Solicitud de Autorización de Despido por Discapacidad Colombia (MinTrabajo)

La Solicitud de Autorización de Despido por Discapacidad Colombia (MinTrabajo) es la petición formal regulada por Ley 361 de 1997 art. 26 y CST art. 26 con la que el interesado pone en marcha el trámite ante la autoridad colombiana competente.

El fundamento constitucional de la protección por discapacidad en el derecho laboral colombiano radica en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, que prohíbe la discriminación y ordena al Estado una protección especial para las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, y en el artículo 47, que obliga al Estado a adelantar políticas de integración y rehabilitación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas. El artículo 53 de la Constitución consagra el principio de estabilidad en el empleo como derecho laboral fundamental.

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establece que ningún empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador por razón de su limitación o discapacidad sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo. El despido sin dicha autorización es ineficaz, y confiere al trabajador el derecho al reintegro más el pago de los salarios dejados de percibir y una indemnización adicional equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-824 de 2011, confirmó la constitucionalidad del artículo 26 y estableció que la protección no se limita a las personas con discapacidad certificada formalmente, sino que se extiende a cualquier trabajador en condición de debilidad manifiesta por deterioro de su salud que limite su capacidad laboral.

En la Sentencia SU-049 de 2017, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia sobre el fuero de salud, estableciendo que la protección opera cuando se cumplen tres condiciones: el trabajador tiene una condición de salud que limita sustancialmente su capacidad para desempeñar sus funciones; el empleador conoce o debería conocer dicha condición; y no existe una causa justa probada, ajena a la discapacidad, que justifique la terminación. La protección opera independientemente de que el trabajador cuente con un certificado de discapacidad expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez conforme al Decreto 1352 de 2013 o de que se haya determinado un porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL) conforme al Manual Único de Calificación (Decreto 1507 de 2014).

El procedimiento de autorización ante el MinTrabajo es una actuación administrativa gobernada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA — Ley 1437 de 2011). El empleador radica la solicitud ante la Dirección Territorial o la Inspección de Trabajo del MinTrabajo con jurisdicción en el lugar de trabajo. El MinTrabajo evalúa si el empleador ha demostrado una justa causa para la terminación conforme al artículo 62 del CST, ajena a la discapacidad del trabajador; si el empleador ha cumplido con las obligaciones del SG-SST bajo el Decreto 1072 de 2015; y si se han explorado los ajustes razonables conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.

La Solicitud de Autorización de Despido por Discapacidad Colombia es necesaria siempre que el empleador pretenda terminar el contrato de trabajo de un trabajador que tiene una condición de salud, discapacidad o limitación conocida que afecta su capacidad laboral, independientemente de que se invoque justa causa conforme al artículo 62 del CST o se proponga terminación sin justa causa conforme al artículo 64 del CST. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 exige la autorización previa del MinTrabajo como requisito absoluto — el despido sin autorización es nulo e ineficaz.

La solicitud se requiere cuando un trabajador regresa de una incapacidad temporal expedida por la EPS y el empleador determina que el trabajador no puede retomar sus funciones originales por limitaciones de salud residuales. Conforme al Decreto 1072 de 2015 y el marco del SG-SST, el empleador debe explorar primero los ajustes razonables — modificaciones del puesto de trabajo, ajustes de horario, reubicación en un cargo compatible, rehabilitación laboral coordinada con la ARL — antes de solicitar la autorización de terminación.

El documento se requiere cuando el trabajador recibe una calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) de la Junta Regional de Calificación de Invalidez conforme al Decreto 1352 de 2013 — ya sea que la PCL sea inferior al 50% (discapacidad parcial, el trabajador conserva sus derechos laborales), entre el 50% y el 66% (invalidez con derecho a pensión), o superior al 66% (invalidez total). Los trabajadores declarados inválidos con PCL superior al 50% conservan el fuero de salud hasta que la pensión sea efectivamente reconocida y pagada por Colpensiones o la AFP.

La solicitud se requiere cuando el empleador tiene una justa causa legítima para la terminación conforme al artículo 62 del CST — como ausencias injustificadas reiteradas, conductas graves o deficiencia sistemática — pero el trabajador está simultáneamente protegido por el fuero de salud. El empleador debe agotar el procedimiento administrativo ante el MinTrabajo incluso cuando la justa causa sea completamente ajena a la discapacidad, para demostrar que la terminación no es discriminatoria.

La autorización es indispensable cuando la empresa realiza una reestructuración o reducción de personal que afecte a trabajadores con condiciones de salud. Los despidos colectivos conforme al artículo 67 del CST requieren autorización del MinTrabajo para todos los trabajadores afectados, con protecciones adicionales para trabajadores con discapacidad conforme a la Ley 361 de 1997.

Los empleadores que operan como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) bajo la Ley 1258 de 2008, Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) o Sociedad Anónima (SA) deben radicar la solicitud ante la Dirección Territorial del Trabajo con jurisdicción en el municipio donde el trabajador presta sus servicios.

Una solicitud válida de Autorización de Despido por Discapacidad conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 debe contener los siguientes elementos para ser admitida y tramitada por la Dirección Territorial o la Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo.

Identificación del Empleador: Razón social completa, NIT (Número de Identificación Tributaria) asignado por la DIAN, número de matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, dirección de domicilio e identificación del representante legal autorizado para presentar la petición conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal. Se debe incluir la actividad económica del empleador (código CIIU), la ARL afiliada y la clasificación de riesgo conforme al Decreto 1295 de 1994 para contextualizar el entorno laboral.

Identificación del Trabajador: Nombre completo, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, dirección de residencia, datos de contacto, cargo, tipo de contrato (término indefinido conforme al artículo 45 del CST o término fijo conforme al artículo 46 del CST), fecha de inicio del contrato, salario mensual actual y lugar de trabajo.

Descripción de la Condición de Salud: Descripción detallada de la condición de salud o discapacidad del trabajador, sustentada con documentación médica que incluya: evaluaciones de medicina del trabajo del SG-SST conforme al artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015; certificados médicos e historia clínica de la EPS; registros de incapacidad temporal con la duración y naturaleza de la licencia médica; evaluaciones de capacidad funcional; y cualquier calificación de PCL expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez conforme al Decreto 1352 de 2013 y el Manual Único de Calificación (Decreto 1507 de 2014).

Evidencia de Ajustes Razonables: Documentación que acredite que el empleador exploró e implementó ajustes razonables antes de solicitar la terminación, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009) y el Decreto 2177 de 2017. Los ajustes incluyen: modificaciones ergonómicas del puesto de trabajo, flexibilidad de horario, reubicación en un cargo compatible disponible, programas de rehabilitación laboral coordinados con la ARL bajo la Ley 1562 de 2012, y ayudas técnicas o tecnología asistiva.

Justa Causa para la Terminación: Cuando el empleador invoca justa causa conforme al artículo 62 del CST, un relato fáctico detallado de los fundamentos de la terminación con pruebas que demuestren que la causa es objetiva y ajena a la discapacidad del trabajador. Evidencia del procedimiento de debido proceso seguido antes de invocar la justa causa — incluyendo notificación escrita de la causa alegada, oportunidad del trabajador para presentar descargos y conclusiones de la investigación — conforme a la Sentencia C-593 de 2014 de la Corte Constitucional.

Documentación de Cumplimiento del SG-SST: Evidencia de que el empleador ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, incluyendo: evaluaciones de riesgos laborales, registros de vigilancia médica, actas del COPASST o Vigía que aborden la situación del trabajador, informes de investigación de incidentes si aplica, y registros de capacitación de brigadas.

Jurisdicción de la Dirección Territorial: Identificación de la Dirección Territorial del Trabajo o Inspección de Trabajo específica con jurisdicción en el municipio donde el trabajador presta sus servicios, dado que el MinTrabajo opera a través de oficinas regionales en los departamentos de Colombia.

Forms-legal.com ofrece este formato de Solicitud de Autorización de Despido por Discapacidad como punto de partida procedimental para los empleadores que deben cumplir los requisitos del fuero de salud. Toda solicitud debe ser preparada por un abogado laboralista con experiencia en derecho laboral de discapacidad, ya que el procedimiento administrativo ante el MinTrabajo implica audiencias de pruebas, testimonio del trabajador y evaluación de evidencia médica que requieren representación legal especializada.