Amparo Suspension Motion Mexico (Incidente de Suspensión en Amparo)

El juicio de amparo es el principal medio de control constitucional de México: un procedimiento judicial federal a través del cual cualquier persona (física o moral, mexicana o extranjera) puede impugnar cualquier acto de cualquier autoridad gubernamental (federal, estatal o municipal; legislativa, ejecutiva, judicial o autónoma) que vulnere sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Regido por la Ley de Amparo (publicada en el DOF el 2 de abril de 2013), el amparo se presenta en dos formas principales: amparo indirecto (promovido ante un Juzgado de Distrito cuando se impugnan actos administrativos, leyes o resoluciones judiciales de primera instancia) y amparo directo (promovido ante un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se impugnan sentencias definitivas). El procedimiento inicia con la presentación de la demanda de amparo por el quejoso, en la que identifica el acto reclamado y a la autoridad responsable, junto con un incidente de suspensión si se requiere protección inmediata. El tribunal notifica a la autoridad responsable, recibe su informe justificado, celebra la audiencia constitucional y dicta una sentencia de amparo: ya sea concediendo el amparo con una orden de nulidad del acto reclamado, o negándolo. La SCJN revisa las resoluciones de amparo de importancia constitucional a través del recurso de revisión.

Conforme a los artículos 131 a 139 de la Ley de Amparo 2013, la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo opera en dos etapas sucesivas. La suspensión provisional es una medida cautelar de urgencia otorgada por el tribunal sin audiencia de la autoridad responsable ni de terceros, al recibir el incidente de suspensión, con base únicamente en las afirmaciones del quejoso y en el señalamiento prima facie que se desprende de los documentos presentados. El artículo 139 de la Ley de Amparo exige que el tribunal conceda la suspensión provisional de inmediato si el incidente es admisible a primera vista y el acto reclamado pertenece a una categoría suspendible: el tribunal no tiene discreción para negarla en esta etapa si se cumplen las condiciones legales. La suspensión provisional surte efectos de inmediato con el auto interlocutorio del tribunal y dura hasta la audiencia de la suspensión definitiva. La suspensión definitiva se concede o se niega después de una audiencia incidental formal, en la que el quejoso, la autoridad responsable y, en su caso, el tercero perjudicado presentan argumentos y pruebas sobre si procede la suspensión permanente conforme a la prueba de dos etapas del artículo 128. La suspensión definitiva permanece vigente durante todo el juicio de amparo y puede imponer condiciones como el otorgamiento de garantía. Entre la audiencia de suspensión provisional y la definitiva, el Juzgado de Distrito fija la fecha de audiencia dentro de los 5 días conforme al artículo 143 de la Ley de Amparo.

El artículo 129 de la Ley de Amparo establece categorías de actos cuya suspensión está prohibida porque vulneraría el interés social o el orden público. Los actos no suspendibles incluyen: los actos legislativos que afectan el orden jurídico general (como la inconstitucionalidad de leyes federales en abstracto, aunque las aplicaciones particulares sí pueden suspenderse); los actos de beneficio social, incluidas las resoluciones de reforma agraria que asignan tierras a ejidos y comunidades agrarias; las medidas de protección ambiental cuya suspensión dañaría directamente los ecosistemas; y los actos cuya ejecución es el único medio para prevenir un daño mayor (como las órdenes de cuarentena de emergencia). La suspensión tampoco puede comprender los actos que ya se hayan consumado de manera total e irreversible (actos consumados de manera irreparable): una vez consumado el acto, no queda nada que suspender. Los tribunales aplican el principio de que la suspensión no puede servir para autorizar la comisión de delitos ni para eximir de manera permanente al quejoso del cumplimiento de obligaciones legales, sino únicamente para diferir la ejecución mientras se realiza la revisión judicial. La SCJN, en la Contradicción de Tesis 146/2013, precisó que los actos relacionados con la salud pública, la protección ambiental y los derechos fundamentales de seguridad social enfrentan la presunción más fuerte en contra de la suspensión, lo que obliga al quejoso a acreditar una apariencia del buen derecho extraordinariamente sólida.

Los artículos 132 a 135 de la Ley de Amparo establecen un sistema de garantía bilateral para la suspensión definitiva de actos con efectos económicos. Al conceder la suspensión definitiva, el tribunal fija una fianza que el quejoso debe otorgar para garantizar el pago de los daños al tercero perjudicado y a la autoridad responsable si el amparo finalmente se niega y el acto suspendido debe entonces ejecutarse con los intereses acumulados. De manera simultánea, puede exigirse al tercero perjudicado el otorgamiento de una contrafianza que garantice los daños al quejoso si el acto suspendido resultó ilegal y le causó perjuicio durante el periodo de suspensión. El monto de la garantía lo determina el tribunal con base en el valor económico del acto reclamado y en el daño estimado por el aplazamiento. Para los créditos fiscales, el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que la suspensión se condiciona a que el contribuyente deposite el monto total del crédito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) o que otorgue una fianza equivalente de una afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. La omisión de otorgar la garantía requerida dentro del plazo fijado por el tribunal trae como consecuencia la revocación automática de la suspensión provisional conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo.

El estándar de la apariencia del buen derecho, desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial 15/96 y codificado en el artículo 138 de la Ley de Amparo 2013, exige que el quejoso realice un señalamiento prima facie de que el acto reclamado probablemente es inconstitucional o ilegal antes de que un tribunal conceda la suspensión definitiva. Este estándar requiere que el juzgador realice una evaluación preliminar del fondo —no un análisis completo de la cuestión constitucional, que se reserva para la audiencia constitucional— para determinar si la demanda de amparo tiene una probabilidad razonable de éxito. Los tribunales valoran la apariencia del buen derecho revisando: la precisión y especificidad del acto reclamado identificado en la demanda, las disposiciones constitucionales presuntamente vulneradas y la conexión lógica entre el acto y la violación, cualquier prueba documental presentada con la demanda de amparo (como la resolución administrativa impugnada) y la jurisprudencia aplicable de la SCJN del Semanario Judicial de la Federación. Un señalamiento sólido de apariencia del buen derecho puede compensar un señalamiento más débil en el análisis del interés social, y viceversa: la SCJN ha sostenido que ambos extremos deben ponderarse de manera conjunta, y no de forma independiente, en un ejercicio de ponderación. Los litigantes citan directamente las tesis jurisprudenciales aplicables del Semanario al argumentar la apariencia para orientar la evaluación del juzgador.

El amparo directo (también llamado amparo en casación o amparo uniinstancial) y el amparo indirecto (amparo biinstancial) son las dos formas principales del juicio de amparo conforme a los artículos 107 y 170–191 de la Ley de Amparo. El amparo directo se promueve ante un Tribunal Colegiado de Circuito e impugna las sentencias definitivas y resoluciones equivalentes de los tribunales civiles, familiares, administrativos, laborales y penales que ponen fin al procedimiento —por ejemplo, una sentencia definitiva de un tribunal de apelación, una resolución definitiva de un tribunal administrativo o un laudo definitivo de un tribunal laboral—. El quejoso presenta la demanda de amparo directo directamente ante el órgano que dictó la resolución definitiva, el cual la remite al Tribunal Colegiado competente. Por lo general no procede la suspensión de la resolución impugnada en el amparo directo, salvo para evitar la ejecución de la sentencia que cause un daño de difícil reparación en tanto resuelve el Tribunal Colegiado. El amparo indirecto se promueve ante un Juzgado de Distrito e impugna: leyes (en sentido material), disposiciones reglamentarias y normas generales; actos administrativos de autoridades federales o locales (incluidos los actos del SAT, el IMSS y la STPS); actos judiciales durante un juicio que vulneran el debido proceso; y normas federales que afectan derechos antes o fuera de los procedimientos judiciales. La distinción clave es que el amparo indirecto abre un procedimiento nuevo y completo ante el Juzgado de Distrito con ofrecimiento de pruebas, mientras que el amparo directo revisa la legalidad de un procedimiento ya concluido con base en las constancias del expediente.

La suplencia de la queja deficiente es un principio propio del derecho de amparo mexicano conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los tribunales federales para subsanar las deficiencias en los argumentos jurídicos del quejoso —citando disposiciones constitucionales, jurisprudencia o teorías jurídicas no planteadas por el promovente— cuando se ven involucradas ciertas categorías protegidas de personas o derechos. Los tribunales deben aplicar la suplencia de la queja deficiente en los siguientes casos: cuando el quejoso es un menor de edad o una persona con capacidad legal limitada; en materia penal cuando el quejoso es el procesado, con independencia de la naturaleza de la violación alegada; en materia laboral cuando el quejoso es el trabajador (pero no el patrón); en materia agraria cuando el quejoso es un ejidatario, comunero o miembro de un ejido o comunidad agraria; cuando el acto reclamado afecta derechos de familia; y cuando del expediente se advierte de manera manifiesta una violación a un derecho humano de naturaleza fundamental, con independencia de los planteamientos del promovente. Fuera de estas categorías, los tribunales no suplen los argumentos deficientes: el abogado del quejoso debe desarrollar por completo todos los argumentos constitucionales en la demanda de amparo y en el incidente de suspensión. Esto convierte a la suplencia de la queja en un mecanismo de equidad importante en los amparos laborales, donde los trabajadores que promueven sin abogado reciben este beneficio correctivo, mientras que los patrones representados por abogado no reciben tal suplencia.

Cuando un Juzgado de Distrito o un Tribunal Colegiado de Circuito concede el amparo —al determinar que el acto reclamado vulneró los derechos constitucionales del quejoso—, la sentencia produce efectos jurídicos específicos según la naturaleza de la violación conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. Tratándose de violaciones a garantías constitucionales de carácter procesal (violaciones procesales), el tribunal ordena a la autoridad responsable anular el acto irregular y reponer el procedimiento de manera correcta a partir del punto de la violación: no resuelve directamente la controversia de fondo, sino que exige que se observe el debido proceso. Tratándose de violaciones a derechos constitucionales sustantivos mediante actos específicos (por ejemplo, una liquidación ilegal del IMSS o una clausura ilícita de la STPS), el tribunal ordena la nulidad total del acto reclamado, exigiendo a la autoridad responsable volver al estado jurídico que existía antes de que el acto se ejecutara, incluida la reversión de cualquier consecuencia. Conforme al artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo 2013, los tribunales ahora pueden emitir efectos declarativos con alcance erga omnes (efectos frente a todas las partes, no solo el quejoso) al invalidar disposiciones legislativas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la SCJN, superando la anterior limitación de la Fórmula Otero. El incumplimiento de una sentencia de amparo concedida por parte de la autoridad responsable constituye desacato y expone al titular de la autoridad a la separación del cargo y a su consignación para el ejercicio de la acción penal conforme al artículo 260 de la Ley de Amparo.