Contrato de Alta Dirección España

El Contrato de Alta Dirección es un contrato laboral especial regido por el Real Decreto 1382/1985, distinto de la relación laboral ordinaria regulada por el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015). Las diferencias fundamentales son: (1) Ámbito de autoridad — el alto directivo ejerce poderes de gestión general sobre toda la empresa o una parte esencial de ella con plena autonomía, respondiendo únicamente ante el órgano rector; los trabajadores ordinarios actúan dentro de un rol funcional definido con supervisión jerárquica. (2) Convenios colectivos — los convenios colectivos sectoriales no se aplican a los altos directivos salvo que se incorporen expresamente al contrato; todas las condiciones se negocian individualmente. (3) Plazos de preaviso — el RD 1382/1985 exige un preaviso mínimo de tres meses (ampliable a seis) para ambas partes; los plazos del ET son más cortos y dependen de la antigüedad. (4) Indemnización — el desistimiento sin causa otorga al directivo un mínimo de siete días por año de servicio con un tope de seis meses conforme al RD 1382/1985, frente a 33 días por año (hasta 24 meses) por despido improcedente conforme al artículo 56 del ET. (5) No competencia — el RD 1382/1985 permite pactos de no competencia postcontractual de hasta dos años; el ET autoriza seis meses (o dos años para técnicos titulados) conforme a su artículo 21. La clasificación errónea —usar un contrato ordinario del ET para un puesto que reúne los requisitos de alta dirección— puede generar una gran inseguridad jurídica en el momento de la extinción.

La relación entre el cargo de miembro del consejo de administración (consejero) y el Contrato de Alta Dirección en España está regida por la denominada doctrina del vínculo, elaborada por el Tribunal Supremo. Según esta doctrina, cuando una misma persona ostenta la condición de consejero y desempeña funciones de alta dirección, la relación mercantil como consejero absorbe y prevalece sobre la relación laboral especial, de forma que el Contrato de Alta Dirección queda sin efecto y la retribución del directivo pasa a regirse por los artículos 217-219 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC — Real Decreto Legislativo 1/2010), que exigen que la remuneración de los administradores esté prevista en los estatutos sociales y aprobada por la junta general. El Tribunal Supremo ha reafirmado esta doctrina en numerosas sentencias (STS de 26 de marzo de 2014; STS de 11 de noviembre de 2015). Sin embargo, la doctrina del vínculo solo se aplica cuando las funciones del ejecutivo son las propias e inherentes al cargo de administrador: una persona que ocupa un asiento minoritario en el consejo y ejerce al mismo tiempo funciones ejecutivas de carácter operacional puede mantener un Contrato de Alta Dirección válido para el rol ejecutivo. Las empresas deben solicitar asesoramiento jurídico para estructurar correctamente esta relación.

La indemnización de un alto directivo conforme al Real Decreto 1382/1985 depende de la causa de extinción del contrato. En caso de desistimiento empresarial sin causa (artículo 11.1 RD 1382/1985), la indemnización mínima es de siete días de salario por año de servicio con un tope de seis mensualidades, aunque las partes pueden acordar en el contrato una cantidad mayor, y en la práctica los contratos de alta dirección suelen prever entre 12 y 24 mensualidades de salario. En caso de extinción por causas objetivas (artículo 10.3 RD 1382/1985, en remisión a los artículos 51-52 del ET), la indemnización es de 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. En caso de despido disciplinario por incumplimiento grave conforme al artículo 54 del ET (de aplicación subsidiaria), no procede indemnización alguna si el despido se declara procedente. Si el directivo dimite por modificación sustancial unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador (artículo 10.3 RD 1382/1985), tiene derecho a la misma indemnización que en el desistimiento empresarial. Si el empleador no respeta el preaviso establecido, el directivo tiene derecho al salario correspondiente al período de preaviso incumplido como compensación adicional. Los conflictos laborales entre altos directivos y sus empresas se sustancian ante el Juzgado de lo Social tras la preceptiva conciliación ante el SMAC.

Los altos directivos sujetos al Real Decreto 1382/1985 tienen derecho a la prestación por desempleo conforme a la Ley General de la Seguridad Social (LGSS — Real Decreto Legislativo 8/2015), siempre que hayan acreditado suficientes cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la extinción del contrato constituya una separación involuntaria: desistimiento empresarial conforme a los artículos 10 u 11 del RD 1382/1985, despido por causas objetivas, o despido disciplinario declarado posteriormente improcedente. Los altos directivos que dimiten voluntariamente no tienen derecho a la prestación por desempleo, al igual que el resto de trabajadores. La cuantía de la prestación se calcula como el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días y el 50 % a partir de ese momento, con los topes que fija anualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las prestaciones son gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una consideración práctica relevante: si el paquete de extinción del directivo incluye un pago significativo en el momento de la salida, el SEPE puede investigar si la separación fue verdaderamente involuntaria; una indemnización muy superior al mínimo legal combinada con una reincorporación inmediata a otra empresa puede dar lugar a la suspensión de la prestación.

Los pactos de no competencia postcontractual para altos directivos se rigen por el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985, que permite restricciones de no competencia por un período máximo de dos años tras la extinción del contrato, el mismo plazo máximo autorizado para los trabajadores técnicos titulados conforme al artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores. Para que la cláusula sea válida deben cumplirse tres requisitos: (1) el empleador debe tener un interés comercial efectivo en la restricción —habitualmente el acceso del directivo a secretos comerciales, planes estratégicos, relaciones clave con clientes o conocimientos técnicos especializados—; (2) la duración y el ámbito (geográfico y sectorial) deben ser proporcionados; (3) el empleador debe abonar una compensación económica adecuada durante el período de restricción. El Tribunal Supremo ha declarado que una compensación inferior al 50 % del último salario del directivo resulta generalmente inadecuada, aunque el umbral varía según el caso. Si el pacto de no competencia se acuerda pero el empleador no abona la compensación, el directivo queda liberado de la restricción. Por el contrario, si el directivo incumple el pacto, el empleador puede reclamar daños y perjuicios por la totalidad de la compensación satisfecha más las pérdidas adicionales, y solicitar una medida cautelar ante el Juzgado de lo Social conforme a la Ley 36/2011. La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (que transpone la Directiva 2016/943) proporciona protección adicional a los secretos empresariales con independencia de la cláusula contractual.

El preaviso en un Contrato de Alta Dirección se rige por el artículo 10 del Real Decreto 1382/1985. En caso de desistimiento empresarial sin causa, el preaviso mínimo es de tres meses: la empresa debe comunicar la extinción con al menos tres meses de antelación o abonar el salario equivalente en concepto de indemnización sustitutoria del preaviso. Las partes pueden acordar un preaviso más largo; hasta seis meses es habitual en los contratos de consejeros delegados o directores generales. En caso de dimisión voluntaria por parte del directivo, se aplica el mismo preaviso mínimo de tres meses conforme al artículo 10.1 del RD 1382/1985, lo que otorga a la empresa tiempo suficiente para preparar la sucesión. Este plazo es significativamente superior al preaviso previsto en el ET para los trabajadores de alta categoría (generalmente 15 días para quienes llevan más de un año de servicio). Si la empresa dispensa al directivo de la obligación de prestar servicios durante el período de preaviso (período de garden leave o exoneración de la prestación de servicios), manteniéndole alejado de la oficina pero abonando íntegramente su salario, esta medida debe estar pactada contractualmente o adoptarse de forma unilateral por la empresa. El Tribunal Supremo ha confirmado que la empresa puede imponer unilateralmente el garden leave durante el preaviso sin incurrir en incumplimiento contractual, siempre que se mantengan el salario y los beneficios.

La retribución de un alto directivo en virtud de un Contrato de Alta Dirección tributa como rendimiento del trabajo conforme al artículo 17.1 de la Ley 35/2006 del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sujeta a la escala progresiva estatal con tipos de hasta el 47 % más el recargo autonómico, que puede alcanzar hasta el 54 % en Cataluña en el tramo más elevado. El empleador practica retención a cuenta del IRPF en la nómina y la ingresa en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante el Modelo 111 (mensual o trimestral) y la declara en el Modelo 190 anual. Las retribuciones en especie —vehículo de empresa, seguro médico, seguro de vida por encima de los umbrales de exención, opciones sobre acciones— se valoran conforme a los artículos 42-48 del IRPF y se integran en la base imponible. La reducción del 30 % por irregularidad prevista en el artículo 18.2 del IRPF, aplicable a las rentas generadas en más de dos años, puede ser de aplicación a los pagos plurianuales de bonus o de planes de incentivos a largo plazo (LTIP), conforme a los criterios de la AEAT. Las indemnizaciones por extinción del contrato conforme al RD 1382/1985 están exentas del IRPF hasta el mínimo legal (siete días por año, con tope de seis meses), siendo el exceso plenamente tributable conforme al artículo 7.e del IRPF. Los directivos con retribución bruta anual superior a 600.000 euros están sujetos a un tipo marginal especial del 47 % desde el primer euro del exceso, con independencia de los límites de cotización a la Seguridad Social.