Financial Leasing Agreement Colombia

En Colombia, el leasing financiero se diferencia del leasing operativo en tres aspectos clave. Primero, en el leasing financiero se amortiza la totalidad del costo del activo durante el plazo contractual y el precio de la opción de adquisición es simbólico o mínimo. En el leasing operativo, el bien no se amortiza totalmente y el Locador retiene un valor residual significativo al vencimiento. Segundo, bajo NIIF 16 (Decreto 2420 de 2015), el leasing financiero exige al Locatario reconocer en balance tanto el activo de derecho de uso como el pasivo financiero correspondiente, afectando indicadores de endeudamiento reportados a la Superintendencia Financiera. Tercero, fiscalmente bajo el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, en el leasing financiero el Locatario deduce el componente de intereses de cada canon más la depreciación del activo reconocido; en el operativo, deduce la totalidad del canon como gasto. Las empresas deben consultar con revisor fiscal o contador público inscrito ante la Junta Central de Contadores para determinar la estructura más conveniente según su sector y posición tributaria ante la DIAN.

Cuando un Locatario incumple el pago de cánones en Colombia, el Locador (entidad financiera autorizada) tiene mecanismos específicos bajo el Decreto 913 de 1993 y el contrato de leasing financiero. Tras dos o más cánones impagos (o el número pactado contractualmente), el Locador puede declarar la aceleración del saldo total insoluto, haciendo exigibles todos los cánones futuros de forma inmediata. A continuación, el Locador puede iniciar la recuperación del bien mediante el mecanismo de restitución contractual del artículo 19 del Decreto 913/1993, que permite la recuperación directa sin proceso judicial completo si así se pactó expresamente. Además, el Locador puede reportar el incumplimiento a las centrales de riesgo (Datacrédito, TransUnion Colombia) bajo la Ley 1266 de 2008, afectando el historial crediticio del Locatario. Para leasing inmobiliario bajo la Ley 795 de 2003 aplican reglas procesales especiales. El Locatario debe comunicarse proactivamente con la Defensoría del Cliente de la entidad financiera para negociar una reestructuración antes del proceso formal de incumplimiento, ya que la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera obliga a las entidades a ofrecer alternativas.

No. En el leasing financiero colombiano, el Locador (compañía de financiamiento) conserva la propiedad legal (dominio) del bien arrendado durante toda la vigencia del contrato. El Locatario solo tiene un derecho de uso y goce, no de propiedad. Por tanto, el Locatario no puede vender, pignorar, hipotecar ni transferir el bien sin autorización escrita expresa del Locador. Intentar hacerlo podría constituir el delito de abuso de confianza del artículo 249 del Código Penal colombiano, al disponer de bienes ajenos. Tampoco puede subarrendar ni permitir el acceso de terceros al bien sin aprobación previa por escrito. Solo tras ejercer formalmente la opción de adquisición y pagar el valor residual se transfiere la propiedad al Locatario, momento en que debe realizarse el registro ante la entidad correspondiente (Registro Nacional de Tránsito para vehículos, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para inmuebles).

Las operaciones de leasing financiero en Colombia involucran varias consideraciones tributarias. Para el impuesto de renta, conforme al artículo 127-1 del Estatuto Tributario (modificado por la Ley 1819 de 2016 y la Ley 2010 de 2019), el Locatario en leasing financiero deduce el componente de intereses de cada canon más la depreciación del activo reconocido, no la totalidad del canon. El tratamiento del IVA depende de la naturaleza del bien arrendado: el arrendamiento de bienes muebles está generalmente sujeto al IVA del 19% bajo el artículo 476 del Estatuto Tributario. Para el leasing habitacional bajo la Ley 795 de 2003 puede aplicar una exención especial. El impuesto de timbre del artículo 519 del Estatuto Tributario puede aplicarse a contratos de leasing que superen ciertos montos según la naturaleza de las partes. El Locatario también puede estar sujeto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el municipio donde opere. Antes de estructurar una operación de leasing significativa, las partes deben obtener un concepto tributario escrito vinculante de la DIAN o de un asesor tributario certificado.

En Colombia, solo las entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia bajo el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) pueden ofrecer legalmente operaciones de leasing financiero. Estas incluyen: (1) Compañías de Financiamiento Comercial (CFCs) con licencia específica para leasing; (2) establecimientos bancarios que tengan el leasing dentro de sus operaciones autorizadas; y (3) subsidiarias de leasing de conglomerados financieros supervisados por la SFC. Entidades como Leasing Bancolombia, Leasing Davivienda, Leasing de Occidente y Leasing Bolívar son ejemplos de entidades autorizadas. Las entidades no financieras, incluidas las empresas comerciales ordinarias, no pueden estructurar legalmente operaciones de leasing financiero. Solo pueden celebrar contratos de arrendamiento comercial ordinario bajo los artículos 1973 y siguientes del Código de Comercio, los cuales carecen de las protecciones legales específicas y beneficios tributarios del leasing financiero regulado. Cualquier entidad que ofrezca leasing financiero sin autorización de la SFC está sujeta a sanciones y procesamiento penal bajo el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Al vencimiento de un contrato de leasing financiero en Colombia, el Locatario tiene tres opciones: (1) Ejercer la opción de adquisición pagando el valor residual acordado, tras lo cual el Locador transfiere la propiedad legal y el Locatario registra el bien en el registro público correspondiente; (2) Renovar el contrato de leasing por un plazo adicional, generalmente a un canon inferior dado el costo ya amortizado; o (3) Devolver el bien al Locador en las condiciones pactadas en el contrato (permitiendo el desgaste normal por uso). Si el Locatario devuelve el bien con daños más allá del uso normal, responde por los costos de reparación según las condiciones contractuales y el Código de Comercio. Si el Locatario no ejerce la opción ni comunica su decisión dentro del plazo de preaviso del contrato (típicamente 30-60 días antes del vencimiento), el Locador puede dar el contrato por terminado y exigir la restitución inmediata del bien. El tratamiento contable bajo NIIF 16 (Decreto 2420 de 2015) requiere que el Locatario desreconozca el activo de derecho de uso y el pasivo financiero al terminar el contrato, reconociendo la ganancia o pérdida resultante en el estado de resultados.