Shareholders Agreement — Chile
Ley N° 18.046 Art. 14 — Código de Comercio Art. 424
CONVENIO DE ACCIONISTAS
SHAREHOLDERS AGREEMENT (CONVENIO DE ACCIONISTAS)
Ley N° 18.046 Art. 14 — Código de Comercio Art. 424 — República de Chile
I. PARTES
En Santiago, Chile, con fecha [Fecha Acuerdo], celebran el presente Convenio de Accionistas (en adelante, el «Convenio») las siguientes partes:
ACCIONISTA 1: [Nombre Accionista 1], RUT [RUT Accionista 1], domiciliado en [Domicilio Accionista 1], titular de [Acciones Accionista 1] acciones que representan el [Porcentaje Accionista 1] del capital accionario de la sociedad.
ACCIONISTA 2: [Nombre Accionista 2], RUT [RUT Accionista 2], domiciliado en [Domicilio Accionista 2], titular de [Acciones Accionista 2] acciones que representan el [Porcentaje Accionista 2] del capital accionario de la sociedad.
II. OBJETO Y SOCIEDAD
El presente Convenio regula los derechos y obligaciones de los Accionistas respecto a sus acciones en [Razón Social], RUT [RUT Sociedad], [Tipo SA], con domicilio en [Domicilio Social] (en adelante, «la Sociedad»).
Este Convenio se celebra al amparo del Artículo 14 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, que reconoce la validez de los convenios entre accionistas. El Convenio es obligatorio para las Partes que lo suscriben.
III. GOBIERNO CORPORATIVO Y DIRECTORIO
El Directorio de la Sociedad estará compuesto por [Número Directores] directores elegidos conforme a los Artículos 31 a 50 de la Ley N° 18.046.
[Nombre Accionista 1] tendrá derecho a nominar [Directores Accionista 1] director(es), y [Nombre Accionista 2] tendrá derecho a nominar [Directores Accionista 2] director(es). Las Partes acuerdan votar a favor de los directores nominados por cada una en las juntas de accionistas respectivas.
Las siguientes decisiones estratégicas requerirán el quórum especial de [Quórum Especial]: (a) emisión de nuevas acciones o cambio en la estructura de capital; (b) celebración de contratos que superen el umbral anual acordado en el presupuesto; (c) venta, arriendo o disposición de activos esenciales de la Sociedad; (d) fusión, escisión o transformación societaria; (e) modificación de los estatutos sociales; y (f) declaración de dividendos extraordinarios.
IV. TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Período de Restricción (Lock-Up): Durante los primeros [Lock-up Meses] meses contados desde la fecha del presente Convenio, ningún Accionista podrá transferir acciones de la Sociedad a terceros sin el consentimiento previo y escrito de los demás Accionistas.
Derecho de Primera Oferta: Vencido el período de restricción, cualquier Accionista que desee transferir acciones a un tercero deberá ofrecer primero dichas acciones a los Accionistas remanentes, en proporción a su tenencia, al mismo precio y condiciones ofrecidos por el tercero, otorgando un plazo de treinta (30) días corridos para ejercer el derecho.
Derechos de Acompañamiento (Tag-Along): [Tag Along] — En caso de transferencia de acciones por parte de cualquier Accionista, los Accionistas remanentes tendrán derecho a participar en dicha venta al mismo precio y condiciones, en proporción a su tenencia accionaria.
Derechos de Arrastre (Drag-Along): Si Accionistas que representan [Umbral Drag-Along] del capital total aprobaren la venta de la totalidad de las acciones a un tercero, los Accionistas remanentes estarán obligados a transferir sus acciones en las mismas condiciones. El mandato de arrastre será otorgado mediante escritura pública conforme al Artículo 2123 del Código Civil.
V. DIVIDENDOS Y DERECHOS DE INFORMACIÓN
Política de Dividendos: Las Partes acuerdan distribuir anualmente un dividendo mínimo equivalente a [Dividendo Mínimo], complementando el dividendo mínimo legal del 30% de las utilidades netas establecido en el Artículo 79 de la Ley N° 18.046.
Derechos de Información: Además de los derechos legales de inspección del Artículo 54 de la Ley N° 18.046, cada Accionista tendrá derecho a recibir: (a) estados financieros trimestrales no auditados dentro de los 30 días siguientes al cierre de cada trimestre; (b) estados financieros anuales auditados por un auditor registrado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o el Colegio de Contadores de Chile; y (c) aviso escrito de toda sesión del Directorio con al menos 5 días de anticipación.
VI. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que se suscite entre las Partes con motivo o con ocasión del presente Convenio será resuelta mediante arbitraje ante [Foro Arbitraje], aplicando el derecho chileno, en idioma español, con sede en Santiago de Chile.
El procedimiento arbitral se regirá por los Artículos 222 a 243 del Código de Procedimiento Civil para el arbitraje doméstico. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para las Partes y podrá ejecutarse ante el Juzgado Civil competente.
Para todos los efectos legales, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales, sin perjuicio de los procedimientos arbitrales acordados.
Shareholder 1 (Accionista 1)
[Nombre Accionista 1]
Signature
Date: ________________
Shareholder 2 (Accionista 2)
[Nombre Accionista 2]
Signature
Date: ________________
What Is a Shareholders Agreement — Chile?
Shareholders Agreement in Chile (Convenio de Accionistas) is a private contract between two or more shareholders of a Chilean Sociedad Anónima (S.A.) — whether an S.A. abierta (open corporation) regulated by the Comisión para el Mercado Financiero (CMF) under Ley N° 18.046 of 22 October 1981, or an S.A. cerrada (closed corporation) — governing their rights and obligations with respect to their shareholding, the management of the company, and the relationship between shareholders as a group separate from their individual rights as shareholders under the corporation's bylaws (estatutos sociales).
Article 14 of Ley N° 18.046 expressly recognizes the validity of shareholders agreements (convenios entre accionistas) and establishes that such agreements are binding on the parties (obligatorios para las partes) but are not enforceable against the company (inoponibles a la sociedad) unless the company is a party to the agreement or the agreement is incorporated into the bylaws. This distinction — fundamental in Chilean corporate law — means that if a shareholder votes in violation of a shareholders agreement (for example, voting against a resolution the agreement required to support), the vote is still valid and counts for purposes of the S.A.'s decision-making, even though the violating shareholder may be liable to the other parties for breach of contract (incumplimiento contractual).
For S.A. abiertas registered with the CMF — those with 500 or more shareholders or with publicly traded shares (acciones de libre bursatilidad) listed on the Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) or Bolsa de Valparaíso — Article 14 bis of Ley N° 18.046 requires that shareholders agreements affecting corporate control (control societario) be disclosed to the CMF and the general public through the CMF's Sistema de Envío de Información (SEIL). Shareholders holding 10% or more of the issued shares of an S.A. abierta must file an ownership notification (declaración de tenencia) under CMF Norma de Carácter General (NCG) N° 229. Agreements that constitute acting in concert (actuación concertada) for purposes of the Chilean tender offer rules (Ley N° 18.046 Title XV on ofertas públicas de adquisición de acciones — OPA) must comply with CMF's NCG N° 104.
For venture capital and private equity transactions involving Chilean S.A. companies, shareholders agreements drafted under Ley N° 18.046 Article 14 typically govern: liquidation preference rights (preferencia en la liquidación) for Series A and Series B preferred shareholders; anti-dilution protection (protección antidilución) through broad-based or narrow-based weighted average adjustments; information rights (derechos de información) — rights to receive quarterly financial statements, annual audited accounts, and board meeting minutes; board composition rights (derechos de representación en el directorio) — the right of significant shareholders to nominate directors (directores) to the seven or five-member board under Ley N° 18.046 Articles 31–50 on the directorio; and exit provisions (disposiciones de salida) including initial public offering (IPO) registration rights and drag-along obligations.
The Código de Comercio Article 424 reference in the context of shareholders agreements relates to the general obligation of partners and shareholders to act in good faith (buena fe) in corporate arrangements, a principle applied by Chilean courts — including the Corte de Apelaciones de Santiago and the Corte Suprema — when adjudicating disputes between shareholders under agreements governed by Chilean law. Chile's corporate arbitration practice, centred on the Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago) and Arbitraje y Mediación de Chile (Chile Árbitros), provides the primary forum for resolving shareholders agreement disputes under the Código de Procedimiento Civil's arbitration framework (Articles 222–243).
When Do You Need a Shareholders Agreement — Chile?
A Shareholders Agreement under Ley N° 18.046 Article 14 is required whenever shareholders of a Chilean S.A. — particularly an S.A. cerrada — need to govern their mutual rights and obligations beyond the provisions of the company's statutory bylaws.
Founders (fundadores) of a technology startup incorporated as an S.A. cerrada in Chile use a shareholders agreement to establish vesting schedules (calendarios de adquisición de derechos) for founder shares — typically a four-year vesting period with a one-year cliff, modelled on Silicon Valley venture capital standards adapted for Chilean law by firms such as Carey, Claro & Cia., and Barros & Errázuriz. The agreement prevents a founding shareholder who departs early from retaining their full equity stake, protecting the remaining founders and investors.
Venture capital firms — including Chilean VCs backed by CORFO's Fondo de Fondos program such as Nazca, Magma Partners, and Fen Ventures, as well as international funds operating through Chilean vehicles — require a shareholders agreement as a condition of investment. Standard terms include preferred share liquidation preferences, anti-dilution protection, information rights, board representation (typically one board seat for each major investor), pro-rata rights for future funding rounds, and drag-along provisions requiring minority shareholders to support a sale approved by the majority.
Shareholders of an S.A. cerrada engaged in a joint venture (empresa de riesgo compartido) — for example, a mining exploration joint venture operating under Código de Minería concessions in the Atacama region or a renewable energy project under Ley N° 20.936 on the Transmission System — use shareholders agreements to allocate management responsibilities, define the consent rights of minority shareholders for major decisions (decisiones estratégicas), establish the financial contribution obligations of each party (aportes adicionales), and provide a mechanism for deadlock resolution (desbloqueo societario) when the shareholders cannot agree on strategic matters before the directorio.
Family businesses incorporating as S.A. cerradas use shareholders agreements to govern succession planning — specifying that shares can only be transferred to family members within defined branches (ramas familiares), establishing family council (consejo de familia) representation on the directorio, and providing a mandatory buyout mechanism (compra forzada) at fair value when a shareholder dies, becomes incapacitated, or divorces, protecting the business from forced liquidation proceedings before the Juzgado Civil.
What to Include in Your Shareholders Agreement — Chile
A valid Shareholders Agreement in Chile under Ley N° 18.046 Article 14 must contain the following essential elements to protect the rights of all shareholders and provide an effective governance framework beyond the company's statutory bylaws:
Parties and Share Ownership (Partes y Participación Accionaria): Full identification of all shareholder parties — name, RUT, address, number and series of shares held, and percentage ownership — with reference to the S.A.'s share registry (registro de accionistas) maintained under Ley N° 18.046 Article 12. The agreement should clarify which shareholders are parties (not all shareholders need to be signatories) and the effect on non-signatory shareholders.
Voting Arrangements (Acuerdos de Voto): Provisions governing how shareholders agree to vote at ordinary shareholders' meetings (juntas ordinarias de accionistas) held annually under Ley N° 18.046 Article 56, and extraordinary shareholders' meetings (juntas extraordinarias) convened for specific matters under Articles 57–67. Common provisions include: voting trusts (acuerdos de voto en bloque) — obligations to vote together as a unified block on specified resolutions; consent rights — requirements that certain shareholders' consent be obtained before the company takes specified actions (for example, issuing new shares, incurring debt above a threshold, or selling material assets); and deadlock resolution — mechanisms for resolving voting deadlocks including mediation before the Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago), a casting vote held by an independent chairman, or compulsory buyout at fair market value.
Board Representation Rights (Derechos de Representación en el Directorio): Rights of significant shareholders to nominate directors (directores) to the S.A.'s directorio under Ley N° 18.046 Articles 31–50. Chilean S.A. bylaws typically establish a directorio of five or seven members elected at the ordinary shareholders' meeting for two-year renewable terms. The shareholders agreement may grant specific shareholders the right to nominate one or more directors regardless of vote outcome — creating a contractual overlay on the statutory election process.
Share Transfer Restrictions (Restricciones a la Transferencia de Acciones): Unlike SRL cuotas, S.A. shares (acciones) are freely transferable under Ley N° 18.046 Article 14 unless the bylaws or a shareholders agreement restricts transfer. Common restrictions include: right of first offer (derecho de primera oferta) — the selling shareholder must offer shares to existing shareholders at the proposed sale price before selling to third parties; right of first refusal (derecho de tanteo) — existing shareholders can match any third-party offer; lock-up periods (períodos de restricción) — typically twelve to twenty-four months from closing of an investment transaction; tag-along rights (derechos de acompañamiento) — minority shareholders have the right to participate in a sale initiated by a majority shareholder at the same price and terms; and drag-along rights (derechos de arrastre) — majority shareholders can require minority shareholders to sell their shares in a transaction approved by the required majority.
Dividend Policy (Política de Dividendos): Agreement on the annual dividend distribution — supplementing the statutory minimum dividend requirement of 30% of net profits under Ley N° 18.046 Article 79. Shareholders agreements may establish a higher minimum dividend, a discretionary dividend policy subject to board recommendation, or a prohibition on dividends during defined periods (for example, while venture debt is outstanding).
Information and Inspection Rights (Derechos de Información): Beyond the statutory rights of shareholders to inspect books and records at the registered office under Ley N° 18.046 Article 54, shareholders agreements typically grant significant investors enhanced information rights — monthly management accounts, quarterly financial statements, annual audited accounts prepared by an auditor registered with the CMF or the Colegio de Contadores de Chile, annual business plans, and notice of all board meetings and major decisions.
Anti-Dilution Protection (Protección Antidilución): For shareholders holding preferred shares (acciones preferentes) under a multi-series share structure, anti-dilution provisions adjusting the conversion ratio or subscription rights to protect against dilutive new share issuances at a lower price per share than paid by the protected shareholder.
Dispute Resolution (Resolución de Controversias): The preferred forum for resolving shareholders agreement disputes — typically arbitration (arbitraje) under the Rules of the Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago) or Chile Árbitros, applying Chilean law, with a panel of three arbiters (árbitros arbitradores) or a sole arbiter for lower-value disputes. Chilean arbitration law is governed by Articles 222–243 of the Código de Procedimiento Civil for domestic arbitration, and by Ley N° 19.971 on International Commercial Arbitration for cross-border disputes.
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Conforme al Artículo 14 de la Ley N° 18.046, un convenio de accionistas en Chile es obligatorio entre las partes que lo suscriben pero inoponible a la sociedad, salvo que la sociedad misma sea parte del acuerdo o sus disposiciones se incorporen a los estatutos sociales. Esto significa que si un director vota en infracción del convenio, el voto sigue siendo válido desde la perspectiva de la sociedad. Sin embargo, el accionista incumplidor es responsable frente a las demás partes por incumplimiento contractual y puede estar sujeto a cláusulas penales, indemnización de perjuicios o medidas precautorias bajo los Artículos 1553 a 1555 del Código Civil. Para hacer vinculante el convenio frente a la sociedad, los abogados societarios chilenos incorporan las disposiciones clave a los estatutos sociales o hacen que la sociedad suscriba el convenio como parte contratante.
Para las S.A. abiertas registradas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los convenios de accionistas que afecten el control societario están sujetos a divulgación obligatoria bajo el Artículo 14 bis de la Ley N° 18.046 y la normativa CMF. Los accionistas con 10% o más de las acciones emitidas deben presentar una declaración de tenencia y divulgar cualquier convenio que afecte sus derechos de voto conforme a la NCG N° 229 de la CMF. Los acuerdos que constituyan actuación concertada deben divulgarse como hecho esencial a través del SEIL de la CMF bajo la NCG N° 30. Los accionistas que actúen de forma concertada pueden ser tratados como un único controlador para efectos de las normas de OPA de la Ley N° 18.046, Título XV, desencadenando potencialmente la obligación de hacer oferta pública a todos los accionistas si el grupo supera los dos tercios del control votante. La no divulgación de un convenio relevante a la CMF puede acarrear sanciones administrativas — multas de hasta UF 15.000 por infracción — y responsabilidad civil bajo la Ley N° 21.000 de 2016.
Los derechos de arrastre (drag-along) en los convenios de accionistas chilenos otorgan a los accionistas mayoritarios — o a un grupo específico — el derecho a requerir que los accionistas minoritarios vendan sus acciones a un comprador tercero en las mismas condiciones de precio negociadas por la mayoría. Bajo el Artículo 14 de la Ley N° 18.046, las cláusulas de arrastre son válidas como obligaciones contractuales entre accionistas. Cuando se activa el arrastre — habitualmente cuando un comprador ofrece adquirir el 100% y la mayoría acepta — el accionista minoritario debe transferir sus acciones al comprador al mismo precio por acción. Si el minoritario se niega, el convenio de accionistas típicamente autoriza a la mayoría a ejecutar los documentos de transferencia como apoderado del minoritario mediante un mandato otorgado en el propio convenio. Para que este mecanismo sea legalmente efectivo en Chile, el mandato de arrastre debe constituirse por escritura pública bajo el Artículo 2123 del Código Civil — un poder en instrumento privado no es suficiente para la transferencia forzada de acciones. Los profesionales del capital de riesgo chileno recomiendan estructurar los derechos de arrastre con protecciones para los minoritarios: precios mínimos de venta, cobertura de representaciones y garantías e indemnizaciones, y excepciones para fundadores con contratos de trabajo con cláusulas de good-leaver.
Cuando un accionista incumple un convenio de accionistas en Chile, las partes no infractoras tienen múltiples remedios legales bajo el Código Civil y el derecho contractual chileno. Los remedios principales incluyen: cumplimiento forzado — orden judicial que exige al infractor cumplir las obligaciones específicas del acuerdo, disponible bajo el Artículo 1553 del Código Civil para obligaciones de hacer; indemnización de perjuicios — compensación por las pérdidas efectivas sufridas como resultado directo del incumplimiento, calculada bajo los Artículos 1556 a 1558 del Código Civil incluyendo lucro cesante y daño emergente; cláusulas penales — daños y perjuicios pactados exigibles conforme a los Artículos 1535 a 1544 del Código Civil, que la Corte Suprema ha respaldado sistemáticamente en contratos comerciales; medidas precautorias bajo los Artículos 290 a 302 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo prohibición de transferir acciones en infracción de las restricciones de cesión; y compra forzada mediante una cláusula shotgun o buy-sell activada por incumplimiento grave, que permite a los no infractores adquirir la participación del infractor a un precio determinado por un experto independiente. Las disputas se resuelven habitualmente mediante arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago) o Chile Árbitros, con ejecución ante el Juzgado Civil del domicilio pactado.
Un convenio de accionistas en Chile puede incluir disposiciones que limiten — pero no bloqueen permanentemente — la venta de acciones o de la empresa como negocio en marcha. Bajo el Artículo 14 de la Ley N° 18.046, las restricciones a la transferencia de acciones acordadas en un convenio son válidas entre las partes por un plazo definido — habitualmente tres a cinco años — pero no pueden crear restricciones perpetuas de enajenación, que los tribunales chilenos tratan como contrarias al orden público bajo el Artículo 1468 del Código Civil. Los mecanismos habituales que regulan en lugar de bloquear una venta incluyen: derechos de tanteo (que obligan al vendedor a ofrecer las acciones primero a los accionistas existentes al precio propuesto); requisitos de aprobación para cesiones (mayoría reforzada de accionistas o comité del directorio); y períodos de restricción (que prohíben cesiones por un plazo determinado). Las disposiciones de arrastre, inversamente, pueden ser utilizadas por la mayoría para forzar una venta — anulando los derechos de bloqueo de la minoría. La ejecutabilidad de disposiciones de bloqueo extremas ha sido analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago en casos como Rol N° 2.891-2017 (Civil), donde el tribunal resolvió que las disposiciones que privan permanentemente a un accionista de su derecho a transferir acciones son nulas por ser contrarias al Artículo 1810 del Código Civil sobre la libre enajenación de bienes.
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