Contrato de Coworking España
CONTRATO DE COWORKING
Coworking Space Agreement Spain
Governed by LAU 29/1994 Article 3 (commercial use) and Código Civil Article 1544 (service elements)
1. PARTES / PARTIES
OPERADOR DE COWORKING / OPERATOR:
Nombre / Name: [Operator Name]
NIF/CIF: [Operator NIF]
Domicilio social / Registered Address: [Operator Address]
Representante legal / Legal Representative: [Operator Representative]
Licencia de Actividad: [Licencia de Actividad]
MIEMBRO / MEMBER:
Nombre / Name: [Member Name]
DNI / NIE / NIF: [Member NIF]
Domicilio / Address: [Member Address]
Usuarios designados / Named Users: [Named Users]
2. PLAN DE MEMBRESÍA Y ESPACIO DE TRABAJO / MEMBERSHIP PLAN AND WORKSPACE
Tipo de membresía / Membership Type: [Membership Type]
Descripción del espacio / Space Description: [Space Description]
Servicios incluidos / Services Included: [Services Included]
Este acuerdo se clasifica como un contrato mixto (contrato mixto) que combina elementos de una licencia de uso y un contrato de prestación de servicios conforme al artículo 1544 del Código Civil. / This agreement is classified as a mixed contract (contrato mixto) combining elements of a licence to occupy (licencia de uso) and a service contract (prestación de servicios) under Código Civil Article 1544. The member does not acquire exclusive possession of defined premises as required for an arrendamiento under LAU Article 3, except in the case of private office arrangements where exclusive, delimited possession is granted.
3. CUOTAS, FIANZA Y PAGO / FEES, DEPOSIT, AND PAYMENT
Cuota mensual (sin IVA) / Monthly Membership Fee (excluding IVA): [Monthly Fee]
Se aplicará IVA al 21 % (tipo general, Ley 37/1992 del IVA) a la cuota mensual. / IVA at 21% (tipo general, Ley 37/1992 del IVA) shall be added to the monthly fee. The operator shall issue compliant facturas under the Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012) on the first day of each month, payable in advance by the agreed payment date.
Fianza / Security Deposit: [Fianza], pagada a la firma del contrato. / paid upon contract signature. La fianza se devolverá en 30 días naturales tras el fin de la membresía, menos cualquier importe adeudado. / The deposit shall be returned within 30 calendar days after the membership ends, less any amounts owed for damage, unpaid fees, or excess service use.
Los intereses de demora al tipo establecido por la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad (tipo de referencia del BCE más 8 puntos porcentuales) se devengarán automáticamente sobre las cuotas vencidas sin necesidad de requerimiento formal. / Late payment interest at the rate established by Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad accrues automatically on overdue fees without the need for formal demand.
4. PLAZO Y RESOLUCIÓN / TERM AND TERMINATION
Fecha de inicio / Start Date: [Start Date]
Período de permanencia mínima / Minimum Commitment Period: [Minimum Period]. La resolución anticipada antes del vencimiento del período de permanencia faculta al operador a retener las cuotas por el tiempo restante como compensación, salvo acuerdo en contrario. / Early termination before the expiry of the minimum period entitles the operator to retain the membership fees for the remainder of the minimum period as compensation, unless otherwise agreed.
Preaviso / Notice Period: Cualquiera de las partes podrá resolver tras el período de permanencia mínima mediante preaviso escrito de [Notice Period]. / Either party may terminate after the minimum period by giving [Notice Period] by written notice. El operador podrá resolver de forma inmediata por incumplimiento esencial, incluyendo impago tras un plazo de subsanación de 10 días naturales, vulneración grave del reglamento interno o actividades ilícitas en las instalaciones. / The operator may terminate immediately for material breach — including non-payment after a 10-calendar-day cure period, serious breach of house rules, or illegal activity on the premises.
5. REGLAMENTO INTERNO Y CONDUCTA / HOUSE RULES AND CONDUCT
El miembro se compromete a cumplir el reglamento interno del operador, que forma parte integrante de este acuerdo. / The member agrees to comply with the operator's reglamento interno (house rules), which form an integral part of this agreement. House rules govern noise levels, visitor access policy, use of common areas, smoking prohibition under Ley 42/2010, food and drink policies, and permitted hours of access. El reglamento interno está disponible en recepción y en el sitio web del operador. / The reglamento interno is available at the reception desk and on the operator's website.
6. SALUD Y SEGURIDAD / HEALTH AND SAFETY
El operador es responsable de mantener las instalaciones de coworking con las condiciones mínimas de salud y seguridad conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. / The operator is responsible for maintaining the coworking premises to the minimum health and safety standards under Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales and Real Decreto 486/1997. Los miembros que lleven a sus propios empleados al espacio deberán coordinar medidas preventivas con el operador conforme al artículo 24 de la LPRL. / Members who bring their own employees to the space must coordinate preventive measures with the operator under LPRL Article 24.
7. PROTECCIÓN DE DATOS / DATA PROTECTION
El operador trata los datos personales del miembro (nombre, DNI/NIF, datos de contacto, información de pago y registros de acceso) para la ejecución de este contrato (artículo 6.1(b) RGPD) y el cumplimiento de obligaciones legales (artículo 6.1(c) RGPD), conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). / The operator processes member personal data for the performance of this contract (Article 6.1(b) RGPD) and compliance with legal obligations (Article 6.1(c) RGPD), under Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) and Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Donde se instale videovigilancia (CCTV) en las instalaciones, esto se comunica conforme al artículo 22 de la LO 3/2018. / Where CCTV (videovigilancia) is installed on the premises, this is disclosed under LO 3/2018 Article 22. Los interesados pueden ejercer sus derechos ante el operador o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en aepd.es.
8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN / GOVERNING LAW AND JURISDICTION
Este contrato se rige por el derecho español, principalmente el artículo 1544 del Código Civil y, en la medida en que resulte aplicable, el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 29/1994). / This contract is governed by Spanish law, principally the Código Civil Article 1544 and, to the extent applicable, the Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 29/1994) Article 3. Las controversias se someterán a mediación conforme a la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles antes de cualquier procedimiento judicial, y posteriormente al Juzgado de Primera Instancia del municipio donde se encuentra el espacio de coworking. / Disputes shall be submitted to mediation under Ley 5/2012 before any proceedings, and thereafter to the Juzgado de Primera Instancia of the municipality where the coworking space is located.
FIRMAS / SIGNATURES
Firmado en [Contract City], a [Contract Date]. / Signed in [Contract City], on [Contract Date].
OPERADOR / OPERATOR:
[Operator Name]
Representado por / Represented by: [Operator Representative]
Firma / Signature: _________________________ Fecha / Date: _________________________
MIEMBRO / MEMBER:
[Member Name]
Firma / Signature: _________________________ Fecha / Date: _________________________
Confirmo haber recibido el reglamento interno del operador y me comprometo a cumplir sus disposiciones. / I confirm receipt of the operator's reglamento interno and agree to comply with its provisions.
Operator (Operador) / Legal Representative
________________
Signature
Member (Miembro)
________________
Signature
Qué es Contrato de Coworking España
El Contrato de Coworking es, en España, el contrato escrito regulado por Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 29/1994), art. 3, que define las prestaciones de cada parte y resulta exigible ante la jurisdicción civil.
El debate doctrinal en torno a la naturaleza jurídica del contrato de coworking en España gira en torno a si debe clasificarse como arrendamiento de local de negocio sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), o como contrato de prestación de servicios atípico con elemento de cesión de uso, excluido del ámbito de aplicación de la LAU. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia reciente (entre ellas, varias sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona) se inclinan por la segunda calificación cuando el contrato incluye servicios adicionales significativos y cuando el usuario no disfruta de un espacio exclusivo y delimitado. Esta calificación tiene importantes consecuencias: si se clasifica como arrendamiento, se aplican los derechos de prórroga forzosa y demás garantías de la LAU; si se clasifica como prestación de servicios, el operador tiene mayor libertad para regular las condiciones de terminación.
En el ámbito fiscal, la actividad de coworking está sujeta a IVA al tipo del 21%, y el operador debe emitir facturas con IVA por sus servicios. El coworker puede deducirse el IVA soportado si ejerce una actividad económica sujeta y no exenta. A efectos del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, las cuotas de coworking son un gasto deducible si el espacio se utiliza exclusivamente para la actividad profesional o empresarial.
El contrato de coworking elaborado con forms-legal.com permite a operadores y usuarios definir con precisión los derechos y obligaciones de cada parte, las condiciones de uso del espacio, el régimen de servicios incluidos y la forma de terminación del acuerdo, dotando a la relación de la seguridad jurídica necesaria en un sector de actividad en plena expansión en las principales ciudades españolas.
La regulación del coworking en España también plantea cuestiones relevantes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es aplicable a los trabajadores que prestan servicios en espacios de coworking, y el operador del espacio tiene obligaciones como empresario titular del centro de trabajo respecto a los riesgos derivados de las instalaciones. El artículo 24 de la LPRL regula la coordinación de actividades empresariales en centros de trabajo donde desarrollan actividades varias empresas, lo que es precisamente la situación del coworking. El operador debe garantizar que el espacio cumple con los requisitos de seguridad e higiene exigidos por la normativa, y los coworkers deben comunicar al operador cualquier riesgo que detecten en las instalaciones.
En el contexto del trabajo a distancia regulado por la Ley 10/2021, de 9 de julio, las empresas que tienen trabajadores en régimen de teletrabajo pueden acordar con ellos que presten sus servicios desde un espacio de coworking como alternativa al domicilio particular. En estos casos, la empresa empleadora debe verificar que el espacio de coworking cumple con las condiciones de seguridad, ergonomía y confidencialidad exigidas por la Ley 10/2021, y el acuerdo de teletrabajo debe especificar el lugar de prestación del servicio (nombre y dirección del espacio de coworking). El operador del espacio puede proporcionar al trabajador una certificación de las condiciones del espacio para facilitar este proceso. Una documentación completa del contrato de coworking mediante forms-legal.com facilita la gestión de todas estas obligaciones normativas.
Cuándo necesitas Contrato de Coworking España
El contrato de coworking es necesario en todas las situaciones en que un profesional, freelance, startup o empresa decide utilizar un espacio de trabajo compartido en lugar de contratar un arrendamiento de oficina tradicional, buscando flexibilidad, reducción de costes fijos y acceso a una comunidad profesional.
Es especialmente relevante para: autónomos y freelances que necesitan un espacio profesional para trabajar fuera de su domicilio y recibir a clientes, evitando los compromisos a largo plazo de un arrendamiento de oficina; startups y empresas de nueva creación que requieren espacio de trabajo flexible durante su fase de desarrollo inicial, con posibilidad de escalar el número de puestos según sus necesidades; empresas establecidas que descentralizan parte de su plantilla en distintas ciudades o que necesitan espacio temporal para proyectos específicos; profesionales liberales (abogados, consultores, psicólogos, coaches) que buscan un domicilio profesional con instalaciones adecuadas sin los costes de una oficina privada.
El contrato de coworking también es necesario desde la perspectiva del operador del espacio: le permite regular las condiciones de uso, los derechos y obligaciones de los usuarios, las normas de convivencia en el espacio y los servicios incluidos y adicionales, protegiéndose frente a usos indebidos del espacio, impagos y conflictos entre usuarios.
En el ámbito del trabajo a distancia regulado por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, el coworking puede ser el lugar desde el que el trabajador presta sus servicios en régimen de teletrabajo. En estos casos, el empleador y el trabajador deben tener en cuenta los requisitos de la Ley 10/2021 respecto a las condiciones del lugar de trabajo y los costes asociados al teletrabajo.
Finalmente, desde el punto de vista de la domiciliación fiscal y mercantil, muchos operadores de coworking ofrecen servicios de domiciliación que permiten al coworker registrar su actividad económica y su correspondencia en la dirección del espacio de coworking. Para utilizar este servicio, debe formalizarse un contrato específico de domiciliación, adicional o integrado en el contrato de coworking principal.
El contrato de coworking es también necesario cuando las empresas quieren establecer una presencia local en una ciudad en la que no tienen oficina propia, utilizando el espacio de coworking como base de operaciones para sus empleados en esa ciudad. Esta modalidad, conocida como coworking corporativo o enterprise coworking, está experimentando un crecimiento acelerado en España, con grandes operadores internacionales (WeWork, IWG/Regus, Spaces) y operadores nacionales (Utopicus, Loom, Cloudworks) expandiendo su red de espacios en las principales ciudades españolas.
En el sector de las administraciones públicas, algunos organismos públicos están explorando el uso de espacios de coworking para alojar a sus empleados que trabajan en régimen de teletrabajo o para establecer puntos de atención al ciudadano descentralizados. En estos casos, el contrato de coworking debe adaptarse a los requisitos de contratación pública establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, incluyendo los procedimientos de licitación y adjudicación aplicables en función del importe del contrato.
Finalmente, el coworking es también la solución habitual para los nómadas digitales: profesionales que trabajan de forma remota y se desplazan frecuentemente entre diferentes ciudades o países. Los operadores de coworking con presencia en múltiples ciudades (redes globales de coworking) ofrecen modalidades de acceso flexible que permiten al nómada digital utilizar cualquier espacio de la red, lo que requiere un contrato de membresía específico adaptado a este perfil de usuario.
Qué incluir en tu Contrato de Coworking España
El contrato de coworking debe recoger los siguientes elementos esenciales para garantizar la claridad de la relación entre operador y coworker y la protección de ambas partes.
En primer lugar, la identificación de las partes: datos completos del operador (razón social, CIF, domicilio del espacio de coworking) y del coworker (nombre o razón social, NIF/CIF, actividad profesional o empresarial). Si el coworker actúa en representación de una empresa, deben acreditarse los poderes del representante.
En segundo lugar, la descripción del espacio y los servicios incluidos: tipo de puesto (escritorio fijo, hot desk, despacho privado), localización dentro del espacio, horario de acceso, servicios básicos incluidos (wifi, suministros, impresoras, sala de reuniones con número de horas), servicios premium disponibles mediante tarifas adicionales (horas adicionales de sala de reuniones, domiciliación fiscal, servicio de recepción y mensajería, etc.).
En tercer lugar, la tarifa y las condiciones de pago: cuota mensual, forma de pago (transferencia, domiciliación), fecha de vencimiento del pago, condiciones de impago y penalizaciones por demora, IVA aplicable y procedimiento de facturación.
En cuarto lugar, la duración y las condiciones de terminación: período inicial (un mes, tres meses, un año), preaviso necesario para la terminación por cualquiera de las partes (generalmente entre 15 y 30 días), causas de resolución inmediata (impago, uso indebido del espacio, incumplimiento de las normas de convivencia), y condiciones de renovación automática.
En quinto lugar, las normas de uso del espacio: horario de acceso, normas de convivencia, uso de las instalaciones, prohibiciones (ruido excesivo, actividades molestas para otros usuarios, cesión del puesto a terceros no autorizados), política de visitas y acompañantes, y protocolo de gestión de incidencias.
En sexto lugar, la responsabilidad y los seguros: responsabilidad del operador por daños en el espacio común, responsabilidad del coworker por daños causados a las instalaciones o a terceros, seguro del coworker (muchos operadores exigen que el coworker disponga de un seguro de responsabilidad civil). Mediante forms-legal.com el operador y el coworker pueden generar un contrato completo y equilibrado que refleje todas estas condiciones con claridad y seguridad jurídica.
Además de los elementos anteriores, el contrato de coworking debe incluir una cláusula sobre confidencialidad y privacidad en el espacio compartido: el coworker debe comprometerse a no interferir con la información confidencial de otros usuarios del espacio, a no espiar comunicaciones ajenas y a respetar la privacidad de los demás coworkers. Esta cláusula es especialmente relevante en espacios de coworking donde trabajan simultáneamente personas de diferentes empresas que pueden ser competidores entre sí. El operador debe garantizar la existencia de zonas de trabajo reservadas o insonorizadas para conversaciones confidenciales, así como políticas adecuadas de gestión de la documentación en las zonas comunes.
Las condiciones de uso del servicio de domiciliación (si se ofrece) deben regularse de forma separada o en una cláusula específica: a efectos de la AEAT, la dirección fiscal del coworker debe ser una dirección donde éste pueda recibir notificaciones de la administración, por lo que el operador debe garantizar que dispone de un servicio adecuado de recepción, clasificación y reenvío de notificaciones administrativas. El Tribunal Supremo ha establecido en diversas sentencias que la dirección de domiciliación fiscal debe ser una dirección donde el contribuyente pueda recibir efectivamente las notificaciones, y las notificaciones devueltas por imposibilidad de entrega en una dirección de coworking pueden generar problemas procesales.
Por último, el contrato debe establecer claramente el procedimiento de resolución de incidencias y reclamaciones: canal de comunicación (email, ticket online, teléfono), tiempo máximo de respuesta del operador ante una incidencia técnica (fallo del wifi, avería del sistema de acceso, etc.) y mecanismo de compensación o descuento en la cuota si el servicio no ha estado disponible durante un período significativo. Un contrato de coworking completo y bien estructurado generado con forms-legal.com proporciona la seguridad jurídica necesaria para una relación de coworking duradera y sin conflictos.
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Forms Legal. (2026). Contrato de Coworking España (España) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/es/espana/real-estate/commercial/contrato-coworking-espana
"Contrato de Coworking España (España)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/es/espana/real-estate/commercial/contrato-coworking-espana.
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Preguntas Frecuentes
La doctrina jurídica española clasifica los contratos de coworking como contratos mixtos que combinan elementos de prestación de servicios y licencia de ocupación del espacio, y no como arrendamientos puros bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 29/1994). Un arrendamiento comercial clásico (arrendamiento de local de negocio) bajo el artículo 3 de la LAU exige que el arrendatario reciba la posesión exclusiva de un local definido para una finalidad económica — un derecho que activa las protecciones estatutarias del arrendatario, incluida la libertad contractual en cuanto a duración bajo el artículo 4 de la LAU para arrendamientos comerciales. La mayoría de los acuerdos de coworking no otorgan posesión exclusiva de un espacio definido (especialmente en puestos compartidos o zonas comunes) y agrupan servicios extensos más allá de la mera ocupación, lo que desplaza la calificación hacia una prestación de servicios bajo el artículo 1544 del Código Civil. La consecuencia práctica es que los miembros de coworking generalmente no se benefician de las disposiciones de renovación tácita de la LAU ni de otras protecciones del arrendatario, lo que otorga a los operadores mayor flexibilidad en los procedimientos de terminación. Los acuerdos de despacho privado en espacios de coworking donde el miembro tiene posesión exclusiva y delimitada pueden, según los hechos, atraer la calificación de arrendamiento comercial bajo la LAU — se recomienda asesoramiento legal para acuerdos de coworking de larga duración y alto valor.
Un espacio de coworking en España puede utilizarse como domicilio fiscal para autónomos y empresas, siempre que el operador de coworking ofrezca este servicio y el espacio constituya el lugar efectivo donde se gestiona y dirige el negocio. Los autónomos notifican su domicilio fiscal a la AEAT mediante el Modelo 036 o 037. Las empresas deben registrar su domicilio social y domicilio fiscal — el domicilio social debe especificarse en los estatutos de la sociedad e inscribirse en el Registro Mercantil, y debe ser un lugar donde la empresa opere genuinamente o tenga disponibles documentos y libros para inspección. La Dirección General de Tributos de la AEAT ha aclarado que las direcciones de oficina virtual utilizadas únicamente para correo postal son insuficientes como domicilio fiscal — la dirección debe reflejar dónde tiene lugar la administración efectiva del negocio. Los operadores de coworking suelen ofrecer paquetes de domiciliación que incluyen gestión de correspondencia, reenvío de notificaciones oficiales y recepción de notificaciones certificadas, lo que puede satisfacer los requisitos de la AEAT para los miembros que utilizan regularmente el espacio físico. El contrato de coworking o un acuerdo de domiciliación complementario debe autorizar expresamente este uso.
Las cuotas de membresía de coworking en España están sujetas al tipo general del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) del 21% conforme a la Ley 37/1992 del IVA, aplicable al arrendamiento de oficinas y servicios de centros de negocios. Este tipo se aplica independientemente de si el acuerdo se califica como arrendamiento o como contrato de servicios. El operador de coworking debe emitir facturas conforme al Reglamento de facturación (RD 1619/2012) identificando separadamente la base imponible y el importe del IVA. Los miembros que sean autónomos o empresas inscritos en el IVA (sujetos pasivos) podrán deducir el IVA soportado en sus declaraciones periódicas (Modelo 303 trimestral, Modelo 390 anual), siempre que el uso del espacio de trabajo sea exclusiva o principalmente para la actividad económica. Los miembros no registrados en el IVA (consumidores, determinados profesionales exentos) soportarán el 21% de IVA como coste. Si el operador de coworking presta servicios adicionales de catering o alimentación, dichos servicios podrán estar sujetos al tipo reducido del 10% de IVA aplicable a los servicios de restauración conforme al Anexo IV de la LIVA.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 29/1994) no establece plazos de preaviso obligatorios para los arrendamientos comerciales (aplicándose la libertad contractual bajo el artículo 4 de la LAU), y los contratos de coworking calificados como contratos de servicios bajo el artículo 1544 del Código Civil están igualmente sujetos a disposiciones de preaviso libremente negociadas. En la práctica, los operadores españoles de coworking fijan los plazos de preaviso según el tipo de membresía: los puestos compartidos y las membresías flexibles suelen requerir entre 15 y 30 días de preaviso escrito; los puestos fijos habitualmente requieren 30 días de preaviso; los despachos privados y los acuerdos de mayor duración suelen requerir entre 30 y 60 días de preaviso. El plazo de preaviso debe indicarse claramente en el contrato — la ausencia de una cláusula de preaviso genera incertidumbre jurídica, y el principio general de buena fe del Código Civil (artículo 7 CC) exige un preaviso razonable en los contratos de tracto sucesivo. La resolución anticipada antes del vencimiento del período mínimo de permanencia puede activar una penalización económica equivalente a las cuotas del período mínimo restante, salvo que el contrato disponga lo contrario. Los operadores deben asegurarse de que las cláusulas de resolución no sean abusivas conforme a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998) si el acuerdo constituye condiciones generales.
Los operadores de espacios de coworking en España ostentan la responsabilidad principal sobre el entorno físico del lugar de trabajo conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. El operador debe garantizar que el local cumpla los requisitos mínimos de: ventilación, temperatura e iluminación (artículo 7, RD 486/1997); puestos de trabajo ergonómicos conforme al Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización de datos; equipos contra incendios y salidas de emergencia conforme al Código Técnico de la Edificación DB-SI; y accesibilidad para personas con discapacidad conforme al Real Decreto 173/2010. El operador debe realizar y documentar una evaluación de riesgos del local conforme al artículo 16 de la LPRL, mantener un plan de evacuación de emergencia y designar a una persona con funciones básicas de prevención. Los miembros que traigan sus propios empleados al espacio de coworking deben coordinar las medidas preventivas con el operador conforme al artículo 24 de la LPRL, que establece obligaciones conjuntas cuando varios empresarios operan en un mismo lugar de trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede inspeccionar los locales de coworking y emitir requerimientos de mejora o sanciones conforme a la LISOS.
Un operador de coworking en España solo puede extinguir una membresía sin preaviso en casos de incumplimiento esencial por parte del miembro — habitualmente definido en el contrato como el impago de cuotas tras un período de gracia determinado, el incumplimiento grave del reglamento interno (como comportamiento violento o amenazante, actividad ilegal en el local o daños intencionados a la propiedad), o el uso del espacio para actividades incompatibles con la licencia de actividad del operador. Fuera de estas circunstancias excepcionales, la resolución unilateral sin el preaviso acordado por parte del operador constituye un incumplimiento contractual que otorga al miembro el derecho a reclamar daños y perjuicios conforme al artículo 1101 del Código Civil — incluida la compensación por los costes de encontrar un espacio de trabajo alternativo y las pérdidas empresariales atribuibles a la pérdida repentina del local. Las condiciones generales de los contratos de coworking que permiten la resolución unilateral sin preaviso ni compensación pueden ser objeto de impugnación como cláusulas abusivas conforme a la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación si crean un desequilibrio significativo en perjuicio del adherente. La Dirección General de Consumo y los Juzgados de lo Mercantil tienen competencia sobre los litigios relativos a condiciones generales abusivas.
Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Las leyes varían según la jurisdicción y cambian con el tiempo. Consulte a un abogado cualificado para obtener asesoramiento específico para su situación.Aviso legal completo
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