EPS Transfer Application Colombia

Conforme al Artículo 25 de la Ley 1122 de 2007, un cotizante en el Régimen Contributivo puede cambiar de EPS una vez cada doce meses — es decir, después de completar un año completo de afiliación continua con la EPS actual, contado desde la fecha de inicio de la afiliación más reciente en esa EPS. Esta restricción de un año reemplazó la opción de traslado mensual que existía bajo el marco original de la Ley 100 de 1993, que generaba selección adversa en el sistema al permitir que cotizantes cambiaran estratégicamente para acceder a tratamientos costosos y luego volver a su EPS original. Las excepciones al período de doce meses son taxativas y están reconocidas en el Decreto 780 de 2016 y las circulares de la SNS: (1) la EPS actual es puesta en liquidación o tiene revocada su licencia de operación por la Superintendencia Nacional de Salud; (2) el cotizante cambia de empleador y las condiciones del nuevo vínculo laboral justifican el traslado; (3) el cotizante se traslada a un municipio donde la EPS actual no cuenta con red de prestadores habilitada o adecuada; o (4) la SNS, la Defensoría del Pueblo o un juez de tutela ordena el traslado tras una violación verificada de los derechos del paciente. Conforme al Decreto 780 de 2016, la fecha efectiva del traslado aprobado por ADRES es el primer día del mes calendario siguiente a la aprobación.

Conforme a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional — el fallo histórico que definió el derecho fundamental a la salud en Colombia y que fue posteriormente codificado en la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud) — y la jurisprudencia constitucional posterior, la EPS receptora en Colombia está legalmente obligada a continuar todos los tratamientos médicos en curso que el cotizante o sus beneficiarios venían recibiendo con la EPS de origen, sin interrupciones, sin nuevos períodos de espera y sin imponer nuevas autorizaciones para procedimientos ya aprobados. Esta obligación de continuidad del tratamiento (principio de continuidad asistencial) aplica expresamente a: manejo de enfermedades crónicas (diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, HIV/SIDA, esclerosis múltiple, artritis reumatoide); tratamiento oncológico activo (quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía oncológica programada); cuidados postoperatorios de trasplante de órganos o tejidos; dispensación de medicamentos de alto costo y medicamentos de control especial ya prescritos por el especialista tratante; diálisis renal o peritoneal; y tratamientos de salud mental de largo aliento (psicoterapia, psiquiatría, rehabilitación por adicciones). La EPS receptora no puede imponer nuevos procesos de autorización para tratamientos ya aprobados por la EPS de origen en el momento del traslado — hacerlo constituye una barrera de acceso al servicio sancionable por la SNS. Si el cotizante o un beneficiario experimentan interrupción de tratamiento tras el traslado, deben presentar queja prioritaria ante la Superintendencia Nacional de Salud a través del sistema SUPERCOR, o interponer acción de tutela ante un juez civil invocando el derecho fundamental a la salud de la Ley 1751 de 2015.

A partir de 2025, las EPS autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) para operar en el Régimen Contributivo de Colombia incluyen: Sura EPS (parte del Grupo SURA, una de las mayores por número de afiliados y consistentemente valorada entre las de mayor calidad en los índices de satisfacción del usuario de la SNS); Sanitas EPS (parte del grupo internacional Keralty, con fuerte presencia en Bogotá y ciudades principales); Nueva EPS (entidad con participación estatal que atiende a gran parte de los cotizantes herederos del ISS y trabajadores del sector público); Compensar EPS (operada por la Caja de Compensación Familiar Compensar, con cobertura prioritaria en Bogotá y Cundinamarca); Famisanar EPS (empresa conjunta entre Cafam y Colsubsidio, dos Cajas de Compensación Familiar de Bogotá); SOS EPS (Unidad de Salud del Eje Cafetero, con cobertura fuerte en Antioquia, Eje Cafetero y Occidente); Mutual Ser EPS (con presencia en región Caribe); y Medimás EPS. Coomeva EPS fue puesta bajo medida de vigilancia especial por la SNS en 2022 por problemas financieros y operacionales, y sus afiliados fueron progresivamente trasladados a otras EPS. La disponibilidad de EPS varía por departamento y municipio — en municipios pequeños puede haber una o dos opciones solamente. El Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) publica la lista actualizada de EPS habilitadas por territorio en minsalud.gov.co y en el sistema de información SISPRO. Antes de solicitar el traslado, el cotizante debe verificar que la EPS receptora tiene red de IPS adecuada en su municipio de residencia.

Estos son dos procesos jurídicamente distintos dentro del SGSSS de Colombia, con fundamentos normativos, procedimientos y consecuencias diferentes. Un traslado de EPS dentro del Régimen Contributivo — regulado por el Artículo 25 de la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 780 de 2016 — es un movimiento lateral entre proveedores de EPS, en el que el cotizante mantiene su condición de afiliado contributivo, conserva su historial de cotizaciones, no pierde los períodos mínimos de cotización acumulados (salvo los específicos para ciertos procedimientos en la nueva EPS), y traslada simultáneamente a sus beneficiarios registrados. El proceso está completamente gestionado entre la EPS receptora y ADRES, sin participación del empleador ni de la UGPP. Por el contrario, un cambio de régimen del Subsidiado al Contributivo ocurre cuando una persona que antes estaba afiliada como beneficiaria del Régimen Subsidiado (cobertura financiada con recursos del ADRES mediante la UPC subsidiada, asignada por Sisbén) obtiene vinculación laboral formal como trabajador dependiente o genera ingresos propios como independiente por encima del umbral que la obliga a cotizar. Este cambio de régimen está regulado por el Decreto 3047 de 2013 y la Ley 1438 de 2011, implica el registro en el sistema PILA con un empleador o como trabajador independiente, y genera la salida de la EPS del Régimen Subsidiado (como Coosalud, Asmet, Emdisalud o Savia Salud) y la afiliación a una EPS contributiva. Ambos procesos requieren notificación a ADRES para la actualización de la BDUA, pero tienen impactos financieros distintos para las EPS: en el contributivo la UPC es financiada por cotizaciones del trabajador y empleador; en el subsidiado la financia el Estado.

No. El Artículo 25 de la Ley 1122 de 2007 y el Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 consagran la libre escogencia de EPS del trabajador como un principio rector irrenunciable del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Un empleador no puede imponer cuál EPS debe usar el trabajador, aun cuando la empresa tenga un convenio de beneficios corporativos de salud con una EPS específica o tenga descuentos negociados por volumen de afiliados. La obligación del empleador conforme al Artículo 204 de la Ley 100 de 1993 es remitir la cotización patronal de salud (equivalente al 8,5% del IBC del trabajador) a cualquier EPS que el trabajador haya seleccionado libremente; el empleador no puede condicionar la selección de EPS a la vinculación laboral ni incorporarla como requisito en el contrato de trabajo. Si un empleador presiona a un trabajador para usar una EPS específica en contra de su voluntad — por ejemplo, haciéndolo como condición de empleo, ignorando la elección del trabajador al reportar en el PILA, o direccionando las cotizaciones a una EPS no elegida por el trabajador —, incurre en una violación de los derechos laborales del trabajador bajo el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y del derecho fundamental a la salud bajo la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud). El trabajador puede reportar esta conducta simultáneamente al Inspector de Trabajo del Ministerio del Trabajo (para la investigación de derechos laborales) y a la Superintendencia Nacional de Salud (para la investigación de la vulneración al derecho de libre escogencia de EPS). El empleador puede ser sancionado administrativamente por ambas entidades.

Cuando un cotizante se traslada de EPS en Colombia, ADRES — la entidad que administra los recursos del sistema de salud creada por la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) — reasigna la Unidad de Pago por Capitación (UPC) desde la EPS de origen hacia la EPS receptora desde la fecha efectiva del traslado. La UPC es un valor per cápita mensual fijo que ADRES paga a cada EPS por cada afiliado, calculado anualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social con base en el costo proyectado de garantizar el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Para 2025, la UPC está diferenciada por grupos de riesgo (edad, sexo, zona geográfica) para reflejar las diferencias actuariales en los costos de atención en salud a través de la población: los adultos mayores y los residentes en zonas de mayor costo tienen una UPC más alta. La EPS receptora recibe la misma UPC que la EPS de origen hubiera recibido por ese cotizante — por lo que el traslado no perjudica financieramente a la EPS receptora. Para condiciones de alto costo reconocidas en las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud del Ministerio de Salud), ADRES maneja un fondo separado a través del sistema MIPRES (Mi Prescripción Electrónica) y la Cuenta de Alto Costo (CAC), que provee financiamiento adicional más allá de la UPC estándar para tratamientos específicos de alto costo como oncología, diálisis, trasplantes y enfermedades huérfanas. Los cotizantes con condiciones de alto costo que se trasladan de EPS deben notificar a la EPS receptora de todas las prescripciones MIPRES activas y las condiciones reconocidas por la CAC inmediatamente al efectuarse el traslado, para garantizar la continuidad del financiamiento especial.