Declaración de Concubinato México (CCF Arts. 291-bis – 291-quater)

Los concubinos en México tienen derechos legales sustanciales conforme a los artículos 291-bis a 291-quáter del CCF y a la legislación relacionada. Los principales derechos son: (i) alimentos: cada concubino tiene derecho a recibir alimentos del otro durante la relación, de manera equivalente a la obligación alimentaria entre cónyuges, según la capacidad económica relativa de cada parte; (ii) sucesión legítima: el concubino supérstite hereda de la herencia del concubino fallecido en la misma proporción que correspondería a un cónyuge supérstite conforme a la jerarquía de la sucesión legítima del CCF (artículo 1635 del CCF), siempre que el concubinato haya durado al menos dos años o hayan nacido hijos de la relación; (iii) alimentos posteriores a la separación: el concubino económicamente más débil puede reclamar alimentos a la otra parte hasta por 2 años después de que la relación termine por separación (no por muerte), siempre que no haya sido culpable de la separación y carezca de medios para sostenerse (artículo 291-quáter del CCF); (iv) prestaciones del IMSS: el concubino o la concubina reconocidos pueden registrarse como beneficiarios del IMSS para la cobertura médica y tienen derecho a una pensión de viudez al fallecer el concubino asegurado, conforme a los artículos 84 y 193 de la Ley del Seguro Social; (v) derechos de representación y médicos: los concubinos pueden representarse mutuamente en emergencias médicas y en situaciones de visita hospitalaria; y (vi) derechos de filiación: los hijos nacidos del concubinato tienen los mismos derechos que los nacidos del matrimonio, incluidos los derechos hereditarios en igualdad de condiciones, los alimentos y el derecho a llevar los apellidos de ambos padres.

Probar el concubinato en México para fines hereditarios requiere presentar pruebas documentales y testimoniales ante el Notario Público o el Juzgado Familiar que conoce del juicio sucesorio. Las principales formas de prueba incluyen: (i) comprobantes de domicilio: recibos de servicios (CFE, Telmex, internet, agua) y recibos prediales que muestren a ambas partes en el mismo domicilio durante 2 o más años; (ii) documentos compartidos de renta o compra: un contrato de arrendamiento a nombre de ambos o una escritura que muestre la copropiedad; (iii) registros de beneficiarios del IMSS o el ISSSTE que muestren que el fallecido registró al concubino supérstite como beneficiario médico; (iv) cuentas financieras o de inversión conjuntas en el mismo domicilio; (v) constancias de inscripción escolar de los hijos comunes que muestren el domicilio del fallecido; (vi) actas de nacimiento de los hijos comunes con ambas partes como padres —la existencia de hijos comunes es una prueba especialmente sólida para acreditar los derechos del concubinato sin importar el periodo de dos años conforme al artículo 291-bis del CCF—; (vii) declaraciones testimoniales de vecinos, familiares o compañeros que den fe de la cohabitación ante un Notario Público como una fe de testigos; y (viii) cualquier Declaración de Concubinato o fe de hechos notarial otorgada durante el periodo activo de la relación. Los jueces y notarios valoran la totalidad de las pruebas: más documentación siempre es mejor. Las controversias de otros herederos sobre la reclamación del concubinato se tramitan ante el Juzgado Familiar competente.

El concubinato y la sociedad de convivencia son dos formas jurídicas distintas de relación no matrimonial reconocida en la Ciudad de México y otras entidades. El concubinato, conforme a los artículos 291-bis a 291-quáter del CCF, es una relación de hecho: surge de manera automática una vez que se cumplen las condiciones (2 años o más de cohabitación estable sin impedimentos para el matrimonio, o cualquier periodo si hay hijos comunes), sin registro. Su existencia debe acreditarse mediante pruebas cada vez que se invocan derechos. La sociedad de convivencia es una relación formalmente registrada que se crea mediante su inscripción ante el Registro Civil conforme a la Ley de Sociedades de Convivencia de la Ciudad de México (2006) o a la legislación estatal equivalente; no surge de la mera cohabitación. Una vez registrada, la sociedad de convivencia tiene un estatus jurídico formal más fácil de probar (la constancia de registro sirve como prueba) y puede conllevar derechos adicionales conforme a la ley estatal. En la CDMX, la sociedad de convivencia se extendió a las parejas del mismo sexo antes de que se estableciera la igualdad matrimonial; tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la CDMX en 2009 y su posterior extensión nacional, la sociedad de convivencia se usa con menos frecuencia entre las parejas del mismo sexo que prefieren el matrimonio civil pleno, pero sigue disponible como alternativa. Para fines migratorios, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) suelen exigir un acta de matrimonio o una constancia de sociedad de convivencia; una declaración de concubinato por sí sola puede no ser suficiente para la reunificación familiar sin pruebas documentales adicionales de la relación.

El concubino o la concubina supérstite puede recibir la pensión de viudez del IMSS conforme a los artículos 64, 84 y 193 de la Ley del Seguro Social, siempre que pueda probar el concubinato a satisfacción del IMSS. El IMSS requiere: (i) pruebas documentales del concubinato, incluidos comprobantes de domicilio que muestren a ambas partes en el mismo domicilio durante al menos 2 años, registros de beneficiarios del IMSS y actas de nacimiento de cualquier hijo común; (ii) una declaración de que ninguna de las partes estuvo casada con un tercero durante la relación de concubinato; y (iii) pruebas de que el concubino supérstite no tenga un cónyuge legal supérstite que reclame las mismas prestaciones, ya que el IMSS divide las prestaciones de sobrevivencia entre un cónyuge legal y un concubino o concubina en ciertas circunstancias. El artículo 193 de la Ley del Seguro Social establece específicamente que el concubino o la concubina supérstite tiene derecho a la pensión de viudez (actualmente calculada como el 90% de la pensión por invalidez que el asegurado recibía o habría recibido) si puede probar que dependía económicamente del asegurado y que el concubinato existió durante al menos los 2 años anteriores al fallecimiento (o cualquier periodo si tuvieron hijos comunes). El IMSS tramita las reclamaciones de pensión de sobrevivencia basadas en concubinato a través de sus Subdelegaciones; los sobrevivientes deben acudir a la Subdelegación del IMSS más cercana dentro de los 90 días posteriores al fallecimiento para iniciar la reclamación, ya que las demoras pueden complicar los requisitos probatorios.

Una de las diferencias más significativas entre el concubinato y el matrimonio en México es el tratamiento de los bienes acumulados durante la relación. En el matrimonio, las partes pueden elegir entre la sociedad conyugal (régimen de bienes comunes: todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen 50/50 a cada cónyuge, sin importar cuál de ellos generó los fondos) y la separación de bienes (cada cónyuge es dueño de lo que individualmente gana o adquiere). En muchos estados, el régimen por defecto cuando no se otorgan capitulaciones matrimoniales es la sociedad conyugal. En el concubinato no existe un régimen automático equivalente de bienes comunes conforme al CCF: cada concubino es dueño de lo que adquiere individualmente. No existe una 'sociedad conyugal de concubinato' en la ley federal. Los bienes comprados a nombre de un solo concubino le pertenecen únicamente a él; la copropiedad requiere que ambas partes figuren en el instrumento de compra (escritura, título de propiedad, tarjeta de circulación, cuenta bancaria). Esta es una distinción crítica en la práctica: una pareja que cohabitó 20 años sin casarse puede descubrir que todos los inmuebles, vehículos y cuentas bancarias pertenecen exclusivamente a aquel cuyo nombre aparece en el título; el otro concubino no tiene un derecho patrimonial automático. El derecho hereditario del concubino supérstite conforme al artículo 1635 del CCF ofrece protección si la pareja fallece, pero durante la relación y al momento de la separación el concubino sin bienes a su nombre tiene recursos limitados, por lo que es fundamental que las adquisiciones conjuntas se documenten a nombre de ambas partes.

Tras una serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reformas constitucionales entre 2015 y 2022, las parejas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio civil igualitario en las 32 entidades federativas de México; la jurisprudencia de la SCJN establece que es inconstitucional que cualquier registro civil se niegue a casar a parejas del mismo sexo. Conforme a este mismo marco de igualdad, las parejas del mismo sexo también tienen derecho a constituir un concubinato conforme al CCF y a los códigos civiles estatales aplicables. La reforma de 2022 al CCF eliminó el lenguaje expreso por género de los anteriores artículos 291-bis a 291-quáter (que se referían a 'hombre y mujer') y lo sustituyó por un lenguaje neutral en cuanto al género, congruente con los principios constitucionales de igualdad. Varios códigos civiles estatales se reformaron de manera similar. En la práctica, los concubinos del mismo sexo en México tienen los mismos derechos que los concubinos de distinto sexo: derechos de sucesión legítima (artículo 1635 del CCF), derechos de alimentos (artículo 291-ter del CCF), registro de beneficiario del IMSS y reclamaciones de alimentos posteriores a la separación. Para las parejas del mismo sexo que no son de nacionalidad mexicana, las implicaciones de derecho internacional privado del reconocimiento del concubinato varían según el país: algunas autoridades extranjeras que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo también pueden no reconocer el concubinato mexicano del mismo sexo. Para el pleno reconocimiento internacional de la relación, el matrimonio civil ofrece una protección más sólida y universalmente reconocida.

Los hijos nacidos de una relación de concubinato en México tienen exactamente los mismos derechos legales que los nacidos de un matrimonio; el CCF y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que no puede hacerse ninguna distinción entre los hijos con base en el estado civil de sus padres. Cuando los concubinos se separan, aplican las siguientes obligaciones de derecho familiar: (i) guarda y custodia: por regla general, conforme al artículo 416 del CCF, la custodia queda con el progenitor que es el principal cuidador; las partes pueden acordar la guarda y custodia compartida ante un Juzgado Familiar; (ii) pensión alimenticia para los hijos: ambos padres deben contribuir a la manutención, la educación, la atención médica y la vivienda en proporción a su capacidad económica conforme a los artículos 303 y 308 del CCF, sin importar quién tenga la custodia; (iii) régimen de convivencias: el progenitor que no tiene la custodia tiene derecho a convivencias periódicas programadas; y (iv) patria potestad: ambos padres conservan la patria potestad conjunta tras la separación, salvo que un juez ordene lo contrario por maltrato, descuido u otra causa grave acreditados conforme al artículo 444 del CCF. Las controversias de custodia, alimentos y convivencias entre concubinos separados se resuelven en el Juzgado Familiar del domicilio de los hijos. Los derechos de los menores conforme a la LGDNNA aplican por igual sin importar si sus padres estaban casados o eran concubinos.