Oral Commercial Proceeding Filing Mexico (Demanda de Juicio Oral Mercantil)

Conforme al artículo 1390 bis del Código de Comercio, reformado en 2017, el juicio oral mercantil aplica a las reclamaciones mercantiles cuyo valor monetario no exceda 1,158 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Usando el valor mensual de la UMA de 2025 de 108.57 pesos publicado por el INEGI con vigencia a partir del 1 de febrero de 2025, el umbral del procedimiento oral equivale aproximadamente a 125,764 pesos en su equivalente mensual, pero dado que el artículo 1390 bis utiliza la UMA mensual × 1,158, el umbral es de 125,764 pesos × 1,158 al mes. En la práctica, el cálculo usa la UMA diaria o anual según la interpretación del tribunal: los litigantes suelen usar la UMA anual (39,606.36 pesos para 2025) × 1,158 / 365 por día como guía práctica. Los tribunales verifican el umbral usando el valor de la UMA vigente al momento de la presentación. Las reclamaciones que exceden el umbral deben presentarse mediante el tradicional juicio ordinario mercantil (procedimiento escrito) conforme al artículo 1377 del CCom o, cuando la reclamación se basa en un título de crédito mercantil con fuerza ejecutiva, a través del juicio ejecutivo mercantil conforme al artículo 1391 del CCom. Si el actor presenta ante el juzgado oral una reclamación que en realidad excede el umbral, el tribunal debe identificar de oficio el defecto de competencia y trasladar el asunto al procedimiento correcto, aunque esto puede causar retrasos significativos. Dado que el valor de la UMA se ajusta cada febrero, los litigantes con reclamaciones cercanas al umbral deben recalcular el equivalente en pesos usando el valor publicado por el INEGI del año en curso al momento de la presentación.

El juicio oral mercantil conforme a los artículos 1390 bis a 1390 bis 42 del Código de Comercio se desarrolla en cinco etapas principales una vez presentada la demanda. Etapa 1 — Admisión (Auto de Admisión): el tribunal revisa la demanda en cuanto a la competencia, el monto del umbral y la integridad de los anexos; si se admite, el tribunal ordena el emplazamiento del demandado dentro del plazo que fije, por lo general dentro de los 5 días hábiles siguientes al auto. Etapa 2 — Contestación: el demandado tiene 9 días hábiles a partir del emplazamiento para presentar la contestación de demanda, que debe incluir todas las excepciones y defensas, la reconvención y toda la prueba documental en que se apoye el demandado —los documentos no presentados con la contestación quedan por lo general excluidos en la audiencia—. Etapa 3 — Audiencia Preliminar: una audiencia conducida por el juez dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo de contestación, en la que: las partes exponen sus respectivas pretensiones; el juez intenta la conciliación (avenimiento de las partes); las partes ofrecen prueba adicional más allá de sus documentos iniciales; el juez admite o desecha pruebas mediante el auto de depuración; y se fija la fecha de la audiencia de juicio oral. Etapa 4 — Audiencia de Juicio Oral: la audiencia oral principal, por lo general celebrada dentro de los 30 días siguientes a la audiencia preliminar, en la que ambas partes presentan su prueba documental y testimonial directamente ante el juez, repreguntan a los testigos y formulan alegatos orales de cierre. Etapa 5 — Sentencia: el juez debe dictar sentencia al concluir la audiencia de juicio oral o dentro de los 10 días siguientes conforme al artículo 1390 bis 39 del CCom. La duración total del procedimiento oral desde la presentación hasta la sentencia suele oscilar entre 3 y 6 meses.

El juicio oral mercantil conforme a los artículos 1390 bis a 1390 bis 42 del CCom y el juicio ejecutivo mercantil conforme a los artículos 1391 a 1414 del CCom son dos tipos de procedimiento distintos en los tribunales mercantiles mexicanos, con propósitos, requisitos de prueba y plazos procesales diferentes. El juicio ejecutivo mercantil procede cuando la reclamación se basa en un documento ejecutivo —un título mercantil que tiene fuerza ejecutiva por ministerio de ley, como un pagaré, una letra de cambio, un cheque o un instrumento de deuda reconocido conforme al artículo 1391 del CCom—. En un juicio ejecutivo, el tribunal emite un auto de exequendo de inmediato al encontrar válido el documento ejecutivo, ordenando el embargo precautorio de los bienes del demandado incluso antes de que este sea oído, lo que invierte la secuencia normal e impone una pesada carga práctica al demandado para acreditar sus defensas. El juicio oral mercantil, en cambio, no implica embargo precautorio de bienes: es un procedimiento ordinario en el que ambas partes presentan y controvierten pruebas en audiencias orales antes de que el juez resuelva. El procedimiento oral es más adecuado para reclamaciones controvertidas basadas en contratos escritos, facturas o contratos de servicios donde las partes no coinciden en si la obligación existe o fue incumplida. El procedimiento oral tiene el límite monetario basado en la UMA; el juicio ejecutivo mercantil no tiene tope monetario. Los litigantes suelen elegir la vía ejecutiva cuando cuentan con un pagaré firmado y limpio, y la vía oral cuando la reclamación requiere la presentación de prueba documental compleja.

Los artículos 1390 bis 21 a 1390 bis 34 del Código de Comercio establecen las reglas probatorias aplicables al juicio oral mercantil. Toda prueba admisible conforme al CCom y al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), que se aplica supletoriamente a los procedimientos mercantiles conforme al artículo 1054 del CCom, puede presentarse en el procedimiento oral. Los principales tipos de prueba incluyen: (1) Prueba documental: todos los documentos escritos, incluidos contratos, facturas (CFDI), recibos de entrega, estados de cuenta bancarios, confirmaciones de transferencia bancaria, mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías y registros financieros. Todos los documentos deben adjuntarse a la demanda o a la contestación; los documentos presentados de manera extemporánea son inadmisibles salvo que la parte demuestre que los obtuvo con posterioridad al plazo de los escritos por causa justificada. (2) Prueba testimonial: las partes pueden ofrecer testigos para que rindan testimonio oral en la audiencia de juicio oral, sujeto a contrainterrogatorio. Los testigos no pueden ser servidores públicos que declaren sobre actos oficiales (estos requieren un mecanismo distinto). (3) Prueba pericial: un perito designado por el tribunal o propuesto por las partes puede rendir un dictamen por escrito y comparecer en la audiencia oral para explicar y defender sus conclusiones, sujeto al cuestionamiento de la parte contraria y del juez. (4) Prueba electrónica: conforme al artículo 1298-A del CCom, los documentos electrónicos, los mensajes de datos y los registros digitales son admisibles y están sujetos a autenticación mediante el análisis pericial de metadatos y firmas digitales. (5) Confesión judicial: una admisión formal de hechos bajo protesta ante el juez.

El artículo 75 del Código de Comercio contiene una extensa lista de actos clasificados como actos de comercio que quedan sujetos al régimen del CCom con independencia de que las partes sean comerciantes. Los actos de comercio más litigados incluyen: (fracción I) la compraventa de bienes para su reventa o transformación con ánimo de lucro; (fracción II) la compra, renta o arrendamiento de equipo, maquinaria o medios de transporte con fines comerciales; (fracción VII) las operaciones de banca, crédito y cambio realizadas por instituciones financieras; (fracción X) los contratos de comisión mercantil y la agencia comercial; (fracción XIV) los contratos de seguro sobre intereses mercantiles; (fracción XV) la emisión y el endoso de títulos de crédito, incluidos pagarés, letras de cambio, cheques, certificados de depósito y bonos de prenda conforme a la LGTOC; y (fracción XXIV) todos los demás actos clasificados específicamente como comerciales por el CCom u otras leyes mercantiles. El concepto de comerciante del CCom conforme al artículo 3 comprende: a las personas físicas que hacen del comercio su ocupación ordinaria; a las sociedades mercantiles constituidas conforme a la LGSM; y a los comerciantes y sociedades mercantiles extranjeros que operan en México conforme al tratado internacional aplicable y a las disposiciones del CCom. Los juzgados con jurisdicción mercantil tienen competencia exclusiva sobre todas las controversias derivadas de actos de comercio conforme al artículo 1049 del CCom.

El emplazamiento en un juicio oral mercantil es el acto procesal formal por el cual se notifica al demandado la presentación de la demanda y se le da la oportunidad de comparecer y defenderse, satisfaciendo la garantía constitucional de audiencia conforme al artículo 14 de la Constitución Política. Conforme a los artículos 1390 bis 8 a 1390 bis 11 del CCom y a las disposiciones supletorias del CFPC, el actuario del tribunal entrega la cédula de emplazamiento junto con una copia de la demanda y de todos los anexos al demandado en persona en su domicilio conocido. Para las personas morales, el emplazamiento se realiza con el representante legal del demandado, el agente registrado o cualquier empleado de jerarquía en el domicilio social. Si el actuario no localiza al demandado en el domicilio señalado después de dos intentos en días y horas distintos, el tribunal puede autorizar el emplazamiento por edictos en un periódico de amplia circulación y en la gaceta judicial (Diario Oficial de la Federación o su equivalente estatal) conforme al artículo 1069 del CCom y a los artículos 316–325 del CFPC, una vez agotados todos los medios razonables para localizar al demandado. El emplazamiento por edictos hace correr el plazo de respuesta del demandado a partir de la última publicación. Si el demandado se encuentra fuera de México, aplica el emplazamiento internacional a través de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (1975) o de los tratados bilaterales de cooperación judicial. Un demandado emplazado por edictos que después demuestre que no fue debidamente localizado puede solicitar la nulidad del procedimiento mediante amparo, lo que vuelve la exactitud de los datos de domicilio del demandado un elemento crítico de la demanda.

Una sentencia firme en un juicio oral mercantil se vuelve ejecutable una vez que han transcurrido todos los plazos de impugnación sin que se haya interpuesto recurso, o al negarse todos los recursos disponibles (apelación, amparo directo). La ejecución de sentencia se rige por los artículos 1415 a 1427 del CCom y por las disposiciones supletorias del CFPC sobre ejecución de resoluciones judiciales. Si el demandado no cumple voluntariamente la sentencia dentro del plazo fijado por el tribunal (por lo general 72 horas para las sentencias de condena pecuniaria conforme al artículo 1390 bis 40 del CCom), el actor que obtuvo sentencia favorable puede solicitar al tribunal que inicie el procedimiento de ejecución, que incluye: el embargo de bienes del demandado —cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, activos del negocio, cuentas por cobrar— por una cantidad suficiente para cubrir la suerte principal, los intereses y las costas; el remate de los bienes embargados para satisfacer la sentencia; y la intervención del negocio del deudor (intervención con cargo a la caja) cuando el demandado es comerciante y los demás bienes resultan insuficientes. Para el embargo de cuentas bancarias, los tribunales envían comunicaciones oficiales a las instituciones financieras supervisadas por la CNBV a través del sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El embargo de inmuebles requiere su inscripción en el Registro Público de la Propiedad conforme al artículo 3042 del CCF. Si el demandado obtuvo un juicio de amparo que suspende la ejecución de la sentencia, el actor que obtuvo sentencia favorable debe contrarrestar la suspensión con el otorgamiento de garantías antes de que el cobro pueda proceder.

Las sociedades mercantiles extranjeras tienen legitimación para demandar ante los tribunales mercantiles mexicanos conforme al artículo 15 del Código de Comercio, que reconoce la capacidad jurídica de las sociedades extranjeras para realizar actos de comercio en México en la medida en que lo permitan la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y los tratados aplicables. Sin embargo, las empresas extranjeras deben satisfacer ciertos requisitos procesales antes de que los tribunales mexicanos conozcan de sus reclamaciones. Conforme al artículo 15 del CCom, la existencia legal y la facultad de una empresa extranjera deben acreditarse mediante sus documentos constitutivos (acta de constitución o equivalente) certificados por el consulado mexicano en la jurisdicción extranjera y apostillados conforme a la Convención de La Haya de 1961 (a la que México se adhirió en 1994), junto con una traducción certificada al español por un Perito Traductor registrado ante los Tribunales Superiores de Justicia. La empresa extranjera debe señalar un domicilio convencional en México para el emplazamiento en el procedimiento conforme al artículo 1069 del CCom. El poder notarial que autoriza al abogado mexicano a representar a la empresa extranjera debe cumplir los requisitos de autenticación del derecho internacional privado mexicano conforme a los artículos 12 y siguientes del CCF. Las empresas extranjeras con presencia formal en México (filiales inscritas en el Registro Público de Comercio u oficinas de representación registradas ante la SE conforme a la LIE) enfrentan requisitos probatorios más sencillos, ya que su estatus legal ya está documentado en los registros públicos mexicanos.