Contrato de Prácticas Profesionales (España)

El Contrato de Prácticas Profesionales es, en España, el contrato escrito regulado por Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015) art. 11.1; Real Decreto 1026/2011; Real Decreto-Ley 32/2021, que define las prestaciones de cada parte y resulta exigible ante la jurisdicción civil.

El contrato de prácticas profesionales (art. 11.3 ET en la redacción del RDL 32/2021) se celebra con trabajadores que poseen una titulación — título universitario de grado, máster o doctorado; ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior; certificado de profesionalidad; u otra certificación oficial equivalente — y no han ejercido actividad profesional igual o similar durante más de tres años (cinco años para trabajadores con discapacidad) desde la obtención del título habilitante. El contrato permite al trabajador adquirir experiencia y práctica profesional en un puesto ajustado al nivel de su cualificación.

La duración del contrato de prácticas profesionales oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de un año (frente a los dos años que permitía el antiguo contrato en prácticas). Puede pactarse un período de prueba de hasta un mes. Si al término del contrato el empresario incorpora al trabajador con carácter indefinido, el tiempo de prácticas computa a efectos de antigüedad.

El salario no puede ser inferior al 60% del establecido en el convenio colectivo sectorial para un trabajador que desempeñe las mismas o equivalentes funciones — o al SMI si fuera superior — durante el primer año, ni inferior al 75% en el segundo año (art. 11.3.h ET). Esta protección salarial reforzada constituyó una de las principales novedades de la Reforma Laboral de 2021.

El contrato de formación en alternancia (art. 11.2 ET), por su parte, está dirigido a trabajadores que cursan simultáneamente estudios para la obtención de un título — combinando trabajo y formación — con un límite de edad de 30 años (sin límite para colectivos vulnerables). Requiere convenio de cooperación con la institución formativa y el tiempo de trabajo no puede superar el 65% de la jornada ordinaria en el primer año ni el 85% en el segundo.

Desde el punto de vista de la Seguridad Social, los trabajadores con contrato de prácticas profesionales quedan plenamente incluidos en el Régimen General de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con cotización por todas las contingencias, incluido el desempleo (prestación de la que carecían en el régimen anterior). El empresario puede beneficiarse de bonificaciones en las cuotas empresariales del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) por la conversión del contrato en indefinido.

El contrato de prácticas profesionales debe comunicarse al SEPE en el plazo de 10 días hábiles desde su firma a través de la plataforma Contrat@ (art. 16.1 ET). El empresario está obligado a facilitar al trabajador un plan formativo individualizado en el que se especifiquen las competencias a desarrollar, el tutor designado y los criterios de evaluación.

El Contrato de Prácticas Profesionales en España es necesario siempre que una empresa desee contratar a un trabajador recientemente titulado por un período determinado para que aplique y desarrolle las competencias adquiridas durante su formación académica o profesional, bajo el marco específico del Artículo 11.3 del ET.

Se requiere cuando una empresa desea contratar a un titulado universitario (grado, máster o doctor) en su primer puesto relacionado con su titulación — por ejemplo, un licenciado en Derecho como abogado junior, un graduado en Administración de Empresas como analista financiero, o un ingeniero recién titulado en un puesto de desarrollo de producto — dentro de los tres años siguientes a la obtención del título.

Es necesario cuando una empresa contrata a un titular de un ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior para un puesto relacionado con su especialidad — por ejemplo, un técnico superior en Producción Audiovisual en una empresa de medios, o un técnico superior en Administración y Finanzas en el departamento contable de una empresa.

Se precisa cuando el empleador desea convertir unas prácticas universitarias no laborales en una relación laboral formal — el contrato de prácticas profesionales proporciona el marco jurídico adecuado, con plena protección de Seguridad Social y salario mínimo obligatorio, a lo que anteriormente era una beca voluntaria.

Es necesario cuando una empresa multinacional con programa formal de captación de talento joven desea contratar a graduados universitarios o de FP en España mediante un contrato formativo a tiempo determinado legalmente válido, con opción de conversión a indefinido al término del período de prácticas.

Se requiere en profesiones reguladas — bufetes de abogados, clínicas médicas, estudios de arquitectura, farmacias — cuando se contrata a un profesional recién titulado que debe completar un período de prácticas supervisadas como requisito para la colegiación en el Colegio Profesional correspondiente.

Bajo el Estatuto de los Trabajadores (ET) RDL 2/2015, la normativa laboral española regula los contratos, despidos y condiciones de trabajo. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) gestiona las cotizaciones. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) administra las prestaciones por desempleo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vela por el cumplimiento laboral. Los Juzgados de lo Social resuelven los conflictos laborales bajo la Ley 36/2011.

El Contrato de Prácticas Profesionales en España es igualmente necesario en supuestos adicionales regulados por la normativa laboral y educativa. El Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, sobre prestaciones de Seguridad Social de becarios e investigadores, y su sucesora normativa en el Real Decreto 1537/2011, establecen la obligación de cotización a la Seguridad Social por los estudiantes en prácticas, exigiendo un contrato escrito que recoja la base de cotización y la entidad gestora aplicable. La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, Artículo 37, regula las prácticas profesionales de FP dual y no dual, exigiendo acuerdo de colaboración entre el centro educativo y la empresa y contrato de prácticas para el estudiante. El Artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, ET) regula el contrato en prácticas — ahora denominado contrato formativo en alternancia o contrato formativo para la práctica profesional tras la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo — con limitación de duración máxima de un año, retribución mínima del 60% del primer año y 75% del segundo respecto al salario del convenio colectivo aplicable, y cotización reducida a la Seguridad Social gestionada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Forms-legal.com pone a disposición esta plantilla de Contrato de Prácticas España para formalizar los acuerdos de formación práctica conforme al ET y la Ley de Empleo.

Un Contrato de Prácticas Profesionales válido en España conforme al Artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto-Ley 32/2021 debe contener los siguientes elementos esenciales para ser ejecutable y cumplir con los requisitos de registro en el SEPE y las obligaciones de cotización a la Seguridad Social.

Identificación de las partes: Nombre completo, DNI/NIF/NIE y domicilio del empresario y del trabajador en prácticas. Debe indicarse el Código de Cuenta de Cotización (CCC) del empleador ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Para empleadores personas jurídicas, el NIF, los datos de inscripción en el Registro Mercantil y el nombre del representante legal que suscribe el contrato.

Titulación y contexto formativo: Título oficial habilitante del trabajador — denominación exacta, institución que lo expide, fecha de obtención — y acreditación de que no han transcurrido más de 3 años (5 para trabajadores con discapacidad) desde la obtención del título. La actividad objeto del contrato debe guardar relación con el nivel y especialidad de la titulación conforme al art. 11.3 ET. Debe aportarse copia del título.

Puesto de trabajo y funciones: Denominación del puesto, descripción de las actividades y funciones que desempeñará el trabajador, y su relación con el contenido de la titulación habilitante. Debe identificarse el grupo profesional (art. 22 ET) y el convenio colectivo sectorial aplicable.

Plan formativo: El plan formativo individualizado exigido por el art. 11.3 ET y las directrices del SEPE, con indicación de: competencias y habilidades a desarrollar; nombre y cualificación del tutor designado; metodología de seguimiento y evaluación; y objetivos formativos al término del contrato. Al finalizar el contrato, el empresario debe entregar al trabajador una certificación escrita de las competencias adquiridas.

Duración: Período acordado entre un mínimo de 3 meses y un máximo de 1 año (art. 11.3 ET), con fechas de inicio y fin expresas. El contrato puede prorrogarse dentro del límite máximo de 12 meses si la duración inicial es inferior. Puede pactarse un período de prueba de hasta 1 mes.

Retribución: Salario bruto acordado, que no puede ser inferior al 60% del establecido en el convenio colectivo para un trabajador que realice las mismas o equivalentes funciones — o al SMI si fuera superior — durante el primer año, ni al 75% en el segundo año (art. 11.3.h ET). Debe indicarse el importe mensual bruto, la periodicidad del pago y las tablas salariales del convenio aplicable.

Jornada de trabajo: Horas semanales y horario acordados. La jornada es la ordinaria aplicable a trabajadores fijos comparables, salvo que se pacte expresamente un contrato a tiempo parcial.

Convenio colectivo aplicable: Convenio colectivo del sector de la actividad empresarial, que complementa los mínimos del ET en materia salarial, días de vacaciones y condiciones de trabajo.

Seguridad Social: Obligación del empleador de dar de alta al trabajador en la TGSS antes del inicio de la actividad, con cotización por todas las contingencias: comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA. Deben aplicarse correctamente los códigos de cotización propios del contrato de prácticas profesionales según las tarifas de la TGSS.

Registro en el SEPE: Obligación de comunicar el contrato al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los 10 días hábiles siguientes a su firma a través de la plataforma Contrat@ (art. 16.1 ET).

Protección de datos: Cláusula de cumplimiento del RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), informando al trabajador del tratamiento de sus datos personales por el empleador, la base jurídica (ejecución del contrato, art. 6.1(b) RGPD) y sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Forms-legal.com facilita este modelo de Contrato de Prácticas Profesionales para España como referencia práctica. Todo contrato de prácticas debe ser revisado por un abogado laboralista o gestor laboral para confirmar su adecuación al art. 11 ET reformado, al convenio colectivo sectorial aplicable y a los códigos de cotización de la TGSS.

El Contrato de Prácticas Profesionales España debe recoger además los elementos de cumplimiento legal que exige la normativa española. La cotización a la Seguridad Social por prácticas académicas externas es obligatoria desde el Real Decreto 1493/2011, con bases y tipos reducidos gestionados a través del Sistema RED de la TGSS; el contrato debe indicar el grupo de cotización aplicable y el número de afiliación a la Seguridad Social del becario si ya consta. El Artículo 14 ET (Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015) prohíbe el período de prueba en el contrato formativo para la práctica profesional cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones en la empresa bajo cualquier modalidad contractual. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Artículo 46, exige que el plan de igualdad de la empresa (obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores) contemple la inclusión de becarios y trabajadores en prácticas en las medidas de igualdad. Forms-legal.com ofrece esta plantilla de Contrato de Prácticas España como punto de partida; los contratos formativos deben adaptarse al convenio colectivo sectorial aplicable y revisarse con un asesor laboral o graduado social colegiado (CGSE) antes de su firma y registro en el SEPE. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.