Property Manager Contract Spain (Contrato de Administrador de Fincas)
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH), artículo 13
y el Código Civil (artículos 1709–1739 — mandato)
1. PARTES
CLIENTE:
Nombre: [Client Name]
NIF / CIF: [Client NIF]
Domicilio: [Client Address]
Representado por: [Client Representative]
ADMINISTRADOR DE FINCAS:
Nombre: [Administrator Name]
NIF / CIF: [Administrator NIF]
Domicilio: [Administrator Address]
Correo electrónico: [Administrator Email]
Teléfono: [Administrator Phone]
N.º de colegiado (Colegio de Administradores de Fincas): [Colegio Membership]
2. INMUEBLE A ADMINISTRAR
Dirección: [Property Address]
Referencia catastral: [Catastral Reference]
Descripción: [Property Description]
Tipo de administración: [Management Type]
3. OBJETO DEL CONTRATO
[Administrator Name] queda nombrado para prestar los siguientes servicios de administración de fincas: [Services Scope]
Para la administración de comunidades de propietarios, las funciones del administrador están definidas por el artículo 20 de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (LPH), en su redacción dada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, e incluyen: (a) velar por el buen régimen de la casa y sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares; (b) preparar el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos; (c) atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al Presidente o a los propietarios; (d) ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes; (e) actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.
Autorización de firma de cuentas bancarias: [Bank Authority]
4. HONORARIOS PROFESIONALES
Honorarios mensuales: [Monthly Fee]
Honorarios por servicios extraordinarios: [Extraordinary Fees]
Las facturas se emitirán mensualmente y serán pagaderas en el plazo de 30 días desde la fecha de emisión. Los intereses de demora se devengarán conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5. DURACIÓN Y EXTINCIÓN
El presente contrato comenzará el [Start Date] por un plazo inicial de [Contract Term]. Se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes comunique por escrito su voluntad de no renovarlo con al menos [Notice Period] de antelación al vencimiento del período en curso.
Para las comunidades de propietarios, el cargo puede cesar en cualquier momento por acuerdo de la Junta de Propietarios por mayoría simple, conforme al artículo 13 LPH. La rescisión por parte del cliente sin causa antes del vencimiento del plazo pactado podrá dar lugar a indemnización al administrador por la parte del período no transcurrido.
A la extinción del contrato, [Administrator Name] entregará al cliente, en el plazo máximo de 15 días hábiles, toda la documentación de la comunidad — Libro de Actas, registros contables, extractos bancarios, llaves, códigos de acceso, pólizas de seguros, informes de reparaciones pendientes y cualquier otra documentación custodiada en nombre de [Client Name].
6. PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD — ARTÍCULO 28)
[Administrator Name] actúa como encargado del tratamiento (data processor) conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), tratando datos personales de los propietarios y residentes por cuenta de [Client Name] (responsable del tratamiento). [Administrator Name] se obliga a: (1) tratar los datos personales únicamente según las instrucciones documentadas de [Client Name]; (2) aplicar las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas conforme al artículo 32 RGPD; (3) mantener un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) conforme al artículo 30 RGPD; (4) notificar a [Client Name] cualquier violación de la seguridad de los datos personales en el plazo de 24 horas; (5) no subcontratar el tratamiento sin autorización escrita previa; y (6) devolver o destruir todos los datos personales al término del presente contrato. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en aepd.es es la autoridad de control competente.
7. RESPONSABILIDAD Y SEGURO
[Administrator Name] declara disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (seguro de RC profesional) que cubre la negligencia en el ejercicio de las funciones de administración, con cobertura suficiente para el valor del inmueble gestionado y de los fondos comunitarios. Los datos de la póliza se facilitarán a [Client Name] a su solicitud.
[Administrator Name] responderá de los daños ocasionados por incumplimiento del presente contrato conforme al artículo 1101 del Código Civil y por actos negligentes conforme al artículo 1902. La responsabilidad por dolo no puede excluirse en virtud del artículo 1102 del Código Civil. La apropiación indebida de fondos comunitarios puede constituir el delito del artículo 253 del Código Penal.
8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente contrato se rige por la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (LPH), el Código Civil (artículos 1709–1739) y las normas deontológicas del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE). Las controversias se someterán al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se encuentre el inmueble gestionado.
FIRMAS
Firmado en [Contract City], a [Contract Date].
CLIENTE — [Client Name]
Representado por: [Client Representative]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
ADMINISTRADOR DE FINCAS — [Administrator Name]
N.º de colegiado: [Colegio Membership]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Cliente (Comunidad / Propietario)
________________
Signature
Administrador de Fincas
________________
Signature
What Is a Property Manager Contract Spain (Contrato de Administrador de Fincas)?
A Property Manager Contract Spain (Contrato de Administrador de Fincas) is a professional services agreement governed by Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH), Article 13, by which a comunidad de propietarios (homeowners' association), a property owner, or an investor appoints a qualified administrador de fincas to manage the administration, maintenance, accounting, and legal compliance of residential or commercial property in Spain. The administrador de fincas is a regulated professional in Spain whose activities are governed by LPH, the Estatutos Particulares of each comunidad de propietarios, and the ethical and professional rules of the Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) and its 54 territorial Colegios de Administradores de Fincas (CAF).
Article 13.6 of Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (as amended by Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal) establishes that the administrador de fincas need not be a propietario of the comunidad — a professional who does not own a flat in the building may be appointed. The LPH does not require that the administrador be a member of the professional Colegio de Administradores de Fincas, but the Colegios provide professional liability insurance (seguro de responsabilidad civil profesional) and access to the fidelity guarantee required by many comunidades. The CGCAFE Code of Professional Ethics establishes standards of conduct for colegiados — adherence to ethical standards, independence from conflicts of interest, confidentiality, and continuing professional development.
The functions of the administrador de fincas in a comunidad de propietarios are defined in Article 20 LPH: (a) watching over the ordinary operation of the common services (servicios e instalaciones comunes) and making urgent necessary expenditures; (b) preparing the budget (presupuesto anual) and the settlement of annual accounts (liquidación de cuentas); (c) acting as secretary of the Junta de Propietarios (the homeowners' assembly) — unless the position is separately filled — and safeguarding the documentación (actas, estatutos, ficheros de morosos); (d) preparing the pending works (obras pendientes), repair needs, and management measures to submit to the Junta; (e) carrying out the agreements adopted by the Junta as regards to maintenance, works, and services; and (f) any other functions entrusted to the administrador by the Junta de Propietarios.
Beyond comunidad de propietarios management, the administrador de fincas also provides individual property management services (administración de patrimonio inmobiliario) to private owners, investors, and institutional clients — managing rental properties (gestión de arrendamientos), overseeing tenant relations, collecting rents, managing maintenance contractors, and handling communications with the Agencia Tributaria (AEAT) on rental income tax (IRPF under Ley 35/2006 and IRNR for non-resident landlords under Real Decreto Legislativo 5/2004).
The profession of administrador de fincas in Spain is subject to ongoing legislative discussion regarding mandatory colegiación (professional body membership) — currently voluntary under the general framework established by Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, as modified by Ley 25/2009 (Ley Ómnibus). Several autonomous communities — including Cataluña (Llei 13/2006 de les administradores de finques), Balear Islands, and the Comunitat Valenciana — have adopted regional legislation imposing stricter conditions on the profession within their territories. The Tribunal Supremo has repeatedly ruled on the liability of administradores de fincas for negligent management of comunidad funds — negligence in managing community finances may give rise to personal liability under Código Civil Articles 1101 and 1902.
When Do You Need a Property Manager Contract Spain (Contrato de Administrador de Fincas)?
A Property Manager Contract Spain is needed whenever a comunidad de propietarios, property owner, or real estate investor wishes to appoint a professional administrador de fincas to manage property in Spain on their behalf, on a contractual basis that defines the scope of services, fees, duties, and liability.
A Contrato de Administrador de Fincas is needed when a comunidad de propietarios appoints a new professional administrador — Article 13 LPH requires that the appointment be made at the Junta General de Propietarios and recorded in the Libro de Actas (minutes book), but the LPH does not specify the terms of the professional services contract, which must be governed by a separately drafted agreement.
A Property Manager Contract is needed when a private property owner (arrendador) who owns multiple residential or commercial rental properties in Spain appoints an administrador de fincas to manage the full property portfolio — collecting rents, managing tenant relations, overseeing maintenance, and handling annual IRPF income declarations (Modelo 100) or IRNR declarations (Modelo 210) for non-resident owners.
A Contrato de Administrador de Fincas is needed when a Spanish real estate investment company (SOCIMI — Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario, governed by Ley 11/2009, or a private fund) appoints a managing agent for a building or portfolio of residential or commercial properties — the contract must comply with investment management regulations and specify reporting obligations to investors.
A Property Manager Contract is needed when a non-resident property owner (propietario no residente) appoints a Spanish administrador de fincas as their representative (representante fiscal) for tax purposes — non-residents owning property in Spain who are subject to Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) must appoint a fiscal representative under Article 10 of Real Decreto Legislativo 5/2004 if they do not reside in an EU/EEA member state.
A Contrato de Administrador de Fincas is needed following the transfer of management from one administrador to another — the incoming administrador requires a formal contract before accepting responsibility for the community's funds, documentation, and pending matters. The outgoing administrador's handover obligations (obligaciones de entrega de documentación) should be addressed in the new contract.
A Property Manager Contract is needed when a developer (promotor inmobiliario) has completed a new residential development and the first Junta de Propietarios is constituted — the developer typically appoints an administrador de fincas before the constitution of the comunidad to manage the initial period, and the first Junta must ratify or replace the appointment under Article 13 LPH.
Under the Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 29/1994, Spanish tenancy law sets minimum duration (5 years individuals, 7 years entities) and deposit requirements. The Código Civil Articles 1445–1541 govern sale of property. The Ley Hipotecaria governs the Registro de la Propiedad. The Ley 5/2019 (LCCI) regulates mortgage lending with mandatory FEIN/FiAE disclosure. The Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) applies to property transfers.
What to Include in Your Property Manager Contract Spain (Contrato de Administrador de Fincas)
A thorough Property Manager Contract Spain under Ley 49/1960 (LPH) Article 13, the Código Civil, and CGCAFE professional standards must contain the following elements to be legally binding and to clearly define the rights and obligations of both the administrador and the client.
Identification of the Parties: Full legal name, NIF/CIF, and address of the administrador de fincas (individual or company) and the client — whether the comunidad de propietarios (identified by its NIF, address of the comunidad, and name of the President of the Junta de Propietarios representing it) or the private property owner. If the administrador is a colegiado, their Colegio de Administradores de Fincas membership number should be included.
Property or Portfolio Description: Detailed identification of the property or properties to be managed — the catastral reference (referencia catastral), complete address, registration details in the Registro de la Propiedad, the number of dwellings, commercial units, and parking spaces in the case of a comunidad, and the total built area. For management of a rental portfolio, a schedule listing all managed properties should be appended as an annex.
Scope of Services (Objeto del Contrato): A precise list of services the administrador will provide, which should mirror the functions of Article 20 LPH for comunidad management, and may additionally include: preparation of annual budget and accounts (presupuesto y liquidación de cuentas); convening and attending Juntas de Propietarios; maintenance of the Libro de Actas and community registers; management of community bank accounts (cuentas bancarias de la comunidad); debt collection from defaulting owners (gestión de morosos) including filing judicial proceedings under the monitorio de comunidades (LEC Article 21 LPH); management of insurance claims; tax compliance (IVA declarations, modelo 111 for subcontractors, modelo 190); and coordination of building works (obras de conservación y mejora).
Professional Fee (Honorarios Profesionales): The agreed fee structure — either a fixed monthly retainer (honorarios fijos mensuales) or a percentage of the annual community budget — with clear specification of what is included and excluded. Additional fees for extraordinary services (asistencia a juntas extraordinarias, gestión de obras de gran envergadura, litigation management) should be listed. VAT (IVA al 21%) applicability must be addressed.
Term and Renewal: The initial term of the contract — LPH Article 13.7 specifies a one-year term for appointments in comunidades de propietarios, renewable annually by tacit agreement unless either party notifies non-renewal at least 30 days before the end of the term. For private property management contracts, the term and renewal mechanism are freely agreed by the parties.
Handling of Community Funds: The contract must specify the administrador's authority to operate community bank accounts — specifically whether the administrador has sole signing authority (firma única) or joint signing authority (firma mancomunada) with the President or Treasurer. The Colegios de Administradores de Fincas recommend joint signing for amounts above defined thresholds as a fraud prevention measure. The CGCAFE's fidelity guarantee (aval del Colegio) may be required by the comunidad as security for the administrador's handling of community funds.
Reporting and Accounting Obligations: Specific reporting requirements — monthly bank account reconciliations, quarterly expense reports, annual income and expenditure accounts (liquidación de cuentas anual) presented at the Junta General, and an annual budget proposal (propuesta de presupuesto) for the following year. The accounts must comply with the simplified accounting format applicable to comunidades de propietarios.
Data Protection (RGPD): The administrador processes personal data of all propietarios and residents on behalf of the comunidad — name, contact details, bank account numbers, debt history — and acts as encargado del tratamiento (data processor) under Article 28 RGPD. The contract must include a data processing addendum specifying: processing purposes (community management); security measures; data retention periods; prohibition of sub-processing without authorisation; and the mechanism for handling data subject rights requests directed to the Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Professional Liability and Insurance: The contract should confirm that the administrador holds a professional civil liability insurance policy (seguro de responsabilidad civil profesional) with minimum coverage sufficient for the value of the community's assets and operations. Colegiados typically maintain insurance through the Colegio de Administradores de Fincas — the policy number and insurer should be disclosed to the client.
Termination: The grounds and procedure for termination — including termination for breach (incumplimiento) under Código Civil Article 1124, termination by the Junta de Propietarios by vote under Article 13 LPH, and voluntary resignation by the administrador with adequate notice. The handover obligations on termination — delivery of accounts, keys, documents, codes, and pending matters — must be detailed.
Forms-legal.com provides this Property Manager Contract Spain template as a practical drafting starting point. The contract should be reviewed by a qualified abogado familiar with LPH and, where applicable, the legislation of the relevant autonomous community. Comunidades de propietarios should always appoint a colegiado administrador de fincas covered by CGCAFE professional liability insurance.
Under the Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 29/1994, Spanish tenancy law sets minimum duration (5 years individuals, 7 years entities) and deposit requirements. The Código Civil Articles 1445–1541 govern sale of property. The Ley Hipotecaria governs the Registro de la Propiedad. The Ley 5/2019 (LCCI) regulates mortgage lending with mandatory FEIN/FiAE disclosure. The Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) applies to property transfers.
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}Frequently Asked Questions
El artículo 20 de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (LPH), en la redacción dada por la Ley 8/1999, define las funciones del administrador de fincas en una comunidad de propietarios: (a) velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares; (b) preparar el plan de gastos previsibles y elaborar la liquidación de cuentas anuales para la Junta de Propietarios; (c) actuar como secretario de la Junta de Propietarios (salvo designación separada) y custodiar el Libro de Actas, los estatutos y demás documentación de la comunidad; (d) informar a la Junta sobre las obras pendientes, necesidades de reparación y propuestas de gestión; (e) ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta en materia de mantenimiento, reparaciones y servicios; (f) cualquier otra función delegada por la Junta. Además, la LPH otorga al administrador la facultad de gestionar el cobro de cuotas a propietarios morosos — el artículo 21 LPH establece un procedimiento judicial monitorio expedito ante el Juzgado de Primera Instancia para el cobro de cuotas impagadas, que el administrador gestiona en nombre de la comunidad. Para la gestión de patrimonio privado, el alcance de los servicios se define libremente por las partes en el contrato.
No. Conforme a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) y el marco de la Directiva de Servicios, la colegiación en el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) no es legalmente obligatoria para ejercer como administrador de fincas en la mayor parte de España. La profesión es libre — cualquier persona con los conocimientos y la cualificación pertinentes puede ofrecer servicios de gestión inmobiliaria sin estar colegiada. Sin embargo, la colegiación ofrece importantes ventajas prácticas: (1) acceso al aval de fidelidad del CGCAFE, que muchas comunidades de propietarios exigen como garantía del manejo de los fondos comunitarios; (2) seguro de responsabilidad civil profesional a precios competitivos mediante las pólizas colectivas del Colegio; (3) formación continua y acceso a contratos estandarizados y actualizaciones legales; y (4) el mecanismo disciplinario deontológico del Colegio, que ofrece recurso a los clientes que sufran negligencia profesional. Algunas comunidades autónomas — especialmente Cataluña bajo la Llei 13/2006 — imponen la colegiación obligatoria o requisitos de cualificación equivalentes en su territorio. Se recomienda encarecidamente a las comunidades de propietarios que designen únicamente a administradores colegiados o a profesionales que puedan acreditar cualificaciones y cobertura de seguro equivalentes.
Conforme al artículo 13 de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (LPH): (1) Nombramiento — el administrador de fincas es nombrado por la Junta de Propietarios por mayoría simple de los asistentes o representados en la reunión, siempre que se alcance quórum válido. El nombramiento debe recogerse en el Libro de Actas por el secretario de la Junta. (2) Plazo — el artículo 13.7 LPH establece un plazo de un año, renovable por la Junta. En la práctica, muchas comunidades renuevan tácitamente salvo que el Presidente convoque una junta extraordinaria para tratar el nombramiento. (3) Cese — el administrador puede ser cesado por la Junta de Propietarios en cualquier momento por mayoría simple, incluso sin causa (libre revocación) — lo que refleja la naturaleza de mandato del nombramiento conforme a los artículos 1732 y siguientes del Código Civil. El administrador cesado sin causa puede reclamar daños y perjuicios si el contrato preveía un preaviso mínimo. (4) Renuncia — el administrador puede renunciar con preaviso suficiente (habitualmente 30 a 60 días según lo pactado), entregando toda la documentación y las cuentas de la comunidad al Presidente o al administrador entrante.
Un administrador de fincas en España puede incurrir en responsabilidad personal por mala gestión bajo varias bases jurídicas. Conforme al artículo 1101 del Código Civil, el administrador responde por daños derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato de servicios — falta de mantenimiento correcto de las cuentas, incumplimiento de reparaciones urgentes, falta de cobro de cuotas comunitarias o gastos no autorizados. Conforme al artículo 1902 del Código Civil, el administrador puede responder extracontractualmente por actos negligentes que causen daño a la comunidad o a terceros. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado que los administradores que no emprendan acciones de cobro contra morosos, permitiendo que los créditos de la comunidad prescriban, pueden ser personalmente responsables de la pérdida resultante. La apropiación indebida fraudulenta de fondos comunitarios por el administrador constituye el delito del artículo 253 del Código Penal, castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años según la cuantía. El seguro de responsabilidad civil profesional gestionado a través del Colegio de Administradores de Fincas cubre habitualmente la negligencia pero no el fraude — el aval del CGCAFE proporciona una garantía adicional a la comunidad frente a la apropiación indebida fraudulenta.
La gestión de los propietarios morosos en una comunidad de propietarios se rige por el artículo 21 de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal (LPH). El procedimiento de reclamación del administrador implica: (1) requerimiento previo — el administrador envía al moroso una reclamación escrita de pago, habitualmente por burofax (correo certificado con certificación de contenido) para crear constancia fehaciente de la notificación; (2) acuerdo de la Junta — el artículo 21.2 LPH exige que la Junta de Propietarios apruebe el inicio de acciones legales contra el moroso y las deudas reclamadas deben ser certificadas por el Secretario-Administrador en el acta de la Junta; (3) monitorio de comunidades — el artículo 21 LPH establece un procedimiento judicial expedito específico ante el Juzgado de Primera Instancia mediante el que la comunidad presenta una petición de proceso monitorio por cuotas impagadas. Si el moroso no se opone en el plazo de 20 días, el juzgado dicta decreto de ejecución sin necesidad de mayor tramitación; (4) embargo — en ejecución, el juzgado puede trabar los bienes del moroso incluida la propia vivienda, que puede ser vendida en subasta pública para satisfacer la deuda comunitaria, con sujeción a la afección real de la comunidad conforme al artículo 9.1(e) LPH. La deuda del moroso se hace constar en el Libro de Actas y se comunica a los posibles compradores a su solicitud conforme al artículo 9.1(e) LPH.
Un administrador de fincas que trate datos personales de propietarios, residentes y trabajadores por cuenta de una comunidad de propietarios actúa como encargado del tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), siendo la comunidad el responsable del tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía específica para comunidades de propietarios (Guía para Comunidades de Propietarios, 2021) que confirma este marco. Conforme al artículo 28 RGPD y la LOPDGDD, el administrador debe: (1) tratar los datos personales únicamente según las instrucciones documentadas de la comunidad; (2) aplicar las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos (artículo 32 RGPD); (3) mantener un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) que recoja todo el tratamiento realizado en nombre de las comunidades gestionadas (artículo 30 RGPD); (4) notificar a la comunidad cualquier violación de la seguridad de los datos en el plazo de 24 horas para que pueda cumplir con su obligación de notificación a la AEPD en 72 horas conforme al artículo 33 RGPD; (5) no subcontratar el tratamiento — por ejemplo, compartir datos de propietarios con proveedores de software contable — sin autorización escrita previa de la comunidad; y (6) suprimir o devolver todos los datos personales al término del contrato. La AEPD ha sancionado a administradores de fincas que publicaron listas de morosos en los portales o enviaron datos de la comunidad a terceros sin autorización.
This template is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws vary by jurisdiction and change over time. Consult a qualified attorney for advice specific to your situation.Full disclaimer
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