Solicitud de Arrendamiento Colombia
Ley 820 de 2003 — Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO
Solicitud de Arrendamiento — Ley 820 de 2003 / Ley 1581 de 2012 (Hábeas Data)
Fecha: [Application Date] | Responsable del tratamiento: [Data Controller Name]
SECCIÓN 1 — DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo: [Applicant Name]
CC/CE: [Applicant CC/CE] | Fecha de nacimiento: [Date of Birth] | Nacionalidad: [Nationality]
Estado civil: [Marital Status] | Teléfono: [Applicant Phone] | Correo electrónico: [Applicant Email]
Dirección actual: [Current Address]
Número total de ocupantes: [Number of Occupants]
SECCIÓN 2 — INFORMACIÓN LABORAL E INGRESOS
Situación laboral: [Employment Status]
Ingreso mensual bruto: [Monthly Income]
Fuentes de ingresos adicionales: [Additional Income]
SECCIÓN 3 — HISTORIAL DE ARRENDAMIENTO ANTERIOR
Arrendador / Inmobiliaria anterior: [Previous Landlord] | Teléfono: [Previous Landlord Phone]
Dirección anterior: [Previous Address]
Duración: [Previous Duration] | Motivo de desocupación: [Reason for Leaving]
SECCIÓN 4 — REFERENCIAS PERSONALES
Referencia 1: [Reference 1 Name] | Teléfono: [Reference 1 Phone] | Relación: [Reference 1 Relationship]
Referencia 2: [Reference 2 Name] | Teléfono: [Reference 2 Phone] | Relación: [Reference 2 Relationship]
SECCIÓN 5 — GARANTÍA
Tipo de garantía: [Guarantee Type]. Los depósitos en dinero están prohibidos conforme al artículo 16 de la Ley 820 de 2003.
SECCIÓN 6 — PREFERENCIAS DEL INMUEBLE
Inmueble deseado: [Desired Property] | Fecha deseada de ingreso: [Move-in Date]
Mascotas: [Has Pets]
Vehículo: [Has Vehicle]
SECCIÓN 7 — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales) y el Decreto 1377 de 2013, el solicitante autoriza a [Data Controller Name] (responsable del tratamiento) a recolectar, almacenar y tratar los datos personales suministrados en la presente solicitud, exclusivamente para evaluar la idoneidad del solicitante como arrendatario de vivienda urbana bajo la Ley 820 de 2003.
El solicitante es informado de sus derechos conforme a los artículos 8 y 15 de la Ley 1581 de 2012, incluyendo los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales. Las quejas podrán presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Delegatura para la Protección de Datos Personales.
DECLARACIÓN
El solicitante declara bajo la gravedad del juramento, conforme al artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que toda la información suministrada en la presente solicitud es veraz, completa y exacta. El solicitante reconoce que proporcionar información falsa podrá dar lugar al rechazo de la solicitud y a responsabilidad legal conforme al artículo 289 del Código Penal (Ley 599 de 2000) — falsedad en documento privado.
FIRMAS
La presente solicitud se presenta el [Application Date] de conformidad con la Ley 820 de 2003 y la Ley 1581 de 2012.
Solicitante (Applicant)
[Applicant Name]
Signature
Arrendador / Inmobiliaria (Landlord / Agency)
[Data Controller Name]
Signature
Qué es Solicitud de Arrendamiento Colombia
La Solicitud de Arrendamiento Colombia es la petición formal regulada por Ley 820 de 2003 y Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) con la que el interesado pone en marcha el trámite ante la autoridad colombiana competente.
La Ley 820 de 2003 regula los arrendamientos de vivienda urbana en Colombia pero no establece un formato oficial de solicitud de arrendamiento. El proceso de solicitud se ha desarrollado a través de la práctica de mercado entre las inmobiliarias afiliadas a las Lonjas de Propiedad Raíz en las principales ciudades del país — Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Las inmobiliarias que operan bajo el Decreto 51 de 2004 (reglamentario de la Ley 820) utilizan solicitudes de arrendamiento para evaluar la solvencia del candidato y determinar si se requerirá un codeudor o una póliza de arrendamiento, dado que los depósitos de garantía están prohibidos por el artículo 16 de la Ley 820.
La Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales) y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 imponen obligaciones específicas a los arrendadores e inmobiliarias que recopilan datos personales a través de solicitudes de arrendamiento. El artículo 9 de la Ley 1581 exige el consentimiento previo, expreso e informado del titular antes de recopilar cualquier dato personal. La solicitud debe incluir un aviso de privacidad que identifique al responsable del tratamiento, la finalidad de la recopilación, los derechos del titular conforme a los artículos 8 y 15 de la Ley 1581 — incluyendo los derechos de acceso, rectificación y supresión — y el procedimiento para ejercer dichos derechos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La SIC, a través de su Delegatura para la Protección de Datos Personales, ha sancionado a inmobiliarias y arrendadores por recopilar datos excesivos, no obtener el consentimiento adecuado o compartir información de los arrendatarios con terceros sin autorización. La Resolución SIC 1321 de 2022 estableció directrices para la recopilación proporcional de datos en contextos comerciales, aplicables a las solicitudes de arrendamiento.
La verificación financiera en las solicitudes de arrendamiento colombianas implica consultar las centrales de riesgo — DataCrédito Experian, TransUnion CIFIN y ProCrédito — que operan bajo la Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas Data Financiero). El arrendador o la inmobiliaria puede solicitar autorización del candidato para consultar su historial crediticio, pero no puede exigir que el candidato entregue su propio reporte. El artículo 6 de la Ley 1266 establece que los datos financieros negativos permanecen en las centrales de riesgo por un período máximo equivalente al doble del tiempo en mora, con un techo absoluto de cuatro años.
Las solicitudes de arrendamiento también documentan la situación laboral y la capacidad de ingresos del candidato — exigiendo generalmente una certificación laboral expedida conforme al artículo 57 numeral 7 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), o para trabajadores independientes, una Declaración de Renta presentada ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). La verificación de ingresos ayuda al arrendador a determinar si el canon propuesto no supera el 30% del ingreso mensual del candidato, aunque la Ley 820 no establece un índice legal de endeudamiento arrendatario.
Cuándo necesitas Solicitud de Arrendamiento Colombia
La Solicitud de Arrendamiento Colombia es necesaria siempre que un arrendador o una inmobiliaria deba evaluar candidatos a arrendatario antes de suscribir un Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana conforme a la Ley 820 de 2003, recopilando datos personales y financieros en cumplimiento de los requisitos de la Ley 1581 de 2012.
Las inmobiliarias afiliadas a las Lonjas de Propiedad Raíz en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades colombianas utilizan formatos estandarizados de solicitud de arrendamiento para cada candidato a arrendatario, como parte de su proceso de debida diligencia supervisado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El Decreto 51 de 2004 exige a las inmobiliarias que administran inmuebles residenciales bajo la Ley 820 mantener registros de los procesos de selección de arrendatarios disponibles para inspección de la SIC.
Los arrendadores particulares que arriendan apartamentos, casas o habitaciones en Colombia se benefician de usar una Solicitud de Arrendamiento formal para documentar el proceso de evaluación. Un formulario escrito crea un registro que demuestra que el arrendador seleccionó al arrendatario con base en criterios financieros objetivos, y no en factores discriminatorios prohibidos por la Ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación) y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.
Los extranjeros que buscan vivienda en arrendamiento en Colombia bajo las categorías de visa de la Resolución 5477 de 2022 (M — Migrante, V — Visitante, R — Residente) expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores deben completar solicitudes de arrendamiento al tratar con inmobiliarias en las principales ciudades. Los candidatos extranjeros generalmente presentan su cédula de extranjería (CE) expedida por Migración Colombia, prueba de ingresos de fuentes colombianas o extranjeras, y referencias de arrendadores anteriores.
Los arrendadores que administran inmuebles en edificios de propiedad horizontal regidos por la Ley 675 de 2001 utilizan solicitudes de arrendamiento para verificar que los candidatos cumplirán el reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia aprobados por la asamblea de copropietarios.
Las aseguradoras que ofrecen pólizas de arrendamiento — Fianzacrédito, Confianza, Seguros Bolívar y otras entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia — exigen solicitudes de arrendamiento completadas como parte del proceso de suscripción, dado que los depósitos de garantía están prohibidos por el artículo 16 de la Ley 820.
Los constructores y administradores de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) bajo la Ley 388 de 1997 y el Decreto 2190 de 2009 utilizan solicitudes de arrendamiento para verificar la elegibilidad de los candidatos a los programas de vivienda subsidiada administrados por Fonvivienda (Fondo Nacional de Vivienda) y las Cajas de Compensación Familiar.
Qué incluir en tu Solicitud de Arrendamiento Colombia
Una Solicitud de Arrendamiento Colombia válida debe cumplir los requisitos de protección de datos de la Ley 1581 de 2012 y recopilar información suficiente para la evaluación del candidato en el marco del arrendamiento de vivienda de la Ley 820 de 2003, respetando los derechos a la privacidad del solicitante que hace cumplir la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Aviso de Privacidad y Autorización: El artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 exige el consentimiento previo, expreso e informado antes de recopilar datos personales. La solicitud debe identificar al responsable del tratamiento — el arrendador o la inmobiliaria —, indicar las finalidades específicas de la recopilación — evaluación del candidato y suscripción del contrato —, describir los derechos del titular conforme a los artículos 8 y 15 de la Ley 1581 incluidos acceso, rectificación y supresión, especificar el plazo de conservación de los datos y proporcionar el procedimiento de queja ante la SIC conforme al Decreto 1377 de 2013. El solicitante debe firmar la autorización antes de recopilar cualquier dato o consultar las centrales de riesgo.
Identificación del Solicitante: Nombre legal completo, número de cédula de ciudadanía (CC) expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil para colombianos, o cédula de extranjería (CE) expedida por Migración Colombia para extranjeros. Fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil conforme al artículo 1774 del Código Civil, y dirección de residencia actual.
Información Laboral y de Ingresos: Nombre del empleador, cargo, fecha de inicio de la relación laboral y salario mensual bruto documentado en la certificación laboral expedida conforme al artículo 57 numeral 7 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Los trabajadores independientes aportan el Número de Registro Único Tributario (RUT) asignado por la DIAN y documentación de ingresos de la Declaración de Renta más reciente. Las fuentes adicionales de ingresos deben declararse con documentación soporte.
Referencias Financieras y Autorización de Consulta Crediticia: Autorización al arrendador o a la inmobiliaria para consultar el historial crediticio en las centrales de riesgo — DataCrédito Experian, TransUnion CIFIN o ProCrédito — conforme a la Ley 1266 de 2008. Información de la cuenta bancaria actual (cuenta de ahorros o cuenta corriente) en entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Obligaciones financieras vigentes que puedan afectar la capacidad de pago del canon.
Historial de Arrendamiento: Nombre y datos de contacto de arrendadores anteriores; direcciones de inmuebles arrendados previamente; duración de cada arrendamiento; motivo de desocupación; y cualquier litigio o proceso de restitución de tenencia conforme a los artículos 384 a 386 del Código General del Proceso.
Referencias Personales: Mínimo dos referencias personales con nombres completos, teléfonos y vínculo con el solicitante. Las referencias sirven para verificar la identidad y el carácter del candidato, pero no pueden usarse para criterios discriminatorios prohibidos por la Ley 1482 de 2011.
Información del Codeudor: Cuando se requiere codeudor, la solicitud recoge la identificación, información laboral, ingresos y datos financieros del garante, sujetos a los mismos requisitos de protección de datos de la Ley 1581. Alternativamente, documentación para una póliza de arrendamiento de aseguradoras como Fianzacrédito o Seguros Bolívar.
Preferencias de Inmueble: Fecha de ingreso deseada, número de ocupantes, tenencia de mascotas, información del vehículo para asignación de parqueadero y cualquier requerimiento especial. Preferencias de ubicación dentro del municipio.
Forms-legal.com ofrece este formato de Solicitud de Arrendamiento Colombia incorporando los requisitos de la Ley 1581 de 2012 y el marco de arrendamiento de vivienda de la Ley 820 de 2003. Los arrendadores e inmobiliarias en Bogotá, Medellín, Cali y demás ciudades colombianas deben consultar a un abogado especializado en protección de datos personales y derecho inmobiliario para garantizar el pleno cumplimiento de las directrices de la SIC.
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Preguntas Frecuentes
Las solicitudes de arrendamiento en Colombia deben cumplir la Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales) y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, cuya aplicación está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. El artículo 9 de la Ley 1581 exige a los arrendadores e inmobiliarias obtener el consentimiento previo, expreso e informado de los candidatos antes de recopilar cualquier dato personal mediante la solicitud de arrendamiento. La solicitud debe incluir un aviso de privacidad que identifique al responsable del tratamiento, las finalidades específicas de la recopilación — evaluación del candidato y suscripción del contrato —, los derechos del titular conforme a los artículos 8 y 15 de la Ley 1581 incluidos acceso, rectificación y supresión, el plazo de conservación de los datos y el procedimiento para radicar quejas ante la SIC. El incumplimiento expone al arrendador o a la inmobiliaria a sanciones administrativas de la SIC que pueden alcanzar dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) conforme al artículo 23 de la Ley 1581. Los datos sensibles — definidos por el artículo 5 de la Ley 1581 como los que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, información de salud u orientación sexual — no pueden recogerse en solicitudes de arrendamiento.
Los arrendadores e inmobiliarias en Colombia pueden consultar el historial crediticio de un candidato a arrendatario en las centrales de riesgo — DataCrédito Experian, TransUnion CIFIN y ProCrédito — pero únicamente previo consentimiento escrito del solicitante conforme a la Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas Data Financiero). El artículo 5 de la Ley 1266 establece que los datos financieros reportados a las centrales de riesgo solo pueden consultarse por entidades con una finalidad legítima y con el consentimiento previo del titular. La solicitud de arrendamiento debe incluir una cláusula de autorización de consulta crediticia separada del consentimiento general de protección de datos de la Ley 1581 de 2012, identificando cuáles centrales de riesgo se consultarán y el propósito de la consulta — evaluación de solvencia para un arrendamiento de vivienda bajo la Ley 820 de 2003. Conforme al artículo 6 de la Ley 1266, los datos financieros negativos permanecen en las centrales de riesgo por un período máximo igual al doble del tiempo en mora, con un techo de cuatro años desde la fecha de pago. Los arrendadores no pueden rechazar candidatos únicamente por un historial crediticio negativo ya superado y eliminado de las bases de datos de las centrales de riesgo. La SIC supervisa las centrales de riesgo y atiende las quejas de los titulares cuyos derechos de habeas data conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley 1266 hayan sido vulnerados.
Los arrendadores e inmobiliarias en Colombia generalmente exigen documentación de ingresos para verificar la capacidad de pago del canon del candidato conforme a un Contrato de Arrendamiento de Vivienda regido por la Ley 820 de 2003. Para candidatos empleados, el documento estándar es la certificación laboral — una carta del empleador que confirma cargo, salario y antigüedad, que los empleadores están obligados a expedir conforme al artículo 57 numeral 7 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). La verificación salarial adicional puede incluir los tres últimos desprendibles de nómina expedidos por el sistema de nómina del empleador. Los trabajadores independientes aportan su Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la Declaración de Renta más reciente presentada ante la DIAN y extractos bancarios de los tres a seis meses anteriores que muestren depósitos regulares de ingresos. Los pensionados presentan certificación de Colpensiones (administradora del régimen de prima media) o del fondo de pensiones supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La práctica del mercado colombiano sugiere que el canon de arrendamiento no debe superar el 30% del ingreso mensual del arrendatario, aunque la Ley 820 ni el Código Civil establecen un índice legal de endeudamiento arrendatario.
El ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la discriminación en materia de vivienda por estado civil, composición familiar u otras características protegidas. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por sexo, raza, origen nacional, origen familiar, lengua, religión, opinión política o convicción filosófica. La Ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación) tipifica como delito los actos de discriminación que incluyan la negación de acceso a bienes y servicios — que la jurisprudencia colombiana ha interpretado como comprensiva del acceso a la vivienda. El arrendador que rechace una solicitud por el estado civil del candidato (soltero, casado, unión libre, divorciado), el número de hijos, el embarazo, la condición de cabeza de familia o la composición familiar puede enfrentar persecución penal conforme al artículo 3 de la Ley 1482 y responsabilidad civil por daños. La Corte Constitucional de Colombia ha proferido múltiples fallos de tutela protegiendo los derechos habitacionales de madres solteras, parejas del mismo sexo (reconocidas en las Sentencias C-577/2011 y SU-214/2016) y familias con hijos. Los arrendadores deben basar sus decisiones en criterios financieros objetivos — capacidad de ingresos, historial crediticio, referencias de arrendamiento — y documentar su proceso de selección para demostrar cumplimiento de los requisitos antidiscriminación. La Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales reciben quejas de candidatos que consideren haber sido víctimas de prácticas discriminatorias en materia de arrendamiento.
El artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 establece que los datos personales solo pueden conservarse durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recopilados. En el caso de las solicitudes de arrendamiento en Colombia, el plazo de conservación depende del resultado de la solicitud. Solicitudes exitosas: los datos personales incorporados al expediente del arrendamiento pueden conservarse durante la vigencia del contrato más el término de prescripción aplicable a las acciones contractuales — tres años para obligaciones personales conforme al artículo 2536 del Código Civil, o diez años para obligaciones documentadas en escritura pública. Solicitudes rechazadas: los datos personales deben suprimirse o devolverse al candidato en un plazo razonable tras la notificación del rechazo, pues la finalidad de la recopilación — evaluación del candidato — ha quedado cumplida. El artículo 11 del Decreto 1377 de 2013 exige a los responsables del tratamiento establecer políticas internas de conservación que especifiquen los plazos máximos para cada categoría de datos. La solicitud debe indicar el plazo de conservación en el aviso de privacidad. Los solicitantes pueden ejercer su derecho de supresión conforme al artículo 8 literal e de la Ley 1581 en cualquier momento mediante solicitud al responsable del tratamiento. El incumplimiento de la supresión expone a arrendadores e inmobiliarias a sanciones de la SIC conforme al artículo 23 de la Ley 1581.
La Solicitud de Arrendamiento en Colombia es un documento precontractual que no genera obligación vinculante de arrendamiento para el arrendador ni para el candidato. Conforme al derecho contractual colombiano — artículos 1494 a 1501 del Código Civil — un contrato vinculante exige el consentimiento mutuo, un objeto lícito, una causa lícita y la capacidad legal de las partes. La solicitud de arrendamiento es una herramienta de recopilación de información que precede a la formación del Contrato de Arrendamiento de Vivienda regido por la Ley 820 de 2003. Presentar una solicitud no obliga al arrendador a ofrecer el arrendamiento ni al candidato a aceptarlo. La responsabilidad precontractual conforme al artículo 863 del Código de Comercio puede surgir cuando alguna de las partes actúe de mala fe — por ejemplo, un arrendador que cobre honorarios de solicitud sin intención real de arrendar, o que demore irrazonablemente el proceso de evaluación causando que el candidato pierda otras opciones de vivienda. El ordenamiento jurídico colombiano no autoriza a los arrendadores a cobrar honorarios de solicitud no reembolsables; cualquier cobro debe corresponder a costos reales del proceso de evaluación (como la consulta a las centrales de riesgo). La relación contractual de arrendamiento vinculante se inicia únicamente con la suscripción del Contrato de Arrendamiento escrito exigido por el artículo 3 de la Ley 820.
Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Las leyes varían según la jurisdicción y cambian con el tiempo. Consulte a un abogado cualificado para obtener asesoramiento específico para su situación.Aviso legal completo
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