Contrato de Concesión Administrativa España

El Contrato de Concesión Administrativa es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (art. 15), que define las prestaciones de cada parte y resulta exigible ante la jurisdicción civil.

La Ley 9/2017 LCSP, que transpuso las Directivas europeas 2014/23/UE (Directiva de Contratos de Concesión) y 2014/24/UE (Directiva de Contratación Pública) al ordenamiento jurídico español, distingue dos modalidades principales de concesión. El Artículo 15 LCSP define el Contrato de Concesión de Servicios como aquel por el que la entidad contratante encomienda la gestión de un servicio a un concesionario que asume el riesgo operacional — definido como riesgo de demanda (riesgo de demanda) o riesgo de suministro (riesgo de suministro o disponibilidad) — como elemento esencial. El Artículo 14 LCSP define el Contrato de Concesión de Obras como aquel que combina la construcción y explotación de infraestructura pública, recuperando el concesionario su inversión mediante tarifas a los usuarios o pagos públicos condicionados a la disponibilidad. La modalidad concesional regulada por el Artículo 89 LPAP contempla la ocupación y uso de bienes de dominio público — puertos, aeropuertos, carreteras, zonas costeras y otros bienes inalienables por ley.

El concepto de riesgo operacional, introducido por la Directiva 2014/23/UE y transpuesto por el Artículo 15 LCSP, es el criterio definitorio que distingue una concesión de un contrato de servicios. En una concesión genuina, el concesionario asume el riesgo real de no recuperar su inversión o costes de explotación a través de las tarifas cobradas a los usuarios o de los pagos por disponibilidad — las fluctuaciones de la demanda, los cambios en la competencia o los fallos técnicos deben poder afectar materialmente a los ingresos del concesionario. Si la administración pública asume todo el riesgo y garantiza los ingresos del concesionario con independencia de la demanda, el contrato se clasifica como contrato de servicios y no como concesión, resultando de aplicación reglas de licitación distintas.

La concesión debe adjudicarse mediante un procedimiento de licitación competitiva con arreglo a la LCSP — ya sea abierto, restringido, negociado con publicidad o diálogo competitivo — publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) para contratos que superen los umbrales europeos, y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o el Boletín Oficial autonómico o provincial correspondiente para contratos por debajo de dichos umbrales. Todas las concesiones se inscriben en el Registro de Contratos del Sector Público conforme al Artículo 346 LCSP y se publican en el Perfil del Contratante de la entidad licitadora en la PLACSP.

El plazo máximo de una concesión administrativa en España depende de su tipología. De acuerdo con el Artículo 29 LCSP, las concesiones de servicios tienen una duración máxima fijada en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), limitada al tiempo necesario para que el concesionario recupere su inversión más una rentabilidad razonable, con plazos máximos absolutos establecidos por la legislación sectorial — por ejemplo, 40 años para las concesiones de autopistas de peaje conforme a la Ley 8/1972 de Autopistas de Peaje, y 60 años para las concesiones de dominio público portuario conforme a la Ley 22/1988 de Costas (Reglamento General de Puertos — RD 2235/1997). El Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que los plazos concesionales excesivamente largos pueden constituir una restricción de la competencia incompatible con los principios del mercado interior europeo.

Las concesiones administrativas están sujetas al ius variandi (potestad de modificación) de la administración contratante — el Artículo 203 LCSP permite modificaciones de hasta el 20 % del valor inicial del contrato sin nueva licitación, y hasta el 50 % en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, requiriéndose siempre la publicación en el DOUE o en el BOE según proceda. La administración contratante conserva la potestad de rescate — Artículo 294 LCSP — mediante la que puede resolver anticipadamente la concesión por razones de interés público, previo pago al concesionario del valor neto contable de las inversiones pendientes de amortizar.

El Contrato de Concesión Administrativa en España es necesario siempre que una administración pública otorga a una entidad privada el derecho a ocupar y usar bienes de dominio público o a gestionar un servicio público con transferencia del riesgo operacional — la plantilla de contrato privado sirve para documentar los términos acordados una vez que la concesión ha sido adjudicada mediante un procedimiento de licitación competitiva con arreglo a la Ley 9/2017 LCSP.

Un Contrato de Concesión Administrativa es necesario cuando un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma otorga una concesión para la gestión de una instalación pública — un polideportivo municipal, una piscina pública, un aparcamiento público subterráneo, un mercado municipal o un local de uso cultural — al amparo de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y la legislación autonómica de régimen local aplicable.

El Contrato de Concesión Administrativa es preciso cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o una Comunidad Autónoma otorga una concesión para la explotación de un servicio público de transporte de viajeros — líneas de autobús, transporte urbano o servicios de autocares interurbanos — regulado por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT — Ley 16/1987) y su Reglamento (Real Decreto 1211/1990).

El Contrato de Concesión Administrativa es necesario cuando la Autoridad Portuaria del Estado o una autoridad portuaria autonómica (junta de puertos) otorga una concesión para el uso de la zona de servicio del puerto a un operador portuario privado conforme a la Ley 22/1988 de Costas y a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011 — Texto Refundido).

Un Contrato de Concesión Administrativa es requerido cuando la Dirección General de Costas otorga una concesión para la ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre conforme a la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento (Real Decreto 876/2014) — por ejemplo, concesiones para chiringuitos, instalaciones de amarre en puertos deportivos u operaciones de acuicultura.

El Contrato de Concesión Administrativa es necesario cuando un Ayuntamiento otorga una concesión sobre mobiliario urbano — paneles publicitarios, sistemas de bicicleta pública, puntos de recarga de vehículos eléctricos o aseos públicos — en el ejercicio de sus potestades urbanísticas conforme a la Ley del Suelo (RDL 7/2015) y la legislación autonómica aplicable.

El contrato también es necesario cuando los concesionarios privados precisan ceder o gravar sus derechos concesionales — por ejemplo, constituyendo una hipoteca sobre la concesión para financiar la inversión en infraestructuras, regulada por los artículos 107 y 108 de la Ley Hipotecaria, o cediendo la concesión a una filial con la previa autorización de la administración contratante conforme al Artículo 214 LCSP.

Un Contrato de Concesión Administrativa válido en España conforme a la Ley 9/2017 LCSP y la Ley 33/2003 LPAP debe contener los siguientes elementos esenciales para ser jurídicamente eficaz y cumplir con los requisitos del derecho administrativo.

Identificación de la Administración Concedente: Denominación completa y naturaleza jurídica de la administración pública que otorga la concesión — Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local o entidad del sector público — su NIF, el órgano de contratación responsable y el nombre del representante autorizado. Todas las entidades contratantes deben estar inscritas en el Registro de Contratos del Sector Público conforme al Artículo 346 LCSP.

Identificación del Concesionario: Denominación social completa, NIF, datos de inscripción en el Registro Mercantil y nombre y cargo del representante legal. Las empresas extranjeras deben cumplir con el Artículo 67 LCSP sobre la capacidad de las empresas no españolas y pueden estar obligadas a contar con una sucursal inscrita en el Registro Mercantil. Deben acreditarse los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica establecidos en el pliego de condiciones.

Objeto y Alcance de la Concesión: Descripción precisa del bien de dominio público a utilizar o del servicio público a gestionar, incluyendo la ubicación física y la referencia catastral de los bienes de dominio público, el alcance del servicio y la cobertura geográfica, los estándares de prestación del servicio y los indicadores de calidad (KPIs), las inversiones mínimas comprometidas y el inventario de bienes e infraestructuras que forman parte de la concesión.

Plazo de la Concesión: El plazo exacto de la concesión en años, la fecha de inicio y, en su caso, el período de construcción o inversión separado del período de explotación. El plazo debe ser proporcional a la inversión necesaria para que el concesionario recupere su capital con una rentabilidad razonable, conforme al Artículo 29 LCSP y a las recomendaciones de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa.

Canon y Modelo Económico-Financiero: El canon anual o periódico a abonar por el concesionario a la administración concedente — el importe, la fórmula de revisión de precios conforme al Artículo 103 LCSP y al RD 55/2017 de Revisión de Precios, las fechas de pago y las consecuencias de la demora. Las tarifas aplicables a los usuarios deben ser aprobadas por la administración concedente y pueden estar sujetas a las tarifas máximas fijadas en el PCAP.

Asignación del Riesgo Operacional: Asignación expresa del riesgo de demanda y del riesgo de suministro entre las partes, de conformidad con el Artículo 15 LCSP y la Directiva 2014/23/UE. El concesionario debe asumir genuinamente el riesgo de las fluctuaciones de la demanda — si la administración pública proporciona garantías de ingresos que superen el 50 % de los ingresos previstos del concesionario, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa reclasificará el contrato como contrato de servicios.

Potestades de Supervisión e Intervención (Ius Variandi y Rescate): Las potestades administrativas reservadas a la administración contratante conforme a los artículos 190-194 LCSP — el ius variandi (derecho a modificar la concesión dentro de los límites de la LCSP), el rescate (reversión forzosa en interés público previo pago de indemnización conforme al Artículo 294 LCSP) y la caducidad (extinción por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario). Estas potestades no pueden ser renunciadas contractualmente conforme al derecho administrativo español.

Plan de Inversiones y Reversión de Bienes: El programa mínimo de inversiones para el período concesional, las obligaciones de conservación y mantenimiento y las condiciones de reversión — los bienes que deben revertir a la administración concedente al término de la concesión en buen estado de funcionamiento, con las inversiones de reversión que deban realizarse en los últimos años del plazo concesional.

Cumplimiento Medioambiental y Normativo: Cumplimiento de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de las regulaciones sectoriales aplicables y de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en materia de contratos públicos.

Resolución de Conflictos y Jurisdicción: Recursos administrativos disponibles frente a las decisiones de la administración contratante — recurso de reposición (Artículo 123 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común — LPAC) y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo competente conforme a la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tiene competencia para conocer de los recursos en materia de contratación conforme al Artículo 44 LCSP.

Forms-legal.com proporciona esta plantilla de Contrato de Concesión Administrativa para España como referencia inicial. Todo contrato de concesión debe ser revisado por un abogado especializado en derecho administrativo y por los servicios jurídicos de la administración concedente antes de su formalización, para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 9/2017 LCSP, del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) aplicable y del derecho europeo de contratación pública.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la contratación pública y los contratos de concesión. La Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas regula los bienes de dominio público. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los procedimientos administrativos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resuelve los recursos en materia de contratación. El Consejo de Estado emite dictámenes vinculantes sobre las principales modificaciones y extinciones de concesiones. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.