Prescription Interruption Filing Colombia (Interrupción de Prescripción)

Conforme al Artículo 94 del Código General del Proceso (CGP — Ley 1564 de 2012), la prescripción civil se interrumpe en Colombia desde el momento exacto en que la demanda es presentada ante el juzgado competente, aunque el juez aún no la haya admitido y aunque el demandado no haya sido notificado. El Artículo 94 establece también que si la demanda es inadmitida por defectos formales y el demandante los subsana dentro del plazo de cinco (5) días que le concede el juez, la interrupción se mantiene desde la fecha original de presentación. Sin embargo, si el demandante no subsana los defectos y la demanda es rechazada, o si el proceso termina por desistimiento o abandono sin sentencia de mérito, el Artículo 95 del CGP establece que la interrupción operada se tiene como si no hubiera sucedido. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó este criterio en la Sentencia SC-12436 de 2017.

Los plazos de prescripción extintiva más frecuentes en el derecho civil y comercial colombiano son: (1) prescripción ordinaria general de las acciones civiles: diez (10) años, conforme al Artículo 2536 del Código Civil modificado por la Ley 791 de 2002 (antes era 20 años); (2) acción ejecutiva para cobro de obligaciones con título ejecutivo: cinco (5) años conforme al Artículo 2536 del Código Civil; (3) acción cambiaria directa sobre letras de cambio, pagarés y cheques: tres (3) años conforme al Artículo 882 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971); (4) acción ordinaria de seguro: dos (2) años para prescripción ordinaria y cinco (5) años para prescripción extraordinaria, conforme al Artículo 1081 del Código de Comercio; (5) acción de responsabilidad civil extracontractual: diez (10) años conforme al Artículo 2536 del Código Civil, que la Sala de Casación Civil ha interpretado como iniciándose desde que la víctima conoció o debió conocer el daño y la identidad del responsable; (6) petición de herencia: treinta (30) años conforme a los Artículos 1312 y 2536 del Código Civil.

Sí, aunque esta forma de interrupción de la prescripción opera en beneficio del acreedor y requiere una actuación del deudor. El Artículo 2539 del Código Civil colombiano establece que la prescripción extintiva se interrumpe naturalmente cuando el deudor reconoce el derecho del acreedor, de forma expresa o tácita. El reconocimiento expreso ocurre cuando el deudor suscribe un documento — carta, correo electrónico con firma electrónica certificada, acta de reunión, pagaré de refinanciación — en que admite la existencia de la obligación y su vigencia. El reconocimiento tácito ocurre cuando el deudor realiza un pago parcial de la deuda, cuando solicita un plazo adicional, o cuando realiza cualquier acto que implica necesariamente admitir que debe. Desde el punto de vista práctico, el acreedor puede buscar que el deudor firme un reconocimiento de deuda notarial, lo que no solo interrumpe la prescripción sino que también puede constituir un nuevo título ejecutivo. Si el deudor se niega a reconocer la deuda, el único mecanismo efectivo de interrupción a disposición del acreedor es la presentación de la demanda judicial conforme al Artículo 94 del CGP.

Sí. En Colombia el Código Civil distingue entre interrupción y suspensión de la prescripción, que son figuras con efectos y causales diferentes. La interrupción (Arts. 2539–2544 del Código Civil) pone en cero el cómputo del término: después de que se produce la interrupción, el plazo empieza a correr de nuevo desde el principio. La suspensión (Arts. 2530–2534 del Código Civil), en cambio, detiene temporalmente el cómputo del plazo por causas ajenas a la voluntad del titular del derecho, sin borrar el tiempo ya transcurrido: cuando cesa la causa de suspensión, el plazo continúa corriendo desde donde estaba. Las causales de suspensión están taxativamente previstas en el Artículo 2530 del Código Civil: la prescripción se suspende en favor de los incapaces absolutos (menores de edad no emancipados, personas con discapacidad mental absoluta declarada judicialmente) y en favor de quienes se encuentran en imposibilidad absoluta de actuar por causa de fuerza mayor. La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha admitido que la imposibilidad de acceder a la justicia por caso fortuito puede suspender la prescripción en casos excepcionales debidamente acreditados.

La prescripción extintiva y la caducidad son instituciones que comparten el efecto del paso del tiempo sobre los derechos, pero tienen naturaleza jurídica, régimen legal y consecuencias procesales completamente diferentes en Colombia. La prescripción extintiva (Arts. 2512 y siguientes del Código Civil) es una institución de derecho privado que el deudor debe alegar expresamente como excepción de mérito en el proceso judicial; el juez no puede declararla de oficio, y puede ser interrumpida y suspendida. La caducidad, en cambio, es la pérdida automática de la acción por el transcurso del tiempo sin necesidad de alegación del demandado: el juez puede y debe declararla de oficio cuando la advierta al examinar la demanda (Art. 90 del CGP), no puede ser interrumpida ni suspendida por acuerdo entre las partes, y su declaratoria es insubsanable. Los plazos de caducidad más importantes en Colombia son: la acción contencioso-administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho (4 meses conforme al Artículo 164 del CPACA — Ley 1437 de 2011) y la acción disciplinaria ante la Procuraduría (Art. 132 de la Ley 734 de 2002). La confusión entre prescripción y caducidad puede tener consecuencias graves.

El régimen colombiano de prescripción extintiva establece una distinción importante entre prescripciones de derecho privado modificables y prescripciones de orden público inmutables. En materia civil general, el Artículo 2513 del Código Civil permite que el deudor renuncie a la prescripción ya cumplida — es decir, puede pagar una deuda prescrita reconociendo la obligación moral —, pero no puede renunciarse anticipadamente a la prescripción antes de que el plazo se cumpla. En materia comercial, el Artículo 1081 del Código de Comercio sobre prescripción del seguro establece expresamente que los plazos de prescripción del contrato de seguro (2 y 5 años) no pueden modificarse por acuerdo entre las partes para ampliarse, aunque sí pueden acordarse plazos menores en las condiciones generales de la póliza dentro de los límites que fije la Superintendencia Financiera de Colombia. En materia de contratos estatales, los plazos de caducidad son de orden público y no pueden modificarse contractualmente conforme a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública). La regla general para el derecho privado colombiano es que los plazos de prescripción son de orden semipúblico: las partes no pueden ampliarlos, pero en algunos casos la ley permite reducirlos.