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Empleo

Política de Régimen Disciplinario Colombia

La Política de Régimen Disciplinario Colombia es el documento corporativo exigido por Código Sustantivo del Trabajo Arts. 104–111 que fija las reglas internas de obligatorio cumplimiento para la organización en Colombia.

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Política de Régimen Disciplinario Interno

Código Sustantivo del Trabajo Arts. 104-111 — Reglamento Interno de Trabajo

POLÍTICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

Código Sustantivo del Trabajo, Artículos 104 a 111 — Reglamento Interno de Trabajo

Empresa: [Empresa] — NIT: [NIT]

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Razón social: [Empresa]

NIT: [NIT]

Actividad económica: [Actividad Económica]

Domicilio: [Domicilio]

Representante Legal: [Representante Legal]

II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política de Régimen Disciplinario tiene por objeto establecer las normas de conducta, las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a todos los trabajadores vinculados a [Empresa] mediante contrato de trabajo, en cumplimiento de los Artículos 104 a 111 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y demás normas concordantes.

III. CLASIFICACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

A. Faltas Leves

[Faltas Leves]

B. Faltas Graves

[Faltas Graves]

C. Faltas Muy Graves (Justa Causa de Despido — CST Art. 62)

[Faltas Muy Graves]

IV. SANCIONES

Para faltas leves:

[Sanciones Leves]

Para faltas graves:

[Sanciones Graves]

Para faltas muy graves:

[Sanciones Muy Graves]

De conformidad con los Artículos 112 y 113 del CST, queda prohibido imponer multas que superen la quinta parte del salario diario del trabajador. La suspensión máxima será de ocho (8) días calendario para primera falta grave y hasta dos (2) meses en caso de reincidencia.

V. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO — DEBIDO PROCESO

Conforme al Artículo 115 del CST, antes de imponerse una sanción distinta a la simple amonestación verbal, la empresa seguirá el siguiente procedimiento:

[Procedimiento Descargo]

En todo caso, conforme al Artículo 115 del CST, modificado por el Artículo 7 de la Ley 2466 de 2025, el procedimiento respetará los principios de dignidad, presunción de inocencia, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra, y non bis in idem, e incluirá como mínimo: (1) comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador; (2) indicación por escrito de los hechos, conductas u omisiones que lo motivan; (3) traslado al trabajador de todas las pruebas que los fundamentan; (4) un término no inferior a cinco (5) días para que el trabajador se pronuncie, controvierta las pruebas y aporte las que considere necesarias, levantándose acta cuando los descargos sean verbales; (5) una decisión definitiva motivada que identifique la causa o motivo de la decisión; (6) de ser el caso, una sanción proporcional a los hechos u omisiones; y (7) la posibilidad de impugnar la decisión. El trabajador afiliado a una organización sindical podrá estar acompañado por uno (1) o dos (2) representantes del sindicato que sean trabajadores de la empresa, y el trabajador con discapacidad contará con los ajustes razonables que garanticen la comunicación. En ningún caso se impondrá sanción sin antes haber escuchado al trabajador en sus descargos. La decisión se comunicará por escrito con copia a la hoja de vida del trabajador.

VI. PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL (Ley 1010 de 2006)

[Empresa] rechaza cualquier forma de acoso laboral conforme a la Ley 1010 de 2006. Los casos de acoso serán tramitados ante el Comité de Convivencia Laboral, instancia obligatoria según la Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

VII. VIGENCIA

La presente política rige a partir del [Fecha Vigencia] y deroga cualquier disposición anterior sobre la materia.

Expedida en [Ciudad], el [Fecha Vigencia].

[Representante Legal]

Representante Legal

[Empresa] — NIT: [NIT]

Representante Legal (Legal Representative)

[Representante Legal]

Signature

Mantenido por Vladislav Sergienko, Fundador·Texto editado por última vez: ·Informar de un error

¿Qué es Política de Régimen Disciplinario Colombia?

La Política de Régimen Disciplinario Colombia es el documento corporativo exigido por Código Sustantivo del Trabajo Arts. 104–111 que fija las reglas internas de obligatorio cumplimiento para la organización en Colombia.

El fundamento constitucional de la disciplina laboral en Colombia proviene del artículo 25 de la Constitución Política de 1991, que protege el derecho al trabajo digno, y del artículo 29, que garantiza el debido proceso en toda actuación administrativa — incluidos los procedimientos disciplinarios del empleador. La Corte Constitucional ha sostenido consistentemente en decisiones como la T-546 de 1996 y la T-1039 de 2001 que los trabajadores sujetos a acción disciplinaria por su empleador tienen derecho a ser escuchados, a presentar su defensa y a recibir una decisión motivada, incluso en relaciones laborales del sector privado regidas por el CST.

El artículo 104 del CST define el reglamento disciplinario como el conjunto de normas adoptadas por el empleador para regular la conducta en el lugar de trabajo. El artículo 105 fija qué empleadores deben tener reglamento de trabajo, y desde la Ley 1429 de 2010 el reglamento ya no requiere aprobación del Ministerio del Trabajo: el empleador lo publica e informa su contenido a los trabajadores, que pueden pedir ajustes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, y si no hay acuerdo el inspector del trabajo investiga y puede ordenar modificaciones (artículo 119 del CST). Las sanciones no pueden consistir en penas corporales ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador (artículo 111), y las multas solo proceden por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente, sin exceder la quinta parte del salario de un día (artículo 113).

El artículo 108 del CST enumera los elementos obligatorios que debe contener todo reglamento de trabajo, incluido el régimen disciplinario. Estos elementos comprenden los procedimientos de admisión del empleador, la jornada laboral, los períodos de descanso, la escala salarial, las obligaciones y prohibiciones para los trabajadores, las sanciones disciplinarias (incluidas las prohibidas por ley) y los requisitos procedimentales para imponerlas. El Ministerio del Trabajo — Dirección de Inspección, Vigilancia y Control — supervisa el cumplimiento de estos requisitos mediante inspecciones laborales realizadas bajo el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1072 de 2015.

El procedimiento disciplinario está regulado por el artículo 115 del CST, modificado por el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025. Toda actuación debe respetar como mínimo los principios de dignidad, presunción de inocencia, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra, y non bis in idem. El procedimiento mínimo tiene siete pasos: (1) comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador; (2) indicación por escrito de los hechos, conductas u omisiones que lo motivan; (3) traslado de todas las pruebas que los fundamentan; (4) un término no inferior a cinco (5) días para que el trabajador se pronuncie, controvierta las pruebas y aporte las suyas, con un acta cuando los descargos sean verbales; (5) una decisión definitiva motivada que identifique la causa de la decisión; (6) de ser el caso, una sanción proporcional a los hechos; y (7) la posibilidad de impugnar la decisión. El trabajador sindicalizado puede estar acompañado por uno o dos representantes del sindicato que trabajen en la empresa, el trabajador con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables, y el procedimiento puede adelantarse por medios digitales si el trabajador cuenta con ellos. En el servicio doméstico y en las micro y pequeñas empresas de menos de diez (10) trabajadores basta con escuchar previamente al trabajador sobre los hechos, respetando su derecho de defensa. El parágrafo 4 del mismo artículo obligó a los empleadores a actualizar el reglamento interno de trabajo dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia de la Ley 2466, publicada en el Diario Oficial 53.160 del 25 de junio de 2025.

El artículo 112 del CST regula la suspensión sin salario como medida disciplinaria: la duración máxima es de ocho días consecutivos para la primera falta y dos meses para faltas subsiguientes. Toda suspensión que exceda estos límites es ilegal y puede generar sanción moratoria bajo el artículo 65 del CST. Las suspensiones deben quedar registradas en el expediente del trabajador.

¿Cuándo necesitas Política de Régimen Disciplinario Colombia?

La Política de Régimen Disciplinario Colombia es necesaria en toda empresa que emplee uno o más trabajadores bajo contratos de trabajo regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, independientemente del tamaño, industria o estructura jurídica de la empresa. El artículo 105 del CST obliga a tener reglamento de trabajo a todo empleador que ocupe más de cinco (5) trabajadores permanentes en empresas comerciales, más de diez (10) en industriales o mixtas, o más de veinte (20) en agrícolas, ganaderas o forestales, y el artículo 114 prohíbe imponer sanciones no previstas en el reglamento, pacto, convención, fallo arbitral o contrato individual: la ausencia de una política disciplinaria vigente expone al empleador a sanciones del Ministerio del Trabajo y debilita su posición jurídica en disputas de terminación ante los Juzgados Laborales del Circuito.

El documento se requiere antes de que pueda imponerse legalmente cualquier sanción disciplinaria. Sin una política disciplinaria vigente que especifique la conducta constitutiva de falta grave, el empleador no puede válidamente terminar a un trabajador por justa causa bajo los numerales 9 y 10 del artículo 62 del CST, que exigen que la conducta esté expresamente definida como falta grave disciplinaria en el reglamento de trabajo o en la política disciplinaria. La terminación sin este fundamento se clasifica como despido sin justa causa, generando las obligaciones de indemnización del artículo 64 del CST.

La política disciplinaria se necesita urgentemente cuando la empresa está siendo objeto de una visita de inspección laboral del Ministerio del Trabajo — Dirección Territorial. Los inspectores solicitan rutinariamente copias del reglamento interno de trabajo y del régimen disciplinario como parte del protocolo estándar de inspección bajo el Decreto 1072 de 2015. Los inspectores pueden imponer multas de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción, conforme al artículo 7 de la Ley 1610 de 2013 (artículo 486 del CST).

El documento se necesita cuando la empresa ha experimentado problemas recurrentes de conducta — ausentismo, tardanzas, insubordinación, conflictos entre empleados, violaciones de seguridad bajo la Ley 1562 de 2012 — y desea implementar un programa estructurado de acción correctiva en lugar de proceder directamente a la terminación. Una política disciplinaria bien redactada permite al empleador aplicar disciplina progresiva, que la Corte Suprema de Justicia — Sala Laboral ha reconocido como evidencia de gestión de buena fe en reclamaciones de reintegro y despido injusto.

Las empresas que operan en sectores regulados — servicios financieros (supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia bajo el Decreto 663 de 1993), salud (INVIMA bajo el Decreto 1782 de 2014) y transporte (Ministerio de Transporte bajo el Decreto 1079 de 2015) — deben contar con políticas disciplinarias que aborden las obligaciones de conducta específicas del sector, incluyendo privacidad de datos bajo la Ley 1581 de 2012, confidencialidad del paciente y protocolos de seguridad en la operación de vehículos.

Qué incluir en tu Política de Régimen Disciplinario Colombia

Una Política de Régimen Disciplinario Colombia válida conforme a los artículos 104 a 111 del CST debe contener los siguientes elementos para ser ejecutable y resistir el escrutinio del Ministerio del Trabajo y los Juzgados Laborales del Circuito.

Ámbito y Aplicabilidad: Identificación clara del empleador (con NIT y matrícula en Cámara de Comercio), los lugares de trabajo cubiertos y todas las categorías de trabajadores sujetos a la política — incluidos empleados directos bajo contratos a término indefinido y fijo (arts. 45–46 del CST), trabajadores en misión de empresas de servicios temporales bajo la Ley 50 de 1990, y aprendices bajo contratos de aprendizaje SENA regidos por el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.

Clasificación de Conductas: Una taxonomía detallada de conductas irregulares en el trabajo, dividida en al menos dos niveles. Las faltas leves incluyen tardanzas aisladas, incumplimientos procedimentales menores e insubordinación menor de primera vez. Las faltas graves del artículo 62 del CST deben listarse expresamente e incluir hurto, agresión física, embriaguez habitual durante la jornada, violación grave de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 1562 de 2012, y uso indebido de sistemas de la empresa en violación de la Ley 1581 de 2012. La Corte Suprema de Justicia — Sala Laboral ha sostenido que solo la conducta expresamente clasificada como falta grave en la política disciplinaria puede fundamentar la terminación por justa causa bajo los numerales 9 y 10 del artículo 62 del CST.

Escala Progresiva de Sanciones: Una secuencia ordenada de medidas disciplinarias que escalan en severidad. Etapa 1: llamada de atención verbal con anotación en el expediente del personal. Etapa 2: amonestación escrita entregada al trabajador y archivada en el expediente laboral. Etapa 3: suspensión sin salario por una duración proporcional a la falta — máximo ocho días para la primera suspensión, máximo dos meses para suspensiones subsiguientes según el artículo 112 del CST. Etapa 4: terminación por justa causa bajo el artículo 62 del CST.

Procedimiento de Debido Proceso: La política debe incorporar el procedimiento mínimo del artículo 115 del CST, modificado por el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025: (1) comunicación formal de la apertura del proceso; (2) indicación escrita de los hechos, conductas u omisiones; (3) traslado de todas las pruebas; (4) un término no inferior a cinco (5) días para descargos, controversia y aporte de pruebas, con acta si los descargos son verbales; (5) decisión definitiva motivada; (6) sanción proporcional, de ser el caso; y (7) posibilidad de impugnar la decisión. También debe prever el acompañamiento de uno o dos representantes sindicales para el trabajador sindicalizado y los ajustes razonables para el trabajador con discapacidad.

Sanciones Prohibidas: Declaración expresa de que están prohibidas bajo los artículos 111 y 113 del CST: castigo corporal, coerción psicológica, multas por causas distintas a retrasos o faltas sin excusa suficiente o superiores a la quinta parte del salario de un día, sanciones colectivas, y cualquier sanción que viole los derechos constitucionales del trabajador.

Publicación: Desde la Ley 1429 de 2010 la política no se somete a aprobación del Ministerio del Trabajo. El empleador la publica en cartelera e informa su contenido por circular interna, con la fecha desde la cual se aplicará; los trabajadores y el sindicato pueden pedir ajustes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes (artículo 119 del CST). Después debe fijar dos (2) copias legibles en dos (2) sitios distintos y publicarla por un medio virtual al que los trabajadores puedan acceder en cualquier momento (artículo 120 del CST, modificado por el artículo 8 de la Ley 2466 de 2025), y conviene conservar constancia de esa publicación para las inspecciones laborales.

Dadas las exigencias constitucionales de debido proceso y la exposición a órdenes de reintegro de los Juzgados Laborales cuando los procedimientos disciplinarios no se siguen correctamente, se recomienda que los empleadores sometan la política final a revisión de un especialista en derecho laboral colombiano antes de publicarla.

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Preguntas Frecuentes

¿Necesita un empleador colombiano aprobación gubernamental para una política disciplinaria?

No. Desde la Ley 1429 de 2010, que derogó los artículos 116 a 118 y 121 del CST, el reglamento interno de trabajo — que incluye el régimen disciplinario — ya no se somete a aprobación del Ministerio del Trabajo. El artículo 119 del CST exige que el empleador lo publique en la cartelera de la empresa e informe a los trabajadores, mediante circular interna, su contenido y la fecha desde la cual se aplicará. La organización sindical, si la hay, y los trabajadores no sindicalizados pueden pedir ajustes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes cuando consideren que alguna cláusula contraviene los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del CST; si no hay acuerdo, el inspector del trabajo investiga, formula objeciones y puede ordenar adiciones, modificaciones o supresiones. Los empleadores que impongan sanciones no previstas en el reglamento, pacto, convención, fallo arbitral o contrato individual violan el artículo 114 del CST, y esas sanciones pueden ser declaradas inválidas por los Juzgados Laborales.

¿Qué es el procedimiento de descargos y qué ocurre si el empleador lo omite?

El procedimiento de descargos es la audiencia de debido proceso constitucionalmente obligatoria que debe ocurrir antes de imponer cualquier sanción disciplinaria — incluidas amonestaciones escritas, suspensiones y terminaciones por justa causa — a un trabajador colombiano. La Corte Constitucional estableció en la Sentencia T-546 de 1996 y decisiones posteriores que el derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política se extiende a los procedimientos disciplinarios del empleador. Desde la Ley 2466 de 2025, el artículo 115 del CST fija el procedimiento mínimo: comunicación formal de la apertura del proceso; indicación escrita de los hechos; traslado de todas las pruebas; un término no inferior a cinco (5) días para que el trabajador presente descargos, controvierta las pruebas y aporte las suyas; decisión definitiva motivada; sanción proporcional, de ser el caso; y posibilidad de impugnar la decisión. Si el empleador impone cualquier sanción disciplinaria — incluida la terminación por justa causa — sin completar el procedimiento de descargos, la sanción es jurídicamente defectuosa. Para las terminaciones, este defecto procedimental convierte el despido en terminación sin justa causa, generando indemnización bajo el artículo 64 del CST.

¿Puede un empleador colombiano imponer multas monetarias como sanción disciplinaria?

La ley colombiana limita estrictamente las multas monetarias como sanciones disciplinarias. El artículo 113 del CST solo permite multas por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente y nunca por encima de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y cualquier multa por encima de este techo es nula independientemente de lo que establezca la política disciplinaria. Los montos recaudados por multas, bajo el artículo 113 del CST, deben destinarse exclusivamente a premios o beneficios para los trabajadores — no pueden ser retenidos por el empleador como ganancia ni aplicados para compensar alguna obligación. Muchos especialistas en derecho laboral y el Ministerio del Trabajo recomiendan que los empleadores colombianos eviten las multas monetarias por completo y en su lugar utilicen la escala progresiva de sanciones de llamada de atención verbal, amonestación escrita y suspensión sin salario, que es más defendible ante los Juzgados Laborales.

¿Cómo debe comunicarse una política disciplinaria a los trabajadores en Colombia?

La política disciplinaria o el reglamento interno de trabajo no requiere aprobación del Ministerio del Trabajo desde la Ley 1429 de 2010, pero el empleador debe cumplir requisitos específicos de publicación y notificación. El artículo 119 del CST exige publicarlo en la cartelera de la empresa e informar a los trabajadores, mediante circular interna, su contenido y la fecha desde la cual se aplicará. Después, el artículo 120 del CST, modificado por el artículo 8 de la Ley 2466 de 2025, exige fijar dos (2) copias legibles en dos (2) sitios distintos y publicarlo por un medio virtual al que los trabajadores puedan acceder en cualquier momento; si se usa el medio virtual, no hace falta fijarlo en cada lugar de trabajo separado. El empleador también puede cargarlo en su página web o enviarlo por correo electrónico, dejando constancia. Conviene que cada trabajador firme una constancia de recibo que confirme la recepción de la política — esta constancia debe especificar la versión del documento y la fecha, y conservarse en el expediente laboral del trabajador durante toda la relación laboral y durante tres años después de la terminación.

¿Qué conducta constituye automáticamente justa causa de terminación en Colombia independientemente de la política disciplinaria?

El artículo 62 del CST enumera trece causales de terminación por justa causa por parte del empleador que aplican independientemente de si están listadas en la política disciplinaria de la empresa. Estas causales legales incluyen: (1) engaño habitual del trabajador sobre sus circunstancias personales o calificaciones profesionales; (2) actos violentos contra el empleador, su familia o compañeros de trabajo; (3) daños graves o reiterados a bienes del empleador; (4) condenas penales que impidan al trabajador cumplir sus funciones; (5) divulgación de secretos técnicos o comerciales; (6) negligencia grave que afecte la seguridad y salud en el trabajo; (7) detención del trabajador por más de treinta días como resultado de un cargo penal; (8) bajo rendimiento sistemático pese a advertencias; y (9) cualquier conducta expresamente clasificada como justa causa en el reglamento de trabajo o la política disciplinaria. El procedimiento de descargos sigue siendo obligatorio incluso para las causales legales del artículo 62 del CST — la Corte Constitucional ha confirmado que el debido proceso constitucional aplica a todas las terminaciones por causa, y omitir la audiencia convierte la terminación en un despido sin justa causa.

¿Durante cuánto tiempo debe un empleador colombiano conservar los registros disciplinarios?

La ley colombiana no establece un único período de conservación unificado para los registros disciplinarios, pero varios marcos normativos crean obligaciones mínimas de retención. El período general de prescripción de las acciones laborales bajo el artículo 488 del CST es de tres años desde la fecha en que la obligación se hizo exigible — esto significa que los registros disciplinarios deben conservarse durante al menos tres años después de la terminación de la relación laboral para defenderse de posibles reclamaciones. El Archivo General de la Nación (AGN) — bajo la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) — recomienda que los expedientes laborales se conserven por un mínimo de diez años después de la salida del trabajador. La mejor práctica en la gestión de RRHH colombiana es conservar los registros disciplinarios completos — incluidas todas las actas de audiencias de descargos, notificaciones de sanciones y constancias de recibo — durante diez años después de la terminación del empleo.

Basado en Código Sustantivo del Trabajo Arts. 104–111 — texto editado por última vez en noviembre de 2026

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