SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT)
POLÍTICA DE SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
SAGRILAFT
[Entity Name] — NIT [Entity NIT]
Conforme a la Circular Básica Jurídica SFC 100-000016 de 2020, Ley 526 de 1999 (UIAF), Ley 1121 de 2006 y Recomendaciones GAFI/FATF
PRIMERA. — IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
[Entity Name], identificada con NIT [Entity NIT], con domicilio principal en [Entity Address], es una [Entity Type] sujeta al SAGRILAFT de conformidad con la Circular Básica Jurídica 100-000016 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y las disposiciones complementarias de la Ley 526 de 1999 que crea la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Ley 1121 de 2006 y los Artículos 323-327 del Código Penal (Ley 599 de 2000) sobre lavado de activos.
SEGUNDA. — PROPÓSITO Y MARCO LEGAL
El presente SAGRILAFT establece el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de [Entity Name] para prevenir, detectar y reportar operaciones de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF), en particular las Recomendaciones 1, 10, 12, 13, 18, 20 y 21, a las cuales Colombia está comprometida como miembro de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
TERCERA. — OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
[Entity Name] designa como Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT a [Officer Name], en el cargo de [Officer Title], quien reportará directamente a [Reporting Line] y tendrá las siguientes responsabilidades principales: (i) implementar y mantener el SAGRILAFT; (ii) presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIAF a través de la plataforma SISLA; (iii) coordinar el Programa de Capacitación; (iv) gestionar las listas de vigilancia; y (v) informar periódicamente a la junta directiva sobre el estado del sistema y sus resultados, conforme a los requisitos de la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC.
CUARTA. — METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO LA/FT/FPADM
4.1. Etapas del SAGRILAFT. El sistema opera conforme a las cuatro etapas establecidas por la SFC:
(i) Identificación: Determinación sistemática de los factores de riesgo LA/FT/FPADM.
(ii) Medición o evaluación: Cuantificación de los niveles de riesgo inherente y residual.
(iii) Control: Implementación de políticas, procedimientos y controles tecnológicos.
(iv) Monitoreo: Seguimiento continuo de los indicadores de riesgo y efectividad de controles.
4.2. Factores de riesgo evaluados:
[Risk Factors]
4.3. Frecuencia de revisión de matrices de riesgo: [Risk Review Frequency].
QUINTA. — DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC / KYC)
[Entity Name] aplicará los siguientes niveles de debida diligencia conforme a la Recomendación 10 del GAFI y la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC:
(a) Debida Diligencia Simplificada (DDS): Para clientes clasificados como bajo riesgo conforme a la metodología de riesgo de [Entity Name].
(b) Debida Diligencia Ordinaria (DDO): Para clientes clasificados como riesgo medio, incluyendo verificación de identidad, actividad económica y fuente de fondos.
(c) Debida Diligencia Reforzada (DDR): Obligatoria para Personas Expuestas Políticamente (PEP) según la definición del GAFI y la SFC, personas naturales y jurídicas en jurisdicciones de alto riesgo identificadas por el GAFI, y clientes con patrones de transacción inusuales. Requiere aprobación de la alta gerencia y monitoreo reforzado, conforme a la Recomendación 12 del GAFI.
La verificación de listas de vigilancia incluirá: (i) Lista OFAC (Specially Designated Nationals); (ii) Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU; (iii) Listas de vigilancia de la UIAF; y (iv) Bases de datos INTERPOL. El incumplimiento de esta obligación puede constituir una violación autónoma de la Ley 1121 de 2006.
SEXTA. — REPORTES A LA UIAF
6.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Toda operación inusual que, luego del análisis por el Oficial de Cumplimiento, genere sospecha razonable de LA/FT/FPADM, deberá reportarse a la UIAF a través de la plataforma SISLA dentro de [ROS Deadline]. El ROS es estrictamente confidencial — la Ley 526 de 1999 Artículo 11 prohíbe alertar al cliente o tercero reportado (prohibición de tipping-off).
6.2. Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE): [Entity Name] reportará automáticamente a la UIAF las transacciones en efectivo que superen [Cash Threshold], conforme a los sistemas automatizados de la plataforma SISLA.
SÉPTIMA. — PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LA/FT
[Entity Name] implementará un programa de capacitación en prevención de LA/FT/FPADM con la siguiente frecuencia: [Training Frequency]. El programa cubrirá especialmente al personal de cara al cliente, el Oficial de Cumplimiento y los miembros de la junta directiva, conforme a la Recomendación 18 del GAFI y las circulares de capacitación de la SFC. Los registros de capacitación se conservarán por un mínimo de cinco (5) años.
OCTAVA. — CONSERVACIÓN DE REGISTROS
[Entity Name] conservará toda la documentación SAGRILAFT (registros KYC/DDC, documentos de transacciones, análisis de operaciones inusuales, copias de ROS y RTE, registros de capacitación y reportes a la junta directiva) por un mínimo de cinco (5) años desde la terminación de la relación comercial o la ejecución de la transacción, conforme a la Recomendación 11 del GAFI, la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC y el Decreto 1674 de 2021. Los registros vinculados a investigaciones activas de la Fiscalía General de la Nación se conservarán durante la investigación más cinco (5) años adicionales.
ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA SAGRILAFT
Adoptada en [Adoption City], a los [Adoption Date].
[Entity Name] — NIT: [Entity NIT]
Junta Directiva / Representante Legal
Firma: _________________________
Oficial de Cumplimiento: [Officer Name]
Cargo: [Officer Title]
Firma: _________________________
Board / Legal Representative (Junta Directiva / Representante Legal)
________________
Signature
Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento)
________________
Signature
What Is a SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT)?
A SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT — Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) is a mandatory corporate governance document that defines the risk management framework a Colombian company must implement to detect, prevent, and report activities related to money laundering (lavado de activos — LA), terrorist financing (financiación del terrorismo — FT), and financing of weapons of mass destruction proliferation (financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva — FPADM). The SAGRILAFT framework was established by the Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) through Circular Básica Jurídica 100-000016 de 2020, replacing the earlier SIPLAFT framework and expanding AML/CFT obligations to a broader range of supervised entities.
The legal foundation for SAGRILAFT rests on multiple Colombian statutes and international commitments. Ley 526 de 1999 created the Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) as the Colombian financial intelligence unit responsible for collecting, processing, and analysing financial information to combat money laundering. Ley 1121 de 2006 broadened AML/CFT obligations and introduced specific obligations for designated non-financial businesses and professions (DNFBP). The Código Penal (Ley 599 de 2000) Articles 323-327 define the offence of lavado de activos and establish criminal penalties of 128 to 450 months of imprisonment plus asset confiscation. Colombia is a member of the Financial Action Task Force (GAFI/FATF) through its membership in GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) and must comply with FATF's 40 Recommendations.
The SAGRILAFT policy documents four core risk management stages established by the SFC: (1) identificación de riesgos — systematic identification of LA/FT/FPADM risk factors in the company's customer base, products, distribution channels, and geographic exposure; (2) medición o evaluación — quantifying inherent and residual risk levels using the SFC's risk matrix methodology; (3) control — implementing policies, procedures, and technological controls to mitigate identified risks; and (4) monitoreo — ongoing monitoring of risk indicators and the effectiveness of controls, with regular reporting to the junta directiva and the Oficial de Cumplimiento. Forms-legal.com provides a structured template that satisfies the SFC's current documentation requirements.
The Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) is a critical role established by the SAGRILAFT framework. Under SFC guidance, this officer must have direct access to the junta directiva, sufficient resources and independence, professional qualifications in financial compliance or law, and clear authority to implement and enforce the SAGRILAFT policy. The officer is responsible for filing Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) with the UIAF through the SISLA (Sistema en Línea de la UIAF) platform within the timeframes established by Ley 526 de 1999 and SFC circulars.
The legal framework governing the SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT) in Colombia draws on several key statutes and regulatory bodies. Under the Constitucion Politica de 1991, Colombian administrative law governs government procedures. The DIAN administers tax declarations (RUT, IVA, Renta, Retencion). The Codigo de Procedimiento Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) governs administrative proceedings. The Accion de Tutela (art. 86) protects fundamental rights through the Corte Constitucional. The Defensoria del Pueblo assists citizens. Parties executing a SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT) in Colombia should confirm the document reflects current law, including any amendments enacted since the original drafting date. The Circular Básica Jurídica SFC 100-000016 de 2020; Ley 526 de 1999 (UIAF); Ley 1121 de 2006 sets the foundational requirements.
When Do You Need a SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT)?
A SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia is mandatory for all entities supervised by the Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) under Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero — EOSF), including banks (establecimientos bancarios), insurance companies, fiduciaries, securities brokers, pension fund administrators (AFP), exchange houses (casas de cambio), and financial cooperatives. The SFC's Circular 100-000016 de 2020 defines the specific SAGRILAFT obligations applicable to each category of supervised entity.
Beyond the financial sector, Colombian companies in designated non-financial businesses and professions (APNFD) regulated by the Superintendencia de Sociedades must implement SAGRILAFT-equivalent systems under the Circular Externa 100-000016 de 2020 and the Superintendencia's own SAGRILAFT implementing guidance. These include: real estate agencies and construction companies handling property transactions above 450 SMMLV; car dealerships and vehicle dealers with transactions above specific thresholds; precious metals and gems dealers; accountants and lawyers providing company formation, trust management, or real estate transaction services; and notaries (notarías) and registrars.
Companies subject to the Régimen de Zona Franca (Decree 2147 of 2016) and free trade zone operators must maintain SAGRILAFT-compliant systems as a condition of their zone operator authorisation from the DIAN. Colombian companies with correspondent banking relationships with international financial institutions require strong SAGRILAFT documentation to satisfy the due diligence requirements imposed by their foreign banking partners under FATF Recommendation 13 on correspondent banking. Companies seeking to list securities on the Bolsa de Valores de Colombia (BVC) or access institutional capital markets regulated by the SFC must demonstrate compliance with SAGRILAFT as part of the issuer registration process.
Parties in Colombia should prepare a SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT) proactively rather than waiting for a dispute to arise. Courts interpret agreements based on the written terms rather than oral representations. Under the Constitucion Politica de 1991, Colombian administrative law governs government procedures. The DIAN administers tax declarations (RUT, IVA, Renta, Retencion). The Codigo de Procedimiento Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) governs administrative proceedings. The Accion de Tutela (art. 86) protects fundamental rights through the Corte Constitucional. The Defensoria del Pueblo assists citizens. Where the transaction involves regulated activities, prior approval from the relevant authority may be required before execution.
What to Include in Your SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT)
A legally sufficient SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia must include the following key elements as defined by the SFC's Circular 100-000016 de 2020 and FATF Recommendations. The template provided by forms-legal.com covers all required components.
Risk methodology and matrices: The policy must document the specific methodology used to assess LA/FT/FPADM risk, including the risk factors analysed (customer risk, product/service risk, channel risk, geographic risk), the scoring methodology, and the criteria for classifying customers and transactions as low, medium, or high risk. The SFC requires that risk matrices be reviewed annually and after any significant change in business model or risk environment.
Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC): Detailed procedures for verifying the identity of natural persons (personas naturales) using the Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, or passport, and legal entities (personas jurídicas) through the NIT, Cámara de Comercio certificate, and beneficial ownership documentation. Enhanced Due Diligence (EDD) requirements for Politically Exposed Persons (PEPs — Personas Expuestas Políticamente) as defined by the FATF and the SFC's implementing guidance, including family members and close associates.
Prohibited and restricted persons screening: Procedures for consulting and monitoring the OFAC (Office of Foreign Assets Control) Specially Designated Nationals list, the UN Security Council consolidated sanctions list (CONSOLIDADA ONU), the INTERPOL notice database, and Colombia's own Listas de Vigilancia maintained by the UIAF and the SFC. Under Ley 1121 de 2006, providing financial services to sanctioned persons constitutes an autonomous criminal offence.
Suspicious Transaction Reporting (ROS): The policy must document the criteria, procedures, and timeframes for identifying unusual operations (operaciones inusuales) and escalating them for analysis to determine whether a Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) must be filed with the UIAF through the SISLA platform. SFC guidance establishes a maximum of 30 days from detection of the unusual pattern to filing the ROS.
Cash Transaction Reporting (RTE): For regulated entities, the policy must document automatic reporting of cash transactions exceeding the thresholds established by the SFC — currently COP$10 million for individual transactions and COP$50 million in aggregate monthly transactions from a single customer — through the Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) system.
Oficial de Cumplimiento: The policy must define the appointment, qualifications, functions, reporting line, and independence of the Compliance Officer, consistent with SFC requirements for supervised entities. The officer must have direct access to the junta directiva and the audit committee (comité de auditoría).
Training programme: Documentation of mandatory annual LA/FT awareness and compliance training for all employees, with particular intensity for front-line staff in customer-facing roles, as required by FATF Recommendation 18 and the SFC's training circulars.
Additional compliance elements for a SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT) used in Colombia include: Under the Constitucion Politica de 1991, Colombian administrative law governs government procedures. The DIAN administers tax declarations (RUT, IVA, Renta, Retencion). The Codigo de Procedimiento Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) governs administrative proceedings. The Accion de Tutela (art. 86) protects fundamental rights through the Corte Constitucional. The Defensoria del Pueblo assists citizens. Forms-legal.com provides this template as a starting point for Colombia-compliant documentation.
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Forms Legal. (2026). SAGRILAFT Anti-Money-Laundering Policy Colombia (Política SAGRILAFT) (Colombia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/colombia/government/declarations/sagrilaft-anti-money-laundering-policy-colombia
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Las obligaciones SAGRILAFT en Colombia aplican a dos grandes categorías de entidades. Primero, todas las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) bajo el Decreto 663 de 1993 (EOSF): establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, AFP, casas de cambio e intermediarios del mercado cambiario. Segundo, las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) reguladas por la Superintendencia de Sociedades bajo la Circular Externa 100-000016 de 2020: constructoras e inmobiliarias con transacciones por encima de 450 SMMLV, loterías y operaciones de juegos de azar, comerciantes de metales y piedras preciosas por encima de umbrales, y profesionales como abogados, contadores y notarios que presten servicios de constitución de sociedades o gestión fiduciaria.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es la unidad de inteligencia financiera de Colombia, creada por la Ley 526 de 1999 y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La UIAF recolecta, procesa y analiza información financiera para identificar transacciones potencialmente vinculadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo u otros delitos graves, y comparte inteligencia financiera con la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, la Policía Nacional y autoridades judiciales. Bajo el marco SAGRILAFT, las entidades obligadas presentan Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) electrónicamente a través de la plataforma SISLA. El ROS debe describir el patrón inusual identificado, los clientes involucrados, los montos y tipos de transacción, y el análisis que llevó a la sospecha de LA/FT. El reporte es confidencial — las entidades tienen prohibido alertar al sujeto del ROS (prohibición de tipping-off bajo el Artículo 11 de la Ley 526 de 1999).
Las sanciones por incumplimiento del SAGRILAFT en Colombia son severas y operan en múltiples niveles. Las sanciones administrativas de la Superintendencia Financiera de Colombia para entidades reguladas incluyen multas de hasta 200.000 SMMLV por violación bajo el Artículo 208 del Decreto 663 de 1993 (EOSF), suspensión de operaciones, cambios de administración obligatorios y, en casos extremos, revocación de la licencia de funcionamiento. La SFC también puede sancionar personalmente a directores y funcionarios con multas y prohibiciones para administrar entidades financieras. Para entidades APNFD supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, las sanciones administrativas bajo la Ley 1778 de 2016 incluyen multas hasta 200.000 SMMLV y suspensión operacional. La responsabilidad penal surge cuando personas dentro de la empresa facilitan conscientemente el lavado de activos: los Artículos 323-327 del Código Penal establecen penas de 128 a 450 meses de prisión.
Bajo el marco SAGRILAFT y la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC, la distinción entre operaciones inusuales y sospechosas es fundamental para el proceso de gestión de riesgos y reporte. Una operación inusual es una transacción que, considerando el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de ingresos e historial de transacciones, se desvía significativamente de los patrones esperados — por ejemplo, un depósito en efectivo diez veces el volumen mensual promedio del cliente, o una serie de transacciones justo por debajo de los umbrales de reporte (estructuración). Las operaciones inusuales desencadenan un escrutinio reforzado y análisis interno. Una operación sospechosa es una operación inusual que, tras el análisis del Oficial de Cumplimiento y la consideración de la explicación del cliente (si se solicita), aún no puede justificarse con actividad económica lícita y genera una sospecha razonable de LA/FT/FPADM. Solo las operaciones sospechosas requieren un ROS ante la UIAF. El umbral de sospecha es la sospecha razonable, no la certeza, y el reporte de buena fe otorga protección legal a la entidad reportante bajo el Artículo 42 de la Ley 190 de 1995.
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) reciben tratamiento obligatorio de Debida Diligencia Reforzada (DDR) bajo el marco SAGRILAFT, conforme a la Recomendación 12 del GAFI y la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC. La ley colombiana define las PEP de forma amplia para incluir: funcionarios públicos de alto nivel actuales y anteriores (ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes de ciudades principales, altos oficiales militares y policiales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y funcionarios de empresas estatales); PEP extranjeras con relaciones comerciales en Colombia; y familiares y asociados cercanos de todos los anteriores. Los requisitos de DDR para PEP incluyen: aprobación de la alta gerencia antes de establecer la relación comercial; verificación del origen de la riqueza y origen de los fondos; monitoreo continuo reforzado con revisión al menos anual; y atención especial a transacciones relacionadas con contratos de contratación pública, subsidios o activos públicos.
El marco SAGRILAFT impone obligaciones integrales de conservación de registros conforme a la Recomendación 11 del GAFI sobre registro de documentos y la Circular 100-000016 de 2020 de la SFC. Las entidades colombianas sujetas al SAGRILAFT deben conservar los siguientes registros por un mínimo de cinco (5) años desde el final de la relación comercial o la finalización de la transacción: documentación completa de KYC/DDC incluyendo documentos de verificación de identidad, declaraciones de beneficiario final y registros de evaluación de riesgos; registros de transacciones incluyendo fechas, montos, monedas, contrapartes y naturaleza de las transacciones; todos los registros de análisis interno relacionados con operaciones inusuales incluyendo la justificación para presentar o no un ROS; copias de todos los ROS y RTE presentados ante la UIAF a través de la plataforma SISLA; registros de capacitación; y evaluaciones de matrices de riesgo e informes periódicos de cumplimiento presentados a la junta directiva. Los registros relacionados con transacciones sospechosas identificadas o investigaciones en curso de la Fiscalía General deben conservarse durante la investigación más cinco años.
This template is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws vary by jurisdiction and change over time. Consult a qualified attorney for advice specific to your situation.Full disclaimer
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