Acuerdo de Sostenibilidad Empresarial (España)

El Acuerdo de Sostenibilidad Empresarial es, en España, el contrato escrito regulado por Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), art. 1255; Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética de España es la principal norma climática interna, que establece el objetivo nacional vinculante de neutralidad de carbono (neutralidad de carbono) para 2050 y un objetivo intermedio de reducción del 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 respecto a los niveles de 1990, coherente con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de España en virtud del Acuerdo de París (Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, ratificado por España a través de la UE). El Artículo 29 de la Ley 7/2021 exige a las grandes empresas españolas elaborar y publicar evaluaciones anuales de riesgos climáticos y planes de transición (planes de transición) — obligación que incentiva directamente la adopción de acuerdos de sostenibilidad con proveedores y socios comerciales.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad (LINFD) — que transpuso la Directiva (UE) 2014/95/UE (NFRD) en España — exige a las grandes empresas españolas (con más de 500 empleados o que cumplan dos de tres criterios: cifra de negocios >40 M€, activo total >20 M€, empleados medios >250) publicar anualmente Estados de Información No Financiera (EINF) que cubran aspectos medioambientales, sociales y laborales, de derechos humanos, anticorrupción y diversidad. La LINFD está siendo sustituida por la transposición de la CSRD, que amplía las obligaciones de información a las empresas con más de 250 empleados.

El Reglamento de Taxonomía de la UE (Reglamento (UE) 2020/852) clasifica las actividades económicas como medioambientalmente sostenibles basándose en seis objetivos medioambientales — mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible del agua, transición hacia una economía circular, prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Los participantes en los mercados financieros y las grandes empresas sujetas a la NFRD/CSRD deben divulgar su porcentaje de alineación con la Taxonomía (porcentaje de alineación taxonómica) — la proporción de su cifra de negocios, inversiones en capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx) alineada con actividades conformes a la Taxonomía conforme a los Actos Delegados de la Comisión Europea.

Los marcos sectoriales españoles de sostenibilidad complementan los requisitos legales generales — el Real Decreto 163/2014 de Huella de Carbono creó el registro voluntario español de huella de carbono (Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂) administrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Las empresas que registran su huella de carbono y se comprometen a objetivos de reducción reciben un certificado de verificación que puede referenciarse en los acuerdos de sostenibilidad como prueba del compromiso.

El marco legal que rige el Acuerdo de Sostenibilidad Empresarial en España se apoya en varios textos legales y organismos reguladores clave. En virtud de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, el Registro Mercantil mantiene el registro de las sociedades españolas. El Código de Comercio de 1885 regula las obligaciones mercantiles. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administra el Impuesto sobre Sociedades (IS) conforme a la Ley 27/2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vela por el cumplimiento de la legislación de competencia. El Código Civil regula las obligaciones contractuales generales en su Artículo 1255.

El Acuerdo de Sostenibilidad Empresarial en España es necesario siempre que las organizaciones en España deseen formalizar sus compromisos ESG en un instrumento jurídicamente vinculante — ya sea como acuerdo autónomo, como adenda de sostenibilidad a un contrato comercial existente, o como parte de un marco de diligencia debida en la cadena de suministro exigido por el Derecho europeo y español.

Los acuerdos de sostenibilidad son necesarios para las grandes empresas españolas sujetas a la LINFD (Ley 11/2018) y a las inminentes obligaciones de la CSRD, que exigen la diligencia debida en sostenibilidad en la cadena de suministro — estas empresas deben documentar los compromisos ESG de sus proveedores y prestadores de servicios materiales para incluirlos en su Estado de Información No Financiera y, en el marco de la CSDDD, para demostrar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

El acuerdo es necesario cuando una sociedad anónima o sociedad limitada española solicita financiación verde (financiación verde) — Bonos Verdes (Bonos Verdes) conforme al Estándar Europeo de Bonos Verdes (EU GBS — Reglamento (UE) 2023/2631), o préstamos vinculados a sostenibilidad (préstamos vinculados a sostenibilidad — SLL) con escalones de margen vinculados a Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) ESG. Los bancos e inversores en bonos exigen compromisos de sostenibilidad documentados por parte del prestatario o emisor como parte de la documentación financiera.

El acuerdo de sostenibilidad es necesario cuando una empresa española participa en la contratación pública (contratación pública) regulada por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público — el Artículo 202 de la Ley 9/2017 permite a los poderes adjudicadores exigir condiciones de sostenibilidad en la ejecución del contrato, y las empresas que liciten contratos públicos pueden verse obligadas a acreditar compromisos de sostenibilidad existentes con su cadena de suministro.

El acuerdo es necesario entre una sociedad matriz española y sus filiales o empresas conjuntas para formalizar la aplicación de la política ESG del grupo — confirmando la aplicación coherente de objetivos medioambientales (rutas de reducción de GEI calculadas conforme al GHG Protocol Corporate Standard), estándares sociales (cumplimiento del Convenio de la OIT aplicable a cada país de operaciones) y requisitos de gobierno corporativo (cumplimiento anticorrupción conforme a la Ley Orgánica 5/2010 y al Artículo 31 bis del Código Penal sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción).

Los acuerdos de sostenibilidad son necesarios como parte de la diligencia debida en fusiones y adquisiciones en España — los compradores de empresas españolas realizan cada vez más una diligencia debida ESG (diligencia debida ESG) y pueden exigir que la empresa objetivo otorgue un acuerdo de sostenibilidad como condición previa al cierre de la operación, comprometiéndose a mejoras ESG específicas tras la adquisición.

En virtud de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, el Registro Mercantil mantiene el registro de las sociedades españolas. El Código de Comercio de 1885 regula las obligaciones mercantiles. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administra el Impuesto sobre Sociedades (IS) conforme a la Ley 27/2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vela por el cumplimiento de la legislación de competencia. El Código Civil regula las obligaciones contractuales generales en su Artículo 1255.

Un Acuerdo de Sostenibilidad Empresarial válido en España, conforme al Artículo 1255 del Código Civil y al marco regulatorio ESG, debe contener los siguientes elementos esenciales para crear compromisos de sostenibilidad claros, mensurables y exigibles.

Identificación de las Partes y la Relación: Nombres completos, números de CIF, domicilios registrales y la naturaleza de la relación comercial entre las partes — proveedor (proveedor), comprador (comprador), prestador de servicios (prestador de servicios) o socio de empresa conjunta. El ámbito del acuerdo — qué productos, servicios u operaciones quedan cubiertos — debe definirse con precisión.

Compromisos Medioambientales: Objetivos medioambientales específicos y mensurables acordados por las partes, incluyendo: (1) objetivos de reducción de emisiones de GEI — Alcance 1 (emisiones directas), Alcance 2 (emisiones indirectas de energía adquirida) y Alcance 3 (emisiones de la cadena de valor), calculados conforme al GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard; (2) objetivos de abastecimiento de energía renovable — porcentaje de electricidad procedente de fuentes renovables mediante Garantías de Origen (Certificados de Energía Renovable emitidos por REE — Red Eléctrica de España); (3) registro de la huella de carbono conforme al Real Decreto 163/2014 y el registro MITERD / Ministerio de Medio Ambiente; (4) objetivos de economía circular — reducción de residuos, tasas de reciclaje y obligaciones de ciclo de vida del producto conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Estándares Sociales y Laborales: Compromisos de cumplimiento de los estándares laborales mínimos — el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015), todos los convenios colectivos aplicables, las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos (Real Decreto 39/1997 — Reglamento de los Servicios de Prevención), y las obligaciones de igualdad de trato conforme a la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Compromisos de diligencia debida en materia de derechos humanos alineados con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Normas Fundamentales del Trabajo de la OIT.

Gobierno Corporativo y Anticorrupción: Compromisos de mantener un programa eficaz de cumplimiento penal empresarial (programa de cumplimiento penal) conforme al Artículo 31 bis del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995) — incluyendo una política de tolerancia cero frente a la corrupción, un canal de denuncias (canal de denuncias) conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, Reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción (transposición española de la Directiva de Protección del Denunciante), y el cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

KPIs y Medición: Un cuadro de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) cuantitativos mediante los cuales las partes medirán el cumplimiento de cada compromiso de sostenibilidad — intensidad de GEI por unidad de producción, porcentaje de energía renovable, tasa de residuos enviados a vertedero, brecha salarial de género (brecha salarial de género) conforme al Real Decreto 902/2020 de Igualdad Retributiva, índice de frecuencia de accidentes (LTIF) y puntuación de gobierno corporativo. Los KPIs deben ser verificables de forma independiente conforme a un marco reconocido — GRI Standards (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) o los Estándares Europeos de Información en Materia de Sostenibilidad (ESRS) conforme a la CSRD.

Obligaciones de Información y Derechos de Auditoría: Obligaciones anuales de información en materia de sostenibilidad — cada parte debe facilitar a la otra un informe anual de sostenibilidad que acredite el cumplimiento de los KPIs, verificado por un verificador independiente acreditado conforme al Reglamento (UE) n.º 1221/2009 EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales) o por un organismo de verificación registrado (organismo de verificación acreditado por ENAC — Entidad Nacional de Acreditación). Derechos de auditoría — que permiten a una parte realizar o encargar auditorías ESG de las operaciones de la otra parte previo aviso razonable.

Consecuencias del Incumplimiento: Disposiciones de subsanación para el incumplimiento de KPIs — preaviso y períodos de subsanación (períodos de subsanación), procedimientos de escalada y, en caso de incumplimiento material, derechos de resolución y penalidades (penalidades). Cuando los compromisos de sostenibilidad estén vinculados a las condiciones financieras (préstamos vinculados a sostenibilidad con escalones de margen), el acuerdo debe referenciar las definiciones de KPIs y la metodología de medición acordadas con los prestamistas.

Ley Aplicable y Resolución de Disputas: Derecho español (Código Civil, Ley 7/2021 y Reglamentos de la UE aplicables) como ley aplicable, con las disputas resueltas ante el Juzgado de lo Mercantil o mediante arbitraje conforme a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003).

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En virtud de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, el Registro Mercantil mantiene el registro de las sociedades españolas. El Código de Comercio de 1885 regula las obligaciones mercantiles. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administra el Impuesto sobre Sociedades (IS) conforme a la Ley 27/2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vela por el cumplimiento de la legislación de competencia. El Código Civil regula las obligaciones contractuales generales en su Artículo 1255. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.