Acuerdo de Disolución y Liquidación de Sociedad México

El Artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece cinco causas de disolución de una sociedad mercantil mexicana: (I) vencimiento del plazo establecido en la escritura constitutiva (vencimiento del plazo) — la mayoría de las sociedades modernas se constituyen por tiempo indefinido (duración indefinida), evitando esta causa; (II) imposibilidad de realizar el objeto social (imposibilidad de realizar el objeto social) — por ejemplo, porque la autorización gubernamental necesaria para las actividades reguladas de la sociedad ha sido revocada; (III) acuerdo de los socios adoptado en asamblea extraordinaria de accionistas (asamblea extraordinaria de accionistas) — la causa más común para disolucion planificadas; (IV) porque el número de socios cae por debajo del mínimo legal — al menos dos accionistas para una S.A. conforme al Artículo 89 Fracción I LGSM; y (V) pérdida de más de dos terceras partes del capital social (pérdida de dos terceras partes o más del capital social) — requiriendo asamblea extraordinaria para recapitalizar la sociedad o votar por su disolución. La resolución de disolución bajo la Causa III debe adoptarse por la mayoría de accionistas establecida en los estatutos para resoluciones extraordinarias — típicamente el 75% o más del capital representado. La resolución de disolución debe formalizarse ante Notario Público o Corredor Público e inscribirse en el Registro Público de Comercio (RPC).

El liquidador (liquidador) es la persona designada por los accionistas o socios en la asamblea de disolución para administrar la liquidación de la sociedad mercantil mexicana conforme a los Artículos 237–244 LGSM. El liquidador sustituye al Consejo de Administración (Consejo de Administración) desde su designación y asume la representación legal plena de la sociedad para todos los efectos relacionados con la liquidación. Conforme al Artículo 241 LGSM, las responsabilidades principales del liquidador incluyen: (1) concluir las operaciones pendientes que existían antes de la disolución; (2) cobrar todos los créditos a favor de la sociedad; (3) pagar todos los pasivos — comenzando con las obligaciones laborales bajo la LFT, seguidas de las obligaciones con IMSS, INFONAVIT y SAT, y luego los acreedores comerciales; (4) vender los bienes de la sociedad en la medida necesaria para pagar a los acreedores; (5) presentar todas las declaraciones fiscales requeridas durante el período de liquidación conforme al Artículo 12 LISR y el CFF; (6) presentar la cuenta final de liquidación (cuenta final de liquidación) a los accionistas para su aprobación; y (7) distribuir el remanente (remanente) a los accionistas prorrateado a su participación en el capital social tras liquidar todas las obligaciones. El liquidador debe ser persona física (persona física) con capacidad legal; puede ser uno de los accionistas, un director o un profesional externo. El liquidador es personalmente responsable de los daños causados por dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

La liquidación de una sociedad mercantil mexicana genera obligaciones fiscales específicas bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). A partir de la fecha de la resolución de disolución, la sociedad entra en un período especial de liquidación fiscal (período de liquidación fiscal) regulado por el Artículo 12 LISR. El liquidador debe presentar: (1) declaraciones mensuales provisionales de ISR (declaraciones mensuales provisionales) durante todo el período de liquidación, calculadas sobre el ingreso gravable acumulado desde el inicio de la liquidación; (2) declaraciones anuales de ISR por cada ejercicio fiscal de la liquidación, utilizando el método de cálculo anual del Artículo 12 LISR; y (3) declaración final de liquidación (declaración final de liquidación) dentro del mes siguiente a la fecha en que se concluya la liquidación. El SAT emite la constancia de no adeudo fiscal (constancia de no adeudo fiscal) una vez liquidadas todas las obligaciones de ISR, IVA y demás contribuciones federales — requisito previo para la distribución final a accionistas y la cancelación del RFC. La distribución de activos a accionistas en la liquidación puede constituir dividendo gravable (dividendo) o ganancia de capital (ganancia de capital) para los accionistas receptores, dependiendo de si la distribución excede la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de la sociedad. El ISR sobre el exceso de distribución sobre la CUFIN debe retenerse y enterarse por el liquidador conforme a los Artículos 10 y 140 LISR.

La liquidación de una sociedad mexicana desencadena la terminación de todas las relaciones laborales (relaciones laborales) bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT) — la sociedad debe pagar todas las prestaciones laborales acumuladas a cada trabajador antes de concluir la liquidación. Las obligaciones laborales representan los créditos de mayor prioridad en las liquidaciones mexicanas — deben pagarse antes que a los acreedores comerciales, las autoridades fiscales o los accionistas. Las obligaciones laborales a liquidar son: (1) Finiquito — salario acumulado e impagado, aguinaldo proporcional (15 días por año conforme al Artículo 87 LFT), días de vacaciones proporcionales (6 días en el primer año, incrementando conforme al Artículo 76 LFT) y prima vacacional proporcional (25% del pago vacacional conforme al Artículo 80 LFT), y demás prestaciones acumuladas bajo el contrato individual o colectivo; (2) Indemnización constitucional — tres meses de salario más 20 días por año de antigüedad conforme al Artículo 50 LFT (para contratos de tiempo indefinido); (3) Prima de antigüedad — 12 días de salario por año de servicio, hasta el doble del salario mínimo, para trabajadores con más de 15 años de servicio conforme al Artículo 162 LFT. El IMSS e INFONAVIT deben ser notificados de la terminación del registro patronal y todas las cuotas obrero-patronales pendientes deben pagarse antes de que se emitan los avisos de baja patronal. El liquidador es personalmente responsable conforme al Artículo 29 LFT de verificar que todas las obligaciones laborales sean liquidadas antes de cualquier distribución de activos a los accionistas.

El tiempo necesario para completar la disolución y liquidación de una sociedad mercantil mexicana varía significativamente según el tamaño de la sociedad, el número de empleados, la complejidad de activos y pasivos, y la rapidez con que el SAT e IMSS emitan las constancias de no adeudo. Para una sociedad pequeña (microempresa o PYME) sin empleados, sin activos relevantes y sin pasivos pendientes — salvo declaraciones fiscales ante el SAT e IMSS — el proceso de disolución y liquidación puede concluirse en 3 a 6 meses: 1 mes para aprobar la resolución de disolución y protocolizarla ante Notario Público; 1 a 2 meses para completar la baja ante el SAT e IMSS; y 1 a 2 meses para protocolizar las actas finales de liquidación y cancelar la sociedad en el RPC. Para sociedades con empleados, contratos comerciales activos, activos inmobiliarios, litigios pendientes o cuentas por cobrar significativas, el proceso de liquidación suele tomar entre 12 y 18 meses o más. El retraso más común es la obtención de la constancia de no adeudo fiscal del SAT — el proceso de revisión del SAT puede tomar de 3 a 6 meses, durante los cuales el liquidador debe continuar presentando declaraciones mensuales de ISR. Conforme al Artículo 246 LGSM no existe plazo legal para completar una liquidación voluntaria, pero el liquidador debe actuar con diligencia razonable y presentar informes periódicos a los accionistas.

Si los activos de la sociedad mercantil en disolución son insuficientes para cubrir todos los pasivos durante el proceso de liquidación, la sociedad se encuentra en estado de insolvencia (en estado de insolvencia) y la liquidación voluntaria bajo los Artículos 237–247 LGSM debe ceder ante el concurso mercantil bajo la Ley de Concursos Mercantiles (LCM). La LCM — publicada en el DOF el 12 de mayo de 2000 y reformada sustancialmente en 2014 — establece el marco para la reorganización (conciliación) y quiebra (quiebra) de sociedades mercantiles mexicanas que no pueden pagar sus obligaciones al vencimiento. El liquidador que descubra durante la liquidación voluntaria que los activos son insuficientes debe notificar a los accionistas y, conforme al Artículo 10 LCM, puede estar obligado a solicitar el concurso mercantil ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal — no hacerlo puede exponer a los directores y al liquidador a responsabilidad personal bajo el Artículo 69 LCM por agravamiento de la insolvencia. En el concurso mercantil, la LCM establece el siguiente orden de prelación: créditos laborales bajo la LFT tienen primera prioridad; los créditos del IMSS e INFONAVIT tienen segunda prioridad; los acreedores garantizados siguen en orden de sus garantías reales; y los acreedores quirografarios (acreedores quirografarios) se distribuyen prorrateadamente los activos remanentes. Los accionistas y socios no reciben nada hasta que todos los acreedores hayan sido pagados en su totalidad.

Al concluir la liquidación de una sociedad mercantil mexicana, el liquidador debe cancelar o dar de baja formalmente la sociedad ante todos los registros y autoridades gubernamentales relevantes. Las cancelaciones principales requeridas son: (1) Registro Público de Comercio (RPC) — el liquidador debe protocolizar la escritura de liquidación final (escritura de liquidación final) ante Notario Público o Corredor Público, que registre la conclusión de la liquidación, la liquidación de todos los pasivos, la distribución del remanente y la disolución formal de la sociedad. Dicha escritura se inscribe en el RPC para cancelar el folio mercantil de la sociedad. (2) Servicio de Administración Tributaria (SAT) — el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) debe cancelarse a través del portal del SAT (Cancelación de RFC) después de presentar la declaración final de ISR de liquidación y obtener la constancia de no adeudo fiscal. Conforme al Artículo 27 CFF, las sociedades que omitan cancelar su RFC siguen obligadas a presentar declaraciones mensuales y anuales aunque hayan cesado operaciones. (3) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) — el registro patronal (registro patronal) debe cancelarse mediante aviso de baja patronal ante el IMSS una vez liquidadas todas las cuotas obrero-patronales pendientes. (4) INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) — debe presentarse la baja patronal ante el INFONAVIT para cancelar las obligaciones de aportaciones al fondo de vivienda. (5) Registros estatales y municipales — según la ubicación e industria de la sociedad, deben cancelarse los registros mercantiles estatales, licencias municipales de funcionamiento y registros regulatorios sectoriales.