Contrato de Albacea México — Nombramiento y Aceptación

Conforme al artículo 1683 del Código Civil Federal, cualquier persona con plena capacidad legal puede fungir como albacea: la ley no exige que el albacea sea abogado, notario o profesional financiero. Pueden fungir tanto los nacionales mexicanos como los extranjeros legalmente residentes en México. Sin embargo, el CCF establece descalificaciones específicas: las personas menores de 18 años no pueden fungir; las personas sujetas a tutela quedan excluidas; las personas que han sido condenadas por delitos contra la propiedad (robo, fraude, abuso de confianza) quedan descalificadas conforme al artículo 1683, fracción III, del CCF; y las personas que tengan un interés adverso a la sucesión o a los herederos pueden ser recusadas. Una persona moral —como el departamento fiduciario de un banco (fiduciaria bancaria) o una empresa fiduciaria profesional— puede fungir como albacea cuando el testador la designe. El testador tiene amplia discrecionalidad para elegir a su albacea: puede elegir a su cónyuge, a un hijo adulto, a un amigo cercano, a un abogado de confianza, a un contador o a una empresa fiduciaria profesional. La elección debe priorizar la confiabilidad, la capacidad organizativa y la cercanía a los bienes de la sucesión. Para las sucesiones complejas con intereses empresariales, los albaceas profesionales (abogados o contadores públicos especializados en derecho sucesorio) que cobran honorarios conforme al artículo 1731 del CCF se prefieren cada vez más sobre los familiares, que pueden carecer de la experiencia o la imparcialidad para administrar una sucesión compleja.

Los deberes del albacea conforme a los artículos 1700 a 1715 del Código Civil Federal abarcan todo el ciclo de la administración de la sucesión, desde la aceptación del cargo hasta la distribución final. Entre los deberes principales están: preparar un inventario formal con razón jurada de todos los bienes de la sucesión dentro de los 60 días siguientes a la aceptación, conforme al artículo 1700 del CCF; obtener avalúos periciales certificados de todos los inmuebles y de los bienes personales importantes; tomar posesión de los bienes de la sucesión y administrarlos para preservar su valor en tanto se distribuyen; pagar todas las deudas legítimas del fallecido (deudas del de cujus) —incluidos los saldos hipotecarios, los adeudos fiscales con el SAT, las cuotas del IMSS y las deudas personales con respaldo documentado de CFDI— con fondos de la sucesión; pagar los legados específicos establecidos en el testamento; representar a la sucesión en todos los procedimientos judiciales, administrativos y notariales; presentar la declaración de ISR de la sucesión por el año del fallecimiento y por cualquier año anterior no presentado ante el SAT; administrar cualquier interés empresarial en curso hasta su distribución o liquidación; mantener las cuentas bancarias de la sucesión; y, finalmente, distribuir la sucesión neta a los herederos en las proporciones establecidas en el testamento. El albacea debe rendir una cuenta final que muestre todos los ingresos, egresos y la sucesión distribuible resultante a cada heredero antes de cerrar la sucesión. Conforme al artículo 1720 del CCF, los tribunales pueden remover al albacea que incumpla estos deberes.

La remuneración del albacea (honorarios del albacea) en México se rige por el artículo 1731 del Código Civil Federal, que establece un tabulador presuntivo de honorarios en ausencia de un acuerdo específico o de una designación testamentaria: 2% del valor de la sucesión administrada por la administración ordinaria; y un monto adicional determinado por el tribunal por los servicios extraordinarios, como un litigio complejo o la liquidación de un negocio. El testador puede establecer un honorario distinto en el testamento —ya sea un monto fijo, un porcentaje de la sucesión o una combinación—, y esta designación testamentaria tiene prelación sobre el tabulador legal. Cuando el albacea es también heredero de la sucesión, por lo general renuncia a su remuneración o recibe solo un honorario nominal. Los albaceas profesionales —abogados, contadores públicos o empresas fiduciarias— acostumbran negociar su estructura de honorarios con antelación, ya sea mediante una cláusula en el testamento o mediante un convenio de honorarios por separado otorgado al momento de la aceptación. El honorario del albacea se paga con fondos de la sucesión antes de la distribución a los herederos y constituye un gasto privilegiado de la sucesión. Para efectos del IVA, los honorarios del albacea profesional están sujetos a IVA al 16% conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y el albacea profesional debe emitir comprobantes CFDI por todos los pagos de honorarios. Para efectos del SAT, los honorarios del albacea constituyen ingresos por prestación de servicios profesionales sujetos a ISR conforme al régimen fiscal aplicable del albacea profesional.

La facultad del albacea para enajenar bienes de la sucesión en México depende de los términos del testamento, de las disposiciones del CCF y, en algunos casos, del consentimiento de los herederos. Conforme al artículo 1701 del CCF, el albacea tiene facultad para administrar los bienes de la sucesión —lo que puede incluir vender bienes perecederos, cobrar créditos y pagar deudas—, pero la facultad para vender bienes inmuebles o bienes muebles importantes por lo general requiere autorización testamentaria expresa o el consentimiento de todos los herederos y legatarios. El artículo 1703 del CCF autoriza al albacea a vender los bienes muebles de la sucesión que estén en riesgo de deterioro o que generen un ingreso insuficiente en relación con su costo de conservación, previo aviso a los herederos. Para la venta de inmuebles, el enfoque preferido es obtener el consentimiento expreso de los herederos (acuerdo de herederos) documentado en un instrumento notarial, que entonces autoriza al albacea a otorgar la escritura de compraventa ante Notario Público. Cuando los herederos no están de acuerdo con una venta propuesta, el albacea puede solicitar al Juzgado Civil competente la autorización judicial para la enajenación de bienes hereditarios conforme a las disposiciones del CPC que rigen la administración de la sucesión. Los compradores de bienes de la sucesión deben verificar que la venta esté debidamente autorizada por el albacea con el consentimiento apropiado de los herederos o del juez antes de firmar la escritura de compraventa; cualquier venta sin la autorización adecuada puede ser objeto de impugnación (nulidad relativa) por los herederos excluidos.

El derecho mexicano no establece un periodo máximo fijo para la administración de la sucesión, pero el artículo 1704 del Código Civil Federal obliga al albacea a concluir la distribución de la sucesión dentro del año siguiente a la aceptación del cargo (un año contado desde que se le discernió el cargo), sujeto a prórroga por causa justificada. En la práctica, los plazos de administración de la sucesión en México varían enormemente según la complejidad de la sucesión, el número de herederos, si hay algún litigio entre los herederos (juicio de petición de herencia), los asuntos fiscales por resolver con el SAT y la eficiencia del tribunal competente. Las sucesiones no contenciosas con testamento válido, bienes claros y herederos cooperadores pueden distribuirse en seis a doce meses. Las sucesiones contenciosas, las que implican la liquidación de un negocio o las que tienen inmuebles en varios estados que requieren procedimientos de inscripción separados pueden tardar de tres a siete años. El albacea tiene la obligación continua, conforme al artículo 1711 del CCF, de rendir cuentas periódicas a los herederos durante el periodo de administración; los herederos que consideren que el albacea está causando demoras innecesarias pueden solicitar al Juzgado Civil competente que fije un plazo específico o que remueva y sustituya al albacea conforme al artículo 1720 del CCF. Para las sucesiones de residentes mexicanos que fallecen en el extranjero, surgen demoras adicionales por la necesidad de apostillar y traducir las actas de defunción extranjeras y de coordinarse con los tribunales sucesorios extranjeros respecto de los bienes ubicados internacionalmente.

El albacea en México tiene la responsabilidad de identificar y cumplir las obligaciones fiscales pendientes del fallecido con el SAT y de asegurar que las distribuciones de la sucesión se realicen conforme a las reglas fiscales aplicables. Entre las principales obligaciones fiscales están: presentar la declaración anual final de ISR del ejercicio de fallecimiento del de cujus conforme al artículo 98 de la LISR, que cubre los ingresos obtenidos del 1 de enero hasta la fecha de la muerte; pagar cualquier ISR, IVA, IEPS u otro adeudo fiscal federal pendiente identificado en la cuenta corriente del contribuyente del SAT usando el RFC de la sucesión —la sucesión conserva el RFC del fallecido hasta que concluya el juicio sucesorio—; y presentar las declaraciones de años anteriores no presentadas que el fallecido hubiera omitido. Conforme al artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF), los herederos y los albaceas son responsables solidarios de los adeudos fiscales del fallecido hasta el valor de los bienes de la sucesión recibidos. Para las sucesiones que incluyen ingresos por negocio, por arrendamiento o por servicios profesionales, el albacea debe asegurar que se cumplan todas las declaraciones fiscales y las obligaciones de CFDI ante el SAT hasta que se liquiden o transfieran las actividades del negocio al heredero. No existe impuesto sucesorio ni a la herencia a nivel federal en México conforme a la ley vigente: las herencias recibidas por los herederos se tratan como exentas de ISR conforme al artículo 93, fracción XXII, de la LISR. Sin embargo, cuando un heredero vende más adelante un bien heredado, la ganancia queda sujeta a ISR conforme al artículo 126 de la LISR, siendo el costo base el valor del avalúo certificado al momento de la herencia.

El albacea y el tutor son figuras jurídicas fundamentalmente distintas en el derecho civil mexicano, aunque ambas implican que una persona administre bienes en nombre de otra. El albacea administra el patrimonio hereditario de una persona fallecida; su función es temporal, dura solo hasta que la sucesión se distribuye por completo a los herederos, y su facultad deriva del testamento del testador o de un nombramiento judicial en el juicio sucesorio. El albacea representa los intereses de la sucesión en su conjunto, equilibrando los derechos de todos los herederos y acreedores. El tutor, en cambio, administra los bienes de una persona viva que carece de plena capacidad legal —ya sea un menor de edad o un mayor sujeto a interdicción por discapacidad o incapacidad— conforme a los artículos 449 a 640 del CCF. La función del tutor continúa mientras persista la incapacidad y es supervisada por el Juez de lo Familiar mediante revisiones periódicas de cuentas. Tanto el albacea como el tutor están sujetos a obligaciones de rendición de cuentas y pueden ser personalmente responsables por la mala administración, pero los procedimientos para su nombramiento, supervisión y remoción difieren por completo. El procedimiento del albacea (juicio sucesorio) lo atiende el Juzgado Civil competente, mientras que los procedimientos de tutela (juicio de tutela) los atiende el Juzgado de lo Familiar. Los testadores con hijos menores deben atender ambos cargos en su planeación patrimonial: nombrar a un albacea para la administración de los bienes y a un tutor para el cuidado personal de los hijos si ambos padres fallecen de manera simultánea.