Acuerdo de Microcrédito España

El Acuerdo de Microcrédito es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

El microcrédito en España no cuenta con una definición legal única: el término abarca préstamos de importe reducido (habitualmente entre 500 € y 25.000 €) destinados a microemprendedores (autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores), empresas de inserción social reguladas por la Ley 5/2011 de Economía Social, y personas físicas en situación de vulnerabilidad financiera. La Asociación Española de Microcréditos y la Red Europea de Microfinanzas (EMN) establecen estándares operativos para las instituciones de microfinanzas activas en España.

La Ley 16/2011 se aplica a los contratos de crédito al consumo de importes comprendidos entre 200 € y 75.000 € celebrados entre un acreedor que actúa en el marco de su actividad comercial o profesional y un consumidor — persona física que actúa con fines ajenos a su actividad económica. La norma exige la entrega previa de la Ficha de Información Normalizada Europea (SECCI) conforme al Artículo 10, la divulgación de la Tasa Anual Equivalente (TAE) conforme al Artículo 6, y reconoce el derecho de desistimiento del consumidor dentro de los 14 días naturales siguientes a la firma, conforme al Artículo 28 de la Ley 16/2011.

Para el microcrédito productivo — préstamos a emprendedores y microempresas — resultan aplicables marcos normativos adicionales. ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.), entidad pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, concede préstamos participativos y microcréditos a startups y pymes conforme al Real Decreto 2182/2004. Las Líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial) canalizan financiación a través de entidades bancarias colaboradoras con garantías del Estado, reduciendo el riesgo de impago.

El Banco de España supervisa a las entidades de crédito bajo la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (LOSSEC) e implementa el Reglamento UE 575/2013 (CRR) y la Directiva CRD IV. Los prestamistas de microcrédito no bancarios deben inscribirse en el registro de establecimientos financieros de crédito (EFC) del Banco de España bajo la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, salvo las exenciones aplicables a ONG y cooperativas.

La Ley de Represión de la Usura (Ley Azcárate de 23 de julio de 1908) permanece vigente y es aplicada por los tribunales españoles para declarar nulos los contratos de crédito cuyo tipo de interés sea notablemente superior al normal del dinero. Las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 y de 4 de marzo de 2020 sobre crédito revolving establecieron que los tipos significativamente superiores a la media publicada por el Banco de España constituyen usura, criterio plenamente aplicable al microcrédito.

El Acuerdo de Microcrédito España resulta necesario siempre que una institución de microfinanzas, ONG, cooperativa de crédito o entidad prestamista autorizada conceda un préstamo de pequeña cuantía a un emprendedor, microempresa o persona en situación de vulnerabilidad financiera que requiera documentación formal de las condiciones crediticias, el calendario de amortización y las protecciones legales aplicables.

El acuerdo es obligatorio cuando ENISA, un banco colaborador del ICO o una institución de microfinanzas conceda un microcrédito productivo a una startup o autónomo — exige documentación formal del importe, tipo de interés, TAE, plan de amortización y, en su caso, garantías, todo ello conforme a los requisitos de información precontractual de la Ley 16/2011.

El Acuerdo de Microcrédito España es necesario cuando una empresa de inserción o empresa social regulada por la Ley 5/2011 de Economía Social obtenga microcrédito de una entidad bancaria cooperativa o prestamista ético para financiar su actividad social — precisa documentar las condiciones del préstamo, la finalidad social de la financiación y las condiciones impuestas por el financiador conforme a sus criterios de préstamo social.

El documento es exigible cuando una microempresa (empresa de menos de 10 trabajadores conforme a la definición de la Comisión Europea) acceda a financiación a través de la Línea ICO Emprendedores o la Línea ICO Empresas y Emprendedores — el ICO requiere contratos de préstamo que cumplan los estándares documentales de la Ley 16/2011 y las circulares de protección al consumidor del Banco de España.

El Acuerdo de Microcrédito España es necesario cuando una plataforma de financiación participativa (PFP) autorizada por la CNMV y el Banco de España bajo la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial extienda microcrédito a un prestatario — precisa un contrato de crédito formal que cumpla los requisitos regulatorios de las PFP y las protecciones al consumidor de la Ley 16/2011.

También es necesario cuando una persona física o familiar conceda un pequeño préstamo a un emprendedor o familiar y desee documentar formalmente las condiciones — transformando un préstamo informal en un acuerdo jurídicamente vinculante que establece las obligaciones de devolución, los intereses pactados y protege el derecho de recuperación del prestamista bajo los artículos 1740 a 1757 del Código Civil.

Un Acuerdo de Microcrédito España válido conforme a la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo y al Código Civil debe incluir los siguientes elementos para garantizar el cumplimiento legal y la ejecutabilidad del contrato.

Identificación de las Partes: Nombre completo, DNI/NIE/NIF y domicilio del prestamista (acreedor) y del prestatario (deudor). Para prestamistas institucionales, debe constar la inscripción en el Banco de España (establecimientos financieros de crédito — EFC) o en el Registro de Cooperativas. Para ONG prestamistas, el número de inscripción en el Ministerio del Interior.

Importe del Crédito: El importe total del crédito en euros — la Ley 16/2011 aplica a importes entre 200 € y 75.000 €. El importe neto desembolsado tras deducir comisiones iniciales debe constar separadamente del importe total del crédito.

Tasa Anual Equivalente (TAE): La TAE calculada conforme al Artículo 6 de la Ley 16/2011 y el Anexo I — incorporando el tipo de interés nominal, las primas de seguro obligatorias, la comisión de apertura y todos los demás costes, expresada como porcentaje anual del crédito total. La ausencia de TAE puede determinar la nulidad del contrato conforme al Artículo 23 de la Ley 16/2011.

Plan de Amortización: Una tabla de amortización completa con fechas de cuota, importe de cada cuota, amortización de capital, intereses y saldo pendiente. El importe total adeudado (principal más intereses y gastos) debe figurar de forma destacada conforme al Artículo 10 de la Ley 16/2011.

Tipo de Interés: El tipo deudor nominal expresado en porcentaje anual y si es fijo o variable (referenciado al Euríbor, IPC u otro índice). Para tipos variables, deben indicarse el índice de referencia, el diferencial y la frecuencia de revisión.

Información Precontractual: Acreditación de entrega de la SECCI al prestatario antes de la firma, conforme al Artículo 10 de la Ley 16/2011, para que el prestatario pueda comparar ofertas de crédito.

Derecho de Desistimiento: Mención expresa del derecho del prestatario a desistir del contrato dentro de los 14 días naturales siguientes a su firma sin necesidad de justificación, conforme al Artículo 28 de la Ley 16/2011, y procedimiento para ejercerlo.

Amortización Anticipada: Condiciones del reembolso anticipado (amortización anticipada) conforme al Artículo 30 de la Ley 16/2011 — el prestatario puede reembolsar todo o parte del crédito en cualquier momento, con comisión máxima del 1 % del importe reembolsado anticipadamente (0,5 % si queda menos de un año) para créditos a tipo fijo.

Impago e Intereses de Demora: Consecuencias del impago — tipo de interés de demora no superior al tipo nominal más 8 puntos porcentuales conforme a la Ley 3/2004; cargos por impago; y derecho del prestamista al vencimiento anticipado bajo la cláusula correspondiente, sujeto a los límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas.

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