Acuerdo de Royalty Minero Chile

El Acuerdo de Royalty Minero en Chile es el acuerdo escrito por el cual las partes fijan de común acuerdo sus derechos y obligaciones recíprocos. Se rige por Ley 21.591/2023 (Royalty Minero).

La Ley 21.591 de mayo de 2023 representa la reforma más significativa al régimen fiscal minero chileno desde la Ley 20.026 de 2005. Establece un sistema mixto de tributación para los operadores de la Gran Minería del cobre (con ventas anuales superiores a 50.000 toneladas métricas finas): una componente ad valorem del 1% sobre las ventas netas para operadores con ventas entre 50.000 y 200.000 TMF anuales, escalando hasta el 7% para ventas superiores a 900.000 TMF; y una componente sobre el margen operacional minero (MOM) que va del 8% cuando el MOM supera el 35%, hasta el 26% cuando supera el 85%. La recaudación del Royalty Minero fue estimada en USD 450 millones anuales en su primer año completo de vigencia, fondos destinados al Fondo de Apoyo Regional (FAR) y al Fondo de Financiamiento Comunal (FFC) bajo el Artículo 16 de la Ley 21.591.

Además del royalty estatal regulado por la Ley 21.591, existen acuerdos de royalty privados ampliamente utilizados en la industria minera chilena: los royalties sobre producción (production royalties o net smelter return royalties — NSR) pactados entre propietarios de derechos mineros y operadores como mecanismo de financiamiento de la exploración; los royalties pagaderos a comunidades indígenas afectadas por proyectos mineros en el marco del Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile mediante el DS 236/2008; y los royalties incluidos en acuerdos de joint venture para el desarrollo conjunto de proyectos mineros de la mediana minería regulada por el SERNAGEOMIN.

El Código de Minería (Ley 18.248 de 1983), en sus Artículos 1 a 27, establece el marco fundamental de la concesión minera — pilar sobre el cual se construyen todos los acuerdos de royalty privados en Chile. El Artículo 2 del Código de Minería reconoce que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, cualquiera sea su especie y que se encuentren en el territorio nacional. Las concesiones mineras de explotación son transferibles, pueden ser objeto de actos jurídicos de toda clase y son ejecutables por los acreedores del concesionario, siendo susceptibles de constitución de derechos reales como hipoteca minera conforme al Artículo 223 del Código de Minería.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) fiscaliza el cumplimiento tributario del royalty estatal bajo la Ley 21.591, mientras que el SERNAGEOMIN fiscaliza los aspectos operacionales de las faenas mineras relevantes para el cálculo de la producción. El Servicio Nacional de Aduanas interviene en la verificación de las exportaciones de cobre y otros minerales que sirven de base para el cálculo de las ventas netas en los royalties de tipo NSR aplicados al mercado de exportación. La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) publica mensualmente los precios de referencia del cobre y el molibdeno utilizados para la valorización de las ventas netas en los acuerdos de royalty denominados en función de los precios internacionales de los metales.

El Acuerdo de Royalty Minero Chile se necesita en múltiples contextos de la industria minera nacional, desde las etapas de exploración hasta la producción comercial de la Gran Minería. En el ámbito de la exploración minera, es frecuente que un propietario de pertenencias mineras que carece de capital para desarrollar su propiedad otorgue una opción de compra o un contrato de exploración a una empresa exploradora a cambio de un royalty sobre la futura producción — modalidad que permite al propietario participar del éxito económico del proyecto sin incurrir en los costos de desarrollo. Este tipo de acuerdo es especialmente común en la Región de Atacama, Antofagasta y Coquimbo, donde se concentra la mayor parte de las pertenencias mineras de cobre, oro y plata no explotadas del país.

El acuerdo es necesario cuando una empresa minera acuerda pagar una regalía a la comunidad indígena o municipio afectado por el proyecto, como medida voluntaria de beneficio comunitario en el marco de los procesos de consulta indígena bajo el Convenio 169 de la OIT y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) regulado por la Ley 19.300. Estas regalías comunitarias, si bien no obligatorias, son cada vez más frecuentes en los grandes proyectos mineros sometidos al SEIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

También se requiere en estructuras de financiamiento de proyectos mineros (project finance), donde el royalty sobre la producción futura sirve como garantía para acreedores o inversores de riesgo (streaming companies) que adelantan capital para el desarrollo del proyecto a cambio del derecho a recibir un porcentaje de la producción futura a precio fijo o reducido. Esta modalidad ha sido utilizada en Chile por empresas como Wheaton Precious Metals, Royal Gold y Franco-Nevada en proyectos de la mediana minería.

El acuerdo de royalty es indispensable en estructuras de joint venture minero donde el aporte de uno de los socios consiste en derechos de propiedad sobre pertenencias mineras, recibiendo a cambio un royalty sobre la producción futura en lugar de participación en el capital social de la sociedad operadora. La estructuración de estos acuerdos debe coordinar el Código de Minería con el Código Civil, el Código de Comercio y la legislación tributaria del SII.

Un Acuerdo de Royalty Minero válido en Chile debe contener los siguientes elementos esenciales para ser ejecutable y cumplir con las exigencias del Código de Minería, la Ley 21.591 y la normativa del SII.

Identificación de las Partes y de la Propiedad Minera: Nombre completo, RUT y domicilio del titular del royalty (beneficiario) y del operador minero obligado al pago. Identificación precisa de las pertenencias mineras objeto del acuerdo: nombre y número de la concesión minera, Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos para bienes raíces mineros, Región y coordenadas UTM del polígono de la concesión conforme al sistema de información geográfica del SERNAGEOMIN, e inscripción en el Conservador de Minas del Registro de Propiedad Minera correspondiente a la Región donde se ubica la concesión.

Definición de la Base de Cálculo: El acuerdo debe definir con precisión la base sobre la cual se calcula la regalía, diferenciando entre: royalty sobre ventas brutas (gross revenue royalty — porcentaje de las ventas totales del mineral, antes de costos); royalty sobre ventas netas del fundidor (net smelter return — NSR: precio de venta del metal refinado menos los costos de fundición, refinación, transporte y seguros hasta el punto de entrega); royalty sobre utilidades operacionales (net profits interest — NPI: calculado sobre las utilidades operacionales después de deducir todos los costos directos de operación, sin incluir gastos financieros ni tributarios). La Ley 21.591 utiliza el concepto de margen operacional minero (MOM) para la componente sobre utilidades, definido como la diferencia entre los ingresos por ventas de productos mineros y los costos operacionales directos de la producción.

Tasa del Royalty y Escalonamiento: El porcentaje o tasa de la regalía, que puede ser fija o escalonada según el volumen de producción, el precio del metal o la rentabilidad del proyecto. Los acuerdos NSR en el mercado chileno típicamente oscilan entre el 1% y el 3% de las ventas netas para proyectos de cobre, y entre el 1,5% y el 4% para proyectos de oro y plata. Para acuerdos vinculados al precio del cobre, es práctica estándar establecer tasas diferenciadas: una tasa reducida cuando el precio está por debajo de USD 3,00 por libra, y una tasa incrementada cuando supera USD 4,50 por libra, utilizando los precios de referencia de la Bolsa de Metales de Londres (LME) o la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

Obligaciones de Reporte y Auditoría: El operador minero se obliga a presentar al titular del royalty informes periódicos (mensual, trimestral o anual según se acuerde) con el detalle de la producción, ventas, precios obtenidos y el cálculo de la regalía, respaldados por la documentación del SII (facturas electrónicas de venta, declaraciones de exportación ante el Servicio Nacional de Aduanas) y por los registros de producción de SERNAGEOMIN. El titular del royalty tiene derecho a designar auditores independientes para verificar la información proporcionada por el operador, con acceso a los registros contables y operacionales de la faena. El acuerdo debe establecer el período de prescripción para reclamar royalties impagos, que en Chile es de cinco años conforme al Artículo 2515 del Código Civil.

Garantías y Registro: Para asegurar el pago del royalty, el acuerdo puede contemplar la constitución de una hipoteca minera sobre la concesión conforme al Artículo 223 del Código de Minería, inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Minas. También puede pactarse una prenda sobre los minerales extraídos conforme a la Ley 20.190 (Ley de Prenda sin Desplazamiento), o una fianza personal del representante legal del operador minero. El royalty constituido como derecho real sobre la concesión minera debe inscribirse en el Conservador de Minas para ser oponible a terceros adquirentes de la concesión.

Régimen Tributario: El acuerdo debe considerar el tratamiento tributario de los pagos de royalty: para el operador, los royalties pagados a terceros son deducibles como gasto necesario para producir la renta conforme al Artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (DL 824/1974), siempre que sean razonables (Artículo 31 inciso 1). Para el beneficiario persona jurídica, los ingresos por royalty tributan con Impuesto de Primera Categoría (tasa 27% para SA y SpA abiertas; 25% para demás contribuyentes en 2025). Si el beneficiario es una persona natural, tributan con el Impuesto Global Complementario según la tabla del Artículo 52 de la Ley de la Renta.

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