Disability Assessment Request Colombia (Solicitud de Calificación de Invalidez)

En Colombia, un porcentaje de PCL igual o superior al 50% genera derecho a pensión de invalidez conforme al Artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Si la invalidez es de origen común, la pensión la paga el fondo de pensiones (AFP o Colpensiones), siempre que el afiliado cumpla el requisito de 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. Si es de origen laboral, la ARL paga la pensión independientemente del tiempo de cotización bajo la Ley 776 de 2002. Para PCL entre el 5% y el 49,99% de origen laboral, el trabajador tiene derecho a indemnización por incapacidad permanente parcial (IPP) pagada por la ARL. La Corte Constitucional en sentencias como la T-710 de 2009 y la SU-442 de 2016 ha protegido el derecho a la pensión de invalidez de personas en condiciones de vulnerabilidad, ordenando el reconocimiento cuando las entidades aplican criterios formales que desconocen la realidad de la condición de salud del trabajador.

Conforme al Artículo 15 del Decreto 1352 de 2013, pueden solicitar la calificación de invalidez: el trabajador o afiliado directamente, o su apoderado o representante legal en casos de incapacidad. También pueden hacerlo las EPS, las ARL, los fondos de pensiones (AFP o Colpensiones) y los empleadores cuando exista controversia sobre el origen, la fecha de estructuración o el porcentaje de PCL. Las entidades del SGSSI tienen la obligación legal de remitir el caso a la Junta Regional cuando el afiliado manifiesta inconformidad con el dictamen médico de la entidad. Si la entidad no inicia el proceso en el plazo legal, el afiliado puede acudir directamente a la Junta Regional con la historia clínica completa, los dictámenes médicos previos y los comprobantes de afiliación al sistema de seguridad social. El trabajador desvinculado cuyo empleador no estaba afiliado a una ARL puede presentar la solicitud directamente ante la Junta Regional, que notificará al FONSAET para la cobertura de las prestaciones que correspondan.

El Decreto 1352 de 2013 establece que la Junta Regional debe calificar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud con todos los documentos completos (Artículo 29 del Decreto). Si el caso requiere conceptos técnicos adicionales, visitas médicas complementarias o el solicitante no allegó inicialmente los documentos completos, el proceso puede extenderse más allá de este plazo. El recurso de apelación ante la Junta Nacional debe resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción del expediente completo. En la práctica, los procesos ante las Juntas toman entre dos y seis meses contados desde la radicación inicial. Las Juntas de Bogotá, Medellín y Cali, que concentran el mayor volumen de solicitudes, suelen tener tiempos de espera superiores a los de departamentos con menor densidad de afiliados al SGSSI. Se recomienda radicar la solicitud con todos los documentos completos desde el inicio para evitar suspensiones del plazo por documentación incompleta.

Sí. Conforme al Artículo 41 del Decreto 1352 de 2013, el dictamen de la Junta Regional puede apelarse ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. Pueden apelar el trabajador, la EPS, la ARL, el fondo de pensiones o el empleador. La Junta Nacional resuelve el recurso como segunda y última instancia administrativa del proceso de calificación. Si el interesado considera que el dictamen de la Junta Nacional vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social o al mínimo vital, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral mediante demanda ordinaria ante el Juez Laboral del Circuito, o en casos de urgencia manifiesta (cuando el trabajador carece de ingresos y el pago de la pensión es necesario para su subsistencia) mediante acción de tutela ante cualquier juez de la República, conforme a la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la seguridad social como derecho fundamental autónomo.

La fecha de estructuración de la invalidez es la fecha en que la persona alcanzó el porcentaje de PCL igual o superior al 50% que determina su condición de inválido, conforme al Decreto 917 de 1999. Esta fecha es uno de los elementos más críticos y disputados del proceso de calificación porque determina tres aspectos fundamentales: primero, desde qué momento se entiende causado el derecho a la pensión de invalidez y, por lo tanto, desde cuándo debe la entidad reconocer y pagar retroactivamente las mesadas pensionales; segundo, qué semanas de cotización se contabilizan para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la pensión (50 semanas en los últimos tres años para origen común); y tercero, qué entidad aseguradora (ARL o AFP) era la responsable en la fecha de estructuración. La Corte Constitucional desarrolló una línea jurisprudencial protectora sobre la fecha de estructuración en enfermedades degenerativas o crónicas, estableciendo en las Sentencias T-710 de 2009, T-561 de 2010 y SU-442 de 2016 que en enfermedades como VIH/SIDA, esclerosis múltiple, insuficiencia renal crónica y Parkinson, la fecha de estructuración debe coincidir con la pérdida efectiva y permanente de la capacidad de trabajo, y no con el diagnóstico inicial ni con la primera manifestación de la enfermedad, para proteger el derecho del afiliado a completar las semanas de cotización requeridas durante el período en que aún podía trabajar pese a su condición.

Un trabajador cuya PCL esté entre el 5% y el 49,99% tiene derecho a la indemnización por incapacidad permanente parcial (IPP) conforme al Artículo 7 de la Ley 776 de 2002, siempre que la PCL sea de origen laboral (accidente de trabajo o enfermedad laboral calificada como tal por la Junta). El monto de la IPP se calcula con base en el salario base de liquidación del trabajador: para PCL entre el 5% y el 24,99%, equivale a dos (2) salarios base de liquidación por cada punto porcentual de PCL; para PCL entre el 25% y el 49,99%, el monto está determinado por la tabla que establece periódicamente el Ministerio del Trabajo. La IPP la paga la ARL como indemnización de pago único o en cuotas según el monto total resultante. Si la PCL de origen laboral es igual o superior al 50%, el trabajador no recibe IPP sino pensión de invalidez de origen profesional pagada por la ARL conforme a la Ley 776 de 2002, con monto equivalente al 60% del ingreso base de liquidación (IBL) para PCL entre el 50% y el 65,99%, y al 75% del IBL para PCL de 66% o más. Para PCL de origen común (no laboral) inferior al 50%, el sistema de seguridad social colombiano no reconoce ninguna prestación económica — solo las entidades de medicina prepagada o los seguros de incapacidad privados podrían cubrir esta situación bajo las condiciones de cada póliza.