Acuerdo de Acogimiento Familiar en España

El artículo 173 bis del Código Civil, reformado por la Ley 26/2015, establece cuatro modalidades de acogimiento familiar en España. El acogimiento de urgencia es para menores de seis años, tiene una duración máxima de seis meses y se utiliza mientras se evalúa la situación del menor y su familia. El acogimiento temporal tiene una duración máxima de dos años y se emplea cuando se prevé que la situación del menor se resolverá — ya sea por reunificación con la familia de origen o por transición a otra medida permanente — dentro de ese período; puede prorrogarse por la entidad pública si las circunstancias lo requieren. El acogimiento permanente se constituye cuando la reunificación o la adopción no son posibles y el menor necesita cuidado familiar a largo plazo; el Juzgado de Primera Instancia puede conferir a la familia acogedora permanente potestades adicionales sobre el menor a solicitud. El acogimiento en familia extensa coloca al menor con un familiar — abuelos, tíos, hermanos mayores — y es la modalidad estadísticamente más prevalente en España, representando aproximadamente entre el sesenta y el setenta por ciento de todos los acogimientos familiares.

El proceso para ser aprobado como acogedor en España es gestionado por la entidad pública de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente. Las fases habituales son: (1) sesión informativa inicial ofrecida por la autoridad de protección o una entidad colaboradora de acogimiento familiar (ECAF) autorizada; (2) presentación de la solicitud formal de valoración de idoneidad con documentación acreditativa — DNI/NIE, certificado de residencia, justificantes de ingresos, certificados médicos y certificados de antecedentes penales incluyendo el certificado de delitos de naturaleza sexual conforme a la Ley 26/2015; (3) valoración psicosocial — visitas domiciliarias, entrevistas individuales y familiares, y cumplimentación de cuestionarios estandarizados que evalúan la capacidad parental, la estabilidad familiar y la motivación; (4) formación previa — un programa obligatorio de preparación que abarca desarrollo infantil, cuidado informado en trauma, contacto con familias biológicas y el marco jurídico; y (5) expedición del certificado de idoneidad por la entidad pública, seguido del emparejamiento de los acogedores aprobados con un menor o grupo de hermanos concreto cuyas necesidades se ajusten al perfil del acogedor.

El apoyo económico a los acogedores familiares (prestaciones económicas de acogimiento familiar) en España se determina por cada comunidad autónoma conforme a su legislación de servicios sociales — no existe una cuantía nacional uniforme. Habitualmente, las familias acogedoras reciben una asignación mensual destinada a cubrir los gastos de cuidado — alojamiento, alimentación, vestido, educación y ocio. Las cuantías varían significativamente por comunidad: en Cataluña, la asignación básica oscila entre aproximadamente quinientos treinta y seiscientos cincuenta euros mensuales por menor (superior para menores con necesidades especiales); en Madrid, las cuantías son comparables; algunas comunidades pagan significativamente menos. Existen complementos adicionales para: menores con discapacidad o necesidades sanitarias complejas (complemento por necesidades especiales); grupos de hermanos (para fomentar que los hermanos sean acogidos juntos); y adolescentes mayores preparándose para la independencia. Los acogedores profesionalizados — que prestan cuidado especializado a tiempo completo bajo contrato profesional con la entidad pública — reciben un salario y cotizaciones a la Seguridad Social en lugar de una mera asignación. La prestación económica de acogimiento no se considera renta sujeta al IRPF — se trata como prestación social exenta conforme al artículo 7.i de la Ley 35/2006 del IRPF.

Los derechos de los padres biológicos durante el acogimiento familiar de su hijo en España dependen de si conservan la patria potestad o esta ha sido suspendida o retirada. En la mayoría de los casos de acogimiento temporal y acogimiento en familia extensa, los padres biológicos conservan la patria potestad conforme al artículo 172 bis del Código Civil — pero su ejercicio es temporalmente asumido por la entidad pública (guarda) o, en el acogimiento permanente, sustancialmente por la familia acogedora. Los padres biológicos tienen derecho a: mantener contacto (visitas y comunicaciones) con su hijo conforme al régimen establecido en el acuerdo de acogimiento y cualquier resolución judicial, supervisado por trabajadores sociales si la seguridad del menor lo requiere; ser informados de las decisiones significativas que afecten a la salud, educación y bienestar de su hijo; participar en el plan de reinserción familiar diseñado por la entidad pública; e impugnar la resolución de acogimiento ante el Juzgado de Primera Instancia dentro de los dos meses siguientes a su notificación conforme al artículo 172.6 del Código Civil. Los padres no pueden, sin embargo, revocar unilateralmente el acogimiento — solo la entidad pública o el juzgado pueden ponerle fin, atendiendo al interés superior del menor.

Sí, en determinadas circunstancias. La legislación española de adopción conforme a los artículos 175 a 180 del Código Civil y la Ley 54/2007 de Adopción Internacional permite que una familia acogedora adopte al menor que ha estado acogiendo, siempre que se cumplan los requisitos legales para la adopción: el menor debe estar legalmente disponible para ser adoptado — lo que significa que la patria potestad haya sido suspendida o extinguida, o que los padres biológicos hayan prestado su consentimiento a la adopción conforme al artículo 177 del Código Civil; la entidad pública debe formular la propuesta de adopción tras determinar que la adopción responde al interés superior del menor; y la adopción debe constituirse por resolución judicial del Juzgado de Primera Instancia a propuesta de la entidad pública. Las familias acogedoras que hayan cuidado de un menor durante al menos un año tienen consideración preferente para su adopción frente a terceros adoptantes, conforme al principio de preservación de los vínculos establecidos y minimización del trauma de nuevas transiciones.

El cese de un acogimiento familiar en España puede producirse por varias causas conforme al artículo 173.2 del Código Civil: (1) cumplimiento del período acordado — para el acogimiento temporal, expiración del máximo de dos años (salvo prórroga por la entidad pública); (2) reunificación familiar — el menor regresa con su familia biológica cuando la situación que motivó el acogimiento se ha resuelto y la entidad pública determina que es seguro y responde al interés superior del menor; (3) adopción — el menor es legalmente adoptado, extinguiéndose el acogimiento y la relación de acogida; (4) mayoría de edad — el menor cumple dieciocho años y deja de estar sujeto al sistema de protección, si bien las comunidades autónomas están obligadas conforme al artículo 22 bis LOPJM (introducido por la LO 8/2021 LOPIVI) a prestar apoyo de preparación para la vida independiente; (5) revocación — la entidad pública revoca el acogimiento si la familia acogedora incumple sus obligaciones o si el bienestar del menor lo requiere; o (6) resolución judicial. La familia acogedora debe restituir al menor a la entidad pública al producirse el cese, y la entidad pública debe prestar el apoyo a la transición adecuado tanto al menor como a la familia acogedora.

El sistema español de acogimiento familiar ha evolucionado significativamente desde la reforma de la Ley 26/2015 para alinearse con las mejores prácticas internacionales. El artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN — ratificada por España en 1990) exige que los Estados proporcionen cuidado familiar alternativo como opción preferente para los menores privados de su entorno familiar. Las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños (Resolución 64/142 de la Asamblea General de 2010) establecen el principio de desinstitucionalización. La Estrategia de Desinstitucionalización 2023–2027 de España, desarrollada por el Ministerio de Derechos Sociales, fija objetivos para reducir la proporción de menores en acogimiento residencial. La Garantía Infantil Europea (Recomendación del Consejo 2021/C 41/10) refuerza el derecho de los menores en situación de vulnerabilidad a un cuidado alternativo familiar de calidad. Las áreas donde España sigue afrontando retos — identificadas por el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges de Cataluña — incluyen: un número insuficiente de familias acogedoras no emparentadas aprobadas; apoyo y formación inconsistentes entre comunidades autónomas; elevadas cargas de trabajo de los trabajadores sociales; y preparación inadecuada de los jóvenes extutelados para la vida adulta independiente.