Aviso de Fusión de Empresas México

Conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, México reconoce dos tipos de fusión de sociedades. La fusión por absorción es la forma más común: una sociedad existente (la fusionante o sociedad absorbente, que subsiste) absorbe a una o más sociedades (las fusionadas o sociedades absorbidas). Las sociedades absorbidas se extinguen jurídicamente: se cancela su RFC, se cierran sus inscripciones en el Registro Público de Comercio, y todos sus activos, pasivos, contratos, licencias, relaciones laborales y litigios pendientes se transmiten por sucesión universal (transmisión universal) a la sociedad que subsiste, la cual continúa existiendo sin interrupción. La fusión por integración es menos común: todas las sociedades participantes se extinguen, y una sociedad de nueva creación recibe todos los activos y pasivos de las entidades disueltas. La nueva sociedad debe obtener un nuevo RFC, inscribirse en el Registro Público de Comercio y obtener todas las licencias y permisos necesarios, lo que genera mayor carga administrativa que la absorción. Para el tratamiento de reorganización fiscalmente neutra conforme al artículo 14-B de la LISR, ambas formas se reconocen, pero deben satisfacerse las condiciones de la LISR sobre continuidad de las actividades del negocio y el carácter de partes relacionadas para cada forma.

El artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que, a partir de la fecha de la última publicación del Aviso de Fusión, cualquier acreedor de cualquiera de las sociedades participantes tiene tres meses (tres meses calendario) para presentar una oposición judicial (oposición de acreedores) ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil competente en la jurisdicción de la sociedad fusionada. El acreedor debe demostrar que la fusión causa o amenaza causar un daño irreparable a su crédito, por lo general acreditando que la fusión menoscaba de manera material la solvencia de la entidad que subsiste o transfiere activos fuera del alcance del acreedor. Durante el plazo de oposición de tres meses, la fusión no puede concluirse mediante el otorgamiento de las escrituras de fusión definitivas. Si no se presentan oposiciones, o si todas las presentadas se resuelven, las escrituras de fusión definitivas pueden otorgarse una vez transcurrido el plazo de tres meses. En la práctica, los grandes acreedores comerciales (bancos, tenedores de bonos) y las autoridades fiscales revisan los avisos de fusión y pueden oponerse cuando sus intereses estén en riesgo. El SAT es acreedor privilegiado conforme al artículo 149 del CFF y monitorea las publicaciones de fusión para asegurar que la entidad que subsiste asuma debidamente los pasivos fiscales.

El tratamiento fiscal de una fusión de sociedades mexicana depende de si se satisfacen las condiciones del artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Conforme al artículo 14-B de la LISR, una fusión se trata como reorganización fiscalmente neutra —que no genera el reconocimiento de ganancias de capital gravables— si: (1) la fusionante y todas las fusionadas son sociedades residentes en México; (2) la fusionante posee al menos el 51% de las acciones de cada fusionada, o una matriz común posee al menos el 51% de todas las sociedades participantes (requisito de que la fusión sea dentro de un grupo empresarial); (3) la sociedad que subsiste continúa las mismas actividades de negocio de las fusionadas durante al menos un año después de la fusión; y (4) la fusión no se usa como mecanismo para generar pérdidas fiscales artificiales. Si alguna de estas condiciones no se cumple —por ejemplo, en una fusión estratégica entre partes no relacionadas—, la transmisión de activos de la fusionada a la fusionante se trata como enajenación gravable, lo que puede generar ISR sobre las ganancias de capital conforme al artículo 14, fracción III, de la LISR. Además, las fusionadas deben presentar declaraciones finales de ISR, IVA, IEPS e impuesto sobre nómina por el periodo hasta la fecha en que surta efectos la fusión, y la fusionante asume todos los pasivos fiscales pendientes y las obligaciones de auditoría conforme al artículo 26 del CFF como sucesora legal (responsable solidario).

Una fusión de sociedades mexicana (concentración) requiere la notificación y la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) —o, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— cuando cumple con los umbrales de concentración establecidos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). El examen principal de umbrales considera: si el valor de la operación excede de 18 millones de veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA, aproximadamente $2.18 mil millones de MXN a 2025); o si los activos o ingresos combinados de todas las partes participantes exceden de 8.4 millones de veces la UMA (aproximadamente $1.02 mil millones de MXN); o la adquisición de más del 35% de una empresa con activos o ingresos superiores a 8.4 millones de UMA. Las operaciones que cumplan cualquier umbral deben notificarse a la COFECE antes de su cierre: no puede otorgarse ningún convenio de fusión sin la autorización previa de la COFECE. La COFECE tiene 60 días hábiles para concluir su revisión (prorrogables por 40 días hábiles en operaciones complejas). El Aviso de Fusión de Empresas conforme a la LGSM se publica durante el proceso de fusión, pero la notificación a la COFECE es una condición previa para iniciar el periodo de publicación de la LGSM en las fusiones notificables. No notificar a la COFECE conlleva multas de hasta el 8% de los ingresos anuales y posibles órdenes de desconcentración.

Conforme al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la substitución patronal —que ocurre cuando una empresa sucede a otra en la totalidad o en una parte sustancial de sus activos y actividades, incluso mediante fusión— no termina automáticamente los contratos de trabajo. Todos los contratos de trabajo vigentes de los empleados de la fusionada se transmiten automáticamente por ministerio de ley a la fusionante como nuevo patrón. La antigüedad de los empleados, los derechos de vacaciones acumulados, el aguinaldo devengado, el PTU pendiente, el historial de registro ante el IMSS y las aportaciones al INFONAVIT se conservan sin interrupción. La fusionante y la fusionada son responsables solidarias de todas las obligaciones laborales devengadas antes de la substitución durante un periodo de seis meses contados desde la fecha en que surta efectos la fusión, conforme al artículo 41 de la LFT. Los trabajadores que se opongan a la transmisión y renuncien pueden tener derecho a reclamar la rescisión por causa imputable al patrón conforme al artículo 51 de la LFT si la fusión cambia de manera material sus condiciones de trabajo. La fusionante debe actualizar el registro patronal ante el IMSS y el INFONAVIT de los trabajadores transmitidos dentro de los plazos establecidos por esos organismos.

Los requisitos de publicación de un Aviso de Fusión conforme a la LGSM dependen del alcance de las operaciones de la empresa y de su domicilio registrado. Conforme al artículo 223 de la LGSM, el aviso de fusión debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado (o Gaceta Oficial) del estado donde se ubica el domicilio social registrado en el Registro Público de Comercio de cada empresa participante. Para las empresas domiciliadas en la Ciudad de México, este es la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para las empresas nacionales que operan en varios estados con su domicilio social en un estado específico, se requiere la publicación en el Periódico Oficial de ese estado. Además, para las empresas cuya fusión tenga impacto nacional o involucre negocios de relevancia pública, se requiere la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) —la gaceta oficial del gobierno federal— conforme a ciertas disposiciones de la LGSM y del CFF. En la práctica, muchas grandes empresas mexicanas publican tanto en el DOF como en la gaceta oficial estatal correspondiente para asegurar el pleno cumplimiento. La publicación en línea a través del Sistema de Publicaciones Mercantiles de la Secretaría de Economía (establecido con la reforma de 2014 a la LGSM) también está disponible como alternativa o complemento de la publicación impresa en las gacetas oficiales.

Las licencias comerciales, los permisos sectoriales específicos y las autorizaciones gubernamentales no se transfieren automáticamente a la sociedad que subsiste en una fusión mexicana: su transferibilidad depende de la naturaleza de la autorización, de la autoridad emisora y del marco regulatorio aplicable. Conforme al principio de transmisión universal, la fusionante sucede en todos los activos y obligaciones de la fusionada, pero muchas licencias regulatorias mexicanas se otorgan intuitu personae (de manera personal a la entidad licenciataria específica) y requieren solicitudes separadas de transferencia o reexpedición a favor de la nueva entidad. Entre las categorías de licencias que requieren solicitudes individuales de transferencia están: las licencias sanitarias emitidas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para las empresas de los sectores de alimentos, farmacéutico y de salud; las licencias ambientales y los certificados de Cambio de Uso de Suelo emitidos por la SEMARNAT; las concesiones de telecomunicaciones y los permisos de espectro emitidos por el IFT; los permisos y autorizaciones del sector energético de la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) y la CRE (Comisión Reguladora de Energía); y las licencias municipales de funcionamiento emitidas por cada Municipio o Alcaldía. El plan de fusión debe incluir un inventario integral de licencias y un calendario de solicitudes de transferencia para asegurar la continuidad operativa sin vacíos regulatorios después de la fecha en que surta efectos la fusión.

Sí, pero con limitaciones significativas. Las fusiones transfronterizas que involucran a una empresa mexicana y a una empresa extranjera no se rigen directamente por la LGSM, que regula las fusiones de sociedades mexicanas domésticas. El derecho mexicano por lo general no reconoce la continuación legal automática de una empresa mexicana mediante un mecanismo de fusión de derecho corporativo extranjero: una empresa extranjera no puede simplemente absorber a una empresa mexicana conforme a los estatutos de fusión de la jurisdicción extranjera y esperar que los activos y pasivos mexicanos se transfieran de manera automática. En cambio, las operaciones transfronterizas suelen estructurarse como: (a) una compraventa de activos o una compraventa de acciones de la entidad mexicana, seguida de la disolución voluntaria de la empresa mexicana; (b) una fusión de derecho mexicano en la que la empresa extranjera primero constituye una sociedad filial mexicana, y esta luego se fusiona con la empresa mexicana objetivo conforme a los procedimientos de la LGSM; o (c) cuando la operación involucra inversión extranjera directa, una estructura de fusión que cumpla con las restricciones de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) sobre la propiedad extranjera en sectores regulados (telecomunicaciones, aviación, medios, energía). Las reglas de notificación de concentraciones de la COFECE aplican a las operaciones transfronterizas con nexo mexicano que cumplan los umbrales de la LFCE. El SAT tiene reglas específicas conforme al artículo 14-B de la LISR para determinar si las fusiones transfronterizas califican para el tratamiento fiscalmente neutro o generan obligación fiscal en México.