Contrato de Traducción España

El Contrato de Traducción es, en España, el contrato escrito regulado por Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996), arts. 12, 14, 17, que define las prestaciones de cada parte y resulta exigible ante la jurisdicción civil.

La traducción es una obra derivada protegida por los derechos de autor conforme al Artículo 11 de la LPI, que reconoce expresamente la traducción como una obra derivada que goza de protección independiente siempre que sea original en su expresión, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original. El traductor es titular originario de los derechos de autor sobre su traducción — tanto del derecho moral irrenunciable (Artículo 14 LPI) como de los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (artículos 17 a 23 LPI). Para que el cliente pueda explotar la traducción, el contrato de traducción debe incluir una cesión expresa de los derechos de explotación conforme al Artículo 43 LPI, ya que sin cesión contractual el cliente no puede publicar, distribuir ni explotar la traducción.

El contrato de traducción puede configurarse como un contrato de obra (Artículo 1588 CC) — en el que el traductor se compromete a un resultado determinado (la traducción completa y correcta del texto fuente) — o como un contrato de servicios (Artículo 1544 CC), siendo el contrato de obra la configuración más habitual para traducciones de encargo con especificaciones técnicas definidas. La distinción es relevante para determinar el régimen de responsabilidad del traductor: en el contrato de obra, el traductor responde del resultado (calidad y exactitud de la traducción), mientras que en el contrato de servicios responde de la diligencia aplicada.

Para traducciones juradas (traducciones certificadas para uso ante autoridades españolas o extranjeras), el traductor debe tener el nombramiento de Traductor-Intérprete Jurado expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) conforme al Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, que regula los Traductores-Intérpretes Jurados. La traducción jurada tiene carácter oficial ante las Administraciones Públicas españolas y acredita que el traductor certifica la fidelidad de la versión al texto original.

La inteligencia artificial generativa (IA generativa) está transformando el sector de la traducción en España. El uso de herramientas de traducción automática neuronal — como DeepL, Google Translate o los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) — plantea nuevas cuestiones sobre la titularidad de los derechos de autor sobre las traducciones generadas con asistencia de IA. La Ley de Propiedad Intelectual española (RDL 1/1996) exige la intervención creativa humana para reconocer la autoría — las traducciones generadas íntegramente por IA sin aportación creativa humana relevante no son protegibles como obras derivadas conforme al Artículo 11 LPI según la interpretación dominante. El contrato de traducción debe especificar si se permite el uso de herramientas de IA y en qué medida, y quién asume la responsabilidad por errores introducidos por la traducción automática no revisada por el traductor humano conforme a los estándares de la norma ISO 18587:2017 sobre posedición de traducción automática.

Un Contrato de Traducción España es necesario siempre que una empresa, organismo público o particular encargue a un traductor profesional o agencia de traducción la producción de una versión en otro idioma de documentos, textos o contenidos, formalizando las prestaciones, los derechos de propiedad intelectual y el precio.

El contrato es necesario cuando una empresa española encarga la traducción de su web corporativa, catálogos de productos, manuales técnicos o contratos comerciales a un idioma extranjero para su expansión internacional. Sin un contrato escrito, la titularidad de los derechos de autor sobre la traducción puede quedar en manos del traductor conforme al Artículo 43 LPI, impidiendo al cliente publicar o distribuir la traducción libremente.

El contrato de traducción es necesario cuando un cliente encarga traducciones jurídicas de contratos, escrituras notariales, sentencias judiciales o documentos registrales. En estos casos, el contrato debe definir con precisión los requisitos de fidelidad terminológica y estilística, la revisión jurídica del texto traducido y la responsabilidad del traductor por errores que puedan afectar a la validez jurídica del documento traducido.

El documento es necesario para agencias de traducción que subcontratan a traductores autónomos: el contrato entre la agencia y el traductor freelance establece la propiedad de los derechos de autor sobre las traducciones producidas, la confidencialidad de los textos fuente (habitualmente sujetos a secreto empresarial conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales), los plazos de entrega y las condiciones de pago. Sin contrato escrito, el traductor autónomo podría reclamar la titularidad de los derechos de autor sobre sus traducciones y reutilizarlas o publicarlas sin autorización del cliente.

El contrato es necesario para la producción de traducciones literarias y editoriales cuando una editorial española (bajo la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual, sustituida por el RDL 1/1996) encarga la traducción de una obra extranjera. El contrato editorial de traducción debe respetar los derechos del traductor reconocidos por el Artículo 59 LPI y garantizar una remuneración equitativa que incluya participación en los derechos de explotación de la obra traducida. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser reclamado ante el Juzgado de lo Mercantil con competencia en propiedad intelectual conforme al Artículo 86 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El contrato de traducción es también necesario cuando organismos públicos españoles contratan servicios de interpretación y traducción conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Los contratos de traducción e interpretación de las Administraciones Públicas deben licitarse conforme a los procedimientos de la LCSP — procedimiento simplificado abreviado para contratos de valor estimado inferior a 100.000 euros, procedimiento abierto simplificado para contratos entre 100.000 y 1.000.000 euros — y los traductores adjudicatarios deben cumplir los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos en los pliegos. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) facilita la acreditación de la solvencia de traductores y agencias de traducción ante los órganos de contratación de las Administraciones Públicas.

Un Contrato de Traducción España válido conforme a la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996) y al Código Civil debe contener los siguientes elementos esenciales para proteger tanto al cliente como al traductor y establecer con claridad la titularidad de la PI, las prestaciones y las condiciones de pago.

Identificación de las partes: Nombre o razón social completos, NIF/CIF, domicilio y datos de contacto del cliente y del traductor o agencia de traducción. Para traductores autónomos, número de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y, si procede, número de colegiación en el Colegio de Traductores e Intérpretes correspondiente.

Descripción del encargo: Descripción precisa del texto fuente (idioma de origen, idioma de destino, número de palabras o páginas, formato del archivo — DOC, PDF, XLIFF, SRT —) y de la finalidad del texto traducido (publicación editorial, uso interno empresarial, presentación ante autoridad pública, subtitulación, doblaje). Para encargos de múltiples documentos, debe adjuntarse un listado o tabla de documentos con sus especificaciones individuales.

Estándares de calidad y especialización: Indicación de si se requiere traductor especializado en un área temática concreta (jurídica, médica, técnica, financiera, literaria) y de los estándares de calidad aplicables — norma UNE-EN ISO 17100:2015 para servicios de traducción, glosarios terminológicos proporcionados por el cliente, requisitos de uso de herramientas de traducción asistida por ordenador (CAT tools) como SDL Trados o MemoQ. Los requisitos de revisión por segundo traductor (revisión bilingüe conforme a la ISO 17100) deben especificarse expresamente.

Plazo de entrega: Fecha o plazo de entrega de la traducción completa y revisada, con indicación de los hitos intermedios para encargos de gran volumen — primer borrador, revisión del cliente, entrega final. Las penalizaciones por retraso en la entrega, si se pactan, deben fijarse como cláusula penal conforme al Artículo 1152 del Código Civil, con posibilidad de moderación judicial del Artículo 1154 CC.

Precio y condiciones de pago: Tarifa aplicable — por palabra fuente, por página normalizada (250 palabras), por hora o precio alzado por proyecto —, importe total del encargo, IVA aplicable (21% general o 0% para exportaciones de servicios fuera de la UE conforme al Artículo 69 de la Ley del IVA), y condiciones de pago (anticipo, pago contra entrega, pago a 30/60 días). El retraso en el pago devenga intereses de demora comercial conforme a la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, actualmente referenciados al tipo del BCE más ocho puntos porcentuales.

Cesión de derechos de propiedad intelectual: Cláusula expresa de cesión al cliente de los derechos patrimoniales de autor sobre la traducción conforme al Artículo 43 LPI — reproducción, distribución, comunicación pública, transformación — con indicación del territorio, el plazo y las modalidades de explotación autorizadas. Sin esta cesión expresa, el cliente solo tiene una licencia de uso implícita y no puede explotar comercialmente la traducción. Los derechos morales del traductor (paternidad e integridad) son irrenunciables conforme al Artículo 14 LPI.

Confidencialidad: Obligación del traductor de mantener en estricta confidencialidad el contenido de los textos fuente y traducidos, especialmente relevante para documentos jurídicos, contratos comerciales e información técnica sujeta a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. La obligación de confidencialidad debe sobrevivir a la finalización del contrato.

Garantía de calidad y responsabilidad: El alcance de la responsabilidad del traductor por errores en la traducción — si se limita al importe de los honorarios percibidos o incluye daños indirectos — y el procedimiento de reclamación por defectos (plazo de comunicación, proceso de revisión y corrección, derecho del traductor a subsanar antes de aplicar penalizaciones). Para traducciones juradas, el traductor responde personalmente de la fidelidad al original ante las autoridades.

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