Minor Physical Activity Permission Mexico (Carta de Permiso para Actividad Física de Menor)

Las escuelas, los clubes deportivos y las instituciones de actividad física en México exigen permiso de los padres para la participación de los menores por tres razones legales y prácticas interrelacionadas. Primero, conforme al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), las instituciones que prestan servicios a menores tienen el deber positivo de proteger la salud y el bienestar de los menores; permitir que un menor participe en una actividad física sin el conocimiento y el consentimiento de los padres violaría este deber. Segundo, conforme al artículo 1910 del Código Civil Federal, toda persona que cause daño por sus actos u omisiones es civilmente responsable; un club deportivo o una escuela que exponga a un menor a los riesgos de la actividad física sin autorización documentada de los padres no puede demostrar el consentimiento informado, que es un factor clave en el análisis de responsabilidad civil. Tercero, para las emergencias médicas, la institución que supervisa necesita autorización documentada de los padres para consentir en nombre del menor los primeros auxilios y el tratamiento de emergencia; sin esta autorización, los prestadores de servicios médicos pueden dudar en atender al menor mientras esperan contactar a los padres, lo que puede retrasar la atención urgente. La carta de permiso atiende las tres preocupaciones de manera simultánea: documenta el conocimiento y el consentimiento de los padres, sustenta la defensa de responsabilidad de la institución si ocurre una lesión accidental y otorga la autorización para el tratamiento médico de emergencia.

Los padres y tutores deben incluir información de salud completa y exacta en el permiso de actividad física del menor para permitir que los entrenadores y maestros que supervisan tomen decisiones seguras sobre la participación del menor e informar a los servicios de emergencia si surge una situación médica. La información de salud crítica incluye: (1) Padecimientos médicos crónicos —asma, epilepsia, diabetes, condiciones cardiacas (congénitas o adquiridas), anemia de células falciformes o cualquier condición que afecte el esfuerzo físico o que pueda requerir intervención de emergencia—; (2) Alergias a medicamentos —los medicamentos específicos a los que el menor es alérgico, en particular medicamentos de emergencia comunes como penicilina, aspirina, AINE o anestésicos—; (3) Alergias alimentarias —en particular las alergias alimentarias graves (anafilácticas), cuando podría ocurrir una exposición accidental en eventos deportivos o comidas de equipo—; (4) Medicamentos actuales —cualquier medicamento que el menor tome de manera regular, en especial los que afectan el estado de alerta, la coordinación o la función cardiovascular—; (5) Lesiones o cirugías recientes —cualquier lesión musculoesquelética, cirugía en los últimos seis meses o restricciones físicas—; (6) Tipo de sangre —útil para los servicios médicos de emergencia—; (7) Número de NSS del IMSS, número de póliza de seguro privado o número de póliza del seguro escolar de accidentes —permite el cobro inmediato del tratamiento de emergencia—.

La educación física es un componente obligatorio del plan de estudios de educación básica de la SEP conforme al Plan y Programas de Estudio de primaria y secundaria; forma parte del derecho a la educación garantizado constitucionalmente por el artículo 3 de la CPEUM y no puede negarse por completo como medida disciplinaria o administrativa basada únicamente en la falta de documentación de permiso. Para las clases curriculares obligatorias de educación física que se imparten en las instalaciones escolares durante el horario regular, las escuelas de la SEP no pueden excluir efectivamente a un menor solo porque los padres no firmaron un formato de permiso, ya que hacerlo violaría el derecho a la educación del menor. Sin embargo, para los equipos deportivos extracurriculares, los torneos interescolares, las salidas deportivas escolares, las actividades de aventura realizadas fuera del plantel y los programas de enriquecimiento voluntarios, la escuela tiene mayor discrecionalidad para exigir un permiso firmado como condición de participación; estas actividades van más allá del plan de estudios obligatorio e implican una responsabilidad y una coordinación logística mayores que justifican el consentimiento documentado de los padres. Las escuelas privadas y las academias deportivas privadas que operan fuera del marco de la SEP tienen libertad contractual para exigir la documentación de permiso como condición del servicio. En todos los casos, el enfoque apropiado es que los administradores escolares contacten directamente a los padres para obtener el permiso faltante, en lugar de simplemente excluir al menor.

La responsabilidad civil por las lesiones a menores durante una actividad física autorizada en México se distribuye entre varias partes según las circunstancias específicas y las disposiciones legales aplicables. Conforme al artículo 1910 del Código Civil Federal, la entidad que supervisa —escuela, club deportivo, entrenador o institución— tiene un deber de cuidado hacia los menores bajo su supervisión y puede ser responsable de la supervisión negligente que cause una lesión. Sin embargo, cuando los padres han firmado un consentimiento informado que reconoce específicamente los riesgos inherentes de la actividad y autoriza la participación, este consentimiento documentado es un factor en el análisis de responsabilidad civil: no elimina por completo la responsabilidad por negligencia, pero demuestra que los padres conocían y aceptaban los riesgos inherentes de la actividad. La institución conserva la responsabilidad por las violaciones a los estándares de seguridad: usar equipo inseguro, no brindar supervisión adecuada, permitir la participación de un menor con una contraindicación médica revelada o no implementar los protocolos médicos de emergencia. Conforme al artículo 1918 del CCF, las instituciones también pueden ser responsables de manera indirecta por las lesiones causadas por sus empleados (entrenadores, maestros) que actúen dentro del ámbito de su empleo. El marco basado en deberes de la LGDNNA significa que los tribunales examinan cada vez más si las instituciones mantuvieron estándares adecuados de seguridad y supervisión, con independencia del consentimiento de los padres: el consentimiento no exime a la institución de sus obligaciones conforme al artículo 50 de la LGDNNA.

Una carta de permiso de actividad física de un menor autoriza el tratamiento médico de emergencia, pero no determina quién paga ese tratamiento: la responsabilidad financiera de los costos médicos depende de la cobertura de seguro y de los arreglos contractuales entre la institución y la familia. En México, los siguientes mecanismos de seguro pueden cubrir las lesiones deportivas de los menores: (1) Cobertura del IMSS como beneficiario —si el menor está registrado como derechohabiente en la cuenta del IMSS de uno de los padres, tiene derecho a los servicios médicos del IMSS por accidentes y lesiones sin importar las circunstancias, incluidas las lesiones deportivas. El número de NSS en la carta de permiso permite la identificación ante el IMSS—; (2) Seguro escolar de accidentes —las escuelas afiliadas a la SEP están obligadas a mantener un seguro colectivo de accidentes para los alumnos inscritos. El seguro escolar de la SEP por lo general cubre los gastos médicos de emergencia básicos por lesiones ocurridas en las instalaciones escolares o durante actividades patrocinadas por la escuela—; (3) Seguro médico privado —las familias con cobertura de seguro de gastos médicos mayores deben incluir el número de póliza en la carta de permiso—; (4) Seguro de la federación deportiva —los atletas registrados ante la CONADE pueden tener cobertura de accidentes a través de la póliza colectiva de su federación deportiva—; (5) Seguro de responsabilidad de la institución —los clubes deportivos y las academias privadas deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra las lesiones a terceros, incluidas las lesiones a los menores participantes—.

Los tribunales y la práctica jurídica mexicana reconocen que las actividades físicas conllevan distintos niveles de riesgo inherente: las actividades de mayor riesgo ameritan cartas de permiso más detalladas y específicas que identifiquen y reconozcan expresamente los riesgos particulares involucrados. Las actividades de riesgo estándar, como la clase de gimnasia escolar, el futbol recreativo o las clases de natación en una alberca supervisada, requieren una carta de permiso básica con información de salud estándar y contactos de emergencia. Entre las actividades de mayor riesgo que requieren documentación de permiso más detallada están: (1) Deportes de contacto y de combate —boxeo, artes marciales mixtas, lucha olímpica, judo y karate de contacto pleno—, donde el riesgo de traumatismo craneoencefálico y de lesión musculoesquelética es sustancialmente mayor; (2) Deportes de aventura —rápel, tirolesa, escalada, kayak en aguas bravas y senderismo de montaña—, donde los peligros ambientales se suman al riesgo físico; (3) Gimnasia competitiva y porristas (cheerleading) —donde las caídas y las maniobras aéreas crean perfiles de lesión específicos—; (4) Actividades ecuestres —equitación y polo—, regidas por estándares de seguridad específicos; (5) Deportes acuáticos con componentes de aguas abiertas —surf, natación en aguas abiertas, buceo—, donde está presente el riesgo de ahogamiento.

Conforme al derecho civil mexicano, los menores (personas de menos de 18 años) por lo general carecen de plena capacidad legal para celebrar contratos vinculantes o para otorgar un consentimiento legalmente eficaz respecto de actividades con significación jurídica; este es el principio de la incapacidad jurídica relativa de los menores conforme a los artículos 23 y 450 del Código Civil Federal. Un menor no puede firmar de manera independiente un formato de consentimiento de actividad física de modo que cree obligaciones legales vinculantes o que releve a la institución que supervisa de sus deberes conforme al artículo 50 de la LGDNNA. Sin embargo, el artículo 12 de la LGDNNA establece el principio de la autonomía progresiva de los menores: conforme los menores maduran, sus opiniones, preferencias y, cada vez más, su consentimiento expresado adquieren mayor peso. En la práctica, las instituciones suelen incluir una sección para el asentimiento del menor —en particular para los adolescentes (13 a 17 años)— junto con el consentimiento legal formal de los padres. El asentimiento del menor demuestra su conocimiento y disposición a participar, lo cual es una expresión de sus derechos conforme a la LGDNNA, pero legalmente complementa y no sustituye el consentimiento de los padres. La edad de responsabilidad penal (imputabilidad penal) conforme al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es de 12 años, y la edad de capacidad para actos civiles limitados varía según el contexto; pero, para la autorización de participación en actividades físicas en todos los casos de menores de 18 años, el consentimiento de los padres sigue siendo la autorización legal e institucionalmente requerida.