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Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa)

Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa)

CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)

1. PARTES

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE:

Denominación: [Authority Name]

NIF: [Authority NIF]

Domicilio: [Authority Address]

Representante / Órgano de contratación: [Authority Representative]

CONCESIONARIO:

Razón social: [Concessionaire Name]

NIF/CIF: [Concessionaire NIF]

Domicilio social: [Concessionaire Address]

Representante legal: [Concessionaire Representative]

Registro Mercantil: [Registro Mercantil]

2. ANTECEDENTES

PRIMERO. La Administración concedente publicó la convocatoria de licitación para la concesión con número de expediente [Expedient Number], publicada en [Publication Reference], con arreglo al procedimiento aplicable previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

SEGUNDO. El concesionario presentó oferta en respuesta a dicha convocatoria y fue seleccionado mediante resolución de adjudicación de fecha [Award Date], por cumplir en mayor medida los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

TERCERO. Ambas partes desean formalizar la concesión mediante el presente contrato, de conformidad con el PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y la normativa española y comunitaria aplicable.

3. OBJETO DE LA CONCESIÓN

Tipo de concesión: [Concession Type]

Objeto: [Concession Object]

Ubicación / Referencia del bien: [Asset Location]

Alcance del servicio y estándares de calidad: [Service Scope]

El concesionario se compromete a gestionar el objeto de la concesión por su cuenta y riesgo, asumiendo el riesgo operacional conforme al artículo 15 LCSP — incluido el riesgo de demanda y el riesgo de suministro — sin que la Administración garantice ningún nivel mínimo de ingresos o demanda.

4. PLAZO DE LA CONCESIÓN

El presente contrato de concesión entrará en vigor el [Concession Start Date] y tendrá una duración de [Concession Duration] años, conforme al artículo 29 LCSP. El plazo ha sido determinado como proporcional a la inversión necesaria para que el concesionario recupere el capital invertido a una tasa interna de rentabilidad razonable, según el modelo económico-financiero que forma parte de la documentación licitatoria.

A la extinción del contrato, todos los bienes afectos a la concesión revertirán gratuitamente a la Administración concedente en buen estado de funcionamiento, libres de cargas y gravámenes, de conformidad con el artículo 284 LCSP.

5. CANON Y MODELO ECONÓMICO-FINANCIERO

Canon anual: [Annual Canon], abonado a la Administración concedente conforme al calendario establecido en el PCAP.

Obligaciones mínimas de inversión: [Minimum Investment]

Garantía definitiva: [Performance Guarantee], constituida conforme al artículo 107 LCSP con carácter previo a la firma del presente contrato. La garantía definitiva se mantendrá vigente hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones de reversión al término de la concesión.

El canon se revisará de acuerdo con la fórmula de revisión de precios establecida en el PCAP, al amparo del artículo 103 LCSP y del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la metodología de aplicación del factor de actualización de precios de contratos del sector público.

6. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El concesionario queda obligado a:

  • Gestionar el objeto de la concesión con arreglo a los estándares de calidad establecidos en el PCAP y el PPT, incluidos todos los indicadores KPI.
  • Abonar el canon anual a la Administración concedente en las fechas previstas en el PCAP.
  • Ejecutar el plan de inversiones comprometido en la oferta admitida.
  • Mantener los bienes concesionales en adecuadas condiciones de explotación y realizar las obras de conservación y mantenimiento necesarias.
  • Suministrar a la Administración los informes periódicos de explotación y financieros con la frecuencia establecida en el PCAP.
  • Cumplir la normativa sectorial aplicable, los requisitos medioambientales de la Ley 21/2013 y las obligaciones de transparencia derivadas de la Ley 19/2013.
  • Devolver los bienes concesionales a la Administración a la extinción del contrato en el estado exigido por el artículo 284 LCSP.
  • Mantener en vigor la garantía definitiva durante toda la vigencia de la concesión.

7. POTESTADES RESERVADAS A LA ADMINISTRACIÓN

La Administración concedente conserva las siguientes potestades administrativas unilaterales, irrenunciables por contrato, conforme al Derecho administrativo español:

  • Ius variandi (derecho de modificación): La Administración podrá modificar unilateralmente la concesión por razones de interés público conforme a los artículos 190 y 203 LCSP, dentro de los límites del 20% (o hasta el 50% en circunstancias excepcionales) del valor estimado del contrato, con indemnización al concesionario por los mayores costes acreditados.
  • Rescate: La Administración podrá dar por extinguida anticipadamente la concesión por razones de interés público conforme al artículo 294 LCSP, abonando al concesionario el valor neto contable de las inversiones no amortizadas y la pérdida razonable de beneficios futuros.
  • Caducidad: La Administración podrá declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del concesionario conforme al artículo 295 LCSP, previa tramitación del correspondiente procedimiento contradictorio.
  • Inspección y control: La Administración podrá inspeccionar en cualquier momento la explotación concesional, la contabilidad y los bienes afectos, para verificar el cumplimiento del contrato y el PCAP.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Ambas partes cumplirán el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), respecto a cualesquiera datos personales tratados en el marco de la presente concesión. Cuando el concesionario trate datos personales de usuarios del servicio público por cuenta de la Administración, las partes suscribirán el correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento al amparo del artículo 28 RGPD. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos en España.

9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LEY APLICABLE

El presente contrato se rige por el Derecho administrativo español, principalmente la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las controversias relativas a decisiones de licitación y adjudicación podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), conforme al artículo 44 LCSP, en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del acto impugnado.

Las controversias sobre la ejecución del contrato se resolverán ante el órgano de contratación en primera instancia, mediante recurso de reposición conforme al artículo 123 de la Ley 39/2015, y ulterior recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FIRMAS

Firmado en [Contract City], a [Contract Date].

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE:

[Authority Name]

Representada por: [Authority Representative]

Firma: _________________________ Fecha: _________________________

CONCESIONARIO:

[Concessionaire Name]

Representado por: [Concessionaire Representative]

Firma: _________________________ Fecha: _________________________

Administración Concedente / Órgano de Contratación

________________

Signature

Concesionario / Representante Legal

________________

Signature

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What Is a Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa)?

An Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa) is a public law agreement by which a competent public authority (Administración Pública concedente) grants a private individual or entity (concesionario) the right to use, occupy, manage, or exploit a public domain asset (bien de dominio público) or to provide a public service (servicio público) in exchange for the payment of a canon (fee) and the assumption of operating risk and investment obligations, subject to the supervisory powers of the granting authority, governed principally by Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) and the Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

The Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, which transposed EU Directives 2014/23/EU (Concession Contracts Directive) and 2014/24/EU (Public Procurement Directive) into Spanish law, distinguishes two main concession modalities. Article 15 LCSP defines the Contrato de Concesión de Servicios as the agreement by which the contracting authority entrusts the management of a service to a concessionaire who bears the operating risk (riesgo operacional) — defined as demand risk (riesgo de demanda) or supply risk (riesgo de suministro or disponibilidad) — as an essential element. Article 14 LCSP defines the Contrato de Concesión de Obras as the agreement combining construction and operation of public infrastructure, with the concessionaire recovering investment through user charges (tarifas) or public payments conditional on availability. The concession modality under LPAP Article 89 covers the occupation and use of public domain assets (bienes de dominio público) — ports, airports, roads, coastal zones, and other assets inalienable by law.

The concept of riesgo operacional (operational risk) introduced by EU Directive 2014/23/EU and transposed by LCSP Article 15 is the definitional criterion distinguishing a concession from a public service contract (contrato de servicios). In a genuine concession, the concessionaire faces the genuine risk of not recovering its investment or operating costs from user fees or availability payments — fluctuations in demand, changes in competition, or technical failures must be capable of materially affecting the concessionaire's revenues. If the public authority assumes all risk and guarantees the concessionaire's revenue regardless of demand, the contract is classified as a public service contract, not a concession, with different procurement rules applying.

The concession must be awarded through a competitive tendering procedure (procedimiento de licitación) under the LCSP — either abierto (open procedure), restringido (restricted procedure), negociado (negotiated procedure), or diálogo competitivo (competitive dialogue) — published in the Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) and the Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) for contracts above EU thresholds, and in the Boletín Oficial del Estado (BOE) or relevant regional Boletín Oficial for sub-threshold contracts. All concessions are registered in the Registro de Contratos del Sector Público under Article 346 LCSP and published in the Perfil del Contratante (contracting authority profile) maintained on the PLACSP.

The maximum duration of an administrative concession in Spain depends on the type. Under LCSP Article 29, concessions of services have a maximum duration set in the contract documents (pliego de cláusulas administrativas particulares — PCAP), capped at the time needed for the concessionaire to recover its investment plus a reasonable return, with absolute maximums established by sector-specific legislation — for example, 40 years for concessions of motorways (autopistas) under Ley 8/1972 de Autopistas de Peaje, and 60 years for port concessions under Ley 22/1988 de Costas (Reglamento General de Puertos — RD 2235/1997). The Consejo de Estado has consistently held that excessively long concession terms may constitute a restriction of competition incompatible with EU internal market principles.

Administrative concessions are subject to the ius variandi (modification power) of the contracting authority — Article 203 LCSP permits modifications of up to 20% of the original contract value without new tendering, and up to 50% in exceptional circumstances duly justified, always requiring publication in the DOUE or BOE as appropriate. The contracting authority retains the power of rescate (forced reversion) — Article 294 LCSP — by which it may terminate the concession in the public interest against payment of compensation to the concessionaire for the net book value of investments not yet amortised.

When Do You Need a Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa)?

An Administrative Concession Contract Spain is required whenever a public authority grants a private entity the right to occupy and use public domain assets or to manage a public service with operating risk transfer — the private contract template is used to document the agreed terms once the concession has been awarded through a competitive tender procedure under Ley 9/2017 LCSP.

A Contrato de Concesión Administrativa is needed when a municipality (Ayuntamiento) or autonomous community grants a concession for the management of a public facility — a sports centre (polideportivo municipal), a swimming pool (piscina pública), a car park (aparcamiento público subterráneo), a market hall (mercado municipal), or a cultural venue — under the Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) and the applicable autonomous community local government legislation.

A Concesión Administrativa is required when the Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana or an autonomous community grants a concession for the operation of a public transport service (servicio de transporte público de viajeros) — bus lines, urban transport, or interurban coach services — regulated under the Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT — Ley 16/1987) and its Reglamento (Real Decreto 1211/1990).

The Spain Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa) contract is needed when the Autoridad Portuaria de España or a regional port authority (junta de puertos) grants a concession for the use of port domain (zona de servicio del puerto) to a private port operator under Ley 22/1988 de Costas and the Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011 — Texto Refundido).

A Contrato de Concesión Administrativa is required when a concession for the occupation and exploitation of the maritime-terrestrial public domain (dominio público marítimo-terrestre) is granted by the Dirección General de Costas under the Ley 22/1988 de Costas and its Reglamento (Real Decreto 876/2014) — for example, concessions for beach restaurants and kiosk facilities (chiringuitos), marina berthing facilities, or aquaculture operations.

The Spain Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa) agreement is needed when an Ayuntamiento grants a concession for public urban furniture (mobiliario urbano) — advertising panels, bicycle sharing systems (sistemas de bicicleta pública), electric vehicle charging points, or public toilet facilities — under the urban planning powers of the Ley del Suelo (RDL 7/2015) and autonomous community legislation.

The contract is also required when private concessionaires need to transfer or encumber their concession rights — for example, granting a mortgage over the concession (hipoteca de concesión) to finance infrastructure investment, governed by Articles 107 and 108 of the Ley Hipotecaria, or assigning the concession to a subsidiary with the prior approval of the contracting authority under LCSP Article 214.

What to Include in Your Administrative Concession Contract Spain (Contrato de Concesión Administrativa)

A valid Administrative Concession Contract Spain under Ley 9/2017 LCSP and Ley 33/2003 LPAP must contain the following essential elements to be enforceable and to comply with administrative law requirements.

Identification of the Contracting Authority (Administración Concedente): Full name and legal nature of the public authority granting the concession — State (Administración General del Estado), autonomous community (Comunidad Autónoma), local authority (Entidad Local), or public body (entidad del sector público) — its NIF, the responsible organ (órgano de contratación), and the name of the authorized signatory. All contracting authorities must be registered in the Registro de Contratos del Sector Público under Article 346 LCSP.

Identification of the Concessionaire (Concesionario): Full legal name, NIF, Registro Mercantil registration details, and the name and authority of the legal representative. Foreign companies must comply with Article 67 LCSP on the capacity of non-Spanish undertakings and may be required to have a branch established in Spain (sucursal inscrita en el Registro Mercantil). Solvency requirements (solvencia económica, financiera y técnica) established in the tender documentation (pliego de condiciones) must be satisfied.

Object and Scope of the Concession (Objeto de la Concesión): Precise description of the public asset to be used or the public service to be managed, including: the physical location and cadastral reference of public domain assets, the service scope and geographic coverage, performance standards (estándares de servicio) and quality requirements (indicadores de calidad — KPIs), minimum investment obligations (inversiones mínimas), and the list of assets and infrastructure that form part of the concession (inventario de bienes).

Duration (Plazo de la Concesión): The exact term of the concession in years, the commencement date, and, where applicable, the construction or investment period (período de construcción) separate from the operation period (período de explotación). The duration must be proportionate to the investment required for the concessionaire to recover its capital at a reasonable rate of return, as required by LCSP Article 29 and the Juntas Consultivas de Contratación Administrativa guidance.

Canon and Financial Model: The annual or periodic canon (fee) payable by the concessionaire to the contracting authority — the amount, the indexation formula (fórmula de revisión de precios — Article 103 LCSP and RD 55/2017 de Revisión de Precios), the payment due dates, and the consequences of late payment (mora). User tariffs (tarifas a usuarios) must be approved by the contracting authority and may be subject to maximum caps set in the PCAP.

Operational Risk Allocation (Riesgo Operacional): Express allocation of demand risk and supply risk between the parties, in accordance with LCSP Article 15 and EU Directive 2014/23/EU. The concessionaire must genuinely bear the risk of demand fluctuations — if the public authority provides revenue guarantees exceeding 50% of the concessionaire's projected revenues, the Junta Consultiva de Contratación Administrativa will re-classify the contract as a services contract.

Supervision and Intervention Powers (Ius Variandi and Rescate): The contracting authority's reserved powers under Articles 190–194 LCSP — the ius variandi (right to modify the concession within LCSP limits), the rescate (forced reversion in the public interest against compensation under Article 294 LCSP), and the caducidad (administrative lapse for breach of concessionaire obligations). These powers cannot be contractually waived under Spanish administrative law.

Investment Plan and Reversion of Assets: The minimum investment programme (plan de inversiones) for the concession period, the maintenance obligations (obligaciones de conservación y mantenimiento), and the reversion conditions — the assets that must be returned to the contracting authority at expiry in good working order (estado de funcionamiento adecuado), with any reversionary investment (inversiones de reversión) required in the final years of the concession term.

Environmental and Regulatory Compliance: Compliance with Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (environmental impact assessment obligations), applicable sector-specific regulations, and the Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (transparency obligations for public contracts).

Dispute Resolution (Recursos y Jurisdicción): Administrative remedies available against the contracting authority's decisions — recurso de reposición (Article 123 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común — LPAC) and recurso contencioso-administrativo before the Tribunal Contencioso-Administrativo under Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. The Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) has jurisdiction over procurement challenges under LCSP Article 44.

Forms-legal.com provides this Administrative Concession Contract Spain template as a starting reference. Every concession agreement should be reviewed by a qualified abogado especializado en derecho administrativo and the contracting authority's legal services (servicios jurídicos) to confirm full compliance with the Ley 9/2017 LCSP, the applicable pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), and EU procurement law before execution.

The Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público governs public procurement and concession contracts. The Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas governs public domain assets. The Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común governs administrative procedures. The Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resolves procurement challenges. The Consejo de Estado issues binding opinions on major concession modifications and terminations.

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