Divorce Regulatory Agreement Chile (Convenio Regulador)

Conforme al Artículo 57 de la Ley 19.947/2004, el Tribunal de Familia evalúa el Convenio Regulador según dos criterios principales: debe proteger adecuadamente el interés superior de los hijos menores y no debe generar una situación de menoscabo injusto para ninguno de los cónyuges. Para satisfacer el primer criterio, el convenio debe pronunciarse específicamente sobre la pensión de alimentos para cada hijo en monto no inferior al mínimo de la Ley 14.908 (40% del ingreso mínimo mensual por hijo), una regulación definida de cuidado personal conforme a los Artículos 224 a 228 del Código Civil, y un calendario estructurado de relación directa y regular para el progenitor no custodio conforme al Artículo 229 del Código Civil. Para satisfacer el segundo criterio, el acuerdo no debe dejar a ninguno de los cónyuges sin medios de subsistencia — especialmente cuando uno de ellos fue económicamente inactivo durante el matrimonio, en cuyo caso debe abordarse la compensación económica del Artículo 61 de la Ley 19.947. Los jueces del Tribunal de Familia habitualmente rechazan convenios que fijan alimentos por debajo de los mínimos legales, omiten el calendario de visitas, dejan sin resolver la compensación económica o contienen términos de pago ambiguos. El Tribunal puede ordenar un informe socioambiental del asistente social del tribunal cuando la situación de vida del niño requiere verificación independiente. Los tribunales de la Región Metropolitana — en particular el Juzgado de Familia de Santiago — han desarrollado jurisprudencia aplicando estándares estrictos a los convenios que involucran múltiples hijos menores o bienes de importancia.

Sí — el Convenio Regulador puede modificarse después de que la sentencia de divorcio queda ejecutoriada mediante nuevos procedimientos ante el Tribunal de Familia. Los elementos modificables y el procedimiento aplicable dependen del tipo de obligación de que se trate. La pensión de alimentos — para los hijos o para el ex cónyuge — puede aumentarse (demanda de aumento de alimentos), reducirse (demanda de rebaja de alimentos) o cesar (demanda de cese de alimentos) cuando se produce un cambio sustancial en las circunstancias económicas del alimentante o del alimentario conforme al Artículo 330 del Código Civil. El Tribunal de Familia aplica un análisis de proporcionalidad considerando los ingresos, bienes y necesidades de ambas partes. El cuidado personal puede modificarse cuando las circunstancias que justificaron la asignación original han cambiado sustancialmente y la modificación sirve al interés superior del niño conforme a los Artículos 225 y 226 del Código Civil. El progenitor solicitante debe acreditar el cambio de circunstancias — el Tribunal de Familia puede ordenar evaluaciones psicológicas, informes de hogar y entrevistas con los niños. El régimen de relación directa y regular puede modificarse si el calendario vigente ya no sirve al interés superior del niño o si las circunstancias geográficas o laborales de alguno de los progenitores han cambiado significativamente. La compensación económica, en cambio, una vez acordada en el Convenio Regulador e incorporada en la sentencia de divorcio, generalmente no puede modificarse — se trata como una liquidación definitiva del desequilibrio económico causado por el matrimonio, y los tribunales han rechazado consistentemente las demandas de modificación bajo la doctrina de la cosa juzgada.

Cuando un progenitor no paga la pensión de alimentos acordada en el Convenio Regulador, la legislación chilena establece varios mecanismos coercitivos poderosos conforme a la Ley 14.908 de 1962 (con sus modificaciones). El mecanismo más utilizado es la retención de remuneraciones del Artículo 8 de la Ley 14.908 — el Tribunal de Familia instruye al empleador del progenitor incumplidor para que descuente el monto de la pensión directamente del sueldo mensual y lo transfiera al progenitor custodio. El empleador que no cumple la orden de retención del tribunal queda solidariamente responsable de los montos impagos conforme al Artículo 8 inciso 4 de la Ley 14.908. Cuando el progenitor pagador no tiene remuneración regular (por ejemplo, es trabajador independiente), el tribunal puede ordenar el embargo de bienes específicos conforme al Código de Procedimiento Civil aplicado supletoriamente. Conforme al Artículo 14 de la Ley 14.908, cuando un progenitor acumula tres o más meses consecutivos de pensiones impagas, el Tribunal de Familia puede suspender la licencia de conducir y el pasaporte del deudor — incentivo poderoso para el cumplimiento. El Artículo 19 de la Ley 14.908 permite al tribunal imponer la sanción penal de arresto nocturno a los progenitores que deliberadamente incumplen el pago después de ser requeridos dos veces formalmente. El Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos — administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación — inscribe a los incumplidores persistentes, cuya clasificación crediticia se ve afectada negativamente y que pueden quedar inhabilitados para el empleo público conforme al Artículo 16 bis de la Ley 14.908.

La compensación económica es un derecho civil creado por los Artículos 61 a 66 de la Ley de Matrimonio Civil (Ley 19.947/2004) para remediar el desequilibrio económico sufrido por el cónyuge que dedicó su tiempo al cuidado de los hijos o del hogar durante el matrimonio a costa de su propio desarrollo profesional y capacidad generadora de ingresos. El Artículo 61 de la Ley 19.947 establece el derecho a favor del cónyuge que, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores del hogar, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, sufriendo un menoscabo económico cuyos efectos persisten después del divorcio. El derecho a compensación económica nace al momento del divorcio — no procede en la separación judicial sin divorcio. El monto se determina por acuerdo en el Convenio Regulador o, si no hay acuerdo, por el Tribunal de Familia después de escuchar los argumentos de ambas partes. El Artículo 62 de la Ley 19.947 fija los criterios de valoración: duración del matrimonio, situación patrimonial de ambos cónyuges al término de éste, buena o mala fe del deudor, colaboración económica de cada cónyuge en las actividades del otro, situación en materia de beneficios previsionales, y las posibilidades de acceso al mercado laboral del cónyuge beneficiario. La Corte Suprema ha dictado múltiples fallos de unificación de jurisprudencia estableciendo que la compensación económica es independiente de la culpa y no es una sanción sino un mecanismo para corregir la desigualdad económica estructural causada por la división matrimonial de roles. Puede pagarse en suma alzada o en cuotas, y garantizarse con bienes raíces mediante hipoteca conforme al Artículo 65 de la Ley 19.947.

El Convenio Regulador en sí mismo no requiere ser notariado como requisito autónomo para su validez y presentación ante el Tribunal de Familia — se incorpora en la solicitud de divorcio y es aprobado por resolución judicial conforme al Artículo 57 de la Ley 19.947/2004. Sin embargo, ciertas obligaciones contenidas en el Convenio Regulador sí requieren formalidades notariales para su ejecución. Toda disposición que distribuya bienes raíces — como la vivienda familiar — debe formalizarse en escritura pública ante Notario Público conforme al Artículo 1801 del Código Civil e inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces de la comuna correspondiente. La transferencia de vehículos requiere endoso ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Los acuerdos sobre liquidación de la sociedad conyugal que involucren bienes raíces deben igualmente formalizarse en escritura pública conforme al Reglamento del Conservador de Bienes Raíces. Algunas partes optan por firmar el Convenio Regulador ante Notario Público antes de presentarlo simplemente para darle mayor peso probatorio, pero esto no es exigido por la Ley 19.947. Una vez que el Tribunal de Familia incorpora el Convenio Regulador en la sentencia de divorcio, la propia sentencia sirve como título ejecutivo para todas las obligaciones — incluyendo la ejecución de alimentos conforme a la Ley 14.908 y los requisitos de transferencia de bienes — sin necesidad de formalización notarial adicional, salvo en los casos donde una escritura pública sea legalmente exigida para la transferencia de bienes específicos como se describió.