Política de Prevención del Blanqueo de Capitales España

La Política de Prevención del Blanqueo de Capitales es, en España, el documento interno de obligado cumplimiento regulado por Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que fija las reglas y procedimientos que la organización debe observar.

El Artículo 2 de la Ley 10/2010 define los sujetos obligados sometidos al régimen AML español — categoría amplia que comprende: entidades financieras (entidades de crédito, aseguradoras, gestoras de fondos de inversión, empresas de servicios de inversión) supervisadas por el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); profesionales del derecho (notarios, registradores de la propiedad, abogados) en determinadas operaciones; agentes inmobiliarios y promotores; auditores y asesores fiscales; operadores de juego bajo la Ley 13/2011 de Regulación del Juego; y comerciantes de bienes de alto valor (joyeros, marchantes de arte, metales preciosos) en operaciones en efectivo superiores a 10.000 euros.

El SEPBLAC — unidad de inteligencia financiera (UIF) y autoridad supervisora AML — opera bajo la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales presidida por la Secretaría de Estado de Hacienda. El SEPBLAC recibe comunicaciones de operaciones sospechosas (COS), analiza la inteligencia financiera y coordina con la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

El marco español implementa la Directiva (UE) 2015/849 (4.ª Directiva AML) y la Directiva (UE) 2018/843 (5.ª Directiva AML). El Real Decreto 304/2014 regula en detalle la diligencia debida, el Órgano de Control Interno (OCI), el Manual de Prevención y el Examen Anual Externo para las entidades de mayor tamaño. El Artículo 52 de la Ley 10/2010 prevé sanciones administrativas desde amonestación hasta multas de hasta 10 millones de euros o el 10 % del volumen de negocio anual por infracciones muy graves, con posible responsabilidad penal bajo los artículos 301 a 304 del Código Penal.

El Registro de Titulares Reales — creado por Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 21 de octubre de 2020 en el Registro Mercantil Central — implementa el Artículo 30 de la 5.ª Directiva AML. Todas las sociedades españolas deben inscribir a sus titulares reales (personas físicas que posean más del 25 % del capital social o los derechos de voto, o ejerzan el control efectivo) en el Registro Mercantil Central.

Una Política de Prevención del Blanqueo de Capitales en España es obligatoria cuando una empresa tiene la condición de sujeto obligado conforme al Artículo 2 de la Ley 10/2010 — la norma impone la obligación de adoptar procedimientos de control interno como requisito previo ante cualquier inspección del SEPBLAC o del supervisor sectorial competente.

La política es necesaria cuando una entidad de crédito española (banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito) debe cumplir la Circular 1/2019 del SEPBLAC sobre obligaciones de prevención, que exige un Manual de Prevención aprobado por el Consejo de Administración, un Representante ante el SEPBLAC designado y un Órgano de Control Interno con funciones y líneas de reporte documentadas.

Se requiere cuando una agencia inmobiliaria o promotor en España realice operaciones de compraventa o arrendamiento de inmuebles — sujetos obligados bajo el Artículo 2.1.o de la Ley 10/2010 — debiendo aplicar diligencia debida, identificar titulares reales de las entidades compradoras y verificar el origen de los fondos en operaciones superiores a 10.000 euros en efectivo.

Es necesaria cuando un despacho de abogados, una notaría o una firma de auditoría presta servicios relacionados con operaciones inmobiliarias, constitución de sociedades, gestión de fideicomisos o administración de fondos de clientes — los profesionales del derecho quedan sujetos al Artículo 2.1.n de la Ley 10/2010 y deben implementar procedimientos AML respetando el secreto profesional conforme al Estatuto General de la Abogacía Española.

Una Política AML es necesaria cuando una fintech, entidad de pago o entidad de dinero electrónico autorizada por el Banco de España bajo la Ley 16/2009 de servicios de pago o la Ley 21/2011 de dinero electrónico debe demostrar al Departamento de Supervisión de Conducta del Banco de España que dispone de procedimientos AML conformes con el SEPBLAC antes de obtener o renovar su autorización.

También se requiere como parte de un paquete de due diligence corporativa cuando una empresa española es adquirida por un inversor extranjero o cotiza en un mercado regulado español — demostrar cumplimiento AML documentado es condición precedente habitual en operaciones M&A supervisadas por la CNMV y elemento clave de la revisión anticorrupción y ESG bajo los artículos 31 bis y 301 del Código Penal sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Una Política de Prevención del Blanqueo de Capitales válida en España conforme a la Ley 10/2010 y al Real Decreto 304/2014 debe contener los siguientes elementos esenciales para satisfacer los requisitos de inspección del SEPBLAC y evitar sanciones administrativas bajo el Artículo 52 de la Ley PBC/FT.

Ámbito y Objeto: Declaración clara del ámbito de la política — qué entidades, sucursales y líneas de negocio cubre — y su base legal en la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014. La política debe identificar la clasificación de la empresa como sujeto obligado en el apartado específico del Artículo 2 de la Ley 10/2010 aplicable a su actividad.

Estructura Organizativa y Gobernanza: Identificación del Órgano de Control Interno (OCI) — bien un departamento de cumplimiento específico, el Compliance Officer o un directivo de rango superior — con su línea de reporte al Consejo de Administración o la Dirección General. El Representante ante el SEPBLAC (Artículo 26 Ley 10/2010) — directivo con residencia permanente en España, autorizado para responder a las solicitudes de información del SEPBLAC — debe ser nombrado y sus datos registrados ante el SEPBLAC.

Diligencia Debida del Cliente: Los tres niveles de diligencia debida exigidos por el Capítulo II de la Ley 10/2010: (1) Diligencia debida normal — identificación y verificación de la identidad del cliente mediante documentación (DNI, NIE, pasaporte, NIF) y confirmación del titular real para entidades que superen el umbral del 25 % conforme al Artículo 4 de la Ley 10/2010 y el Artículo 8 del Real Decreto 304/2014; (2) Diligencia debida simplificada — para clientes y operaciones de menor riesgo (sociedades cotizadas, autoridades públicas, entidades de crédito); (3) Diligencia debida reforzada — obligatoria para personas con responsabilidad pública (PEPs) bajo el Artículo 14, banca corresponsal, operaciones no presenciales y operaciones de alto valor.

Personas con Responsabilidad Pública (PEPs): Procedimientos específicos para identificar, supervisar y obtener aprobación de la alta dirección para relaciones de negocio con PEPs conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley 10/2010 — incluyendo políticos españoles, altos funcionarios, magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, directivos de empresas públicas y sus familiares y personas allegadas conforme al Artículo 14.4 de la Ley 10/2010.

Seguimiento de Operaciones: Sistema y criterios para el seguimiento continuado (Artículo 6 Ley 10/2010) — identificando operaciones inconsistentes con el perfil de riesgo del cliente, detectando operaciones inusuales y activando la escalada para análisis de operaciones sospechosas.

Comunicación de Operaciones Sospechosas: Procedimiento interno de escalada y comunicación al SEPBLAC conforme al Artículo 18 de la Ley 10/2010. La política debe especificar el formulario interno de COS, la cadena de escalada y la obligación de mantener la confidencialidad — prohibiendo alertar al cliente (tipping-off) bajo el Artículo 24 de la Ley 10/2010.

Control de Operaciones en Efectivo: Procedimientos para implementar la restricción al pago en efectivo del Artículo 7 de la Ley 7/2012 — prohibición por encima de 1.000 euros con empresarios o profesionales; hasta 10.000 euros en operaciones entre particulares. Obligaciones de comunicación a la AEAT para operaciones en efectivo superiores a 10.000 euros mediante el Modelo S-1.

Conservación de Documentación: Obligación de conservar documentos de identificación, registros de operaciones y comunicaciones COS durante 10 años conforme al Artículo 25 de la Ley 10/2010 — compatible con los principios de minimización de datos del RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

Formación: Formación anual en materia de PBC/FT para todo el personal relevante conforme al Artículo 29 de la Ley 10/2010, con registros de asistencia.

forms-legal.com ofrece esta plantilla de Política de Prevención del Blanqueo de Capitales España como punto de partida práctico. La política definitiva debe adaptarse al perfil de riesgo específico de cada sujeto obligado, ser revisada por un especialista en cumplimiento normativo o abogado con experiencia ante el SEPBLAC y aprobada por el consejo antes de su implementación.