Acuerdo de Compliance España — Código Penal art. 31 bis

El Acuerdo de Compliance es, en España, el contrato escrito regulado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, art. 31 bis, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

El Artículo 31 bis.2 del CP establece las condiciones para la exoneración plena de la responsabilidad penal corporativa: la organización debe haber adoptado e implementado efectivamente un modelo de organización y gestión antes de la comisión del delito; el modelo debe incluir medidas específicas para prevenir los delitos del tipo cometido; la supervisión del modelo debe haberse delegado en un órgano de compliance con poderes autónomos; el individuo que cometió el delito debe haber eludido fraudulentamente los controles de la organización; y no debe haberse producido una omisión o supervisión insuficiente por parte del órgano de compliance. El Acuerdo de Compliance — reconocimiento firmado por todo el personal cubierto por el programa — es un elemento de implementación práctica de este modelo, que demuestra que la empresa comunicó las obligaciones de compliance individual y personalmente a cada miembro de la organización.

La tipología de delitos por los que las personas jurídicas españolas pueden ser penalmente responsables bajo el Artículo 31 bis del CP incluye: cohecho activo de funcionarios públicos (artículos 424-430 CP); corrupción entre particulares (Artículo 286 bis CP); defraudación tributaria (Artículo 305 CP); blanqueo de capitales (artículos 301-304 CP); financiación del terrorismo (artículos 576-580 CP); abuso de mercado (artículos 284-286 CP); estafa informática (Artículo 248 CP); delitos medioambientales (artículos 325-331 CP); trata de seres humanos (Artículo 177 bis CP); delitos contra la propiedad intelectual e industrial (artículos 270-277 CP); y vulneraciones de la protección de datos cuando constituyan conducta penal bajo el CP. El programa de compliance debe abordar el perfil de riesgo específico de las actividades de la empresa, y el Acuerdo de Compliance debe adaptarse a las categorías de delitos más relevantes para el sector de la empresa.

El marco de compliance en España está también conformado por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, que transpone la Directiva UE 2019/1937 y exige a todas las organizaciones con cincuenta o más empleados establecer un canal interno de información mediante el cual el personal pueda denunciar incumplimientos normativos de forma confidencial y sin temor a represalias. El Acuerdo de Compliance debe informar a los empleados de la existencia y funcionamiento del canal de denuncias y de su derecho a utilizarlo sin sufrir consecuencias laborales adversas conforme a los artículos 33-37 de la Ley 2/2023.

Las obligaciones anticorrupción son centrales en los programas de compliance corporativo en España tras las reformas de la Ley Orgánica 5/2010. El Artículo 286 bis del CP tipifica la corrupción activa y pasiva entre particulares — sobornos, comisiones ilícitas y pagos indebidos ofrecidos o aceptados por empleados o agentes comerciales de empresas privadas. El Artículo 424 del CP cubre el cohecho activo de funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción y los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tienen jurisdicción sobre los casos de corrupción relevantes, y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado proporciona una extensa orientación sobre la evaluación de la adecuación de los programas de compliance utilizada por fiscales y tribunales.

El Acuerdo de Compliance España es necesario siempre que una empresa desea documentar el reconocimiento personal de cada empleado, directivo o colaborador externo de sus obligaciones bajo el programa de cumplimiento normativo corporativo — los reconocimientos firmados individualmente son un elemento clave del modelo de organización y gestión bajo el Artículo 31 bis.2 del Código Penal que puede exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.

El acuerdo es necesario cuando una empresa constituye o actualiza su programa de cumplimiento normativo (modelo de prevención de delitos) tras una revisión legal, un cambio de titularidad, una expansión significativa de sus actividades o la entrada en nuevos sectores con mayor riesgo de compliance — como la contratación pública, los servicios financieros, la sanidad o el sector inmobiliario.

Un Acuerdo de Compliance formal es necesario cuando una empresa establece un órgano de compliance — ya sea un compliance officer interno, un consultor externo o un comité de compliance a nivel del consejo de administración — bajo el Artículo 31 bis.2.b del CP, y necesita documentar la delegación de la supervisión del compliance en este órgano y las obligaciones de todo el personal de cooperar con él.

El acuerdo es necesario cuando una empresa implementa un canal de denuncias bajo la Ley 2/2023 de Protección de Informantes — los empleados deben ser informados individualmente de la existencia y funcionamiento del canal, y de la prohibición de represalias bajo los artículos 33-37 de la Ley 2/2023, y su reconocimiento firmado crea un registro probatorio de esta comunicación.

Se requiere un Acuerdo de Compliance cuando una empresa contrata a terceros — proveedores, distribuidores, agentes, consultores o socios en empresas conjuntas — cuyas actividades exponen a la empresa a responsabilidad penal bajo el marco de responsabilidad por actos de terceros del CP, y la empresa necesita documentación contractual de las obligaciones de compliance del tercero como parte de su programa de diligencia debida y supervisión de terceros.

El acuerdo es necesario cuando una empresa está sometida a una investigación o proceso penal, y necesita demostrar ante la Fiscalía o el tribunal que contaba con un programa de compliance eficaz en el momento del presunto delito — los reconocimientos de compliance firmados individualmente son documentos probatorios que los tribunales consideran al evaluar la adecuación del modelo de compliance de la empresa bajo la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

Se requiere un acuerdo formal cuando una empresa implementa un programa de formación anticorrupción — habitualmente anual — y necesita acreditar la realización y el reconocimiento de la política anticorrupción por parte de todo el personal cuyos puestos conllevan riesgo de corrupción, conforme a la norma española UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal.

Un Acuerdo de Compliance España válido bajo el Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal debe contener los siguientes elementos esenciales para sostener la defensa de exoneración penal de la empresa bajo el Artículo 31 bis.2 del CP y satisfacer los requisitos de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes.

Identificación del firmante: Nombre completo, DNI/NIE, cargo, departamento y fecha de inicio de la relación laboral o de colaboración de la persona que suscribe el acuerdo. Para los administradores y altos directivos, debe indicarse la naturaleza de su cargo, ya que el estándar para la exoneración corporativa bajo el Artículo 31 bis.4 del CP es más estricto para los delitos cometidos por quienes tienen autoridad para representar y gestionar la empresa que para los cometidos por empleados subordinados.

Reconocimiento del programa de compliance: Confirmación expresa de que el firmante ha recibido, leído y comprendido el programa de compliance de la empresa — identificado por número de versión y fecha de aprobación — y las políticas clave que contiene, incluyendo el código de conducta, la política anticorrupción, la política de obsequios y atenciones, la política de conflictos de interés y la política de protección de datos. Este reconocimiento es central para la demostración del Artículo 31 bis.2 de que la organización comunicó sus estándares de compliance individual y personalmente a cada miembro del personal.

Obligaciones anticorrupción: Reconocimiento específico de las obligaciones del firmante bajo los artículos 286 bis y 424 del CP — la prohibición de ofrecer, prometer o aceptar sobornos o ventajas indebidas en transacciones comerciales o en las relaciones con funcionarios públicos; la obligación de rechazar las solicitudes de terceros de pagos indebidos; y la obligación de comunicar de inmediato al compliance officer o a través del canal de denuncias cualquier intento real o sospechado de soborno.

Conflictos de interés: Obligaciones de comunicación de intereses personales, financieros o comerciales que puedan crear conflictos reales o aparentes con los deberes del firmante hacia la empresa, bajo el código de conducta. El firmante debe comprometerse a comunicar cualquier conflicto sin demora y a abstenerse de participar en decisiones donde exista un conflicto.

Confidencialidad y seguridad de la información: La obligación del firmante de proteger la información confidencial de la empresa, los secretos comerciales y los datos personales — bajo la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y el RGPD (Reglamento UE 2016/679) — y de cumplir con las políticas de seguridad de la información de la empresa. Deben incluirse obligaciones específicas sobre el tratamiento de datos personales, la minimización de datos y la notificación de brechas de seguridad de datos personales al compliance officer y al Delegado de Protección de Datos (DPO) cuando proceda.

Canal de denuncias: Reconocimiento de la existencia y funcionamiento del canal interno de información de la empresa bajo la Ley 2/2023. El firmante debe ser informado de: cómo utilizar el canal; las garantías de confidencialidad y anonimato (cuando se ofrezcan); la prohibición de represalias contra los informantes de buena fe bajo los artículos 33-37 de la Ley 2/2023; y la posibilidad de denuncia externa ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A-I) o el regulador sectorial competente.

Cooperación con las investigaciones de compliance: La obligación del firmante de cooperar plenamente con las investigaciones internas de compliance, proporcionar información veraz al compliance officer y abstenerse de destruir, ocultar o alterar documentos relevantes para cualquier investigación.

Consecuencias del incumplimiento: Una declaración expresa de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de compliance — medidas disciplinarias hasta el despido disciplinario por infracciones graves bajo el Artículo 54 del ET; responsabilidad penal personal bajo el Código Penal para los empleados que cometan delitos; y responsabilidad civil por los daños causados a la empresa o a terceros bajo el Artículo 1902 del Código Civil.

Obligación de formación: Reconocimiento de que el firmante participará en las sesiones de formación obligatoria en compliance, incluida la formación anual anticorrupción, la formación en protección de datos y cualquier formación sectorial específica requerida por el programa de compliance.

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