Acuerdo de Confidencialidad España — Ley 1/2019 de Secretos Empresariales

El Acuerdo de Confidencialidad es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales es la norma española específica de secretos empresariales, que transpone la Directiva UE 2016/943/UE. El Artículo 1 de la Ley 1/2019 define el secreto empresarial como cualquier información o conocimiento — incluyendo información técnica, comercial, económica, financiera y estratégica — que cumpla tres requisitos acumulativos: (1) que sea secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información; (2) que tenga valor comercial por ser secreto; y (3) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto por parte de su titular. Cuando la información confidencial cumple los requisitos de secreto empresarial conforme a la Ley 1/2019, la norma proporciona remedios civiles específicos — medidas cautelares, embargo de bienes infractores, indemnización de daños y publicación de las resoluciones judiciales — que van más allá de los remedios generales disponibles conforme al Código Civil.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2019, la protección de los secretos empresariales en España estaba dispersa entre el Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) — que tipificaba la divulgación ilícita de secretos empresariales como acto de competencia desleal — y el régimen general de responsabilidad contractual y extracontractual de los artículos 1101 y 1902 del Código Civil. La Ley 1/2019 consolidó y reforzó estas protecciones, alineando a España con los demás Estados miembros de la UE y proporcionando la base legal para la ejecución autónoma del acuerdo de confidencialidad sin necesidad de acreditar competencia desleal.

Los tribunales españoles — principalmente los Juzgados de lo Mercantil creados por la Ley Orgánica 8/2003 — tienen jurisdicción sobre los litigios en materia de secretos empresariales, competencia desleal y propiedad intelectual. Las Audiencias Provinciales conocen de los recursos de apelación, y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo proporciona la interpretación definitiva del Derecho civil y mercantil conforme al Artículo 1.6 del Código Civil.

El Acuerdo de Confidencialidad España es necesario en cualquier contexto comercial, profesional o laboral en el que una parte divulga información confidencial a otra y necesita garantías jurídicas de que dicha información no será utilizada indebidamente, revelada a terceros ni explotada con fines competitivos sin autorización.

El Acuerdo de Confidencialidad es necesario antes de iniciar negociaciones de fusión y adquisición (M&A) o procesos de due diligence — cuando un potencial adquirente accede a los estados financieros, las listas de clientes, la cartera de propiedad intelectual y los planes estratégicos de la empresa objetivo. Los bufetes de abogados y los bancos de inversión en Madrid y Barcelona exigen sistemáticamente NDAs antes de abrir las data rooms virtuales. Los Juzgados de lo Mercantil tienen jurisdicción para ejecutar los incumplimientos de NDA en contextos de M&A conforme al Artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El NDA es necesario cuando una empresa tecnológica o startup comparte código de software propietario, algoritmos, especificaciones técnicas o roadmaps de producto con un posible inversor, socio de desarrollo o proveedor de servicios. El ecosistema startup español — regulado por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de Startups) — ha convertido los NDAs en un componente estándar de las conversaciones de inversión con fondos de capital riesgo regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Acuerdo de Confidencialidad es necesario al suscribir un contrato de franquicia, un acuerdo de distribución o un contrato de agencia — antes de que el franquiciador divulgue el manual operativo, las fórmulas secretas, las estructuras de precios y las bases de datos de clientes que constituyen el núcleo del sistema de franquicia. Las relaciones de franquicia en España se rigen por el Real Decreto 201/2010 sobre obligaciones de divulgación precontractual, que exige un documento de información precontractual al menos 20 días antes de la firma, habitualmente acompañado de un NDA.

El NDA es necesario cuando un empleador contrata a un consultor, autónomo o proveedor de servicios externo que tendrá acceso a datos de clientes, sistemas internos, modelos de precios o procesos exclusivos. Cuando el tercero vaya a tratar datos personales por cuenta del empleador, la LOPDGDD y el Artículo 28 del RGPD exigen adicionalmente un contrato de encargado del tratamiento — el NDA lo complementa pero no lo sustituye.

Un Acuerdo de Confidencialidad España válido y ejecutable conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y al Artículo 1255 del Código Civil debe contener los siguientes elementos esenciales.

Identificación de las partes: Denominación social completa, DNI/NIF/NIE y domicilio de la parte divulgadora y de la parte receptora. Cuando alguna de las partes sea una persona jurídica — sociedad limitada (S.L.) o sociedad anónima (S.A.) — deberán constar el NIF (Número de Identificación Fiscal expedido por la AEAT), los datos de inscripción en el Registro Mercantil y el nombre y cargo del firmante.

Definición de la información confidencial: Definición precisa de la información confidencial amparada por el acuerdo — planes de negocio, proyecciones financieras, listas de clientes, datos de precios, especificaciones técnicas, código de software, secretos empresariales conforme al Artículo 1 de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y cualquier otra categoría identificada. La definición debe precisar qué queda excluido de las obligaciones de confidencialidad — información ya en el dominio público, información desarrollada independientemente por la parte receptora, o información cuya revelación sea exigida por un tribunal o autoridad reguladora como la AEPD o la CNMV.

Finalidad de la divulgación: Declaración clara de la finalidad permitida para la que puede utilizarse la información confidencial — limitada a la evaluación de una operación comercial, proyecto o relación específica. El uso de la información para cualquier otra finalidad constituye incumplimiento.

Tipo de NDA — unilateral o mutuo: Si el acuerdo es unilateral (solo la parte receptora asume obligaciones de confidencialidad) o mutuo/bilateral (ambas partes asumen obligaciones de confidencialidad — acuerdo de confidencialidad mutuo). Los NDAs mutuos son adecuados cuando ambas partes intercambiarán información confidencial.

Obligaciones de confidencialidad: Obligaciones específicas de la parte receptora — mantener la información en secreto; no revelarla a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito; utilizarla únicamente para la finalidad permitida; adoptar medidas de seguridad razonables para protegerla; y restringir el acceso a empleados, asesores o subcontratistas en régimen de estricta necesidad de conocer, sujetos a obligaciones de confidencialidad equivalentes.

Duración de la confidencialidad: El período durante el que se aplica la obligación de confidencialidad — normalmente de 2 a 5 años desde la divulgación, o mientras la información tenga la condición de secreto empresarial conforme a la Ley 1/2019. Los tribunales españoles que aplican la Ley 1/2019 han declarado ejecutables las cláusulas de confidencialidad perpetua cuando la información conserva valor económico y la obligación no restringe la competencia de forma irrazonable conforme al Derecho de la competencia de la UE (artículos 101 y 102 del TFUE).

Remedios por incumplimiento: Las consecuencias del incumplimiento — derecho a solicitar medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil conforme a los artículos 10 a 12 de la Ley 1/2019; derecho a reclamar daños y perjuicios conforme al Artículo 1101 del Código Civil; derecho al embargo de documentos o productos infractores conforme al Artículo 11 de la Ley 1/2019; y derecho a solicitar la publicación de la resolución judicial. Podrá incluirse una cláusula penal conforme al Artículo 1152 del Código Civil como estimación anticipada de los daños por incumplimiento.

Devolución o destrucción de la información: Obligación de devolver o destruir de forma certificada toda la información confidencial y sus copias a requerimiento de la parte divulgadora o al término de la finalidad, con confirmación escrita de la destrucción.

Protección de datos: Cuando se compartan datos personales, deberá abordarse el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), identificando la finalidad del tratamiento, la base jurídica, las categorías de datos y los respectivos roles de las partes como responsable o encargado del tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en aepd.es supervisa el cumplimiento del RGPD en España.

Forms-legal.com proporciona esta plantilla de Acuerdo de Confidencialidad España como punto de partida para acuerdos de confidencialidad comercial estándar. Los NDAs complejos — en particular los que impliquen due diligence de M&A, datos financieros o partes que operan a nivel internacional — deben ser revisados por un abogado especializado en derecho mercantil o protección de datos. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.