Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo España

El Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, art. 6, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

El Artículo 6 de la Ley 10/2021 constituye una norma de conflicto expresa: declara que la determinación de la ley aplicable al contrato de trabajo en situaciones de teletrabajo transfronterizo se rige por el Reglamento (CE) 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Conforme al Reglamento Roma I, las partes pueden elegir la ley reguladora del contrato de trabajo (Artículo 8), pero dicha elección no puede privar al trabajador de las protecciones que le confieren las normas imperativas de la ley que resultaría aplicable en defecto de elección — habitualmente, la ley del país donde el trabajador presta habitualmente sus servicios.

Para un trabajador residente en España que teletrabaja para un empleador extranjero sin establecimiento en territorio español, la legislación española resultará típicamente aplicable como ley del lugar de prestación habitual de servicios conforme al Artículo 8.2 del Reglamento Roma I — lo que implica que el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015), la Ley 10/2021 y el resto de protecciones del Derecho laboral español se aplican con independencia de cualquier cláusula contractual de elección de ley extranjera. El empleador — incluso sin establecimiento en España — debe cumplir las normas laborales imperativas españolas: salario mínimo interprofesional (SMI), límites de jornada conforme al Artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, vacaciones retribuidas conforme al Artículo 38 ET y protecciones antidiscriminatorias.

La coordinación de Seguridad Social para trabajadores transfronterizos a distancia dentro de la Unión Europea se rige por el Reglamento (CE) 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y su reglamento de aplicación (CE) 987/2009. La regla general establece que el trabajador queda sujeto a la legislación de Seguridad Social del Estado miembro único donde presta habitualmente sus servicios — para un teletrabajador residente en España que trabaje para un empleador extranjero, la Seguridad Social española (Tesorería General de la Seguridad Social — TGSS) resultará normalmente aplicable, obligando al empleador extranjero a registrarse como empleador en España y cotizar al sistema español. El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo Transfronterizo de junio de 2023 introdujo una excepción específica — los trabajadores que desarrollen entre el 25% y el 49% de su jornada en su Estado de residencia pueden, mediante acuerdo multilateral, permanecer afiliados al sistema de Seguridad Social del Estado miembro del empleador.

A efectos fiscales, los teletrabajadores transfronterizos en España quedan sujetos a la Ley 35/2006 del IRPF si son residentes fiscales en España (residencia superior a 183 días al año conforme al Artículo 9 Ley IRPF o centro de intereses económicos en España). Los residentes fiscales españoles tributan por su renta mundial conforme al Artículo 2 Ley IRPF, con independencia de dónde se realice el trabajo o dónde se ubique el empleador. La doble imposición con el país del empleador se resuelve a través de la red de Convenios para evitar la doble imposición de España — tratados bilaterales que siguen el Modelo de Convenio de la OCDE — que típicamente asignan la tributación de las rentas del trabajo al país de residencia (España), salvo que el trabajador preste físicamente servicios en el país del empleador durante más de 183 días.

El Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo en España resulta necesario cuando un trabajador residente en España está empleado por una empresa establecida en otro país — de la UE o extracomunitario — y realiza la totalidad o la mayor parte de su trabajo desde España mediante herramientas de comunicación digital, generando obligaciones simultáneas en dos o más ordenamientos jurídicos.

El acuerdo se requiere cuando una empresa extranjera sin establecimiento en España contrata a un teletrabajador residente en territorio español — la empresa debe determinar si resulta aplicable la legislación laboral española (habitualmente sí, conforme al Reglamento Roma I), si debe registrarse ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como empleador extranjero con empleados en España, y cómo se aplican las obligaciones de retención del IRPF sin un establecimiento fiscal español.

El Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo es necesario cuando una empresa española emplea a un trabajador que se ha trasladado a otro Estado miembro de la UE y teletrabaja desde allí — el empleador debe evaluar si resultan aplicables la legislación laboral y las obligaciones de Seguridad Social del país extranjero, y si el teletrabajo del trabajador genera un establecimiento permanente en el país extranjero conforme al Convenio para evitar la doble imposición aplicable.

El acuerdo se precisa cuando un trabajador fronterizo que reside en España y se desplazaba — o se desplazaba anteriormente — a trabajar en Francia, Portugal, Andorra u otro país limítrofe transiciona al teletrabajo, alterando potencialmente su afiliación a la Seguridad Social conforme al Reglamento (CE) 883/2004 y requiriendo un nuevo certificado A1 de la institución de Seguridad Social competente.

El Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo resulta necesario cuando el departamento de recursos humanos o fiscal de una multinacional requiere documentación del acuerdo de teletrabajo transfronterizo para el cumplimiento normativo en materia de precios de transferencia, evaluación del riesgo de establecimiento permanente y deber de diligencia del empleador conforme a la legislación laboral aplicable. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) supervisa el cumplimiento normativo. Los Juzgados de lo Social resuelven las controversias laborales conforme a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011).

El acuerdo de teletrabajo internacional es necesario cuando una empresa espanola contrata a un trabajador residente en otro pais para que preste servicios en remoto desde su pais de residencia, lo que genera obligaciones laborales y tributarias en la jurisdiccion de residencia del trabajador. Tambien es preciso cuando un trabajador espanol solicita a su empresa el permiso para teletrabajar temporalmente desde otro pais durante un periodo de vacaciones extendidas o por motivos familiares, lo que exige analizar las implicaciones de seguridad social y fiscales del desplazamiento temporal conforme al Reglamento CE 883/2004 y los convenios de doble imposicion. El acuerdo es igualmente necesario cuando la empresa desea establecer un nomad visa arrangement para trabajadores que desarrollan actividades en distintos paises, aprovechando la Ley 28/2022 de Startups que introdujo el visado para nomadas digitales en Espana (articulo 74 bis LOEX). La directiva europea sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles (Directiva UE 2019/1152) exige que el empleador informe por escrito al trabajador sobre las condiciones esenciales del teletrabajo en el extranjero, incluyendo el pais de prestacion de servicios y la moneda de pago.

Un Acuerdo de Teletrabajo Transfronterizo en España que aborde las dimensiones laboral, fiscal y de Seguridad Social del teletrabajo internacional debe contener los siguientes elementos esenciales.

Identificación de las Partes y Establecimientos: Denominación social completa, domicilio social y números de identificación fiscal (NIF/CIF para entidades españolas; número de registro equivalente del país extranjero) tanto del empleador como del trabajador. Cuando el empleador carezca de establecimiento en España, deben constar el país de constitución de la empresa extranjera, su número de registro y su número de identificación a efectos del IVA.

Ley Laboral Aplicable: Cláusula expresa de elección de ley conforme al Artículo 8 del Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I) que designe la ley laboral reguladora — haciendo constar que la elección no puede privar al trabajador de las protecciones imperativas de la ley de su país de trabajo habitual (típicamente España). La cláusula debe reconocer qué disposiciones imperativas de la legislación laboral española se aplican con independencia de la ley elegida: estándares mínimos del Estatuto de los Trabajadores, requisitos de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia y protecciones antidiscriminatorias de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva.

Afiliación a la Seguridad Social: El sistema de Seguridad Social aplicable — determinado conforme al Reglamento (CE) 883/2004 para situaciones transfronterizas en la UE — y, en su caso, el certificado A1 de portabilidad expedido por la institución competente que confirme qué legislación de Seguridad Social resulta aplicable. Para situaciones transfronterizas extracomunitarias, debe referenciarse el convenio bilateral de seguridad social aplicable entre España y el país del empleador — España cuenta con convenios bilaterales con más de 20 países no pertenecientes a la UE, incluidos EE.UU., Canadá, Australia, Chile, Argentina y Marruecos.

Residencia Fiscal y Obligaciones de Retención: La situación de residencia fiscal del trabajador (residente fiscal en España o no residente) conforme al Artículo 9 de la Ley 35/2006 del IRPF, y el Convenio para evitar la doble imposición aplicable entre España y el país del empleador. El acuerdo debe abordar las obligaciones de retención del IRPF — si el empleador extranjero está obligado a practicar retenciones del IRPF español, o si el trabajador debe autodeclarar y autoliquidar mediante el Modelo 100 (declaración anual del IRPF) o el régimen del IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes — RDL 5/2004) si el trabajador no es residente fiscal español.

Lugar de Trabajo y Permanencia: La dirección o direcciones específicas en España (o en el país extranjero) donde se realizará el teletrabajo, el porcentaje de jornada laboral en cada ubicación y la duración prevista de la situación transfronteriza — datos críticos para determinar el lugar de trabajo habitual conforme al Reglamento Roma I y la residencia fiscal conforme a la regla de los 183 días.

Condiciones del Teletrabajo: Todos los elementos exigidos por el Artículo 7 de la Ley 10/2021 para los acuerdos domésticos de trabajo a distancia — provisión de equipos, compensación de gastos, horario laboral, franja de disponibilidad, derecho a la desconexión digital, prevención de riesgos laborales y protección de datos — adaptados al contexto transfronterizo, incluyendo la ley aplicable a cada obligación.

Evaluación del Riesgo de Establecimiento Permanente: Cláusula que reconozca la evaluación del empleador sobre si la actividad del trabajador en España genera un riesgo de establecimiento permanente para el empleador extranjero conforme al Convenio para evitar la doble imposición aplicable — relevante cuando el trabajador tiene autoridad para concluir contratos en nombre del empleador en España (agente dependiente) conforme al Artículo 5 del Modelo de Convenio de la OCDE.

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