General Terms of Contract Spain (Condiciones Generales de Contratación)
Key facts
Condiciones Generales de Contratación
Reguladas por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC)
y por el Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU) para los contratos con consumidores
Fecha de Entrada en Vigor: [Effective Date]
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDISPONENTE
Nombre de la Empresa (Razón Social): [Company Name]
CIF: [Company CIF]
Domicilio Social: [Company Address]
Correo electrónico: [Company Email]
Teléfono: [Company Phone]
Sitio web: [Company Website]
Registro Mercantil: [Registro Mercantil]
Delegado de Protección de Datos (DPD): [DPD Contact]
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas Condiciones Generales de Contratación (CGC) se rigen por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), y se aplican a todos los contratos celebrados entre [Company Name] (el predisponente) y el adherente para la prestación de los siguientes bienes o servicios: [Services Description].
Estas CGC se aplican a contratos de tipo: [Contract Type], celebrados a través de los siguientes canales: [Delivery Channel].
Estas CGC constituyen condiciones generales en el sentido del artículo 1 de la LCGC — están predispuestas, se aplican a una pluralidad de contratos y se incorporan sin negociación individual de su contenido. Para los contratos con consumidores (B2C), resulta de aplicación adicional el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), que traspone la Directiva 93/13/CEE y la Directiva 2011/83/UE.
3. INCORPORACIÓN
Estas CGC se incorporan a cada contrato entre [Company Name] y el adherente conforme al artículo 5 de la Ley 7/1998 (LCGC). La incorporación exige que: (1) [Company Name] haya hecho referencia expresa a estas CGC antes o en el momento de la contratación; (2) el adherente haya tenido una oportunidad real de examinar el texto completo — disponible en [Company Website] y facilitado a petición del interesado; y (3) el adherente haya aceptado expresamente estas CGC a través del mecanismo de aceptación aplicable (casilla de verificación, firma electrónica o firma manuscrita).
Las cláusulas que no hayan sido debidamente incorporadas quedan excluidas del contrato conforme al artículo 7 de la LCGC. Las cláusulas ambiguas se interpretarán en contra de [Company Name] conforme a la regla contra proferentem del artículo 6.2 de la LCGC.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
Precio: [Pricing Mechanism]
Métodos de Pago Aceptados: [Payment Method]
Plazo de Pago: [Payment Deadline]
Todos los precios se indican con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido al tipo aplicable conforme a la Ley 37/1992 del IVA, salvo indicación expresa en contrario. Para las operaciones B2B, los intereses de demora se devengan conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5. DERECHO DE DESISTIMIENTO
Derecho de Desistimiento: [Withdrawal Right]
Cuando resulte aplicable, los consumidores tienen derecho a desistir de este contrato en un plazo de 14 días naturales desde su celebración (para contratos de servicios) o desde la entrega (para bienes), sin penalización ni necesidad de indicar el motivo, conforme a los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU), que traspone la Directiva 2011/83/UE. La falta de información al consumidor sobre este derecho amplía el plazo de desistimiento a 12 meses (artículo 105 LGDCU).
Excepciones al Derecho de Desistimiento: [Withdrawal Exceptions]
Período de Garantía: [Warranty Period] — conforme al artículo 120 del LGDCU, los bienes vendidos a consumidores tienen una garantía de conformidad mínima de 2 años.
6. PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
[Company Name] (CIF: [Company CIF]) trata los datos personales de los adherentes como responsable del tratamiento conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). La base jurídica para el tratamiento de los datos contractuales es el artículo 6.1(b) del RGPD (ejecución de un contrato). Los datos se conservan durante la duración de la relación contractual y los plazos legales de conservación aplicables conforme a la legislación mercantil y fiscal española.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a [Company Email] o al Delegado de Protección de Datos en [DPD Contact]. Las reclamaciones podrán presentarse ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en aepd.es.
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, la responsabilidad de [Company Name] por incumplimiento de estas CGC se limita a los daños directos causados por dolo o negligencia grave — la responsabilidad por dolo no puede excluirse conforme al artículo 1102 del Código Civil. Para los contratos B2C, los derechos legales del consumidor conforme al LGDCU no se ven afectados — cualquier cláusula que limite la responsabilidad reduciendo los derechos legales del consumidor es abusiva y nula conforme al artículo 86 del LGDCU.
8. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Ley Aplicable: [Governing Law]
Resolución de Conflictos: [Dispute Resolution]
Para los contratos con consumidores (B2C): el artículo 17 del Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis) reconoce a los consumidores el derecho a litigar ante los tribunales de su domicilio — una cláusula de sumisión a un tribunal de otro Estado miembro de la UE no vincula al consumidor. Los consumidores de la UE también pueden utilizar la plataforma de Resolución de Litigios en Línea (ODR) de la Comisión Europea en ec.europa.eu/consumers/odr.
Estas CGC se rigen por la legislación española. Cualquier aspecto no regulado expresamente en ellas se rige por la Ley 7/1998 (LCGC), el Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU), la Ley 34/2002 (LSSI-CE) y el Código Civil.
9. MODIFICACIONES
[Company Name] se reserva el derecho de modificar estas CGC publicando la versión actualizada en [Company Website] con al menos 30 días de antelación. El uso continuado de los servicios tras la fecha de modificación constituye la aceptación de las condiciones modificadas. Para los contratos con consumidores, las cláusulas de modificación unilateral deben cumplir el artículo 85.3 del LGDCU — las modificaciones deben otorgar al consumidor el derecho a desistir sin penalización si la modificación es sustancial.
10. ACEPTACIÓN
El adherente confirma haber leído, entendido y aceptado estas Condiciones Generales de Contratación de [Company Name] (CIF: [Company CIF]), con efectos desde [Effective Date].
ADHERENTE:
Nombre: _________________________
NIF / CIF: _________________________
Fecha: _________________________
Firma: _________________________
CIF: [Company CIF]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Company (Predisponente)
________________
Signature
Adherent
________________
Signature
What Is a General Terms of Contract Spain (Condiciones Generales de Contratación)?
General Terms of Contract Spain (Condiciones Generales de Contratación — CGC) are pre-drafted contractual clauses governed by Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), which are drafted by one party (the predisponente) and applied uniformly to a plurality of contracts without individual negotiation of their content. Article 1 LCGC defines condiciones generales as clauses that: (1) have been pre-formulated by one contracting party; (2) are incorporated into a plurality of contracts; and (3) are applied without the adherent (adherente) being able to influence their content. The LCGC applies to all contracts where one party uses pre-drafted terms, regardless of whether both parties are businesses (B2B) or whether one is a consumer (B2C) — though the consumer protection layer of Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios — LGDCU) adds substantially stricter controls for B2C contracts.
Spain implemented Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, through Ley 7/1998 and the original Ley 26/1984 General de Consumidores, later consolidated into LGDCU. The Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) has issued numerous landmark rulings affecting Spanish condiciones generales — most notably in cases C-415/11 (Aziz), C-26/13 (Kásler), and C-154/15 (Gutiérrez Naranjo) concerning mortgage floor clauses (cláusulas suelo) — which prompted Spain's Tribunal Supremo and legislator to fundamentally reform Spanish mortgage and consumer contract law.
For B2B contracts, the LCGC establishes the rules for valid incorporation (incorporación) of condiciones generales — Article 5 LCGC requires that: (1) the adherent has had a real opportunity to examine the conditions before or at the time of contracting; (2) the predisponente expressly refers to the conditions; and (3) the conditions are signed by both parties or confirmed by the adherent. Clauses that have not been properly incorporated are not binding on the adherent under Article 7 LCGC. Ambiguous or incomprehensible clauses are interpreted against the predisponente (contra proferentem) under Article 6.2 LCGC.
The Registro de Condiciones Generales de la Contratación — maintained by the Registro de Bienes Muebles under the Ministerio de Justicia — is a voluntary public registry where companies may register their standard terms. Registration creates a presumption that the terms were in use at the time of contracting (Article 11 LCGC) and supports collective legal actions (acciones colectivas) by consumer associations under Articles 12 through 20 LCGC. The Notarios públicos and Registradores de la Propiedad may refuse to authorise public deeds or register instruments containing clauses they consider abusive under Article 84 LGDCU — a significant control mechanism for mortgage and real estate transactions.
Digital condiciones generales for e-commerce are additionally regulated by Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), which requires that online businesses make their condiciones generales available to consumers before the conclusion of the electronic contract, in a form that can be stored and reproduced. The Dirección General de Consumo of each autonomous community and the Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) enforce LSSI-CE and LGDCU compliance.
When Do You Need a General Terms of Contract Spain (Condiciones Generales de Contratación)?
General Terms of Contract Spain are needed whenever a Spanish business (autónomo, sociedad limitada, sociedad anónima) provides goods or services to multiple customers on a recurring basis and wishes to govern those relationships through a uniform set of pre-drafted contractual conditions, rather than individually negotiating each contract.
Condiciones Generales de Contratación are needed for e-commerce businesses (tiendas online) selling goods or services to consumers or businesses through a website — Ley 34/2002 (LSSI-CE) and Real Decreto 1/2007 (LGDCU) require that CGC be clearly displayed, accessible, and accepted before the purchase process is completed. The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) monitors compliance with LSSI-CE.
General Terms are needed when a Spanish financial institution (banco, entidad de crédito) offers standardised loan, mortgage, credit card, or investment products — financial services condiciones generales are subject to additional controls under Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo, Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, and supervision by the Banco de España's Servicio de Reclamaciones.
Condiciones Generales de Contratación are needed by telecommunications, energy, and utility companies (operadoras de telecomunicaciones, distribuidoras de energía) in Spain — their tariff conditions and service terms constitute condiciones generales subject to sector-specific regulation by the Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) and the Ministerio para la Transición Ecológica.
General Terms are needed for software-as-a-service (SaaS) providers, digital platform operators, and online marketplace operators targeting Spanish users — these must comply with LCGC, LGDCU, LSSI-CE, RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), and the EU Digital Services Act (Reglamento (UE) 2022/2065), enforced in Spain by the Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) and the Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Condiciones Generales are needed when a professional services firm (law firm, consulting firm, accounting practice) or freelance professional sends engagement letters to multiple clients using standardised service terms — the CGC must comply with LCGC incorporation requirements and, if clients are consumers (particulares), must not contain abusive clauses under LGDCU Articles 82 through 91.
General Terms of Contract are needed for construction and real estate developers (promotores inmobiliarios) selling residential or commercial property off-plan (sobre plano) — the Ley 57/1968 on advance payments in housing (replaced in part by Ley 20/2015) and Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) impose specific consumer protection obligations for condiciones generales in property sale contracts.
What to Include in Your General Terms of Contract Spain (Condiciones Generales de Contratación)
Valid and enforceable General Terms of Contract Spain under Ley 7/1998 (LCGC) and Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU) must contain the following elements and satisfy the following requirements to bind the adherent and withstand legal challenge.
Incorporation Requirements (Requisitos de Incorporación): Under Article 5 LCGC, condiciones generales are incorporated into the contract only when: (1) the predisponente expressly refers to them and has confirmd the adherent has a real opportunity to examine them before contracting; (2) the CGC are available in writing — including electronic format — in a language the adherent can understand; and (3) the adherent expressly accepts the conditions. For online contracts under LSSI-CE, a click-through acceptance mechanism (checkbox marked 'He leído y acepto las Condiciones Generales') with a hyperlink to the full text is the standard mechanism. Not-incorporated clauses are void under Article 7 LCGC.
Transparency Principle (Principio de Transparencia): Article 5.5 LCGC requires that conditions be clear, concrete, and simple — sufficiently transparent that a reasonable adherent can understand their content and economic consequences. The Tribunal Supremo has developed an extensive jurisprudence on the double transparency test (doble control de transparencia) — clauses must be formally comprehensible (legible, in plain language) and materially transparent (the adherent must understand the economic risk). The TJUE's C-26/13 (Kásler) and Tribunal Supremo Sala de lo Civil plenary judgment of 9 May 2013 (STS 241/2013) on cláusulas suelo established that formal transparency alone is insufficient for consumer contracts.
Prohibition of Abusive Clauses (Cláusulas Abusivas): For B2C contracts, Articles 82 through 91 LGDCU and Directiva 93/13/CEE prohibit clauses that, contrary to good faith, cause a significant imbalance in the parties' rights and obligations. Articles 85 through 90 LGDCU list 29 specific types of presumptively abusive clauses — including: clauses giving the seller a unilateral right to modify the price (Article 85.3); disproportionate default interest clauses (Article 85.6); clauses excluding statutory warranties (Article 86.1); and pre-dispute arbitration clauses in consumer contracts (Article 90.1). Abusive clauses are null and void under Article 83 LGDCU — the rest of the contract remains valid.
Right of Withdrawal (Derecho de Desistimiento): For consumer contracts concluded at a distance (contratos a distancia) or off-premises (contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil), LGDCU Articles 102 through 108 grant the consumer a 14-calendar-day right of withdrawal (derecho de desistimiento) without penalty or stating any reason. The CGC must clearly inform consumers of this right — failure to do so extends the withdrawal period to 12 months under Article 105 LGDCU, implementing Directiva 2011/83/UE (Consumer Rights Directive).
Data Protection Information (Información RGPD): The CGC must include or reference a data protection notice under Article 13 of Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) and Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), informing adherents of: the identity of the data controller (responsable del tratamiento); the legal basis for processing (Article 6 RGPD); the retention periods; the categories of recipients (including data processors — encargados del tratamiento); and the data subject's rights, exercisable before the Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Payment Terms and Price: The CGC must state the price (precio) of the goods or services clearly — including VAT (IVA) and any additional charges (gastos de envío, comisiones) — or the mechanism for determining the price. For subscription services, the billing cycle, renewal conditions, and cancellation procedure must be clearly stated under LGDCU Article 97 and LSSI-CE Article 27. Price modification clauses must comply with LGDCU Article 85.3 — unilateral price changes require adequate prior notice and the consumer's right to withdraw without penalty.
Limitation of Liability: Limitation of liability clauses (cláusulas de limitación de responsabilidad) in B2B condiciones generales are generally valid under LCGC Article 8 and Código Civil Article 1255, subject to the limitation that liability for fraud (dolo) and gross negligence (negligencia grave) cannot be excluded under Article 1102 Código Civil. For B2C contracts, limitation of liability clauses that reduce or exclude statutory consumer rights are abusive and void under LGDCU Article 86.
Governing Law and Jurisdiction: The CGC must specify the applicable law and the competent court or arbitral tribunal for disputes. For B2C contracts, Reglamento (UE) 1215/2012 (Brussels Ibis) Article 17 grants consumers the right to sue in their home courts — a choice of court clause selecting a court in another EU member state is not binding on consumers. The applicable law choice under Rome I (Reglamento (CE) 593/2008) Article 6 cannot deprive consumers of mandatory protections of their habitual residence law.
Forms-legal.com provides this General Terms of Contract Spain template as a practical drafting framework. All condiciones generales used in consumer-facing contracts must be reviewed by a qualified abogado registered with the Consejo General de la Abogacía Española and, for financial services, approved by the Banco de España's Departamento de Conducta de Entidades before deployment.
Sources & Citations
Statutory citations link to official government sources.
- Rome IEU official
- Digital Services ActEU official
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Frequently Asked Questions
Conforme al artículo 5 de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), las condiciones generales son vinculantes para el adherente únicamente cuando se cumplen tres requisitos de incorporación: (1) el predisponente ha hecho referencia expresa a las condiciones antes o en el momento de contratar; (2) el adherente ha tenido una oportunidad real de examinar el texto completo de las condiciones — una mera referencia a condiciones publicadas en un sitio web satisface este requisito si el enlace es claramente visible y el texto es accesible antes de la aceptación; y (3) ambas partes han aceptado las condiciones — para los contratos en línea, esto generalmente implica una aceptación activa mediante clic (mecanismo de casilla de verificación). Las cláusulas que no se han incorporado — porque el adherente no tuvo una oportunidad real de examinarlas o no se hizo referencia clara a ellas — son nulas conforme al artículo 7 de la LCGC y quedan excluidas del contrato. Los tribunales aplican un estándar objetivo: ¿habría tenido conocimiento de la condición y la habría comprendido un consumidor o empresa razonablemente diligente?
Conforme a los artículos 82 a 91 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU) — que implementa la Directiva 93/13/CEE — una cláusula abusiva en un contrato con consumidores es cualquier cláusula que, en contra de la buena fe, causa un desequilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. La LGDCU contiene una lista de 29 categorías de cláusulas presuntamente abusivas en los artículos 85 a 90, entre ellas: derechos unilaterales de modificación del precio, derechos asimétricos de resolución, cláusulas de sumisión a tribunales distantes y cláusulas de arbitraje predispuesto que excluyen el Sistema Arbitral de Consumo. Conforme al artículo 83 de la LGDCU, las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho — carecen de efecto desde el momento de la contratación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado repetidamente (C-243/08, C-415/11, C-154/15) que los tribunales nacionales deben examinar de oficio las cuestiones relativas a cláusulas abusivas — incluso sin que el consumidor lo solicite — y no deben moderar ni reformular una cláusula abusiva nula, sino simplemente eliminarla mientras el resto del contrato sigue siendo válido.
Las condiciones generales en línea en España deben cumplir con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) y el Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU). Conforme al artículo 27 de la LSSI-CE, las condiciones deben estar disponibles antes del inicio del proceso de compra, en un formato que el consumidor pueda almacenar y reproducir. Conforme a los artículos 97 y 98 de la LGDCU, los requisitos de información precontractual para los contratos a distancia incluyen: identidad y datos de contacto del empresario (con domicilio social y NIF); descripción completa de los bienes o servicios; precio total incluyendo el IVA y todos los cargos adicionales; condiciones de pago, entrega y ejecución; el derecho de desistimiento de 14 días con el formulario de desistimiento; información sobre el servicio posventa y las garantías; la duración del contrato y las condiciones de renovación; y las características del contenido digital conforme a la Directiva 2019/770 transpuesta por el Real Decreto-Ley 7/2021. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede investigar y sancionar a los operadores en línea por incumplimiento de la LSSI-CE con multas de hasta 150.000 euros.
Sí. El artículo 11 de la Ley 7/1998 (LCGC) establece el Registro de Condiciones Generales de la Contratación — un registro público voluntario mantenido por el Registro de Bienes Muebles bajo el Ministerio de Justicia. La inscripción es voluntaria para la mayoría de los predisponentes, pero ofrece varias ventajas prácticas: (1) establece un registro público de qué condiciones estaban en uso en una fecha concreta, creando una presunción aplicable en litigios; (2) facilita las acciones colectivas de las asociaciones de consumidores o de la Administración Pública que soliciten la cesación de cláusulas abusivas conforme a los artículos 12 a 20 de la LCGC; y (3) los Notarios y los Registradores de la Propiedad pueden consultar el registro al formalizar o inscribir instrumentos que incorporen condiciones generales — especialmente contratos hipotecarios. Para las entidades financieras, el Banco de España exige que las condiciones hipotecarias estandarizadas estén inscritas públicamente en relación con la ficha europea de información normalizada (FEIN) obligatoria conforme a la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU) implementan la Directiva 2011/83/UE y otorgan a los consumidores un plazo de desistimiento de 14 días naturales en los contratos a distancia (celebrados por internet, teléfono o catálogo) y en los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil (en el domicilio del consumidor o en ferias). El plazo de 14 días se computa desde la entrega de los bienes (en contratos de compraventa) o desde la celebración del contrato (en contratos de servicios). Las condiciones generales deben: (1) informar expresamente al consumidor del derecho de desistimiento y facilitar el modelo de formulario de desistimiento establecido en el Anexo B de la LGDCU; (2) indicar que el consumidor puede desistir sin penalización y sin necesidad de indicar motivo; y (3) proporcionar instrucciones claras para ejercer el desistimiento. Si las CGC no informan adecuadamente al consumidor de este derecho, el plazo de desistimiento se amplía a 12 meses (artículo 105 LGDCU). Las excepciones al derecho de desistimiento incluyen los bienes fabricados a medida, los bienes perecederos, los productos de audio o software sellados abiertos por el consumidor y los contratos de servicios completamente ejecutados con el acuerdo previo del consumidor.
El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) exigen que las condiciones generales incluyan o vayan acompañadas de información completa sobre protección de datos conforme a los artículos 13 y 14 del RGPD. La cláusula de protección de datos o la política de privacidad vinculada debe indicar: la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del Delegado de Protección de Datos (DPD), si ha sido designado; las finalidades específicas del tratamiento y la base jurídica de cada una (ejecución del contrato conforme al artículo 6.1(b), interés legítimo conforme al artículo 6.1(f) o consentimiento conforme al artículo 6.1(a)); el plazo de conservación de cada categoría de datos personales; las categorías de destinatarios — incluidos socios de marketing, proveedores de servicios en la nube y procesadores de pagos — y si los datos se transfieren fuera del Espacio Económico Europeo (EEE); y los derechos del interesado: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, ejercitables ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en aepd.es. El tratamiento basado en el consentimiento (p. ej., correos de marketing) requiere un mecanismo de consentimiento separado y específico — el consentimiento no puede incorporarse a la aceptación general de las condiciones generales conforme al artículo 7.2 del RGPD y el Considerando 43.
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