Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas Chile

El Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas en Chile es el contrato civil regulado por el Artículo 1545 del Código Civil — que establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes — mediante el cual una persona natural o jurídica (prestador de servicios) se obliga a ejecutar labores agrícolas específicas a favor de un agricultor o empresa agropecuaria (mandante), a cambio de un precio determinado, sin que exista relación de dependencia o subordinación laboral.

El Contrato de Prestación de Servicios Agrícolas Chile permite a los agricultores contratar servicios de terceros para labores estacionales o especializadas — cosecha manual de fruta, poda, raleo, aplicación de fitosanitarios, riego, preparación de suelos, postcosecha — sin que se genere un vínculo laboral regulado por el Código del Trabajo (DFL N° 1 de 2003). La distinción entre contrato civil de servicios y contrato de trabajo es fundamental en Chile: el Artículo 7 del Código del Trabajo establece que la relación laboral nace cuando concurren dependencia, subordinación y remuneración, y el Artículo 8 crea una presunción legal de existencia del contrato de trabajo ante estos elementos. La Dirección del Trabajo (DT) — organismo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social — puede reclasificar contratos de servicios como contratos de trabajo si se acredita dependencia real, generando obligaciones retroactivas de cotizaciones AFP, FONASA/ISAPRE y AFC.

El Decreto Ley 993 de 1975, que regula el arrendamiento de predios rústicos y las aparcerías, y las disposiciones del Ministerio de Agricultura relativas a las labores agrícolas, complementan el marco civil aplicable cuando los servicios se prestan en fundos agrícolas inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y sujetos a la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El SAG regula, entre otros aspectos, la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, la calidad de semillas certificadas, el bienestar animal y las normas fitosanitarias de exportación aplicables a los predios que producen fruta de exportación con destino a mercados regulados.

La Ley 20.308 de 2008 sobre protección de los trabajadores en el uso de plaguicidas y sus Decretos Supremos reglamentarios (DS N° 594/1999 sobre condiciones sanitarias del trabajo y DS N° 78/2009 sobre manejo de plaguicidas) imponen obligaciones específicas sobre quienes prestan servicios de aplicación de agroquímicos en el sector agrícola chileno, independientemente de si el vínculo es laboral o civil. Los prestadores de servicios fitosanitarios deben acreditar capacitación ante el SAG.

Desde la perspectiva tributaria, los honorarios pagados a prestadores de servicios personas naturales están sujetos al Impuesto a la Renta de Segunda Categoría según el Artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), con retención del 10,75% o pago mediante Formulario 29 del SII. Los prestadores pueden emitir boleta de honorarios electrónica a través del sistema del SII conforme a la Resolución Exenta N° 1.414 de 2017. Si el prestador es persona jurídica, la factura electrónica DTE sustituye a la boleta. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) financia parcialmente la contratación de servicios agrícolas especializados a través de sus programas de asesoría técnica y subsidios a la producción.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) tiene competencia cuando los servicios se prestan en terrenos forestales bajo la protección del Decreto Ley 701 de 1974 sobre fomento forestal, que establece requisitos específicos para las labores de cosecha, manejo y recuperación de bosques nativos y plantaciones forestales. El Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas también debe considerar las normas de la Comisión Nacional de Riego (CNR) cuando incluye servicios de instalación o mantención de sistemas de riego tecnificado subsidiados bajo la Ley 18.450 de 1985.

El Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas en Chile se necesita cada vez que un agricultor, empresa agropecuaria, exportadora de fruta o cooperativa contrata a un tercero independiente para ejecutar labores agrícolas sin crear una relación laboral permanente.

El contrato resulta indispensable durante las temporadas de cosecha de los principales productos del sector silvoagropecuario chileno: cereza (noviembre–enero en las regiones de O'Higgins y Maule), uva de mesa (enero–marzo en Atacama, Coquimbo y Valparaíso), manzana y pera (febrero–abril en Maule y Biobío), arándano (octubre–enero en La Araucanía y Los Lagos), y kiwi (abril–mayo en Valparaíso y O'Higgins). Durante estas temporadas, los productores contratan cuadrillas de cosecha provistas por contratistas independientes registrados.

El acuerdo se requiere cuando agricultores de la Región del Maule, La Araucanía o Los Lagos contratan servicios de maquinaria contratista para la siembra, cosecha de cereales (trigo, maíz) o labores de preparación de suelos, diferenciando el servicio del simple arriendo de maquinaria para efectos del Artículo 183-A del Código del Trabajo sobre subcontratación.

Se necesita este contrato para formalizar los servicios de asesores técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos independientes o consultores fitosanitarios contratados fuera del marco del INDAP, cuando los honorarios profesionales superan los límites de la boleta de honorarios y se requiere un contrato marco para múltiples temporadas.

El acuerdo es necesario cuando empresas exportadoras de fruta contratan servicios de embalaje (packing), clasificación y calibrado de fruta con empresas de servicio externas que operan sus propias líneas de proceso en sus propias instalaciones, servicio que en Chile está sujeto a los protocolos de calidad del SAG, el Servicio Nacional de Aduanas y los sistemas de auditoría de los importadores internacionales como Global G.A.P.

También se necesita cuando cooperativas agropecuarias chilenas — como las cooperativas de productores de leche de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, o las cooperativas vitivinícolas del Valle Central — contratan servicios externos de recogida de leche, mantención de equipos de ordeña o vendimiadores para sus socios, debiendo el contrato reflejar la estructura de responsabilidades conforme a la Ley 20.881 de cooperativas.

Un Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas válido en Chile debe contener los elementos que lo diferencian de un contrato de trabajo y que protegen a ambas partes frente a eventuales fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo y el SII.

Identificación de las Partes: Nombre completo o razón social, RUT del SII, domicilio y calidad de cada parte (mandante/agricultor o empresa agropecuaria, y prestador de servicios/contratista). Si el prestador es una persona jurídica, identificar al representante legal con sus poderes. Si es persona natural, indicar número de cédula de identidad del Servicio de Registro Civil. Los contratistas agrícolas que emplean trabajadores deben estar al día en sus obligaciones laborales ante la Dirección del Trabajo para efectos del Artículo 183-C del Código del Trabajo sobre responsabilidad solidaria.

Descripción Detallada de los Servicios: Especificación precisa de las labores a ejecutar (cosecha manual, poda, raleo, aplicación de plaguicidas, preparación de suelos, riego, clasificación de fruta, etc.), el predio o predios donde se ejecutarán (identificados por rol de avalúo del SII y dirección), y los estándares de calidad exigidos (protocolos SAG, certificaciones GlobalG.A.P., normas de inocuidad alimentaria bajo HACCP o ISO 22000 si aplica). La descripción precisa del servicio es el principal elemento que diferencia este acuerdo del contrato de trabajo.

Independencia del Prestador: Cláusula que establezca expresamente que el prestador actúa como contratista independiente, con sus propios medios, sin sujeción a horarios fijos impuestos por el mandante, y con libertad para ejecutar los servicios según su criterio técnico. Esta cláusula es esencial para evitar que la Dirección del Trabajo reclasifique la relación como contrato de trabajo conforme al Artículo 7 del Código del Trabajo. La Corte Suprema ha dictado numerosos fallos que analizan los indicios de dependencia y subordinación en el sector agrícola.

Precio y Forma de Pago: Precio del servicio (por hectárea trabajada, por tonelada procesada, por jornada, o precio alzado por la obra completa), moneda de pago (pesos CLP o UF), plazos de pago y documentación requerida (boleta de honorarios electrónica o factura DTE). La retención del 10,75% por impuesto de segunda categoría aplica cuando el prestador es persona natural conforme al Artículo 74 N° 2 de la LIR, salvo que tribute en primera categoría. La emisión de boleta de honorarios electrónica a través del portal del SII es obligatoria para personas naturales según la Resolución Exenta SII N° 1.414 de 2017.

Plazo y Condiciones de Ejecución: Fechas de inicio y término del servicio, hitos de ejecución si aplica, y condiciones que pueden afectar el plazo (condiciones climáticas adversas, estado de madurez de la fruta, disponibilidad de agua de riego conforme a derechos del Código de Aguas). En el sector frutícola de exportación, los plazos de cosecha están determinados por las ventanas de mercado y los calendarios de embarque coordinados con el Servicio Nacional de Aduanas.

Obligaciones del Prestador: Ejecutar los servicios conforme a las buenas prácticas agrícolas (BPA) reconocidas por el SAG y los estándares de calidad del mandante; cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo del DS N° 594/1999 y la Ley 16.744; contar con los permisos y habilitaciones del SAG para aplicar plaguicidas; mantener registros de aplicaciones fitosanitarias exigidos por los protocolos de trazabilidad; y acreditar que sus trabajadores — si los tiene — están al día en sus cotizaciones previsionales ante el mandante para efectos del Artículo 183-C del Código del Trabajo.

Obligaciones del Mandante (Agricultor): Facilitar el acceso al predio en las fechas pactadas, proveer el agua para los servicios de riego si corresponde, entregar la información técnica necesaria (planos, análisis de suelo, protocolos de calidad), informar sobre riesgos de seguridad del predio, y pagar el precio en los plazos convenidos.

Seguridad y Salud: Referencia a las normas del Decreto Supremo N° 594/1999 sobre condiciones sanitarias en el trabajo, la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el DS N° 40/1969 sobre prevención de riesgos. El prestador de servicios que emplea trabajadores debe acreditar afiliación a la mutualidad correspondiente (ACHS, IST o Mutual de Seguridad) o al Instituto de Seguridad Laboral (ISL). En faenas agrícolas con uso de escaleras, maquinaria o agroquímicos, el reglamento de seguridad del predio debe ser comunicado al contratista.

Confidencialidad: Si el servicio implica acceso a datos productivos, variedades protegidas, protocolos de calidad o contratos de exportación del mandante, una cláusula de confidencialidad protege la información conforme al Artículo 3 de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial y el Artículo 284 del Código Penal que sanciona la divulgación de secretos comerciales.

Responsabilidad y Garantías: Establecer los límites de responsabilidad del prestador por daños a los cultivos, equipos de riego, infraestructura del predio o terceros, y si se exige constitución de garantía (boleta bancaria de garantía o póliza de fiel cumplimiento emitida conforme a las normas de la CMF). La responsabilidad por daños a los cultivos o la producción puede ser muy elevada en el sector frutícola de exportación, por lo que es fundamental delimitar contractualmente la extensión de la responsabilidad del prestador.

Forms-legal.com entrega este modelo de Acuerdo de Prestación de Servicios Agrícolas Chile para facilitar la formalización de las relaciones entre agricultores y contratistas del sector silvoagropecuario. Se recomienda revisar el acuerdo con un Abogado especialista en derecho laboral y agrario, y verificar el cumplimiento de las normas del SAG, la Dirección del Trabajo y el SII antes de suscribirlo.