Pagaré México

Un pagaré que cumple todos los requisitos formales del Artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito constituye una ejecutoria —un título ejecutivo— conforme al Artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio. Esto significa que el acreedor (tenedor) puede promover un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado de Distrito o el Juzgado Civil competente y solicitar el embargo (secuestro judicial) de los bienes del deudor de inmediato al presentar la demanda, sin necesidad de obtener primero una sentencia sobre el fondo. El juez examina primero si el pagaré cumple los requisitos formales; de cumplirlos, dicta un auto de exequendo que ordena el embargo y otorga al deudor tres días para pagar o presentar sus defensas (excepciones cambiarias). Las defensas de que dispone el deudor en una acción ejecutiva de pagaré están estrictamente limitadas por el Artículo 8 de la LGTOC a los defectos formales del documento, el pago, la prescripción y unas pocas causales específicas más —el deudor no puede oponer defensas basadas en la transacción comercial subyacente (principio de abstracción). Después de que el deudor presenta sus defensas o se abstiene de hacerlo, el juez dicta la sentencia de remate (sentencia de adjudicación), y los bienes embargados se venden en subasta pública (remate judicial) para satisfacer el adeudo. Este proceso suele tardar de 6 a 18 meses —considerablemente más rápido que un juicio civil ordinario, que puede tardar de 2 a 5 años.

Sí. Un pagaré emitido 'a la orden de' el beneficiario es un título de crédito negociable que puede transmitirse mediante endoso (endoso) conforme a los Artículos 26 a 41 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El endosante (endosante) firma al reverso del documento junto con el nombre del endosatario (endosatario) y la fecha. Existen varios tipos de endoso: el endoso en propiedad (transmisión plena de todos los derechos); el endoso en procuración (que faculta al endosatario para cobrar por cuenta del endosante sin transmitir la propiedad); y el endoso en garantía (que otorga el título como colateral). El tercero que recibe el pagaré mediante endoso de buena fe (tenedor legítimo de buena fe) queda protegido frente a las defensas personales que el suscriptor pudiera tener contra el beneficiario original —este es el principio de autonomía cambiaria del Artículo 8 de la LGTOC. Si el emisor desea impedir la transmisión, el pagaré debe emitirse 'no a la orden' —esto lo convierte en un título no negociable que solo puede transmitirse mediante cesión ordinaria de derechos (cesión de crédito) conforme al Código Civil Federal, no por endoso. Las instituciones financieras y las empresas de factoraje (empresas de factoraje) adquieren rutinariamente carteras de pagarés mediante endoso en propiedad para proporcionar liquidez a los vendedores comerciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado jurisprudencia obligatoria (tesis 1a./J. 47/2014 y resoluciones posteriores) que establece que las tasas de interés excesivas en los pagarés constituyen usura (usura) y vulneran el Artículo 17 de la Constitución Política y el Artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Los tribunales deben reducir de oficio (de oficio) las tasas de interés usurarias aun cuando el deudor no haya opuesto expresamente la excepción de usura. La SCJN ha sostenido que los jueces deben considerar el tipo de crédito, la tasa de mercado aplicable al momento de contratar (TIIE — Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, publicada diariamente por el Banco de México) y si la tasa pactada es desproporcionada. Aunque México no tiene un tope legal a las tasas de interés de los pagarés, los tribunales mercantiles reducen con frecuencia las tasas moratorias superiores al 100% anual, y algunos tribunales colegiados de circuito han aplicado como interés moratorio razonable un estándar de no más de tres veces la TIIE. El interés ordinario (intereses ordinarios — retribución por el uso del dinero) y el interés moratorio (intereses moratorios — pena por el pago tardío) deben señalarse por separado en el pagaré. El Artículo 362 del Código de Comercio establece el 6% anual como tasa de interés comercial supletoria cuando no se pacta tasa alguna, y el 9% anual como tasa moratoria supletoria. Para los pagarés emitidos por entidades SOFOM a consumidores, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) tiene facultades adicionales de supervisión y puede revisar y sancionar prácticas abusivas en materia de tasas.

El plazo de prescripción (prescripción extintiva) de un pagaré en México lo establece el Artículo 174 de la LGTOC en relación con los Artículos 165 y 166 de la LGTOC. La acción cambiaria principal (acción cambiaria directa) —la acción ejecutiva del tenedor contra el suscriptor y el aval— prescribe en tres años contados a partir de la fecha de vencimiento (fecha de vencimiento) del pagaré. La acción cambiaria de regreso (acción de regreso) —del tenedor contra los endosantes (endosantes)— prescribe igualmente en tres años a partir de la fecha de vencimiento, o en un año a partir de la fecha del protesto (protesto) cuando proceda. Una vez prescrita la acción cambiaria, el acreedor conserva una acción causal (acción causal) conforme al Código Civil Federal o al Código de Comercio con base en la transacción subyacente —pero se trata de una acción ordinaria, sin las ventajas ejecutivas del pagaré. El deudor puede oponer la prescripción como defensa (excepción de prescripción) en el juicio ejecutivo mercantil conforme al Artículo 8 de la LGTOC. La prescripción se interrumpe (se interrumpe) por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor (reconocimiento de la deuda), por el pago parcial o por la presentación de una demanda —cualquiera de estos actos reinicia desde cero el plazo de tres años. Por ello, los acreedores deben promover las acciones de cobro con suficiente antelación al vencimiento del plazo de tres años y deben documentar cualquier pago parcial o reconocimiento por escrito del saldo pendiente.

Conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la protocolización ante notario (protocolización ante notario) no es un requisito legal para la validez ni para la fuerza ejecutiva de un pagaré —el documento es válido y tiene fuerza ejecutiva únicamente por cumplir los requisitos formales del Artículo 170 de la LGTOC, sin intervención notarial alguna. Esto distingue al pagaré de las transacciones inmobiliarias y los actos corporativos que requieren escritura pública (escritura pública) para su validez. No obstante, protocolizar un pagaré —ya sea mediante protocolización ante Notario Público o mediante una fe de firmas notarial (ratificación de firmas)— ofrece varias ventajas prácticas: dota al acto de fecha cierta (fecha cierta) conforme al Artículo 2034 del CCF, lo que impide que el deudor alegue que el documento fue antedatado; confirma la identidad de los firmantes y su capacidad; y permite obtener una copia certificada del Protocolo Notarial si el original se pierde o destruye. Para pagarés de alto valor —documentos por montos superiores a $500,000 MXN o que involucran garantías sobre bienes inmuebles— los abogados mercantiles mexicanos recomiendan ampliamente la protocolización o, cuando menos, una fe de firmas notarial. Los bancos y las entidades SOFOM siempre protocolizan sus pagarés de crédito en relación con créditos hipotecarios (créditos hipotecarios), en los que el pagaré se acompaña de una hipoteca inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

El aval es una garantía cambiaria otorgada por un tercero (avalista) que garantiza el pago del pagaré firmando en el anverso o reverso del documento con las palabras 'por aval' o 'como avalista' seguidas de su firma, conforme a los Artículos 109 a 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El aval puede garantizar el pago de todo el documento o de una porción determinada. A diferencia de una fianza civil (fianza civil) regida por el Código Civil Federal, el aval es una obligación principal, autónoma y solidaria —el acreedor puede exigir el pago directamente al avalista sin necesidad de demandar primero ni siquiera notificar al suscriptor (suscriptor). El avalista no puede oponer al acreedor las defensas personales del suscriptor; el aval es una obligación independiente que subsiste ante cualquier defecto formal de la obligación del suscriptor (Artículo 114 de la LGTOC). El avalista que paga el pagaré adquiere todos los derechos del tenedor contra el suscriptor y los endosantes anteriores (derechos de regreso cambiario) conforme al Artículo 116 de la LGTOC. En la práctica comercial mexicana, los acreedores exigen rutinariamente que los consejeros o los accionistas de control de una empresa firmen los pagarés como avalistas por las deudas corporativas —desestimando la personalidad jurídica a través del mecanismo del aval sin necesidad de un desconocimiento formal de la forma societaria. Las personas a quienes se solicita firmar como avalistas de un pagaré deben obtener asesoría jurídica independiente de un Licenciado en Derecho antes de firmar, ya que su patrimonio personal queda expuesto a la acción ejecutiva.

Los pagarés a plazos (pagarés con vencimientos sucesivos o tablilla de amortización) son una estructura común en el crédito comercial mexicano en la que la deuda se paga en varias amortizaciones periódicas y no en una sola exhibición. Existen dos estructuras principales: un solo pagaré con una tabla de amortización anexa (tabla de amortización) que especifica el importe de cada amortización, su fecha de vencimiento y el desglose de intereses; o una serie de pagarés individuales, cada uno representando una amortización, emitidos de manera simultánea y conservados por el acreedor. Conforme al Artículo 79 de la LGTOC, cada amortización puede tratarse como una fecha de vencimiento independiente. La estructura de pagaré único con tabla es más común en el crédito hipotecario y de consumo otorgado por entidades SOFOM y bancos regulados por la CNBV. Una característica importante de los pagarés a plazos es la cláusula de vencimiento anticipado (cláusula de aceleración) —ante el incumplimiento de cualquier amortización, la totalidad del saldo insoluto se vuelve exigible de inmediato. Esta cláusula de vencimiento anticipado debe pactarse expresamente en el pagaré para ser operativa, pues los tribunales han sostenido que la aceleración automática sin pacto expreso requiere un requerimiento formal (requerimiento). Para el crédito otorgado por entidades financieras (bancos, SOFOM ER, SOFOM ENR), la Condusef exige que la tablilla de amortización se entregue al acreditado por escrito al momento de la originación. El Costo Anual Total (CAT) aplicable —el costo anual total que incluye intereses, comisiones y seguros— debe revelarse en los pagarés de crédito al consumo conforme a la regulación de la Condusef.