Aviso de Suspensión Colectiva de Trabajo México

El Aviso de Suspensión Colectiva de Trabajo en México es un documento escrito formal por el cual un patrón notifica tanto a sus trabajadores como al Tribunal Laboral competente una suspensión temporal del trabajo que afecta a la totalidad o a una parte significativa de la plantilla, sin dar por terminadas las relaciones de trabajo, conforme a las causas y los procedimientos establecidos en los artículos 427 a 432 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 y reformada con posterioridad.

La distinción legal entre la suspensión colectiva y la terminación colectiva es fundamental en el derecho laboral mexicano. La suspensión interrumpe de manera temporal la relación de trabajo sin extinguirla: el patrón conserva su obligación de reinstalar a los trabajadores y reanudar la relación de trabajo una vez que cesa la causa de la suspensión, y los trabajadores conservan todos sus derechos devengados (antigüedad, prestaciones, continuidad del registro ante el IMSS) durante el periodo de suspensión. La terminación colectiva (regulada por los artículos 433 a 439 de la LFT) pone fin de manera permanente a las relaciones de trabajo y detona las obligaciones de liquidación íntegra. El Aviso de Suspensión Colectiva es la puerta de entrada procesal al régimen de suspensión temporal y debe presentarse antes del cese del trabajo o de manera simultánea con él.

El artículo 427 de la LFT establece la lista cerrada de las causas legalmente reconocidas de suspensión colectiva del trabajo. Estas causas son: fracción I, fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, como los desastres naturales (terremotos, huracanes, inundaciones declarados como desastres naturales por la Secretaría de Gobernación conforme al Sistema Nacional de Protección Civil), las pandemias o los eventos catastróficos; fracción II, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación de una mina conforme a la Ley Minera; fracción III, el agotamiento de la materia prima o de los insumos, fuera del control del patrón, que hace imposible continuar la producción; fracción IV, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para continuar las operaciones, si lo autoriza previamente el Tribunal Laboral; fracción V, el exceso de producción en relación con las condiciones del mercado, si lo autoriza previamente el Tribunal Laboral; fracción VI, la crisis de la industria o del oficio al que pertenece el patrón, si lo autoriza el Tribunal Laboral; y fracción VII, para las empresas del Estado, las órdenes de la autoridad competente.

La reforma laboral de 2019 (Decreto publicado en el DOF el 1 de mayo de 2019) transfirió la competencia sobre los procedimientos de suspensión colectiva de las ahora abolidas Juntas de Conciliación y Arbitraje a los nuevos Tribunales Laborales creados en el Poder Judicial de la Federación, y creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) como el órgano administrativo responsable del registro de los instrumentos laborales colectivos. Los procedimientos de suspensión colectiva siguen ahora las reglas procesales de la Ley Federal del Trabajo reformada y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

La pandemia de COVID-19 que inició en marzo de 2020 trajo un uso generalizado de los procedimientos de suspensión colectiva en México, ya que el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 30 de marzo de 2020 declaró la COVID-19 como emergencia sanitaria general y el posterior Decreto de la Secretaría de Salud (SSA) que suspendió las actividades no esenciales a partir del 31 de marzo de 2020 detonó la causa de fuerza mayor o caso fortuito conforme al artículo 427, fracción I, de la LFT para miles de patrones de industrias no esenciales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió orientación durante la pandemia sobre el uso de la suspensión colectiva como herramienta para preservar las relaciones de trabajo durante la emergencia.

El Aviso de Suspensión Colectiva de Trabajo en México se requiere conforme a los artículos 427 a 429 de la Ley Federal del Trabajo siempre que un patrón busca interrumpir de manera temporal el trabajo para la totalidad o una parte significativa de su plantilla con base en una de las causas legalmente reconocidas del artículo 427 de la LFT. El aviso debe presentarse ante el Tribunal Laboral competente antes del cese del trabajo o de manera simultánea con él; los patrones que cesan operaciones sin presentar el aviso corren el riesgo de que la suspensión se trate como un despido colectivo injustificado, lo que detona las obligaciones de liquidación íntegra conforme a los artículos 49 y 50 de la LFT para cada trabajador afectado.

Un Aviso de Suspensión Colectiva se necesita cuando un desastre natural (terremoto, huracán, inundación u otro evento declarado como desastre natural por la Secretaría de Gobernación conforme al Sistema Nacional de Protección Civil) destruye o inutiliza las instalaciones del patrón, lo que hace temporalmente imposible continuar las operaciones. En estos casos, la causa de fuerza mayor del artículo 427, fracción I, de la LFT aplica de inmediato y el patrón debe presentar el aviso tan pronto como sea posible.

El aviso también se necesita cuando una emergencia de salud pública (como la declaración de la pandemia de COVID-19 conforme al Acuerdo del Consejo de Salubridad General) deriva en órdenes oficiales que suspenden las actividades económicas no esenciales. Durante la emergencia por COVID de marzo a mayo de 2020 en México, los patrones de los sectores clasificados como no esenciales por la Secretaría de Salud debieron suspender sus operaciones, y quienes buscaron usar la suspensión colectiva en lugar de la terminación colectiva debieron presentar el aviso del artículo 427 ante la autoridad correspondiente.

Un aviso de suspensión se requiere cuando un patrón del sector minero enfrenta la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación conforme al artículo 427, fracción II, de la LFT. Las empresas mineras deben presentarlo tanto ante el Tribunal Laboral como cumplir los requisitos de reporte de la Secretaría de Economía conforme a la Ley Minera antes de que la suspensión pueda reconocerse como legalmente válida.

El aviso se necesita cuando un patrón (sin importar el sector) enfrenta causas económicas que hacen temporalmente imposible continuar las operaciones: el agotamiento de los insumos (fracción III), la falta de fondos (fracción IV), el exceso de producción en relación con las condiciones del mercado (fracción V) o la crisis de toda la industria (fracción VI). Para las causas de las fracciones IV a VI, el patrón debe obtener primero la autorización previa del Tribunal Laboral antes de cesar el trabajo; no obtener la autorización previa para estas causas económicas significa que la suspensión no está legalmente protegida y los trabajadores conservan el derecho a recibir su salario durante el paro no autorizado.

Conforme al artículo 429 de la LFT, durante el periodo de suspensión colectiva, el patrón debe pagar a cada trabajador afectado una indemnización calculada a razón de un día de salario mínimo general (SMG, establecido cada año por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI) por cada día de suspensión, por cada día que la suspensión continúe, salvo que se pacte un monto mayor en un contrato colectivo de trabajo (CCT) registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Esta obligación corre desde el primer día de la suspensión y no puede diferirse ni renunciarse.

Un Aviso de Suspensión Colectiva de Trabajo en México válido conforme a los artículos 427 a 432 de la Ley Federal del Trabajo debe contener los siguientes elementos esenciales para iniciar el régimen de suspensión de manera legal y proteger al patrón de la responsabilidad por despido injustificado.

Identificación del patrón: el nombre legal completo o la razón social, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes asignado por el SAT), el Registro Patronal del IMSS, el domicilio registrado (domicilio fiscal), la clasificación de la industria o el giro, y el nombre, el cargo y el RFC del representante legal que firma el aviso, junto con la referencia al poder notarial que faculta al representante para actuar. Para las situaciones de grupo empresarial, debe identificarse la persona moral específica que emplea a los trabajadores afectados; la suspensión colectiva no puede invocarse a nivel de grupo si la entidad correspondiente es solvente.

Causa de la suspensión: la causa legal específica invocada de la lista cerrada del artículo 427 de la LFT (incluido el número de fracción, de la I a la VII) con una descripción fáctica detallada de las circunstancias que dan origen a la causa. Para la fracción I (fuerza mayor), el aviso debe describir el evento específico, la fecha en que ocurrió y adjuntar la prueba documental, como: las declaratorias de emergencia o de desastre de la Secretaría de Gobernación, los decretos oficiales de emergencia sanitaria de la SSA o de las autoridades de salud estatales, los dictámenes de ingeniería sobre los daños a las instalaciones o las órdenes regulatorias que suspenden las operaciones. La descripción fáctica debe ser específica y creíble; los reclamos genéricos de fuerza mayor sin documentación de soporte no satisfarán al Tribunal Laboral.

Trabajadores afectados: una lista completa (nómina de trabajadores afectados) de todos los trabajadores afectados por la suspensión, que incluya por cada trabajador: el nombre completo, el RFC, el NSS (Número de Seguridad Social del IMSS), la CURP, el puesto, el salario diario y el departamento o área de trabajo. La lista debe distinguir entre los trabajadores cuya relación se suspende (suspendidos) y cualquier trabajador que continuará laborando (trabajadores en funciones esenciales, de mantenimiento o de seguridad). Los trabajadores omitidos de la lista conservan el derecho a reclamar su salario íntegro durante el periodo de suspensión como si no se hubiera declarado ninguna suspensión.

Duración de la suspensión: la fecha de inicio prevista de la suspensión y, de conocerse, la fecha estimada de término de la suspensión colectiva. El artículo 432 de la LFT dispone que, una vez que cesa la causa que dio origen a la suspensión, el patrón debe notificar al Tribunal Laboral y reinstalar a los trabajadores dentro del plazo que este establezca; no reinstalarlos de manera oportuna convierte la suspensión en una terminación colectiva injustificada. El aviso debe incluir el compromiso del patrón de notificar al Tribunal y a los trabajadores tan pronto como cese la causa.

Indemnización durante la suspensión: la manifestación expresa de la obligación del patrón conforme al artículo 429 de la LFT de pagar a cada trabajador suspendido una indemnización de un día de salario mínimo general (SMG) por cada día de suspensión (para 2025, $278.80 M.N. por día por trabajador en la zona general, o $419.88 M.N. en la Zona Libre de la Frontera Norte, ZLFN), pagadera sin importar si el patrón tiene la capacidad financiera de pagarla, ya que la falta de pago de la indemnización del artículo 429 otorga a los trabajadores el derecho de tratar la suspensión como un despido injustificado y reclamar la liquidación íntegra. Si el CCT aplicable registrado ante el CFCRL prevé una indemnización de suspensión mayor, prevalece el monto del CCT.

Tratamiento ante el IMSS y el INFONAVIT: la explicación de las obligaciones del patrón ante el IMSS durante el periodo de suspensión. Conforme al artículo 31, fracción IV, de la Ley del Seguro Social (LSS), el patrón debe notificar al IMSS la suspensión colectiva (aviso de suspensión de la relación laboral) para que el IMSS ajuste las obligaciones de cuotas de los trabajadores suspendidos. La obligación continua del patrón de pagar las cuotas patronales de ciertas ramas de seguro del IMSS durante la suspensión depende de la duración de la suspensión; las suspensiones que duran más de 8 semanas detonan reglas específicas del IMSS sobre la continuación y la reanudación de las cuotas que deben verificarse con la oficina del registro patronal del IMSS.

Documentación de soporte: la lista de todos los documentos adjuntos al aviso, que debe incluir: la prueba documental que sustenta la causa del artículo 427 de la LFT invocada; la lista completa de los trabajadores afectados con sus datos individuales; los estados financieros si se invoca una causa económica; y las órdenes regulatorias o los decretos de emergencia cuando apliquen. El Tribunal Laboral puede requerir documentación adicional antes de autorizar la suspensión, y las presentaciones incompletas retrasan el proceso.

Forms-legal.com proporciona esta plantilla de Aviso de Suspensión Colectiva de Trabajo en México como un punto de partida práctico. Dada la complejidad procesal de los procedimientos de suspensión colectiva ante los Tribunales Laborales, las obligaciones de notificación al IMSS conforme a la Ley del Seguro Social y el riesgo de reclasificación como despido colectivo injustificado con responsabilidad de liquidación íntegra, los patrones deben contratar a un abogado laboralista especializado en derecho colectivo del trabajo antes de iniciar una suspensión colectiva.