AML Compliance Policy Spain (Acuerdo de Prevención del Blanqueo de Capitales)
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
1. ENTIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Razón social: [Nombre de la Entidad]
CIF: [CIF de la Entidad]
Domicilio social: [Domicilio de la Entidad]
Categoría como sujeto obligado: [Sector de la Entidad]
La presente política constituye el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Manual PBC/FT) exigido a los sujetos obligados conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley PBC/FT), y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo). Incorpora las directrices del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y resulta de aplicación a todos los empleados, administradores y agentes de la entidad que operen en España. Asimismo, traspone la Directiva (UE) 2015/849 (4AMLD) y la Directiva (UE) 2018/843 (5AMLD) según su incorporación al derecho español.
2. GOBERNANZA Y RESPONSABLES
Política aprobada por: [Órgano de Aprobación], con fecha [Fecha de Aprobación].
Representante ante el SEPBLAC (artículo 26 Ley 10/2010): [Representante SEPBLAC]. Persona con cargo directivo y residencia permanente en España, responsable de atender los requerimientos de información del SEPBLAC, coordinar las comunicaciones de operaciones sospechosas y mantener la interlocución con los supervisores sectoriales. Sus datos de contacto deberán comunicarse al SEPBLAC conforme al artículo 26 de la Ley 10/2010 y al artículo 41 del Real Decreto 304/2014.
Órgano de Control Interno (OCI): [Órgano de Control Interno]. El OCI es la función de cumplimiento interno responsable de implementar la presente política, supervisar su cumplimiento, analizar operaciones, mantener registros e informar directamente a la alta dirección y al órgano de administración. El OCI reportará al [Órgano de Aprobación] en materia PBC/FT de forma periódica.
3. DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE
3.1 Diligencia debida normal (artículos 3 a 8 de la Ley 10/2010):
Documentación aceptada: [Diligencia Debida Normal]
Todos los clientes deberán ser identificados y verificados antes de establecer la relación de negocios. Para personas jurídicas, deberá identificarse al titular real (persona física con más del 25% del capital o control efectivo) conforme al artículo 4 de la Ley 10/2010 y al artículo 8 del Real Decreto 304/2014, verificándose frente al Registro de Titulares Reales del Registro Mercantil Central establecido por Resolución de la DGSJFP de 21 de octubre de 2020.
3.2 Diligencia debida simplificada (artículo 9 de la Ley 10/2010): Aplicable a sociedades cotizadas en mercados regulados de la UE, administraciones públicas españolas, entidades de crédito y determinados productos de bajo riesgo. Se aplican medidas de verificación reducidas, sujetas a seguimiento continuado del riesgo.
3.3 Diligencia debida reforzada (artículos 11 a 16 de la Ley 10/2010): Obligatoria para: personas con responsabilidad pública (PEP) conforme al artículo 14 de la Ley 10/2010, incluyendo políticos españoles, altos funcionarios, magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, directivos de empresas públicas, y sus familiares y allegados; relaciones de banca corresponsal; operaciones no presenciales; y jurisdicciones de alto riesgo identificadas por el GAFI/FATF.
3.4 Controles de efectivo: Umbral de operaciones en efectivo que activa la supervisión reforzada — [Umbral de Efectivo]. Conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, los pagos en efectivo superiores a 1.000 € entre empresas están prohibidos. Las operaciones en efectivo superiores a 10.000 € deben comunicarse a la AEAT mediante el Modelo S-1.
4. PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PEP)
Nivel de aprobación de la alta dirección para establecer o mantener relaciones con PEP: [Nivel de Aprobación PEP]. La entidad deberá: (a) identificar la condición de PEP mediante herramientas comerciales de cribado y el BOE (Boletín Oficial del Estado); (b) obtener la aprobación al nivel especificado antes del alta del cliente; (c) realizar una verificación reforzada del origen de los fondos; (d) aplicar un seguimiento reforzado continuado a las relaciones con PEP; y (e) documentar todas las decisiones relativas a PEP en el expediente de cumplimiento. La condición de PEP se revisará al menos anualmente. Los familiares (cónyuge, hijos, progenitores) y personas allegadas de los PEP quedan sujetos a los mismos procedimientos reforzados conforme al artículo 14.4 de la Ley 10/2010.
5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Cadena de escalado interno: [Cadena de Escalado]
Cualquier empleado que detecte una operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo deberá comunicarla de inmediato a través de la cadena de escalado indicada. Las operaciones sospechosas deberán comunicarse al SEPBLAC conforme al artículo 18 de la Ley 10/2010. Queda estrictamente prohibido revelar información al cliente sobre la comunicación de operación sospechosa conforme al artículo 24 de la Ley 10/2010 — la revelación puede constituir un delito conforme al artículo 301 del Código Penal. Todas las comunicaciones se documentarán en el Registro de Examen de Operaciones (REO) mantenido por el OCI.
6. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN
Conservación de documentación (artículo 25 de la Ley 10/2010): Todos los documentos de identificación de clientes, registros de operaciones, expedientes de diligencia debida, comunicaciones de operaciones sospechosas y registros de formación se conservarán durante [Período de Conservación] desde la fecha de cada registro. La documentación se almacenará de forma segura y estará a disposición del SEPBLAC cuando lo requiera. La conservación está sujeta a los principios de minimización de datos del RGPD conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
Formación del personal (artículo 29 de la Ley 10/2010): Todo el personal relevante recibirá formación en materia PBC/FT con periodicidad de [Frecuencia de Formación]. La formación abarcará: la Ley PBC/FT y el Real Decreto 304/2014; tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; procedimientos de diligencia debida del cliente; indicadores de alerta; y obligaciones internas de comunicación. Se mantendrán registros de asistencia a disposición de la inspección del SEPBLAC.
7. SANCIONES E INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de la presente política y de la Ley 10/2010 puede dar lugar a sanciones administrativas conforme a los artículos 50 a 62 de la Ley 10/2010 — incluyendo multas de hasta 10 millones de euros o el 10% de la cifra anual de negocios para infracciones muy graves, y responsabilidad personal de los administradores. La responsabilidad penal conforme a los artículos 301 a 304 del Código Penal puede resultar aplicable a las personas implicadas en el blanqueo de capitales. La responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al artículo 31 bis del Código Penal puede activarse para las empresas que no adopten medidas de prevención adecuadas. Todos los incumplimientos de la presente política deberán comunicarse al OCI y quedar documentados.
ADOPCIÓN Y APROBACIÓN
Adoptada en [Ciudad], a [Fecha].
ENTIDAD: [Nombre de la Entidad]
Aprobada por: [Órgano de Aprobación]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Representante ante el SEPBLAC: [Representante SEPBLAC]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Órgano de Control Interno (OCI): [Órgano de Control Interno]
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
Órgano de Aprobación (Consejo / Administrador)
________________
Signature
Representante ante el SEPBLAC
________________
Signature
Órgano de Control Interno
________________
Signature
What Is a AML Compliance Policy Spain (Acuerdo de Prevención del Blanqueo de Capitales)?
An AML Compliance Policy Spain (Acuerdo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo — PBC/FT) is a formal internal document establishing a company's framework of policies, procedures, controls, and responsibilities for complying with Spanish anti-money laundering and counter-terrorist financing law — governed primarily by Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley PBC/FT), its implementing Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo), and the guidelines issued by the Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Ley 10/2010 Article 2 defines the sujetos obligados (obligated entities) subject to Spain's AML regime — a broad category encompassing: financial institutions (entidades de crédito, empresas de seguros, gestoras de fondos de inversión, empresas de servicios de inversión) supervised by the Banco de España, the Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), and the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); legal professionals (notarios, registradores de la propiedad, abogados) when advising on specified transactions; real estate agents (agentes inmobiliarios) and property developers (promotores inmobiliarios); auditors (auditores de cuentas) and accountants (asesores fiscales); gambling operators (casinos, casas de apuestas) under Ley 13/2011 de Regulación del Juego; and dealers in high-value goods (comerciantes de objetos de arte, joyeros, comerciantes de metales preciosos) for cash transactions above €10,000.
The SEPBLAC — the Spanish financial intelligence unit (FIU) and AML supervisory authority — operates under the Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, chaired by the Secretary of State for the Treasury (Secretaría de Estado de Hacienda) under the Ministerio de Hacienda. SEPBLAC receives suspicious transaction reports (STRs — comunicaciones de operaciones sospechosas) from obligated entities, analyses financial intelligence, and coordinates with the Fiscalía Anticorrupción, the Comisaría General de Policía Judicial (UDEF — Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), and the Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) of the Agencia Tributaria.
Spain's AML framework implements Directive (EU) 2015/849 (Fourth AML Directive — 4AMLD) and Directive (EU) 2018/843 (Fifth AML Directive — 5AMLD), consolidated under the Spanish transposition maintained by Ley 10/2010 as amended. The Reglamento Real Decreto 304/2014 details the diligencia debida (due diligence) obligations, the Órgano de Control Interno (OCI — internal compliance function), the Manual de Prevención (compliance manual), and the Examen Anual Externo (annual external review) requirements for larger obligated entities. Spain's Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales applies administrative sanctions under Article 52 of Ley 10/2010 — ranging from reprimand (amonestación) to fines of up to €10 million or 10% of annual turnover for very serious infractions (infracciones muy graves), and criminal prosecution under Articles 301 through 304 of the Código Penal for money laundering offences.
The Registro de Titulares Reales — Spain's beneficial ownership register — was established by Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública of 21 October 2020 under the Registro Mercantil Central, implementing 5AMLD's Article 30 requirement for company beneficial ownership transparency. All Spanish companies must record their titulares reales (beneficial owners — persons holding more than 25% of share capital or voting rights, or otherwise controlling the entity) in the Registro Mercantil.
When Do You Need a AML Compliance Policy Spain (Acuerdo de Prevención del Blanqueo de Capitales)?
An AML Compliance Policy Spain is required whenever a business qualifies as a sujeto obligado under Article 2 of Ley 10/2010 — the law imposes a mandatory obligation to adopt internal control procedures (procedimientos de control interno) as the foundational compliance requirement before a supervisory inspection by SEPBLAC or the relevant sectoral supervisor.
The policy is needed when a Spanish credit institution (banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito) must comply with SEPBLAC's Circular 1/2019 on prevention obligations, which requires a formal manual de prevención approved by the Consejo de Administración, a designated Representante ante el SEPBLAC (responsible officer), and an Órgano de Control Interno with documented functions and reporting lines.
An AML Compliance Policy is required when a real estate agency (agencia inmobiliaria) or property developer (promotor) in Spain conducts transactions involving purchase, sale, or rental of properties — these entities are obligated under Article 2.1.o of Ley 10/2010 and must implement customer due diligence (diligencia debida) including identification of beneficial owners (titulares reales) of purchasing entities and source of funds verification for transactions above €10,000 in cash.
The policy is needed when a Spanish law firm (despacho de abogados), notary (notaría), or auditing firm (firma de auditoría) provides services involving real estate transactions, company formation, trust management, or management of client funds — legal professionals are subject to Ley 10/2010 Article 2.1.n and must adopt AML procedures while respecting legal professional privilege (secreto profesional) under the Estatuto General de la Abogacía Española.
An AML Policy is required when a fintech company, payment institution (entidad de pago), or electronic money institution (entidad de dinero electrónico) authorised by the Banco de España under Ley 16/2009 de servicios de pago or Ley 21/2011 de dinero electrónico must demonstrate to the Banco de España's Departamento de Supervisión de Conducta that it has implemented SEPBLAC-compliant AML procedures before obtaining or renewing its autorización.
The policy is also needed as part of a corporate due diligence package when a Spanish company is being acquired by a foreign investor or listed on a Spanish regulated market — demonstrating documented AML compliance is a standard condition precedent in M&A transactions supervised by the CNMV and a key element of the anti-bribery (anticorrupción) and ESG compliance review conducted by acquirers under Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal Articles 31 bis and 301 on corporate criminal liability.
Under the Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, the Registro Mercantil maintains the register of Spanish companies. The Código de Comercio 1885 governs commercial obligations. The Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administers Impuesto sobre Sociedades (IS) under Ley 27/2014. The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) enforces competition law. The Código Civil governs general contractual obligations under Article 1255.
What to Include in Your AML Compliance Policy Spain (Acuerdo de Prevención del Blanqueo de Capitales)
A valid AML Compliance Policy Spain under Ley 10/2010 and Real Decreto 304/2014 must contain the following essential elements to satisfy SEPBLAC inspection requirements and avoid administrative sanctions under Article 52 of the Ley PBC/FT.
Scope and Purpose: A clear statement of the policy's scope — which entities, branches, and business lines it covers — and its legal basis under Ley 10/2010 and Real Decreto 304/2014. The policy must reference the company's classification as a sujeto obligado under the specific subparagraph of Article 2 Ley 10/2010 that applies to its activities.
Organisational Structure and Governance: Identification of the Órgano de Control Interno (OCI) — whether a dedicated compliance department, the Compliance Officer, or a senior manager — with its reporting line to the Consejo de Administración or Dirección General. The Representante ante el SEPBLAC (Article 26 Ley 10/2010) — a senior officer with permanent residence in Spain, authorised to respond to SEPBLAC information requests — must be named and their contact details registered with SEPBLAC.
Customer Due Diligence (Diligencia Debida): The three tiers of due diligence required by Ley 10/2010 Chapter II: (1) Diligencia debida normal (standard CDD) — identification and verification of customer identity using documentary evidence (DNI, NIE, pasaporte, NIF) and confirmation of beneficial ownership (titular real) for entities above the 25% threshold under Article 4 Ley 10/2010 and Real Decreto 304/2014 Article 8; (2) Diligencia debida simplificada (simplified CDD) — applicable to lower-risk customers and transactions as specified in Article 9 Ley 10/2010 — listed companies, public authorities, credit institutions; (3) Diligencia debida reforzada (enhanced CDD) — mandatory for higher-risk situations under Article 11 Ley 10/2010 — politically exposed persons (PEPs — personas con responsabilidad pública under Article 14), correspondent banking relationships, non-face-to-face operations, and high-value transactions.
Politically Exposed Persons (PEPs): Specific procedures for identifying, monitoring, and obtaining senior management approval for business relationships with PEPs under Articles 14 and 16 of Ley 10/2010 — including Spanish politicians, senior civil servants, judges of the Tribunal Supremo and Tribunal Constitucional, directors of state-owned enterprises (empresas públicas), and their family members (familiares) and close associates (personas allegadas) as defined in Article 14.4 Ley 10/2010.
Transaction Monitoring: The system and criteria for ongoing monitoring (seguimiento continuado) of customer transactions under Article 6 Ley 10/2010 — identifying transactions inconsistent with the customer's profile (perfil de riesgo del cliente), detecting unusual patterns (operaciones inusuales), and triggering escalation for suspicious transaction analysis. Reference to any automated transaction monitoring (ATM) system used.
Suspicious Transaction Reporting: The internal escalation and reporting procedure for suspicious transactions (operaciones sospechosas), culminating in a Comunicación al SEPBLAC under Article 18 Ley 10/2010 within the applicable timeframe. The policy must specify the internal STR form, the escalation chain, and the obligation to maintain confidentiality (secreto de las comunicaciones) — prohibiting tipping-off the customer about the STR under Article 24 Ley 10/2010.
Cash Transaction Controls: Procedures for implementing the cash payment restriction under Article 7 of Ley 7/2012 — transactions above €1,000 involving empresarios or profesionales are prohibited in cash; up to €10,000 for transactions involving only natural persons. Reporting obligations to the AEAT for cash transactions above €10,000 under Modelo S-1.
Record Retention: The obligation to retain customer identification documents, transaction records, and STR communications for 10 years under Article 25 of Ley 10/2010 — consistent with GDPR data minimisation principles under Reglamento (UE) 2016/679 and Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
Training: Annual AML training (formación en materia de PBC/FT) for all relevant staff under Article 29 of Ley 10/2010, with attendance records maintained.
Forms-legal.com provides this AML Compliance Policy Spain template as a practical starting point. A finalised AML policy must be tailored to the specific risk profile and business model of each sujeto obligado, reviewed by a qualified compliance specialist or abogado with SEPBLAC experience, and approved by the board before implementation.
Under the Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, the Registro Mercantil maintains the register of Spanish companies. The Código de Comercio 1885 governs commercial obligations. The Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administers Impuesto sobre Sociedades (IS) under Ley 27/2014. The Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) enforces competition law. The Código Civil governs general contractual obligations under Article 1255.
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Frequently Asked Questions
Un sujeto obligado es cualquier persona física o jurídica sometida a las obligaciones antiblaqueo de España conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La lista incluye: entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito) supervisadas por el Banco de España; aseguradoras e intermediarios de seguros de vida; empresas de servicios de inversión y gestoras supervisadas por la CNMV; establecimientos de cambio de moneda; entidades de pago y de dinero electrónico; notarios y registradores de la propiedad en determinadas operaciones; abogados en operaciones de constitución de sociedades, inmobiliarias, gestión de fondos de clientes o estructuración de transacciones — pero no cuando prestan asesoramiento jurídico o ejercen defensa judicial; auditores y asesores fiscales; agentes inmobiliarios y promotores; casinos y operadores de juego bajo la Ley 13/2011; comerciantes de bienes de alto valor (arte, joyas, metales preciosos, vehículos, buques) en operaciones en efectivo superiores a 10.000 euros; y plataformas de financiación participativa bajo la Ley 5/2015. Las categorías se ampliaron mediante las sucesivas modificaciones de la Ley 10/2010 que transpusieron la 4.ª Directiva AML (Directiva 2015/849) y la 5.ª Directiva AML (Directiva 2018/843).
Los artículos 50 a 62 de la Ley 10/2010 establecen un régimen escalonado de sanciones administrativas. Las infracciones se clasifican en: muy graves — multas de hasta 10 millones de euros, el doble del beneficio obtenido o el 10 % del volumen de negocio anual, con posible revocación de la autorización y publicación de la sanción en el BOE; graves — multas de hasta 1 millón de euros o, para entidades de crédito, el 1 % de los recursos propios; leves — amonestación escrita. Los administradores y directivos pueden ser sancionados personalmente. El SEPBLAC realiza inspecciones in situ y revisiones documentales periódicas y extraordinarias. El incumplimiento de la obligación de comunicación de operaciones sospechosas constituye infracción muy grave. Adicionalmente, la responsabilidad penal bajo los artículos 301 a 304 del Código Penal conlleva penas de prisión de 6 meses a 6 años y multas de hasta el triple del importe blanqueado. La responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis CP también puede activarse cuando la empresa no haya adoptado medidas de prevención adecuadas.
El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y principal autoridad supervisora AML de España, adscrita a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales presidida por la Secretaría de Estado de Hacienda. El SEPBLAC ejerce tres funciones principales: (1) Función UIF — recibe, analiza y difunde comunicaciones de operaciones sospechosas (COS) de aproximadamente 30.000 sujetos obligados, compartiendo inteligencia con la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) y la Guardia Civil; (2) Función supervisora — realiza inspecciones in situ y revisiones documentales de sujetos obligados no financieros (notarios, abogados, agentes inmobiliarios, casinos) para verificar la implementación de la política AML; (3) Función sancionadora — propone sanciones administrativas por infracciones graves y muy graves a la Comisión de Prevención. Los supervisores sectoriales (Banco de España, CNMV, DGSFP) supervisan el cumplimiento AML de las entidades financieras bajo delegación del SEPBLAC, coordinando la inteligencia AML intersectorial a través del Comité Permanente de Supervisión.
El Capítulo II de la Ley 10/2010 establece tres niveles de diligencia debida del cliente para los sujetos obligados españoles. La diligencia debida normal (artículos 3 a 7) exige: identificación y verificación de la identidad del cliente mediante documentación original (DNI, pasaporte, NIE, NIF); identificación del titular real — persona física que en última instancia posea o controle más del 25 % del capital social o los derechos de voto, o ejerza el control efectivo, conforme al artículo 4 de la Ley 10/2010 y el artículo 8 del Real Decreto 304/2014; conocimiento del propósito y la naturaleza de la relación de negocio; y seguimiento continuado de las operaciones. La diligencia debida simplificada (artículo 9) se aplica a sociedades cotizadas, autoridades públicas españolas, entidades de crédito y determinados productos de menor riesgo. La diligencia debida reforzada (artículo 11) es obligatoria para personas con responsabilidad pública (PEPs), banca corresponsal, operaciones no presenciales y jurisdicciones de alto riesgo identificadas por el GAFI/FATF, exigiendo aprobación de la alta dirección, verificación del origen de los fondos y seguimiento más intenso.
El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de lucha contra el fraude fiscal, establece restricciones a los pagos en efectivo en España. Las operaciones en las que al menos una de las partes actúe como empresario o profesional quedan prohibidas en efectivo cuando su importe sea igual o superior a 1.000 euros — o a 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física no residente en España que no actúe como empresario. La restricción se aplica por operación; fraccionar el importe para eludir el límite constituye infracción. Las infracciones son sancionadas por la AEAT con una multa equivalente al 25 % del importe pagado en efectivo. Pagador y receptor responden solidariamente, con reducción para quien se autodenuncia en un plazo de tres meses. Los sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 deben incluir procedimientos de control de efectivo en su política AML para detectar y comunicar al SEPBLAC las operaciones que se aproximen o superen estos límites.
El Registro de Titulares Reales en España fue creado por Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 21 de octubre de 2020, implementando los requisitos de transparencia sobre titularidad real del artículo 30 de la Directiva (UE) 2018/843 (5.ª Directiva AML). El registro es llevado por el Registro Mercantil Central bajo el Ministerio de Justicia. Todas las sociedades mercantiles españolas (Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Comanditarias) deben declarar a sus titulares reales — personas físicas que directa o indirectamente posean más del 25 % del capital social o los derechos de voto, o ejerzan el control efectivo. La declaración se presenta anualmente y cuando se produzcan cambios en la titularidad real, mediante el formulario correspondiente a través del portal electrónico del Registro Mercantil Central. Cuando ninguna persona física supere el umbral del 25 %, se inscribe como titular real al administrador o director con mayor autoridad en el órgano de administración. El registro es accesible para las autoridades competentes, el SEPBLAC, los sujetos obligados en sus procedimientos de diligencia debida y el público con interés legítimo. No mantener actualizado el registro constituye infracción bajo el artículo 51 de la Ley 10/2010.
Sí, pero con limitaciones importantes que protegen el secreto profesional. Conforme al artículo 2.1.n de la Ley 10/2010, los abogados y procuradores son sujetos obligados únicamente cuando asisten a clientes — planificando o ejecutando operaciones — en las siguientes actividades: compraventa de inmuebles o empresas; gestión de dinero, valores u otros activos de clientes; apertura o gestión de cuentas bancarias, de valores o de ahorro; constitución, funcionamiento o gestión de sociedades, fideicomisos o estructuras similares; o actuación como administradores o socios nominales. Los abogados quedan expresamente excluidos de las obligaciones AML cuando prestan asesoramiento jurídico o ejercen la representación en procedimientos judiciales o administrativos — artículo 22 de la Ley 10/2010. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) actúa como organismo de autorregulación para la supervisión AML de la abogacía bajo tutela del SEPBLAC, coordinando con los Colegios de Abogados territoriales. Los despachos que sean sujetos obligados deben implementar procedimientos de diligencia debida, designar un Representante ante el SEPBLAC y comunicar operaciones sospechosas, respetando la separación con el mecanismo de protección del secreto profesional.
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