ERTE por Fuerza Mayor España

El ERTE por Fuerza Mayor es, en España, el documento jurídico regulado por Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015), art. 47.3, que produce efectos vinculantes entre las partes que lo suscriben.

Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español, este documento debe cumplir con los requisitos formales establecidos en el Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885) y la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). La validez del documento requiere la identificación completa de las partes mediante NIF o CIF, según corresponda a personas físicas o jurídicas. El Registro Mercantil Central y los Registros Mercantiles provinciales constituyen las instituciones encargadas de la inscripción y publicidad de los actos mercantiles en España. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) establece obligaciones fiscales derivadas de las operaciones documentadas, incluyendo la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993. El Tribunal Supremo ha consolidado doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de cláusulas contractuales mercantiles, especialmente en relación con la buena fe contractual recogida en los Artículos 1258 y 1278 del Código Civil. La Dirección General de los Registros y del Notariado emite resoluciones vinculantes sobre la calificación registral de documentos mercantiles. Las Cámaras de Comercio de España ofrecen servicios de mediación y arbitraje para la resolución extrajudicial de controversias empresariales conforme a la Ley 60/2003 de Arbitraje.

Un Acuerdo de Suspensión por ERTE de Fuerza Mayor resulta necesario cuando la empresa se enfrenta a circunstancias extraordinarias, externas e inevitables que impiden temporalmente la continuidad total o parcial de su actividad productiva en España. Los supuestos más habituales que justifican este expediente son: incendios que destruyan parcial o totalmente las instalaciones productivas impidiendo la actividad hasta su reconstrucción o sustitución; inundaciones, terremotos o catástrofes naturales que impidan el acceso al centro de trabajo o destruyan los medios de producción; epidemias o pandemias que obliguen al cierre de actividades por resolución de la autoridad sanitaria estatal o autonómica competente (como ocurrió con el COVID-19 por el Real Decreto 463/2020 de estado de alarma); accidentes industriales graves o averías de gran magnitud que requieran la paralización de la actividad por motivos de seguridad laboral conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. También procede el ERTE por fuerza mayor cuando se produce la pérdida de licencias o autorizaciones administrativas imprescindibles para el desarrollo de la actividad empresarial por causas ajenas a la voluntad de la empresa (actuación administrativa ilegal o improcedente), o cuando el local o instalaciones sufren daños por actos vandálicos o terroristas que impidan temporalmente la actividad. El Artículo 47.5 ET reformado por la Ley 32/2021 distingue entre el ERTE de fuerza mayor temporal y el ERTE de fuerza mayor definitiva: en el primero la suspensión o reducción es temporal hasta que desaparezca la causa de fuerza mayor y la empresa puede retomar la actividad; en el segundo la fuerza mayor tiene carácter permanente e irreversible, lo que da lugar a la extinción de los contratos conforme al Artículo 49.1.h ET con las indemnizaciones correspondientes.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede requerir la acreditación de relaciones contractuales conforme al Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015). La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) exige documentación acreditativa para el alta, baja y variaciones de datos en el Sistema de la Seguridad Social. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) interviene en procedimientos de regulación de empleo que requieren soporte documental específico. Los Juzgados de lo Mercantil, creados por la Ley Orgánica 8/2003, tienen competencia exclusiva sobre materias concursales y de propiedad industrial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa prácticas comerciales que pueden afectar a la libre competencia conforme a la Ley 15/2007.

Un Acuerdo de Suspensión por ERTE de Fuerza Mayor completo en España debe incluir los siguientes elementos esenciales conforme al Artículo 47 ET y el Real Decreto 1483/2012. La identificación completa de la empresa: razón social o nombre del empresario individual, CIF o DNI, domicilio social, actividad económica principal (código CNAE), convenio colectivo aplicable, y código de cuenta de cotización (CCC) de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social. La descripción detallada y documentada del hecho constitutivo de fuerza mayor: naturaleza exacta del evento (incendio, inundación, epidemia, accidente industrial), fecha de ocurrencia, ámbito geográfico y físico afectado, carácter imprevisible e inevitable del evento, y la vinculación causal directa y suficiente entre el hecho de fuerza mayor y la imposibilidad o dificultad grave de desarrollar la actividad empresarial. La relación nominada y completa de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción: nombre y apellidos de cada trabajador, número de DNI o NIE, número de afiliación a la Seguridad Social (NAF), categoría profesional y grupo de cotización, centro de trabajo en el que presta servicios, y fecha de antigüedad en la empresa. El tipo de medida solicitada para cada trabajador: suspensión total del contrato de trabajo (cese temporal completo de la actividad) o reducción temporal de jornada (con indicación del porcentaje exacto de reducción sobre la jornada ordinaria). El período de suspensión o reducción solicitado: fecha de inicio de la medida y, si puede determinarse, fecha prevista de fin o previsión de duración, sabiendo que el ERTE de fuerza mayor tiene duración vinculada a la persistencia de la causa y no a un plazo predeterminado. La comunicación simultánea y fehaciente a la representación legal de los trabajadores: Comité de Empresa, Delegados de Personal, o Sección Sindical con mayor implantación, conforme al Artículo 47.1 ET, informando sobre el hecho de fuerza mayor, los trabajadores afectados y la medida propuesta. La documentación acreditativa de la fuerza mayor aportada como prueba: acta de la compañía de seguros sobre el siniestro declarado; informe técnico del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil o autoridad sanitaria; resolución de la autoridad competente que ordena el cierre; informe pericial sobre daños a las instalaciones; o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente el hecho invocado como causa de fuerza mayor. La comunicación formal a la autoridad laboral competente (Subdirección General de Relaciones Laborales o Direcciones Generales de Trabajo autonómicas) solicitando la constatación oficial de la existencia de fuerza mayor en el plazo de cinco días hábiles. La posterior solicitud de exoneración de las cuotas empresariales a la Seguridad Social ante la TGSS durante el período de vigencia del ERTE, conforme a la normativa vigente en cada momento.

El marco regulatorio español exige que este tipo de documento incluya cláusulas específicas sobre protección de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD — Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede imponer sanciones de hasta 20 millones de euros por infracciones graves en materia de tratamiento de datos. Las obligaciones tributarias derivadas incluyen la presentación del Modelo 036 o 037 ante la AEAT para la declaración censal, así como los modelos periódicos de IVA (Modelo 303), retenciones (Modelo 111) e Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200). El Consejo General del Notariado supervisa la fe pública en documentos que requieren intervención notarial. La plataforma forms-legal.com facilita la generación de este documento conforme a la legislación española vigente, incorporando todas las cláusulas obligatorias y recomendadas por la práctica jurídica profesional. Los Colegios de Abogados de España ofrecen servicios de turno de oficio y orientación jurídica gratuita para ciudadanos que necesiten asesoramiento sobre la formalización de documentos legales.