Acuerdo de Inversión España — Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010

El Acuerdo de Inversión es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, art. 1; Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

El marco regulador financiero español para las inversiones está supervisado principalmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), creada bajo la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (actualmente sustituida por la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión). La Ley 6/2023 incorpora MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y MiFIR (Reglamento UE 600/2014) al ordenamiento español, estableciendo normas exhaustivas de protección al inversor, requisitos de gobernanza de productos y obligaciones de transparencia. Para los acuerdos de inversión privados que no constituyen fondos de inversión colectiva ni instrumentos financieros regulados, la supervisión directa de la CNMV no se aplica, aunque los principios de protección al inversor de MiFID II y del Real Decreto Legislativo 1/2007 (LGDCU) siguen siendo relevantes para los inversores minoristas.

En el ámbito del capital riesgo y el capital privado —que representa una parte significativa del mercado español de acuerdos de inversión— la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, regula las entidades de capital-riesgo (ECR), las entidades de capital-riesgo-pyme (ECR-Pyme) y las sociedades de capital-riesgo (SCR), todas bajo supervisión de la CNMV y con obligación de inscripción en el registro correspondiente. Los acuerdos de inversión en los que participa una ECR se redactan de conformidad con la Ley 22/2014 y la documentación aplicable del fondo (folleto informativo, reglamento de gestión).

Para las inversiones directas en empresas españolas, la LSC regula la mecánica corporativa: las aportaciones de capital a una S.L. requieren modificación de los estatutos y del Libro de Socios, protocolizadas conforme a la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores e inscritas en el Registro Mercantil. Los acuerdos de inversión en S.L. incluyen frecuentemente pactos parasociales conforme al Artículo 29 LSC, que vinculan a las partes pero no afectan directamente a la sociedad ni a terceros. Para las S.A., las inversiones en capital implican la emisión de acciones mediante ampliación de capital conforme a los artículos 295 a 317 LSC, con notarización e inscripción en el Registro Mercantil.

Las protecciones estándar para el inversor en acuerdos de inversión españoles se articulan conforme a la LSC: derechos de co-venta (tag-along), derechos de arrastre (drag-along), cláusulas anti-dilución, preferencias de liquidación y derechos de tanteo y retracto conforme a los artículos 107 y 188 LSC. El pacto de socios formaliza estas protecciones en un acuerdo privado vinculante entre el inversor y los socios existentes, separado de los estatutos públicos de la sociedad.

La tributación de los rendimientos de las inversiones en España se rige por la Ley 35/2006 del IRPF para los inversores personas físicas —los dividendos tributan en la base del ahorro del IRPF a tipos del 19% al 28%— y por la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades para los inversores personas jurídicas, con un tipo general del 25%. La red de convenios de doble imposición suscritos por España —basados en el Modelo de la OCDE— reduce la retención sobre dividendos e intereses para inversores extranjeros. Las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 de 28 de abril son de aplicación para los inversores profesionales y las entidades obligadas supervisadas por el SEPBLAC. Los inversores extranjeros de países no comunitarios pueden estar sujetos además al mecanismo de control de inversiones exteriores del Real Decreto-Ley 8/2020 para inversiones en sectores estratégicos.

El Acuerdo de Inversión España es necesario siempre que uno o varios inversores aporten capital a una sociedad, proyecto o empresa española a cambio de participación en el capital, en los beneficios u otras rentabilidades financieras acordadas.

El acuerdo es necesario cuando un business angel (inversor privado) o inversor en fase temprana realiza una inversión en una startup o pyme española —el acuerdo documenta la aportación de capital, la participación resultante en la sociedad limitada (S.L.), la metodología de valoración (valoración pre-money), las protecciones anti-dilución y los derechos del inversor como el derecho de información del Artículo 196 LSC y los derechos de co-venta.

El Acuerdo de Inversión es necesario cuando un fondo de capital riesgo (entidad de capital-riesgo — ECR) regulado por la Ley 22/2014 invierte en una sociedad participada —el acuerdo incluye las condiciones del term sheet, las manifestaciones y garantías, las condiciones suspensivas y las disposiciones del pacto de socios.

El acuerdo es necesario cuando un grupo de inversores coinvierte en un proyecto inmobiliario —documentando las aportaciones de capital, la cascada de distribución de rendimientos, la asignación de riesgos, las responsabilidades de gestión y la estrategia de desinversión (venta del activo, refinanciación u OPV).

El Acuerdo de Inversión es necesario cuando una empresa española capta capital de crecimiento de un inversor estratégico corporativo —el acuerdo aborda los derechos de gobierno del inversor estratégico, la representación en el consejo, los compromisos de información y las condiciones en que el inversor estratégico puede aumentar o reducir su participación.

El acuerdo es necesario cuando un inversor extranjero realiza una inversión directa en España sujeta a la Ley 19/2003 y a los requisitos de declaración del Registro de Inversiones Exteriores administrado por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (DGCII) del Ministerio de Industria.

El Acuerdo de Inversión también es necesario cuando una empresa familiar española incorpora un inversor externo minoritario —el acuerdo debe contemplar las protecciones de gobierno para el inversor externo frente a los socios familiares de control, los derechos de liquidez de salida y la interacción con el pacto de socios o los estatutos existentes.

El acuerdo es necesario además cuando una pyme o empresa de mediana capitalización española lleva a cabo una conversión de deuda en capital (canje de deuda por participaciones sociales) —el acuerdo debe reflejar el precio de conversión acordado, los cambios en el cap table resultantes, los nuevos derechos societarios del acreedor convertido en socio, y cualquier cambio en la prelación o subordinación de la deuda restante conforme a la Ley Concursal (RDL 1/2020) y al Artículo 1170 del Código Civil sobre la novación.

El acuerdo también es necesario cuando una sociedad española capta inversión de una family office u otro gran patrimonio que invierte a través de una sociedad holding —el Acuerdo de Inversión debe confirmar el NIF de la holding y la identificación del titular real conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, y contemplar las protecciones estructurales que requiera la family office, como derechos económicos preferentes y estatuto de observador del consejo.

Un Acuerdo de Inversión válido en España conforme a la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010) y el Código Civil debe incluir los siguientes elementos esenciales.

Identificación de las Partes: Denominación social completa, NIF/DNI/NIE y domicilio registral de cada inversor y de la sociedad receptora de la inversión. Para inversores persona jurídica: NIF, datos del Registro Mercantil y nombre y cargo del firmante autorizado. Para inversores extranjeros: confirmar la presentación de la declaración de inversión extranjera ante el Registro de Inversiones Exteriores antes del cierre.

Importe y Estructura de la Inversión: El importe total de la inversión en euros, la forma de inversión —capital social, préstamo participativo o nota convertible, préstamo con participación en beneficios, o préstamo ordinario conforme al Artículo 1740 del Código Civil— y el calendario de desembolsos. Para inversiones en capital de una S.L., especificar el número de nuevas participaciones sociales a emitir, su valor nominal y el porcentaje resultante de participación en el capital social tras la inversión.

Valoración: La valoración pre-money de la sociedad antes de la inversión, la valoración post-money después de la misma, y la metodología empleada (DCF, múltiplos de valoración o valoración negociada). Para las S.L., la valoración de las participaciones sociales a efectos de salida se rige por el Artículo 353 LSC.

Derechos y Protecciones del Inversor: Los derechos del inversor como socio conforme a la LSC y el pacto de socios —derecho de información (Artículo 196 LSC), derecho de co-venta (tag-along), derecho de arrastre (drag-along), cláusulas anti-dilución, preferencia de liquidación, derecho de designación de consejero y derechos de veto sobre decisiones relevantes definidas en el acuerdo.

Condiciones Suspensivas: Las condiciones que deben cumplirse antes del cierre de la inversión —auditoría legal y financiera satisfactoria, notarización e inscripción en el Registro Mercantil de la ampliación de capital, y las autorizaciones regulatorias requeridas conforme a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia para el control de concentraciones.

Manifestaciones y Garantías: Las manifestaciones de la sociedad sobre su situación jurídica (inscripción en el Registro Mercantil), titularidad de activos clave (libre de cargas), cumplimiento normativo, ausencia de litigios pendientes y veracidad de los estados financieros. Las manifestaciones del inversor sobre su capacidad y autorización legal para invertir.

Derechos de Salida y Liquidación: Los derechos de salida del inversor —drag-along para forzar la venta de la totalidad de la sociedad, tag-along para participar en cualquier venta por parte de los socios mayoritarios, derechos de registro para OPV, y opciones de venta (opciones de venta a los socios fundadores a precio o fórmula acordados). La preferencia de liquidación —especificando si el inversor recupera su capital antes que los demás socios en un evento de liquidez, y si es participante o no participante.

Mecanismo de Rentabilidad: La forma de distribución de los rendimientos —dividendos (Artículo 273 LSC), reparto de beneficios conforme al pacto de socios, o devolución de intereses y principal para los instrumentos de deuda. Implicaciones fiscales para el inversor: tratamiento de dividendos, plusvalías y rendimientos de capital en el IRPF (Ley 35/2006) o en el Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014).

Cumplimiento de la Normativa Antiblanqueo: Cuando el inversor sea sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales —entidad de crédito, empresa de servicios de inversión o aseguradora— el acuerdo debe confirmar que se han cumplido las obligaciones de diligencia debida (identificación del titular real, evaluación del riesgo del cliente) y que los fondos de la inversión proceden de fuentes lícitas conforme a las directrices del SEPBLAC.

Ley Aplicable y Resolución de Conflictos: Confirmación del derecho español como ley aplicable conforme al Reglamento Roma I (CE 593/2008) y la jurisdicción de los tribunales españoles o el arbitraje institucional conforme a la Ley 60/2003. Para inversiones internacionales, es habitual elegir la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid o el Tribunal Arbitral de Barcelona como institución arbitral, o el arbitraje CCI con Madrid o Barcelona como sede.

Confidencialidad: Las obligaciones de confidencialidad de las partes sobre las condiciones de la inversión, la información financiera de la sociedad, la tecnología propia y los planes de negocio revelados durante la due diligence. El Acuerdo de Inversión incorpora habitualmente por referencia un Acuerdo de Confidencialidad separado (NDA) suscrito al inicio de la due diligence, con obligaciones de confidencialidad post-cierre de 2 a 5 años. Cuando la sociedad receptora trate datos personales como activo relevante —frecuente en fintech, healthtech o plataformas de consumo— las manifestaciones deben confirmar el cumplimiento del RGPD (Reglamento UE 2016/679) y de las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Forms-legal.com ofrece este Acuerdo de Inversión España como plantilla práctica para inversores y sociedades. Todo acuerdo de inversión debe ser revisado por un abogado especializado en derecho mercantil y, para inversiones reguladas, por un asesor jurídico inscrito ante la CNMV. El Banco de España supervisa las entidades de crédito. La CNMV regula los mercados de valores. La AEAT administra el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. La Ley 3/2004 regula el interés de demora en las transacciones comerciales. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.