Security Guard Services Contract Colombia

Conforme al Decreto 356 de 1994 y la reglamentación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), todas las empresas de vigilancia privada en Colombia deben obtener una Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia antes de prestar cualquier servicio. La licencia especifica las modalidades de servicio autorizadas: vigilancia física (guardas), vigilancia canina, vigilancia electrónica (CCTV, alarmas), transporte de valores o asesoría en seguridad. Las empresas también deben cumplir requisitos mínimos de capital, mantener seguros de responsabilidad civil y cumplimiento, y cumplir requisitos operativos. La licencia debe renovarse periódicamente. Contratar con una empresa sin licencia expone al contratante a responsabilidad administrativa y potencialmente penal. Los contratantes deben verificar el estado de la licencia directamente en el registro público de la Supervigilancia en supervigilancia.gov.co antes de firmar cualquier contrato.

La ley colombiana regula estrictamente el uso de la fuerza y las armas por parte de guardias de seguridad privados. Conforme al artículo 37 del Decreto 356 de 1994 y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), los guardias armados solo pueden portar armas específicamente autorizadas en su permiso de porte vigente expedido por el Ejército Nacional. El uso de la fuerza se rige por los principios de necesidad y proporcionalidad: los guardias solo pueden usar fuerza razonable para repeler un ataque inminente e ilegítimo o para prevenir la comisión de un delito contra personas o bienes protegidos. Los guardias no pueden retener personas más allá de lo estrictamente necesario para llamar a la Policía Nacional, y deben entregar a cualquier persona retenida a las autoridades públicas inmediatamente. El uso excesivo de la fuerza puede generar responsabilidad penal para el guardia bajo los artículos 118 (lesiones) o 101 (homicidio) del Código Penal, y responsabilidad civil para la empresa de vigilancia.

La responsabilidad en incidentes de seguridad involucra tanto a la empresa de vigilancia como potencialmente al contratante. La empresa de vigilancia tiene responsabilidad civil vicaria primaria por daños causados por sus guardias bajo los artículos 2347 y 2349 del Código Civil. Sin embargo, si el contratante no informa a la empresa de vigilancia sobre riesgos de seguridad conocidos en las instalaciones o interfiere con los protocolos de seguridad, el contratante puede tener culpa concurrente. Para fallas en la prevención de robos, los tribunales colombianos analizan si el guardia cumplió el estándar contractual de cuidado (diligencia y cuidado) apropiado al nivel de riesgo. El SLA y los procedimientos operativos del contrato (rutas de patrulla definidas, verificaciones de equipos, controles de acceso) son evidencia clave en disputas de responsabilidad. Las garantías de cumplimiento y los seguros de responsabilidad civil de la empresa de seguridad son el mecanismo principal de recuperación para el contratante.

Asignar guardias sin la capacitación requerida en Colombia es una violación grave del Decreto 356 de 1994 y la reglamentación de la Supervigilancia. Las consecuencias son múltiples: sanciones administrativas de la Supervigilancia contra la empresa de vigilancia, que van desde multas hasta suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento; incumplimiento contractual que otorga al contratante el derecho de terminar el contrato por justa causa y reclamar perjuicios; mayor exposición de responsabilidad de la empresa ante cualquier incidente de seguridad que involucre al guardia no capacitado; y posible responsabilidad penal si el guardia no capacitado comete un delito en el ejercicio de sus funciones. Los contratantes deben exigir contractualmente que la empresa de seguridad proporcione, a petición y antes de la asignación, copias del certificado de capacitación de cada guardia de una escuela autorizada, certificado judicial, aptitud médica y psicológica, y permiso de porte de armas si aplica.

Sí. Conforme a la Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal), la asamblea de copropietarios tiene autoridad para aprobar el presupuesto para servicios de seguridad, y el administrador de la copropiedad está autorizado para celebrar contratos de servicio en nombre del condominio. El administrador debe obtener ofertas competitivas siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal y debe verificar que la empresa de seguridad seleccionada tenga licencia vigente de la Supervigilancia. El contrato de servicios de seguridad debe presentarse al revisor fiscal si la copropiedad cuenta con uno, y debe incluirse en el presupuesto anual de administración aprobado por la asamblea. Los gastos de servicios de seguridad se distribuyen proporcionalmente entre todos los propietarios a través de la cuota mensual de administración.

Los pagos por servicios de vigilancia privada en Colombia están sujetos a: retención en la fuente sobre renta al 4% para pagos a empresas del régimen simplificado y tarifas variables para empresas del régimen ordinario conforme al artículo 392 del Estatuto Tributario; IVA del 19% en facturas de servicios de seguridad de empresas del régimen ordinario; y potenciales obligaciones de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) de la empresa de vigilancia en el municipio donde se prestan los servicios. Las empresas de vigilancia generalmente no están exentas del IVA. El contratante debe conservar copia del RUT vigente de la empresa de vigilancia expedido por la DIAN que muestre su régimen tributario. La facturación electrónica es obligatoria conforme a la Resolución DIAN 000042 de 2020. Para las asociaciones de copropietarios, los pagos por servicios de seguridad están exentos del impuesto sobre la renta bajo el artículo 19-5 del Estatuto Tributario si la asociación está debidamente registrada como entidad sin ánimo de lucro.

La seguridad en eventos especiales en Colombia está regulada por el Ministerio del Interior a través de la Resolución 1885 de 2015 y sus modificaciones, aplicable a eventos con más de 500 asistentes clasificados como eventos de alto impacto. Los organizadores de tales eventos deben presentar un plan de seguridad y convivencia ante la autoridad local (alcaldía) y coordinar con la unidad especializada de la Policía Nacional para eventos (UNIPEP, Unidad Permanente para la Seguridad en Eventos y Espectáculos). La empresa de seguridad contratada para eventos debe presentar seguro de responsabilidad civil profesional específico para el evento. Para eventos en estadios y coliseos, aplican adicionalmente las reglamentaciones de la Federación Colombiana de Fútbol y DIMAYOR para eventos de fútbol. La seguridad privada en eventos no puede reemplazar ni sustituir la presencia de la Policía Nacional, y el organizador conserva la responsabilidad principal de seguridad pública.