Child Visitation Schedule Agreement Colombia (Acuerdo de Régimen de Visitas)

Sí — el Acuerdo de Régimen de Visitas en Colombia puede modificarse cuando un cambio significativo de circunstancias justifique la revisión del arreglo existente conforme al Artículo 256 del Código Civil y el Artículo 24 de la Ley 1098 de 2006. Los motivos para la modificación incluyen: traslado de cualquiera de los progenitores a otra ciudad o al extranjero; cambio en las necesidades del niño a medida que crece; cambios en el horario escolar que hagan impracticable el arreglo actual; evidencia documentada de que el arreglo actual perjudica el bienestar del niño; cambio significativo en el horario laboral del progenitor no custodio; o la preferencia expresada por el propio niño — considerada por el Juzgado de Familia desde los 12 años conforme al Artículo 26 de la Ley 1098. La modificación por acuerdo mutuo es la vía preferida: los padres suscriben un nuevo acuerdo ante la Comisaría de Familia o un centro de conciliación autorizado. Si no pueden acordar, cualquiera de los progenitores puede acudir al Juzgado de Familia mediante proceso verbal sumario conforme al Artículo 390 del CGP.

Cuando el progenitor custodio se niega a cumplir un Acuerdo de Régimen de Visitas en Colombia — ya sea establecido por conciliación u orden judicial — el progenitor no custodio dispone de varios recursos legales. El mecanismo de ejecución principal ante el Juzgado de Familia es el incidente de desacato conforme al Artículo 44 del CGP: cuando se viola una orden de visitas aprobada judicialmente, el progenitor incumplidor puede enfrentar multas de hasta 10 SMLMV y arresto de hasta 30 días. Un acta de conciliación de régimen de visitas tiene mérito ejecutivo conforme al Artículo 66 de la Ley 640 de 2001. Conforme al Artículo 22 de la Ley 1098 de 2006, la obstaculización persistente del derecho del niño a mantener contacto con ambos progenitores viola sus derechos fundamentales — el Defensor de Familia del ICBF puede intervenir. En casos extremos, el Juzgado de Familia puede modificar la custodia conforme al Artículo 256 del Código Civil.

La autorización de viaje internacional para hijos de padres separados en Colombia está regulada por el Artículo 111 de la Ley 1098 de 2006 y el Decreto 4183 de 2011, que exigen la autorización expresa del progenitor que no viaja antes de que el niño pueda salir del territorio colombiano. La autorización debe ser un poder notarial — un documento informal por escrito no es suficiente para viajes internacionales. La autorización debe especificar: la identificación completa del niño; el adulto acompañante; el país o países de destino; las fechas exactas del viaje; y el propósito del viaje. El poder notarial debe otorgarse ante Notaría Pública en Colombia o ante un Consulado colombiano en el país donde reside el progenitor que no viaja. Migración Colombia e INTERPOL Colombia verifican la documentación de autorización en los puntos de salida internacional. Conforme al Artículo 111 de la Ley 1098, llevar a un niño al exterior sin autorización constituye el delito de sustracción de menor conforme al Artículo 188A del Código Penal.

El derecho colombiano no establece un horario mínimo de visitas específico aplicable en todos los casos — el régimen de visitas se determina según las circunstancias específicas de la familia, la edad y necesidades del niño, y el principio del interés superior del niño conforme al Artículo 8 de la Ley 1098 de 2006. Los tribunales colombianos y el Consejo Superior de la Judicatura han desarrollado directrices para horarios estándar: para menores de 3 años, visitas cortas y frecuentes (2-3 veces por semana, 3-4 horas, preferiblemente diurnas); para niños de 3 a 7 años, fines de semana alternos y una tarde entre semana; para niños de 8 a 12 años, fines de semana alternos con pernocta y dos tardes entre semana; para adolescentes de 12 a 18 años, sus preferencias se tienen en cuenta conforme al Artículo 26 de la Ley 1098. El Juzgado de Familia ha sostenido que el progenitor no custodio debe tener un mínimo de un tercio del año con el niño para mantener una relación paterno-filial significativa.

El derecho colombiano extiende los derechos de visita más allá de los padres inmediatos para incluir a abuelos y otros parientes cercanos en ciertas circunstancias, reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-292 de 2004. Conforme al Artículo 262 del Código Civil interpretado por la Corte Constitucional, los abuelos tienen un interés reconocido en mantener contacto con sus nietos. El Artículo 22 de la Ley 1098 de 2006 reconoce el derecho del niño a mantener relaciones con los miembros de la familia extensa — tíos, primos y abuelos — cuando estas relaciones contribuyen a su desarrollo y bienestar. La Comisaría de Familia puede mediar para establecer arreglos de visita con la familia extensa. Cuando uno de los progenitores fallece, los padres del progenitor fallecido tienen un reclamo particularmente sólido para mantener contacto con los nietos. El Juzgado de Familia tiene jurisdicción para ordenar visitas de los abuelos contra la objeción del progenitor custodio cuando la evidencia muestre que la relación sirve al interés superior del niño.

La Comisaría de Familia desempeña un papel central en las disputas de visitas en Colombia como la principal autoridad administrativa de protección familiar conforme a los Artículos 83 a 87 de la Ley 1098 de 2006. Todo municipio con más de 100.000 habitantes debe tener al menos una Comisaría de Familia; ciudades grandes como Bogotá D.C. tienen múltiples comisarías organizadas por localidad. El Comisario/a de Familia tiene diversas facultades en asuntos de visitas: realizar audiencias de conciliación; expedir órdenes provisionales de visitas cuando un progenitor demuestra que las visitas están siendo obstaculizadas; remitir casos complejos al Juzgado de Familia; solicitar evaluaciones psicosociales al ICBF; e imponer medidas de protección contra el progenitor que obstaculiza las visitas. Los procedimientos ante la Comisaría son gratuitos y típicamente programan audiencias dentro de los 5 a 15 días hábiles siguientes a la presentación de la queja.

El traslado de uno de los progenitores después de establecido el acuerdo de visitas representa uno de los aspectos más controvertidos del derecho de familia en Colombia, requiriendo la modificación del régimen de visitas existente. Conforme al Artículo 256 del Código Civil y el Artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, el progenitor que desea trasladarse con el niño debe obtener el consentimiento escrito del otro progenitor o una autorización judicial del Juzgado de Familia antes de mudarse. Sin consentimiento o autorización judicial, trasladarse con el niño e impedir así las visitas establecidas constituye una violación del acuerdo de visitas y potencialmente del Artículo 232A del Código Penal. Para traslados dentro de Colombia, el Juzgado evaluará si sirve al interés superior del niño y modificará el horario de visitas para tener en cuenta la distancia. Para traslados internacionales, se aplican requisitos adicionales. La Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC5141 de 2018 sostuvo que el interés superior del niño — no la conveniencia de ninguno de los progenitores — es el factor predominante en las disputas de traslado.

Un acuerdo de visitas en Colombia puede regular pero generalmente no puede eliminar la comunicación entre un niño y el progenitor no custodio — el derecho del niño a mantener contacto con ambos progenitores conforme al Artículo 22 de la Ley 1098 de 2006 es un derecho fundamental protegido por el Artículo 44 de la Constitución Política que las partes no pueden renunciar contractualmente. Las regulaciones razonables establecidas en un acuerdo de visitas son permisibles: especificar tiempos y métodos para llamadas y videollamadas; prohibir llamadas durante las horas escolares o de dormir; requerir aviso previo de 24 horas. Sin embargo, las prohibiciones de todo contacto telefónico o por video pueden impugnarse ante la Comisaría de Familia o el Juzgado de Familia. La comunicación supervisada puede ser ordenada por el Juzgado de Familia sólo cuando hay evidencia de riesgo para el niño. La Corte Constitucional en la Sentencia T-119 de 2015 sostuvo que el derecho a la comunicación entre padres e hijos no puede suspenderse salvo por orden judicial basada en evidencia específica de riesgo.

El Defensor de Familia es un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) designado bajo la Ley 1098 de 2006 para proteger los derechos e interes superior de los ninos y adolescentes en los procedimientos de derecho de familia en Colombia. En los procedimientos de regimen de visitas, el Defensor de Familia tiene los siguientes roles clave: revisar cualquier acuerdo sobre custodia, visitas y cuota alimentaria alcanzado por los padres (ante Notaria, Comisaria de Familia o Juzgado de Familia) para verificar que cumple con el estandar del interes superior del nino del Articulo 8 de la Ley 1098 de 2006; ordenar valoraciones psicosociales de la familia cuando hay alegaciones de abuso, negligencia o conflicto que puedan afectar el bienestar del nino; intervenir en procesos judiciales ante el Juzgado de Familia para representar los intereses independientes del nino; y solicitar medidas de proteccion bajo la Ley 1098 cuando la conducta de un progenitor amenaza los derechos fundamentales del menor. Cuando los padres llegan a un acuerdo ante Notaria Publica bajo la Ley 962 de 2005, el notario exige evidencia de que el Defensor de Familia ha revisado y aprobado los terminos del acuerdo relacionados con los menores antes de proceder a formalizarlo.

Cuando un padre se niega a cumplir el regimen de visitas acordado o decretado judicialmente en Colombia, el otro padre tiene varios recursos legales. Primero, puede presentar denuncia ante la Comisaria de Familia del municipio del domicilio del menor, que puede emitir medida de proteccion ordenando el cumplimiento bajo la Ley 294 de 1996. Segundo, puede presentar incidente de desacato ante el Juzgado de Familia que emitio la orden original, solicitando la imposicion de astreintes por cada dia de incumplimiento bajo el Articulo 307 del Codigo General del Proceso. Tercero, el Defensor de Familia del ICBF puede intervenir bajo la Ley 1098 de 2006 para mediar y, si es necesario, buscar una orden judicial que obligue al padre custodio a permitir las visitas. En casos extremos de sustraccion parental internacional, aplica el Convenio de La Haya sobre Sustraccion Internacional de Menores (Ley 173 de 1994), siendo el Ministerio de Justicia y del Derecho la Autoridad Central para solicitudes de retorno.