Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial)
CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Cooperación Comercial entre Empresas Independientes
Regulado por el artículo 1665 del Código Civil y el artículo 116 del Código de Comercio
1. PARTES
EMPRESA COLABORADORA A:
Denominación social: [Company A Name]
NIF / CIF: [Company A NIF]
Domicilio social: [Company A Address]
Representante legal: [Company A Representative]
EMPRESA COLABORADORA B:
Denominación social: [Company B Name]
NIF / CIF: [Company B NIF]
Domicilio social: [Company B Address]
Representante legal: [Company B Representative]
2. NATURALEZA DE LA COLABORACIÓN — NO SE CREA SOCIEDAD
Las partes declaran expresamente que el presente contrato establece una colaboración comercial para los fines específicos definidos en el mismo y no crea ninguna sociedad civil (artículo 1665 CC), sociedad colectiva (artículo 116 CCom), joint venture ni ninguna otra entidad jurídica. Cada empresa conserva su personalidad jurídica propia, sus registros tributarios (NIF, IVA, IS) y su plena autonomía organizativa. Ninguna de las partes actúa como agente, socio ni representante de la otra. Cada parte es la única responsable de sus propias obligaciones legales, tributarias y regulatorias. El presente contrato no crea ningún fondo común, activos conjuntos ni esquema de reparto de pérdidas y ganancias más allá de las disposiciones específicas de reparto de ingresos recogidas en la cláusula 4.
3. OBJETO, ÁMBITO Y APORTACIONES DE LA COLABORACIÓN
Tipo de colaboración: [Collaboration Type]
Ámbito geográfico: [Geographic Scope]
Objeto: [Collaboration Purpose]
Aportación de la Empresa A: [Company A Contribution]
Aportación de la Empresa B: [Company B Contribution]
Exclusividad: [Exclusivity]
4. REPARTO DE INGRESOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS
[Revenue Sharing]
Cada parte facturará su propia cuota de ingresos de forma separada, repercutiendo el IVA al tipo correspondiente conforme a la Ley 37/1992 del IVA, y llevará contabilidad separada de todos los ingresos y gastos relacionados con la colaboración. Cuando las partes colaboradoras sean entidades vinculadas conforme al artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, todas las operaciones entre ellas deberán valorarse a precio de mercado y declararse en el Modelo 232 si el importe anual supera los 250.000 euros.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD
Cada parte conserva la titularidad de su propiedad intelectual e industrial preexistente. Cualquier propiedad intelectual desarrollada conjuntamente durante la presente colaboración será copropiedad de ambas partes conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, Ley de Propiedad Intelectual, y a la Ley 24/2015 de Patentes, salvo acuerdo escrito en contrario.
Ambas partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad recíproca sobre toda la información no pública intercambiada durante la colaboración — incluidos datos de clientes, estrategias empresariales, precios y know-how técnico — conforme a las obligaciones de buena fe del artículo 1258 del Código Civil y a los requisitos de protección de datos del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). La obligación de confidencialidad se mantendrá durante 3 años tras la terminación del contrato.
6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA
Las partes confirman que la presente colaboración no restringe la competencia conforme al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), ni al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las partes no intercambiarán información ni coordinarán precios, reparto de mercados, asignación de clientes ni ninguna otra materia que pueda constituir una restricción horizontal prohibida. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa el cumplimiento del derecho de la competencia español y europeo. Las multas por infracciones de cártel pueden alcanzar el 10% de la facturación anual conforme al artículo 63 LDC.
7. DURACIÓN Y RESOLUCIÓN
La presente colaboración comienza el [Start Date] y tendrá la siguiente duración: [Collaboration Duration].
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin causa mediante preaviso escrito de [Notice Period] a la otra parte. Cualquiera de las partes podrá resolver de forma inmediata por incumplimiento esencial previa notificación escrita que conceda un plazo de subsanación de 15 días. A la terminación: (a) cada parte deberá finalizar las actividades de colaboración ya en curso con clientes específicos; (b) cesará el uso de la marca y los materiales de la otra parte; (c) la información confidencial se devolverá o destruirá a requerimiento; y (d) las comisiones o cuotas de ingresos ya devengadas se liquidarán en el plazo de 30 días desde la fecha de terminación.
8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente contrato se rige por el derecho español, principalmente el Código Civil (artículo 1665 y siguientes), el Código de Comercio (artículo 116 y siguientes) y la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Las controversias se resolverán ante el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad de firma, o mediante arbitraje ante el Tribunal Arbitral de Madrid o la Corte Española de Arbitraje si las partes acuerdan por separado el arbitraje.
FIRMAS
Firmado en [Contract City], a [Contract Date].
EMPRESA COLABORADORA A:
[Company A Name]
Representada por: [Company A Representative]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
EMPRESA COLABORADORA B:
[Company B Name]
Representada por: [Company B Representative]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Empresa Colaboradora A
________________
Signature
Empresa Colaboradora B
________________
Signature
What Is a Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial)?
A Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) is a formal written agreement between two or more independent businesses (empresas colaboradoras) to cooperate on defined commercial activities — referrals, joint marketing, resource sharing, co-development, or technology exchange — without creating a formal partnership (sociedad), joint venture entity, or commercial company, governed principally by Article 1665 of the Código Civil, which defines the sociedad civil as a contract by which two or more persons agree to pool resources or activities for the purpose of sharing profits (ánimo de lucro), and by Article 116 of the Código de Comercio, which establishes the requirements for mercantile partnerships (sociedades mercantiles). The collaboration agreement deliberately avoids creating a new legal entity — each company retains its independent legal personality, tax registration, and commercial operations, collaborating only within the specific scope defined in the agreement.
Spanish commercial law recognises several forms of collaborative business structures. The Agrupación de Interés Económico (AIE) under Ley 12/1991, de 29 de abril, is a registered legal entity for cooperation between companies without profit distribution, commonly used for joint R&D projects and export consortia. The Unión Temporal de Empresas (UTE) under Ley 18/1982, de 26 de mayo, is a temporary collaboration structure frequently used for public works tenders under the Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) — UTEs register with the Agencia Tributaria and file consolidated tax returns under a special regime. These formalised structures contrast with the contrato de colaboración empresarial, which is a purely contractual arrangement with no registration, no separate legal personality, and no tax filing obligations as a separate entity.
The contrato de colaboración empresarial in Spain must be carefully drafted to avoid classification as an encubierta sociedad (hidden partnership) under Article 1669 CC — which would expose the parties to joint and several liability (responsabilidad solidaria) for obligations incurred in the collaboration — or as a partnership in fact (sociedad de hecho) under the Tribunal Supremo's case law, which requires the dissolution and liquidation of any jointly acquired assets before the collaboration can end. Indicators that a court might reclassify a collaboration as a sociedad include: joint asset acquisition, joint management of a common fund (fondo común), holding out as a single entity to third parties, and profit-sharing arrangements indistinguishable from partnership distributions.
The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) monitors collaboration agreements between competitors for potential infringements of Article 1 of the Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) and Article 101 of the Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Collaboration agreements that fix prices, share markets, or restrict output between competitors (acuerdos horizontales restrictivos) are prohibited and void under Article 1.2 LDC. However, the Reglamento (UE) 330/2010 block exemption for vertical agreements, and the CNMC's guidelines on horizontal cooperation, provide safe harbours for many genuine commercial collaboration arrangements — particularly those between non-competitors or those with combined market shares below the de minimis thresholds.
Tax treatment of business collaboration agreements in Spain is complex. Each party separately declares its income and expenses from the collaboration activities under its own Impuesto sobre Sociedades return (Ley 27/2014 del IS). Where the collaboration involves joint revenue, the allocation of income between the parties must be documented — the AEAT's transfer pricing rules under Article 18 LIS apply where the collaborating parties are related (vinculadas), requiring arm's length pricing of all transactions between them. IVA on services exchanged between the collaborating companies must be separately invoiced and declared by each party under the standard IVA regime.
When Do You Need a Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial)?
A Business Collaboration Agreement Spain is needed whenever two or more independent companies wish to cooperate commercially — sharing clients, resources, technology, or market access — without forming a new legal entity or joint venture, and wish to document the collaboration's scope, contributions, revenue sharing, confidentiality, and exit terms in a binding written agreement.
The Spain Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) agreement is required when two Spanish companies in complementary industries wish to cross-refer clients — for example, a construction company (constructora) and an architecture studio (estudio de arquitectura) agreeing to refer residential project clients to each other in exchange for a referral commission (comisión de referencia). The agreement documents the referral fee, the procedure for tracking referred clients, and the exclusivity, if any, of the arrangement.
A Business Collaboration Agreement is needed when two companies jointly bid on a major contract — for example, a private sector commercial development — where each brings complementary expertise (one company provides project management, the other provides technical installation) and the agreement allocates responsibilities, revenue, and liability between them without forming a UTE or AIE.
The Spain Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) agreement is required when two technology companies agree to integrate their software products and co-market the integrated solution — the agreement must document the integration project scope, intellectual property ownership, marketing obligations, revenue sharing on co-sold deals, and the licensing terms for each party's technology used in the integration.
A Collaboration Agreement is needed when a Spanish company partners with a foreign company to distribute the foreign company's products in Spain — without creating a formal agency or distribution agreement that would trigger mandatory commercial agent protections under Ley 12/1992 or distributor protections under the Código de Comercio. The collaboration agreement frames the arrangement as mutual commercial cooperation rather than a formal agency.
The Spain Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) document is also required when companies from different sectors wish to share infrastructure — office space, IT systems, logistics platforms, or human resources — without merging or creating a joint entity, documenting the shared resource terms, cost allocation, liability, and the procedure for ending the sharing arrangement.
Under the Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, the Registro Mercantil maintains the register of Spanish companies. The Código de Comercio 1885 governs commercial obligations. The Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administers Impuesto sobre Sociedades (IS) under Ley 27/2014. The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) enforces competition law. The Código Civil governs general contractual obligations under Article 1255.
What to Include in Your Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial)
A valid Business Collaboration Agreement Spain under Código Civil Article 1665 and Código de Comercio Article 116 must include the following essential elements to be enforceable and to preserve each party's legal independence.
Identification of Parties: Full legal names, NIF/CIF, Registro Mercantil registration details, and registered addresses of all collaborating companies. The name and authority of the legal representative (representante legal — administrador or apoderado) signing on behalf of each company must be stated, together with the deed or power of attorney (poder notarial) by which they are authorised to bind the company.
Purpose and Scope: A specific description of the collaboration's commercial purpose — referral programme, joint marketing campaign, technology integration, co-development project, or resource sharing — and its geographic scope (national, regional, or international). The agreement must be clear that no partnership, joint venture, or new legal entity is created — each party acts independently and is solely responsible for its own legal and tax obligations.
Contributions of Each Party: What each party contributes to the collaboration — clients, leads, technology, know-how, staff time, financial resources, marketing materials, or other assets. The value or estimated time commitment of each party's contribution should be documented to establish a fair basis for revenue sharing and to clarify each party's obligations.
Revenue Sharing and Financial Terms: How revenues generated by the collaboration — referral commissions, joint sales revenues, licensing fees — are allocated between the parties. The calculation method, payment schedule, invoicing procedure, and currency must be stated. Each party invoices its own share of the revenue separately, charging IVA at the applicable rate. The parties must maintain separate accounting records — there is no joint account or common fund unless explicitly agreed, in which case the legal implications of a fondo común (potential sociedad de hecho classification) must be addressed.
Intellectual Property: Ownership and licensing terms for intellectual property (propiedad intelectual e industrial) used in or created during the collaboration — whether each party retains ownership of its own IP and grants the other a limited licence for the collaboration's purposes, and who owns any jointly developed IP (co-ownership under Ley de Propiedad Intelectual RDL 1/1996 and Ley 24/2015 de Patentes). A clear IP ownership clause prevents disputes at the end of the collaboration.
Confidentiality: A binding mutual non-disclosure obligation covering all non-public information exchanged during the collaboration, including client data, business strategies, pricing, and technical know-how. The obligation should survive termination for a defined period. Processing of shared personal data must comply with Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) and Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) — a data processing agreement or joint controller agreement under Article 26 RGPD may be required.
Competition Law Compliance: An express clause confirming that the collaboration does not restrict competition under Article 1 of the Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) or Article 101 TFUE — particularly where the collaborating companies are competitors in any market. Any revenue-sharing or pricing discussions between competitors must be carefully managed to avoid cartel liability.
Term and Termination: The initial duration of the collaboration — fixed term or indefinite — and the notice period required for termination without cause. Either party should be able to terminate for material breach immediately after a written cure notice giving a reasonable remedy period. The consequences of termination — obligation to complete pending collaborative work, cessation of joint marketing, return of confidential materials — must be documented.
Forms-legal.com provides this Business Collaboration Agreement Spain template as a practical starting point. Companies in the same market considering a collaboration should obtain a competition law assessment from a qualified abogado with expertise in derecho de la competencia before executing the agreement.
Under the Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, the Registro Mercantil maintains the register of Spanish companies. The Código de Comercio 1885 governs commercial obligations. The Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administers Impuesto sobre Sociedades (IS) under Ley 27/2014. The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) enforces competition law. The Código Civil governs general contractual obligations under Article 1255.
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Forms Legal. (2026). Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) (Spain) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/espana/business/partnerships/business-collaboration-agreement-spain
"Business Collaboration Agreement Spain (Contrato de Colaboración Empresarial) (Spain)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/espana/business/partnerships/business-collaboration-agreement-spain.
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Frequently Asked Questions
Un Contrato de Colaboración Empresarial correctamente redactado al amparo del artículo 1665 del Código Civil y del artículo 116 del Código de Comercio no crea ninguna entidad jurídica independiente, sociedad ni empresa conjunta — cada parte conserva su personalidad jurídica propia, sus registros tributarios y plena autonomía sobre sus operaciones comerciales. Sin embargo, el derecho español — en particular la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la sociedad de hecho — recalificará la colaboración como sociedad si la conducta de las partes acredita los elementos clásicos de una sociedad: objeto común, puesta en común de aportaciones, gestión conjunta y reparto de beneficios asimilable a distribuciones societarias. Los indicios de recalificación incluyen: adquisición conjunta de bienes, presentación ante terceros como entidad única, mantenimiento de un fondo común y reparto tanto de beneficios como de pérdidas. Para evitar la recalificación, el contrato debe declarar expresamente que cada parte actúa de forma independiente, emite sus propias facturas, lleva contabilidad separada y no responde de las obligaciones de la otra parte.
Las empresas competidoras en España pueden suscribir contratos de colaboración empresarial, pero deben garantizar que dichos acuerdos no restringen la competencia conforme al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), ni al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las restricciones horizontales prohibidas entre competidores incluyen: fijación de precios, reparto de mercados, limitación de la producción y manipulación de licitaciones (bid rigging). Los acuerdos de colaboración entre competidores que resulten en comportamiento coordinado en el mercado — incluso de forma informal — son objeto de investigación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y pueden acarrear multas de hasta el 10% de la facturación anual conforme al artículo 63 LDC. La colaboración legítima entre competidores — por ejemplo, I+D+i conjunto, compras conjuntas por debajo de los umbrales de minimis o comercialización conjunta de productos complementarios — puede acogerse a las exenciones por categorías del Reglamento (UE) 1217/2010 (acuerdos de I+D) o del Reglamento (UE) 1218/2010 (acuerdos de especialización). El asesoramiento jurídico en derecho de la competencia por un abogado cualificado es imprescindible antes de cualquier colaboración entre competidores.
El contrato de colaboración empresarial y el contrato de agencia comercial son figuras jurídicas distintas en España. El contrato de agencia, regulado por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia, establece una relación en la que el agente actúa por cuenta del empresario principal para promover actos u operaciones de comercio por cuenta de éste, a cambio de una remuneración. La Ley 12/1992 otorga al agente protecciones imperativas: preaviso mínimo para la extinción (artículo 25), compensación por pacto de no competencia postcontractual y, sobre todo, la indemnización por clientela del artículo 28, exigible a la terminación del contrato y equivalente a la media anual de remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años. El contrato de colaboración empresarial elude estas protecciones imperativas — ambas partes son empresas independientes que actúan por cuenta propia, derivando clientes y compartiendo ingresos sin que ninguna actúe como agente de la otra. Los tribunales españoles atenderán a la sustancia de la relación — si una parte actúa sistemáticamente en nombre de la otra en la conclusión de contratos con terceros, las protecciones de la Ley 12/1992 resultarán aplicables con independencia de la denominación del acuerdo.
Las comisiones de referidos abonadas en el marco de un contrato de colaboración empresarial en España tributan como ingresos ordinarios de explotación en el Impuesto sobre Sociedades de la empresa perceptora, conforme a la Ley 27/2014 del IS. La empresa perceptora debe emitir una factura por el importe de la comisión repercutiendo el IVA al tipo general del 21% conforme a la Ley 37/1992 del IVA, e incluir la comisión en su declaración trimestral del IVA mediante el Modelo 303 y en el resumen anual Modelo 390. La empresa pagadora deduce la comisión como gasto deducible en su declaración del IS, siempre que el gasto sea real, esté documentado con una factura válida y sea efectivamente necesario para su actividad empresarial conforme al artículo 15 LIS. Cuando las partes colaboradoras sean entidades vinculadas — conforme a la definición del artículo 18 LIS — el tipo de la comisión de referidos debe fijarse a valor de mercado y documentarse con un estudio de precios de transferencia, debiendo declararse la operación vinculada en el Modelo 232 cuando supere los 250.000 euros anuales.
Un contrato de colaboración empresarial en España debe incluir cláusulas de salida completas que contemplen tanto la resolución voluntaria como la resolución por incumplimiento. Para la resolución voluntaria sin causa, debe pactarse un período de preaviso proporcional a la complejidad y duración de la colaboración — habitualmente entre 30 y 90 días para colaboraciones comerciales estándar. Durante el período de preaviso, las partes deben continuar cumpliendo sus obligaciones de colaboración para proteger a los clientes conjuntos o las derivaciones en curso. Para la resolución por incumplimiento esencial (incumplimiento esencial), debe permitirse la resolución inmediata tras un requerimiento escrito que conceda un plazo razonable de subsanación (habitualmente 15 días). A la terminación, el contrato debe regular: (1) la finalización de los trabajos colaborativos pendientes y de las derivaciones en curso; (2) el cese del uso de los materiales, la marca y las presentaciones de clientes de la otra parte; (3) la devolución o destrucción de la información confidencial; (4) la liquidación final de las comisiones de referidos o cuotas de ingresos devengadas y pendientes; (5) la supervivencia de las obligaciones de confidencialidad y no captación por un período determinado; y (6) cualquier restricción de no competencia postcontractual, que debe limitarse en duración y alcance para ser ejecutable conforme al artículo 1255 CC y las directrices de la CNMC.
Un contrato de colaboración empresarial estándar entre empresas privadas en España no precisa inscripción en ningún organismo público para ser válido — surte efecto por el mero consentimiento de las partes conforme al artículo 1258 del Código Civil. No obstante, en determinadas circunstancias la inscripción o la comunicación pueden ser obligatorias o aconsejables. Para las colaboraciones que impliquen el uso compartido de marcas u otros signos distintivos, debe notificarse a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) cualquier licencia de marca concedida en el marco de la colaboración. En sectores regulados — servicios financieros, telecomunicaciones, energía — el regulador sectorial competente (CNMC, Banco de España, CNMV) puede exigir notificación o autorización previa si la colaboración afecta a la competencia o crea una relación de control de facto. Las UTEs (Uniones Temporales de Empresas) que concurran a licitaciones públicas conforme a la LCSP deben inscribirse ante la AEAT y ante el órgano de contratación. Para colaboraciones de gran escala que superen los umbrales de notificación, pueden resultar aplicables las normas de control de concentraciones de la CNMC conforme al artículo 57 LDC, exigiendo notificación previa.
This template is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws vary by jurisdiction and change over time. Consult a qualified attorney for advice specific to your situation.Full disclaimer
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