Skip to main content

Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada)

Contrato de Servicios de Seguridad Privada (Private Security Services Contract)

CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

(Private Security Services Contract)

Celebrado conforme al Decreto Ley 3.607/1981 y al Artículo 1545 del Código Civil de Chile

PRIMERO: PARTES

En [Signature City], a [Signature Date], entre:

EL CONTRATANTE:

Nombre / Razón Social: [Client Name]

RUT: [Client RUT]

Domicilio: [Client Address]

Representante Legal: [Client Representative]

LA EMPRESA DE SEGURIDAD:

Nombre / Razón Social: [Security Company Name]

RUT: [Security Company RUT]

Domicilio: [Security Company Address]

Representante Legal: [Security Company Representative]

Resolución de Autorización OS-10 Carabineros: [OS-10 Authorization Number]

Ambas partes declaran plena capacidad legal para contratar conforme al Artículo 1445 del Código Civil y convienen el presente Contrato de Servicios de Seguridad Privada, sujeto a las siguientes cláusulas:

SEGUNDO: OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La Empresa de Seguridad se obliga a prestar servicios de vigilancia privada conforme al Decreto Ley 3.607 de 1981 en las siguientes instalaciones:

[Service Premises]

Descripción detallada de los servicios:

[Service Description]

Tipo de vigilante: [Guard Type]

Dotación mínima: [Number of Guards] vigilante(s)

Horario del servicio: [Service Schedule]

Todo el personal desplegado deberá poseer Credencial de Vigilante Privado vigente emitida por OS-10 de Carabineros de Chile, con verificación de antecedentes aprobada por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

TERCERO: AUTORIZACIÓN LEGAL Y HABILITACIÓN

La Empresa de Seguridad declara que cuenta con Resolución de Autorización vigente emitida por el Departamento de Seguridad Privada (OS-10) de Carabineros de Chile, N° [OS-10 Authorization Number], conforme al Artículo 1 del Decreto Ley 3.607 de 1981. La Empresa se obliga a mantener dicha autorización vigente durante toda la vigencia del presente contrato y a notificar al Contratante de inmediato ante cualquier sanción, suspensión o revocación de la misma.

Para los puestos que requieran personal armado, la Empresa declara contar con las correspondientes autorizaciones bajo la Ley 17.798 de 1972 (Ley de Control de Armas), gestionadas ante la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

CUARTO: SUBCONTRATACIÓN — ARTÍCULO 183-A DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

Las partes reconocen que el presente contrato constituye una relación de subcontratación conforme al Artículo 183-A del Código del Trabajo (DFL N° 1/2003). El Contratante, en su calidad de empresa principal, podrá ejercer el derecho de información del Artículo 183-C del Código del Trabajo para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa de Seguridad respecto de sus trabajadores.

La Empresa de Seguridad se obliga a proporcionar mensualmente al Contratante certificados de cumplimiento previsional emitidos por la AFP correspondiente, FONASA o la ISAPRE del trabajador, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) conforme a la Ley 19.728, y la mutualidad administradora del seguro de accidentes del trabajo bajo la Ley 16.744 (ACHS, IST o Mutual de Seguridad CChC), para todos los vigilantes desplegados en las instalaciones del Contratante.

QUINTO: PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El Contratante pagará a la Empresa de Seguridad el precio mensual de [Monthly Fee], dentro de los diez días siguientes a la recepción de la factura electrónica emitida conforme a los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las partes acuerdan que los ajustes de precio derivados de aumentos del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) establecido por la ley, o de modificaciones de las obligaciones legales aplicables al personal de seguridad, serán incorporados mediante anexo escrito (adendum) firmado por ambas partes.

SEXTO: VIGENCIA

El presente contrato entrará en vigencia el día [Start Date] y tendrá una duración de [Contract Duration].

La revocación o suspensión de la Resolución de Autorización OS-10 de la Empresa de Seguridad facultará al Contratante para resolver el contrato de pleno derecho, sin necesidad de aviso previo, con derecho a indemnización de perjuicios conforme al Artículo 1556 del Código Civil.

SÉPTIMO: CLÁUSULA PENAL

En caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales de este contrato, la parte infractora pagará a la parte afectada, a título de cláusula penal conforme a los Artículos 1535 a 1544 del Código Civil, la suma de [Penalty Amount UF], sin perjuicio de la acción de indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante bajo el Artículo 1556 del Código Civil cuando estos excedan el monto de la pena.

OCTAVO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se rige por el Decreto Ley 3.607 de 1981, el Código Civil de Chile, el Código de Comercio, y el Código del Trabajo (DFL N° 1/2003) en cuanto a las obligaciones de subcontratación del Artículo 183-A. Para la resolución de controversias, las partes se someten a los tribunales ordinarios de justicia de [Signature City].

FIRMAS

En [Signature City], a [Signature Date].

EL CONTRATANTE:

[Client Name]

RUT: [Client RUT]

Representado por: [Client Representative]

Firma: _________________________

LA EMPRESA DE SEGURIDAD:

[Security Company Name]

RUT: [Security Company RUT]

Resolución OS-10: [OS-10 Authorization Number]

Representado por: [Security Company Representative]

Firma: _________________________

Client (Contratante)

________________

Signature

Security Company (Empresa de Seguridad)

________________

Signature

Maintained by Vladislav Sergienko, Founder·Template last modified: ·Report an error

What Is a Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada)?

A Private Security Services Contract Chile (Contrato de Servicios de Seguridad Privada) is a legally binding civil agreement governed by Decreto Ley 3.607 of 1981 (Ley de Seguridad Privada) and Article 1545 of the Código Civil of Chile (enacted 14 December 1855), through which a licensed private security company undertakes to provide armed or unarmed security personnel, surveillance systems, and protective services to a client entity at specified premises. Under Article 1545 of the Código Civil, every lawfully executed contract constitutes a law for the contracting parties (ley para los contratantes), and the Private Security Services Contract derives its full binding force from this foundational principle of Chilean civil law.

Decree Law 3.607 of 1981, promulgated under the military government and maintained in force by the democratic legislatures that followed, establishes the comprehensive regulatory framework for private security in Chile. Article 1 of DL 3.607 defines private security services (vigilancia privada) as the provision of personnel who guard, protect, and surveil goods, property, and persons at private premises. The statute grants Carabineros de Chile — specifically the Departamento de Seguridad Privada, known as OS-10 — exclusive authority to authorize, inspect, and revoke licenses for private security companies operating in all 16 regions of Chile, from the Región de Arica y Parinacota to the Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

All private security companies contracting with Chilean clients must hold a valid Resolución de Autorización issued by OS-10 of Carabineros. This authorization is non-transferable and must be renewed periodically — companies operating without valid authorization face administrative sanctions under Article 14 of DL 3.607, which include suspension of operations, fines, and referral to the Ministerio Público for criminal prosecution under Article 27 of the statute. The client entity that knowingly contracts unlicensed security services may also face administrative liability under the same provision.

The security personnel deployed under this contract must individually hold a Credencial de Vigilante Privado issued by OS-10, certifying that each guard has completed the mandatory training program approved by Carabineros, passed background checks conducted by the Registro Civil e Identificación and the Policía de Investigaciones (PDI), and meets the physical and psychological fitness standards prescribed by OS-10. Guards assigned to posts requiring firearms must additionally hold weapons authorizations under Ley 17.798 of 1972 (Ley de Control de Armas) administered by the Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

The contractual relationship between the security company and the client is civil in nature — governed by the Código Civil and the Código de Comercio (enacted 23 November 1865) — and is entirely separate from the labour relationship between the security company as employer and its individual guards under the Código del Trabajo (DFL No. 1/2003). Article 183-A of the Código del Trabajo governs subcontracting relationships and imposes joint and several liability (responsabilidad solidaria) on the principal company (empresa principal) for labour and social security obligations owed by the security contractor to its workers during the contract. The Dirección del Trabajo has confirmed through multiple Dictámenes that security service contracts create a subcontracting relationship under Article 183-A, meaning the client bears secondary liability for AFP contributions, FONASA/ISAPRE health coverage, and Ley 16.744 occupational accident insurance premiums if the security company defaults.

The regulatory oversight of private security in Chile also involves the Ministerio del Interior y Seguridad Pública, which issues guidelines on minimum service standards through circulares and resoluciones administrativas. Large-scale security contracts — such as those covering financial institutions regulated by the Comisión para el Mercado Financiero (CMF), critical infrastructure sites, and public entities — must comply with additional sector-specific security protocols established by the relevant supervisory authority.

The contractual structure of a Chilean Private Security Services Contract must also address insurance obligations. Security companies operating under DL 3.607/1981 must carry civil liability insurance (seguro de responsabilidad civil) covering damages caused to the client, third parties, and the client's property during the provision of security services. The minimum insurance coverage levels are determined by OS-10 based on the number of guards deployed, the category of weapons authorized, and the nature of the premises being protected. For installations that process public funds, store high-value merchandise, or provide services to the public, minimum coverage thresholds are substantially higher than for standard commercial premises.

Workplace accident prevention obligations are imposed on security companies by Decreto Supremo No. 40 of 1969 (Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales), which requires employers to prepare a Risk Prevention Regulation (Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad) under Article 67 of Ley 16.744 and to report workplace accidents to the mutual society within 24 hours. Security work involves elevated occupational risk profiles recognized by the ACHS, IST, and Mutual de Seguridad CChC in their premium calculations under Ley 16.744. The Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) supervises compliance by all mutual societies and the employers enrolled in them, including security companies whose guard personnel face risks of physical assault, firearms incidents, and musculoskeletal injuries from extended standing and patrol duties.

When Do You Need a Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada)?

A Private Security Services Contract Chile is needed whenever a company, institution, or property owner in Chile engages an external security company to provide guards, surveillance, or protective services at specific premises. DL 3.607/1981 and Article 1545 of the Código Civil together require that this engagement be documented in a written contract specifying the authorized company, the scope of services, and the deployment conditions.

Commercial and industrial premises across Chile routinely require written Private Security Services Contracts. Retail centres (centros comerciales), industrial parks (parques industriales), manufacturing facilities, logistics warehouses, and office buildings in Santiago's Providencia, Las Condes, Vitacura, and San Bernardo municipalities engage security companies through formal contracts to ensure DL 3.607 compliance and to establish clear liability boundaries. Without a written contract, the client cannot verify the security company's OS-10 authorization, confirm guards' individual Credenciales de Vigilante Privado, or establish contractual accountability for incidents.

Financial institutions regulated by the Comisión para el Mercado Financiero (CMF) — banks, insurance companies, corredoras de bolsa, and AFPs — require Private Security Services Contracts as a mandatory regulatory compliance document. The CMF's normativa circulares require financial institutions to maintain documented security protocols at all customer-facing premises, and an authorized private security contract is a central component of those protocols.

Mining operations governed by the Código de Minería (Ley 18.248 of 1983) and supervised by the Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) require security contracts for mine sites, processing plants, and transportation of minerals. Given the value of copper, lithium, and gold production — Chile produces approximately 27% of global copper supply — security contracts at mining sites carry significant liability exposure and require detailed OS-10-compliant documentation.

Public sector entities and government-owned enterprises (empresas del Estado) — including CODELCO, ENAP, and entities administered under the Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575 of 1986) — must contract private security services through public procurement processes governed by Ley 19.886 (Ley de Compras Públicas), using the ChileCompra platform. The security contract in these cases must meet the additional requirements of the terms of reference (bases de licitación) published on the Mercado Público portal.

Event organizers staging concerts, sporting events, and public gatherings in Chile require Private Security Services Contracts to comply with municipal permits (permisos municipales) issued by the respective Municipalidad. The Intendencia Regional and the Gobernación Provincial may additionally require proof of contracted security services as a condition for granting mass event permits under DL 3.607 and Decreto Supremo No. 1.773 of 1994.

Condominium buildings and residential towers governed by Ley 19.537 of 1997 (Ley de Copropiedad Inmobiliaria) and administered by professional Administradores de Condominios increasingly engage security companies under formal DL 3.607-compliant contracts approved by the Asamblea de Copropietarios. These contracts must include the OS-10 authorization number, guard credential requirements, and Article 183-A subcontracting compliance provisions. The Administrador de Condominio exercises the empresa principal role under Article 183-A of the Codigo del Trabajo on behalf of the Comunidad de Copropietarios.

Healthcare institutions — clinics, hospitals, and emergency centers regulated by the Ministerio de Salud — require Private Security Services Contracts with specific protocols for managing access to restricted pharmaceutical storage areas, psychiatric wards, and emergency departments. Healthcare security contracts must comply with patient privacy obligations under Ley 20.584 (Derechos y Deberes del Paciente) in addition to DL 3.607 security requirements. The SEREMI de Salud supervises security arrangements at licensed healthcare facilities and may require documentation of contracted security services during periodic facility inspections.

What to Include in Your Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada)

A valid Private Security Services Contract Chile under DL 3.607/1981 and Código Civil Article 1545 must contain the following critical elements to be enforceable and to demonstrate OS-10 Carabineros compliance.

Party Identification: Full legal name, RUT (Rol Único Tributario assigned by the Servicio de Impuestos Internos — SII), registered domicile, and legal representative details for both the security company (empresa de seguridad) and the client (contratante). The security company's OS-10 authorization number — its Resolución de Autorización issued by Carabineros de Chile — must be explicitly stated in the contract header. Without this authorization number, the contract provides no protection against administrative sanctions under Article 14 of DL 3.607.

Authorization Credentials: Detailed reference to the security company's valid Resolución de Autorización from OS-10, including the resolution number, issuance date, and expiry date. The contract should also specify the mechanism by which the client may verify the authenticity of the authorization with OS-10 directly. For firearms-equipped posts, the contract must reference the Ley 17.798 weapons authorizations held by the company through the Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Scope and Description of Services: A precise description of the security services to be provided — including the number and category of guards (vigilantes armados or vigilantes no armados), the specific posts (puestos de guardia) to be covered, the surveillance perimeter, any patrol routes (rondas de patrullaje), access control responsibilities, CCTV monitoring duties, and response protocols for security incidents. Article 183-A of the Código del Trabajo subcontracting rules apply more clearly when the scope of services is defined with specificity.

Guard Qualification Requirements: Statement that all security personnel deployed must individually hold valid Credenciales de Vigilante Privado issued by OS-10, have passed the PDI and Registro Civil background verification, and meet the physical and psychological fitness standards of DL 3.607. The contract should specify the client's right to request credential verification at any time and the security company's obligation to replace any guard whose credential has lapsed or been revoked.

Service Schedule and Coverage Hours: The specific days and hours during which security services will be provided — whether 24/7 continuous coverage, daytime-only, nighttime-only, or event-based. The contract must specify minimum staffing levels (dotación mínima) and the security company's obligation to provide substitutes when assigned guards are absent due to illness, vacation, or other causes under the Código del Trabajo.

Remuneration and Payment Terms: The monthly or periodic service fee (precio del servicio) expressed in Chilean Pesos (CLP) or indexed to the Unidad de Fomento (UF) to protect against inflation over multi-year contracts. Payment schedule, invoice requirements under the Servicio de Impuestos Internos (SII) electronic invoice (factura electrónica) system, and provisions for price adjustments due to statutory minimum wage increases under the Código del Trabajo or mandatory security guard training cost increases.

Subcontracting Liability and Article 183-A Compliance: Explicit acknowledgment that the contract creates a subcontracting relationship under Código del Trabajo Article 183-A, with the client bearing potential joint and several liability (responsabilidad solidaria) or subsidiary liability (responsabilidad subsidiaria) for the security company's labour and social security obligations to its guard personnel. The contract should include the security company's obligation to provide monthly documentation of AFP contributions, FONASA/ISAPRE payments, and Ley 16.744 occupational accident insurance premiums for all deployed guards.

Equipment and Uniforms: Specification of whether the security company or the client provides security equipment — radios, batons, uniforms, vehicles, and CCTV systems. The company's obligation to maintain equipment in serviceable condition and comply with OS-10 uniform standards prescribed in DL 3.607 regulations.

Incident Response and Reporting: The security company's obligation to report security incidents to the client within a defined timeframe, to Carabineros de Chile when criminal activity is detected, and to OS-10 when incidents involve the discharge of weapons or serious injury. Liability allocation for property damage or personal injury occurring at the client's premises during the security company's watch.

Termination Provisions: Grounds for early termination — including revocation of the security company's OS-10 authorization, failure to maintain qualified guard credentials, material breach of service obligations, and insolvency proceedings. Notice periods, return of client-provided equipment, and handling of guards in the rotation at the time of termination under Article 163 of the Código del Trabajo.

Governing Law and Dispute Resolution: Statement that the contract is governed by Chilean law — specifically DL 3.607/1981, the Código Civil, and the Código del Trabajo Articles 183-A through 183-F — with disputes submitted to the Juzgados de Letras in Civil matters and the Juzgados de Letras del Trabajo for labour-related disputes in the applicable jurisdiction. Many commercial security contracts include arbitration clauses under the Código Orgánico de Tribunales Articles 222–243.

Forms-legal.com provides this Private Security Services Contract Chile template as a practical reference for structuring compliant security service arrangements. All security contracts should be reviewed by a licensed Abogado admitted to the Colegio de Abogados de Chile to ensure full compliance with DL 3.607/1981, OS-10 requirements, and Article 183-A subcontracting obligations. Los usuarios de forms-legal.com pueden descargar este documento de forma gratuita en formato PDF o DOCX, completar los campos del formulario guiado y obtener un documento listo para firma.

Sources & Citations

Statutory citations link to official government sources.

  1. Ley 17.798AR official
  2. Ley 16.744AR official
  3. Ley 18.248AR official
  4. Ley 18.575AR official
  5. Ley 19.886AR official
  6. Ley 19.537AR official
  7. Ley 20.584AR official

Cite this page

Reference this free template in an article, syllabus, or research note:

APA

Forms Legal. (2026). Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada) (Chile) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/chile/employment/contractor-agreements/private-security-services-contract-chile

MLA

"Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada) (Chile)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/chile/employment/contractor-agreements/private-security-services-contract-chile.

BibTeX
@misc{formslegal-private-security-services-contract-chile,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Private Security Services Contract Chile (Contrato de Seguridad Privada) (Chile)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/chile/employment/contractor-agreements/private-security-services-contract-chile}},
  note         = {Free legal document template}
}

Also available for these jurisdictions:

Frequently Asked Questions

Statute-referenced template — Template last modified June 2026

This template is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws vary by jurisdiction and change over time. Consult a qualified attorney for advice specific to your situation.Full disclaimer

Found an error? Let us know

Related Documents

You may also find these documents useful:

Contrato de Servicios de Limpieza y Aseo Chile

Contrato de Servicios de Limpieza y Aseo para Chile regulado por el Artículo 1545 del Código Civil y el Artículo 183-A del Código del Trabajo — establece el alcance de los servicios, obligaciones de dotación, cumplimiento del DS 594/1999 en el uso de productos químicos y responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de las obligaciones laborales del personal de aseo.

Contrato de Servicios Profesionales Empresa Chile (B2B)

Contrato de Servicios Profesionales entre Empresas (B2B) para Chile — regido por el Artículo 1545 del Código Civil (autonomía de la voluntad) y el Artículo 2006 (arrendamiento de servicios inmateriales), que establece los términos para compromisos de servicios empresariales incluyendo alcance, honorarios, entregables y propiedad intelectual bajo la ley civil y comercial chilena.

Contrato de Subcontratación Laboral Chile

Contrato de Subcontratación Laboral para Chile regido por la Ley N° 20.123/2006 y los Artículos 183-A a 183-AJ del Código del Trabajo, estableciendo los derechos y obligaciones de la empresa principal, el contratista y el subcontratista bajo el régimen de subcontratación laboral de Chile.

Acuerdo de Confidencialidad NDA Chile

Acuerdo de Confidencialidad (NDA) para Chile — regido por el Artículo 1545 del Código Civil y la Ley 19.628 sobre protección de datos personales, que establece obligaciones vinculantes de confidencialidad entre partes que intercambian información propietaria, secretos comerciales y datos comerciales bajo el derecho civil chileno.

Contrato de Prestación de Servicios Chile

Contrato de Prestación de Servicios para Chile regido por los Artículos 2006 a 2012 del Código Civil sobre arrendamiento de servicios inmateriales y complementado por el Código de Comercio para servicios comerciales, que establece los términos bajo los cuales un prestador ejecuta servicios profesionales, técnicos o comerciales para un mandante, con remuneración mediante boletas de honorarios emitidas bajo las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII).