Tipo de Inmueble: [Tipo de Inmueble]

Dirección: [Dirección del Inmueble]

Estrato Socioeconómico: [Estrato]

Matrícula Inmobiliaria: [Matrícula Inmobiliaria]

Área Aproximada: [Área del Inmueble]

TERCERA. — DURACIÓN

El presente contrato se celebra por [Tipo de Contrato], con fecha de inicio el [Fecha de Inicio] y fecha de terminación el [Fecha de Terminación]. El contrato se renovará automáticamente por períodos iguales al inicialmente pactado, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su intención de darlo por terminado mediante preaviso escrito enviado a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor de tres (3) meses a la fecha de vencimiento, en los términos de los Artículos 6, 22 y 24 de la Ley 820 de 2003.

CUARTA. — CANON DE ARRENDAMIENTO

El canon de arrendamiento mensual es de [Canon Mensual], pagadero [Fecha de Pago], mediante [Forma de Pago].

PARÁGRAFO PRIMERO. — Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, EL ARRENDADOR podrá incrementar el canon en una proporción que no supere el ciento por ciento (100%) de la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) certificada por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, sin exceder el límite del Artículo 18, conforme al Artículo 20 de la Ley 820 de 2003. EL ARRENDADOR informará a EL ARRENDATARIO el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio postal autorizado o del mecanismo de notificación personal establecido en este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. — La mora en el pago del canon generará intereses a la tasa máxima legal permitida. La mora en el pago de dos (2) cánones consecutivos o tres (3) no consecutivos dentro de un período de doce (12) meses constituirá causal de terminación del contrato por parte del arrendador.

QUINTA. — ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cuota de Administración: [Cuota de Administración].

Los servicios públicos domiciliarios (acueducto, energía, gas natural y telecomunicaciones) estarán a cargo del ARRENDATARIO durante la vigencia del contrato. EL ARRENDATARIO se obliga a pagar oportunamente los servicios públicos y a presentar los comprobantes de pago cuando EL ARRENDADOR lo solicite.

SEXTA. — GARANTÍA

Tipo de Garantía: [Tipo de Garantía].

Codeudor: [Nombre del Codeudor], identificado con cédula de ciudadanía No. [CC del Codeudor], quien se constituye como deudor solidario de todas las obligaciones del ARRENDATARIO derivadas del presente contrato.

PARÁGRAFO. — Conforme al Artículo 16 de la Ley 820 de 2003, no se exigirán depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de EL ARRENDATARIO.

SÉPTIMA. — OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del ARRENDADOR (Ley 820 Art. 8): a) Entregar el inmueble en buen estado de servicio, seguridad y sanidad; b) Mantener el inmueble en condiciones de habitabilidad; c) Realizar las reparaciones necesarias; d) Librar al arrendatario de toda perturbación en el goce del inmueble.

Obligaciones del ARRENDATARIO (Ley 820 Art. 9): a) Pagar el canon y los servicios públicos oportunamente; b) Cuidar el inmueble con diligencia; c) Realizar las reparaciones locativas; d) Restituir el inmueble al terminar el contrato en el estado en que fue recibido, salvo el deterioro natural; e) No subarrendar ni ceder el contrato sin autorización escrita del arrendador (Art. 17, Ley 820).

OCTAVA. — TERMINACIÓN

El contrato podrá terminarse por las causales previstas en los Artículos 22 (por el arrendador) y 24 (por el arrendatario) de la Ley 820 de 2003, previo cumplimiento de los períodos de preaviso y las indemnizaciones allí establecidas. EL ARRENDATARIO que dé por terminado unilateralmente el contrato dentro del término inicial o de sus prórrogas deberá dar preaviso escrito, a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y pagar una indemnización equivalente a tres (3) meses de canon (numeral 4 del Artículo 24 de la Ley 820 de 2003).

NOVENA. — INVENTARIO

Las partes elaborarán un inventario detallado del estado del inmueble y sus accesorios al momento de la entrega, el cual se anexará al presente contrato como parte integral del mismo. Al momento de la restitución, se verificará el estado del inmueble conforme al inventario inicial.

DÉCIMA. — LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se rige por la Ley 820 de 2003, el Código Civil (Ley 57 de 1887), y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Las controversias serán sometidas al Juzgado Civil Municipal competente del lugar de ubicación del inmueble.

FIRMAS

En [Ciudad de Firma], a los [Fecha de Firma].

EL ARRENDADOR:

[Nombre del Arrendador]

C.C.: [CC del Arrendador]

Firma: _________________________

EL ARRENDATARIO:

[Nombre del Arrendatario]

C.C.: [CC del Arrendatario]

Firma: _________________________

CODEUDOR (si aplica):

[Nombre del Codeudor]

C.C.: [CC del Codeudor]

Firma: _________________________

Arrendador

________________

Signature

Arrendatario

________________

Signature

Codeudor

________________

Signature

What Is an Urban Residential Lease Agreement Colombia (Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana)?

An Urban Residential Lease Agreement Colombia (Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana) is a bilateral contract between an arrendador (landlord) and an arrendatario (tenant) governing the rental of urban housing, primarily regulated by Ley 820 de 2003 — the principal statute governing urban residential tenancies in Colombia. Ley 820 replaced the previous tenancy framework of Ley 56 de 1985 and its regulatory decrees, establishing a modern regime that balances landlord property rights under Article 58 of the Constitución Política de 1991 with the tenant's constitutional right to dignified housing (vivienda digna) under Article 51.

The Código Civil (CC) — Ley 57 de 1887 — provides the supplementary legal framework for lease agreements through Articles 1973 through 2044, which govern the general obligations of lessors and lessees. Ley 820 de 2003 operates as lex specialis for urban residential rentals, overriding general civil code provisions where they conflict. Article 51 of the Constitución Política recognises the right to dignified housing, which underpins the protective rules of Ley 820.

Under Ley 820 de 2003 Article 2, the law applies to all contracts for the use and enjoyment of urban real property or parts thereof intended for housing — including apartments (apartamentos), houses (casas), rooms (habitaciones), and any other urban dwelling unit. Article 3 allows the contract to be verbal or written; when it is written, Article 8(3) requires the landlord to give the tenant (and any co-debtor) a copy with original signatures within ten days of signing. Failure to provide a written contract does not invalidate the tenancy — the relationship exists by operation of law when occupancy occurs with the landlord's consent.

The canon de arrendamiento (monthly rent) is freely determined by the parties under Article 18 of Ley 820, subject to the ceiling set by that same Article 18: the monthly rent may not exceed 1% of the commercial value of the property (or of the part leased), and for this purpose the commercial value may not be estimated at more than twice the current avalúo catastral. Rent increases during the lease term are limited to the annual IPC (Índice de Precios al Consumidor) published by the DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) under Article 20 of Ley 820 — after each twelve months of the lease at the same rent, the landlord may increase it by no more than 100% of the IPC change for the preceding calendar year, provided the new rent stays within the Article 18 ceiling.

Article 4 of Ley 820 de 2003 classifies urban housing leases as individual, mancomunado (joint), compartido (shared) or de pensión (part of a dwelling with services, for less than one year). The term is whatever the parties agree; absent a stipulation it is one year (Article 5). Under Article 6 the lease is extended on the same terms and for the same initial period when both parties have complied, unless written notice is given through the authorised postal service at least three months before expiry (Articles 22(8) and 24(5)).

The Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio oversees housing policy, while the Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) administers the property registration system through local Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. The Certificado de Tradición y Libertad — the official property title history document issued by the Registro de Instrumentos Públicos — confirms ownership and any encumbrances (hipotecas, embargos, afectaciones a vivienda familiar under Ley 258 de 1996) that may affect the landlord's right to lease the property.

Disputes arising from urban residential leases are resolved through the Juzgados Civiles Municipales (for eviction proceedings under the proceso de restitución de inmueble arrendado regulated by Article 384 of the Código General del Proceso — Ley 1564 de 2012). Out-of-court conciliation before a centro de conciliación or the Personería Municipal is governed by Ley 2220 de 2022, which repealed Ley 640 de 2001.

When Do You Need an Urban Residential Lease Agreement Colombia (Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana)?

An Urban Residential Lease Agreement Colombia is required whenever a property owner rents urban housing to a tenant for residential purposes within the territory of the Republic of Colombia. Ley 820 de 2003 Article 2 defines the scope broadly to include any contract for the use and enjoyment of urban real property or part thereof destined for habitation — making the document necessary for apartments, houses, rooms, student housing, and furnished accommodation (pensión).

The contract is needed when a property owner listed on the Certificado de Tradición y Libertad issued by the Oficina de Registro de Instrumentos Públicos rents residential property directly or through an administrador (property manager) or inmobiliaria (real estate agency). When the lease is in writing, Ley 820 Article 8(3) requires the arrendador to give the arrendatario (and any codeudor) a copy with original signatures within ten days of signing; failure can be fined with three months' rent (Article 8, paragraph).

A residential lease agreement is required when renting property in any of Colombia's urban municipalities across all six estratos socioeconómicos (socioeconomic strata 1 through 6 under Ley 142 de 1994). The estrato classification affects public utility tariffs, and the lease should identify the property's estrato to inform the tenant of expected utility costs. Properties in estratos 1, 2, and 3 receive subsidies on public services, while estratos 5 and 6 pay surcharges — these costs are typically borne by the tenant under the lease agreement.

The document is needed when a condominium unit (propiedad horizontal under Ley 675 de 2001) is rented — the lease must address the tenant's obligation to comply with the reglamento de propiedad horizontal (condominium coexistence manual) and the allocation of administration fees (cuota de administración). Under Ley 675 Article 36, the property owner remains liable to the copropriedad for administration fees, even if the lease assigns payment responsibility to the tenant.

A residential lease agreement is required when a property owner finances the property through a crédito hipotecario (mortgage loan) from a bank supervised by the Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) and wishes to rent the property. The mortgage agreement typically requires lender notification of rental arrangements, and the Certificado de Tradición y Libertad will show the hipoteca as an encumbrance. Under Article 58 of the Constitución Política, the property's social function does not prevent rental activity, but the owner must honour both the mortgage and tenancy obligations.

The document is needed for DIAN tax compliance purposes: rental income constitutes ingreso gravable (taxable income) for impuesto de renta under Estatuto Tributario Articles 26 through 28, and the landlord must report rental income in the annual tax declaration. Where the landlord is a persona natural, retención en la fuente (withholding tax) at 3.5% applies to monthly rents exceeding 27 UVT under ET Article 392.

What to Include in Your Urban Residential Lease Agreement Colombia (Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana)

A valid Urban Residential Lease Agreement Colombia under Ley 820 de 2003 must contain the following essential elements specified in Articles 3 and 4 to protect both parties and to be enforceable before the Juzgados Civiles under the Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Identification of Parties: Full legal name and cédula de ciudadanía (or cédula de extranjería) of both the arrendador (landlord) and arrendatario (tenant). Where the landlord is a legal entity, the company name, NIT (Número de Identificación Tributaria assigned by the DIAN), and identification of the representante legal must be included. Where an inmobiliaria or administrador acts on behalf of the landlord, the agency agreement (contrato de administración) should be referenced and the agent's identification included. Under Ley 820 Article 3, the contract must identify the contracting parties and the property.

Property Description: Complete address of the rented property, including municipality, barrio (neighbourhood), estrato socioeconómico (under Ley 142 de 1994), matrícula inmobiliaria number from the Registro de Instrumentos Públicos, and cédula catastral number from the Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) or the municipal catastro office. For apartments in propiedad horizontal (Ley 675 de 2001), the unit number, tower, and propiedad horizontal registration number should be specified.

Lease Duration and Type: Specification of the lease class under Ley 820 Article 4 (individual, mancomunado, compartido or pensión) and of the agreed term (one year if none is stated, Article 5). The start and end dates must be clearly stated. The automatic extension of Article 6 applies: the contract is extended for the same period unless written notice is sent through the authorised postal service at least three months before expiry, by the landlord (only on the Article 22(8) grounds) or by the tenant (Article 24(5)).

Canon de Arrendamiento (Monthly Rent): The agreed monthly rent amount in Colombian Pesos (COP), the payment due date, and the payment method. Under Ley 820 Article 18, the initial rent is freely negotiated. Under Article 20, annual increases during the lease term are limited to the IPC (Índice de Precios al Consumidor) percentage published by the DANE for the preceding calendar year — the IPC was 5.20% for 2024 and 5.10% for 2025 (DANE). The landlord must inform the tenant of the amount and effective date of the increase through the authorised postal service or the personal-notification method agreed in the contract; otherwise the increase cannot be enforced against the tenant.

Security Deposit and Guarantees: Ley 820 de 2003 Article 16 prohibits landlords from requiring cash deposits or other real security (cauciones reales) to guarantee the tenant's obligations under a residential lease. However, co-debtor guarantees (codeudores), guarantee letters from insurance companies (póliza de arrendamiento), and income verification are permitted. Such guarantees may not be agreed indirectly, through third parties or in a separate document (Article 16, second paragraph).

Utility Services and Administration Fees: Allocation of responsibility for public utility services — acueducto (water), energía (electricity), gas natural, and telecomunicaciones — typically borne by the tenant. For propiedad horizontal, the cuota de administración (condominium fee) allocation must be specified; under Ley 675 de 2001 Article 36, the property owner remains ultimately liable to the copropriedad regardless of tenant payment arrangements.

Property Condition and Inventory: Ley 820 Article 8 requires delivery of the property in good condition (buen estado) and obliges the landlord to maintain habitability throughout the lease. An inventory (inventario) describing the property's condition, fixtures, and any existing damage should be annexed to the contract and signed by both parties. This inventory serves as evidence in disputes over damage deductions at lease termination.

Termination Causes: Enumeration of the causes for unilateral termination by each party under Ley 820 Articles 22 (landlord's causes, including personal occupancy, major repairs, and demolition — each requiring specific advance notice periods and, in some cases, indemnification) and Article 24 (tenant's causes). Under Article 24(4) the tenant may end the lease during the initial term or an extension with at least three months' written notice through the authorised postal service plus an indemnity of three months' rent; under Article 24(5) the tenant may end it at expiry with the same notice and no indemnity.

Every residential lease should be reviewed by an abogado civilista or abogado inmobiliario to confirm compliance with Ley 820 de 2003, Ley 675 de 2001 (for propiedad horizontal units), and the specific municipal regulations applicable to the property's location. The Juzgados Civiles Municipales have jurisdiction over eviction proceedings (proceso de restitución de inmueble arrendado) under CGP Article 384.

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Forms Legal

Frequently Asked Questions

¿Puede un arrendador exigir un depósito de garantía para un arrendamiento residencial en Colombia?

El Artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe expresamente exigir, en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar las obligaciones del arrendatario, y tampoco permite pactarlos indirectamente, por interpuesta persona o en documento separado. La regla protege el acceso a la vivienda digna que reconoce el Artículo 51 de la Constitución Política de 1991. Los arrendadores que cobren depósitos prohibidos se exponen a sanciones y el arrendatario puede reclamar la devolución de lo pagado. Sin embargo, la Ley 820 no prohíbe otras formas de garantía: los arrendadores comúnmente exigen un codeudor que asuma responsabilidad solidaria por los pagos del canon, o una póliza de arrendamiento expedida por una compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las inmobiliarias típicamente realizan un estudio de arrendatario verificando ingresos — generalmente exigiendo ingresos de al menos tres veces el canon mensual — referencias laborales e historial crediticio en centrales de riesgo como DataCrédito o TransUnion Colombia.

¿Cuánto puede incrementar un arrendador el canon de arrendamiento cada año en Colombia?

Bajo el Artículo 20 de la Ley 820 de 2003, el incremento anual del canon de arrendamiento para arrendamientos residenciales urbanos en Colombia está limitado al porcentaje del IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el período de doce meses que finaliza el 31 de diciembre del año anterior. Para reajustes que se hagan en 2026, el IPC aplicable es el de 2025, del 5,10% según el DANE (el de 2024 fue 5,20%). El reajuste solo procede cada doce meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el nuevo canon no puede superar el tope del Artículo 18, y el arrendador debe informar al arrendatario el monto y la fecha en que se hará efectivo por servicio postal autorizado o por el mecanismo de notificación personal pactado en el contrato, so pena de que el reajuste le sea inoponible. Cualquier incremento que exceda el porcentaje del IPC es ilegal y el arrendatario puede rehusarse a pagar la cantidad excedente. El arrendatario también puede presentar una queja ante la Alcaldía Municipal o iniciar proceso ante el Juzgado Civil Municipal contra el arrendador por cobrar canon por encima del límite legal. Bajo el Artículo 18 de la Ley 820, el canon inicial de un nuevo contrato se pacta libremente entre las partes dentro del tope del 1% del valor comercial — la limitación del IPC aplica únicamente a incrementos durante la vigencia de un contrato existente o al momento de la renovación.

¿Qué período de preaviso se requiere para terminar un arrendamiento residencial en Colombia?

Los períodos de preaviso para terminar un arrendamiento residencial urbano en Colombia varían según la parte que inicie la terminación y el motivo. Bajo el numeral 8 del Artículo 22 de la Ley 820 de 2003, el arrendador puede terminar el contrato a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas mediante aviso escrito por servicio postal autorizado con al menos tres meses de anticipación, invocando una causal especial: ocupación del inmueble para su propia habitación por no menos de un año, demolición o reparación, entrega por compraventa, o su plena voluntad cuando el contrato haya cumplido al menos cuatro años (con indemnización de 1,5 meses de canon). En las tres primeras causales debe acompañar al aviso una caución a favor del arrendatario por seis meses de canon, que garantiza el cumplimiento de la causal dentro de los seis meses siguientes a la restitución. Durante las prórrogas, el numeral 7 permite además la terminación con tres meses de preaviso y una indemnización de tres meses de canon. Bajo el Artículo 24, el arrendatario puede terminar un contrato a término fijo mediante aviso escrito con al menos tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento — o en cualquier momento durante la vigencia del contrato con tres meses de preaviso y el pago de una penalidad equivalente a tres meses de canon. Los preavisos de los Artículos 22 y 24 deben enviarse por escrito a través del servicio postal autorizado; sin constancia escrita del preaviso, el contrato se entiende renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Conviene conservar la prueba de envío y recibo, ya que los Juzgados Civiles requieren evidencia de notificación adecuada en los procesos de restitución bajo el Artículo 384 del CGP.

¿Cuál es el proceso de desalojo por mora en el pago del canon en Colombia?

Cuando un arrendatario incurre en mora en el pago del canon en Colombia, el arrendador debe seguir el proceso judicial de desalojo (proceso de restitución de inmueble arrendado) establecido en el Artículo 384 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Antes de presentar la demanda, es recomendable enviar un requerimiento de pago al arrendatario para dejar registro documental. El arrendador luego presenta una demanda de restitución de tenencia ante el Juzgado Civil Municipal de la ubicación del inmueble, adjuntando el contrato de arrendamiento, la prueba de la mora y el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble. El juez dicta auto admisorio y corre traslado al arrendatario; si este no se opone en el término de traslado, el juez dicta sentencia ordenando la restitución (numeral 3 del Artículo 384 del CGP). Bajo el numeral 1 del Artículo 22 de la Ley 820 de 2003, la no cancelación de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato es causal de terminación. Cuando la demanda se funda en falta de pago, el arrendatario no será oído en el proceso hasta que demuestre haber consignado a órdenes del juzgado los cánones adeudados o presente los recibos de pago de los tres últimos períodos (numeral 4 del Artículo 384 del CGP). Los procesos de desalojo en tribunales colombianos típicamente toman de tres a seis meses para casos no controvertidos y más tiempo si el arrendatario presenta defensas. La Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales pueden brindar asistencia jurídica a arrendatarios de estratos bajos que no puedan costear representación legal privada.

¿Quién es responsable de las reparaciones y el mantenimiento en un arrendamiento residencial colombiano?

La Ley 820 de 2003 y el Código Civil distribuyen las obligaciones de reparación y mantenimiento entre arrendador y arrendatario según la naturaleza y causa del daño. Bajo el Artículo 8 de la Ley 820, el arrendador debe entregar el inmueble en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y es responsable de todas las reparaciones necesarias — reparaciones estructurales, mantenimiento de sistemas hidráulicos y eléctricos, reparaciones de techos e impermeabilización, y cualquier obra necesaria para mantener el inmueble en el estado en que fue entregado. Bajo el Artículo 1985 del CC, el arrendador asume el costo de las reparaciones mayores derivadas del desgaste normal o deficiencias estructurales. El arrendatario es responsable de las reparaciones locativas — aquellas causadas por el uso propio del inmueble, incluyendo retoques de pintura, reemplazo de luminarias, empaques de grifería y desatasco menor de desagües, bajo el Artículo 1985 del CC y el Artículo 9 de la Ley 820. Cuando el inmueble requiera reparaciones necesarias urgentes que el arrendador no realice después de notificación escrita, el arrendatario puede realizar las reparaciones y descontar el costo de cánones futuros, siempre que notifique al arrendador por escrito y conserve los recibos conforme al Artículo 1993 del CC. Para inmuebles en propiedad horizontal bajo la Ley 675 de 2001, la administración es responsable del mantenimiento de zonas comunes, financiado con la cuota de administración.

¿Los contratos de arrendamiento residencial generan obligaciones tributarias en Colombia?

Los ingresos por arrendamiento residencial en Colombia generan varias obligaciones tributarias para el arrendador bajo el Estatuto Tributario (ET). Los ingresos por arrendamiento constituyen ingreso gravable para efectos del impuesto de renta bajo los Artículos 26 a 28 del ET — el arrendador debe declarar todos los ingresos por arrendamiento en la declaración de renta anual presentada ante la DIAN. Las personas naturales que reciban ingresos por arrendamiento que excedan los topes establecidos por la DIAN para el año gravable correspondiente deben presentar declaración de renta; para 2025, el tope de declaración es ingresos brutos superiores a 1.400 UVT (aproximadamente COP$69.718.600). La retención en la fuente al 3,5% aplica sobre pagos mensuales de arrendamiento que excedan 27 UVT (aproximadamente COP$1.344.573 para 2025) conforme al Artículo 392 del ET — el arrendatario que sea agente de retención designado debe practicar y consignar este monto a la DIAN. El arrendamiento de inmuebles para vivienda está excluido de IVA bajo el Artículo 476 del ET — a diferencia de los ingresos por arrendamiento comercial que están gravados con IVA del 19%. El arrendador puede deducir ciertos gastos contra los ingresos por arrendamiento: impuesto predial (bajo la Ley 44 de 1990), cuota de administración (si la paga el arrendador), costos de mantenimiento del inmueble, depreciación e intereses hipotecarios. El GMF (gravamen a los movimientos financieros — 4x1000 bajo la Ley 633 de 2000) aplica a las transferencias bancarias de pagos de arrendamiento.

Based on Ley 820 de 2003 arts. 1-44 — text last edited October 2026

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