Solicitud de Medida Precautoria Chile

La Solicitud de Medida Precautoria Chile es el escrito judicial mediante el cual el demandante o futuro demandante requiere al tribunal civil competente que decrete una o más de las medidas conservativas enumeradas en los Artículos 290 a 302 del Código de Procedimiento Civil (CPC) — decreto supremo codificador del proceso civil chileno, promulgado en 1902 y vigente con modificaciones hasta 2025 — con el objeto de asegurar el resultado de la acción deducida o por deducir y proteger el patrimonio amenazado del solicitante mientras dura el litigio.

El fundamento legal de las medidas precautorias descansa en el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República de 1980, que garantiza el derecho a la acción y a la protección legal de los derechos amenazados. Los Artículos 290 a 302 del CPC regulan el procedimiento específico: el Artículo 290 establece el catálogo de medidas precautorias típicas; el Artículo 295 regula las medidas precautorias especiales (innominadas) para bienes no comprendidos en el catálogo; el Artículo 298 fija los requisitos de procedencia (fumus boni iuris y periculum in mora); y el Artículo 302 regula la caución que puede exigir el tribunal.

Las cuatro medidas precautorias típicas del Artículo 290 del CPC son: (1) el secuestro de la cosa objeto de la litis (secuestro judicial), que coloca el bien bajo custodia de un depositario designado por el tribunal; (2) el nombramiento de uno o más interventores para supervisar la administración de bienes productivos; (3) la retención de bienes determinados, que prohíbe al demandado disponer de activos específicos (dinero en cuentas bancarias, créditos, acciones, derechos); y (4) la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, la más frecuentemente solicitada en la práctica judicial chilena, que impide al demandado enajenar o gravar el bien inmueble o mueble sujeto a la medida.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones ha desarrollado extensamente los presupuestos de procedencia de las medidas precautorias. El requisito del fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) exige que el solicitante acredite sumariamente la verosimilitud del derecho que reclama — sin que sea necesaria una prueba plena, bastando antecedentes serios que hagan plausible la pretensión. El periculum in mora (peligro en la demora) exige demostrar que el transcurso del tiempo sin la medida haría ineficaz la sentencia favorable, generalmente por riesgo de insolvencia del demandado, enajenación de los bienes, o deterioro del objeto litigioso.

En materia inmobiliaria, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes raíces del Artículo 290 N° 4 del CPC debe inscribirse en el Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces competente conforme al Artículo 297 del CPC para ser oponible a terceros. En materia de bienes muebles registrables (vehículos motorizados, naves, aeronaves), la medida debe anotarse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación o en el Registro Naval Chileno de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), según corresponda.

Las medidas precautorias pueden solicitarse antes de presentar la demanda principal (medidas prejudiciales precautorias bajo el Artículo 279 del CPC), junto con la demanda, o durante el curso del juicio mientras no esté ejecutoriada la sentencia definitiva. El tribunal puede conceder la medida con o sin audiencia del demandado, según la urgencia y los antecedentes presentados, conforme al Artículo 302 inciso 1 del CPC.

La Solicitud de Medida Precautoria Chile se necesita en todos los casos en que exista un riesgo real de que el demandado oculte, enajene, grave o deteriore los bienes sobre los cuales recaerá la sentencia definitiva del juicio civil antes de que el tribunal pueda ejecutar dicha sentencia. El Artículo 298 del CPC exige que el solicitante presente antecedentes que hagan presumir que el derecho que reclama existe y que la medida es necesaria para asegurar su resultado.

La medida precautoria es necesaria en juicios de cobro de deudas contractuales cuando el acreedor tiene antecedentes fundados de que el deudor está transfiriendo bienes a terceros para sustraerlos de la acción ejecutiva — situación que puede configurar el delito de alzamiento de bienes del Artículo 466 del Código Penal. El solicitante debe acreditar el crédito y los actos dispositivos del deudor para obtener la prohibición de celebrar actos y contratos sobre sus bienes inmuebles o la retención de fondos en sus cuentas bancarias.

Es indispensable en juicios de nulidad de compraventa o de rescisión por lesión enorme (Artículo 1888 del Código Civil) cuando existe riesgo de que el adquirente del bien inmueble lo enajene a un tercero de buena fe. Sin la inscripción de la prohibición en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces, un tercero que adquiera el inmueble sin conocer el litigio quedará protegido por las normas de fe pública registral del Artículo 1815 del Código Civil y el Artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

Procede en juicios de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal bajo la Ley N° 19.947 de 2004 (Ley de Matrimonio Civil) cuando uno de los cónyuges realiza actos de dilapidación o enajenación de bienes de la sociedad conyugal en fraude de los derechos del otro cónyuge. El Artículo 1782 del Código Civil y el Artículo 147 del Código Civil relativos a la protección de los bienes familiares se complementan con las medidas precautorias del CPC.

La medida es necesaria en juicios de responsabilidad extracontractual por daños de alta cuantía (accidentes de tráfico, responsabilidad médica, daños ambientales regulados por la Ley N° 19.300 de 1994) cuando el demandado es una persona natural con patrimonio inmobiliario y existe riesgo de insolvencia sobrevenida. La retención de dinero en cuentas corrientes y la prohibición de enajenar bienes raíces aseguran la efectividad de la sentencia indemnizatoria.

En materia de propiedad intelectual, la Ley N° 17.336 de 1970 (Ley de Propiedad Intelectual) y la Ley N° 19.039 de 1991 (Ley de Propiedad Industrial) contemplan medidas precautorias específicas — como el cese inmediato de la reproducción o distribución no autorizada y la retención de los bienes infractores — que se tramitan conforme a las reglas generales del CPC con las modificaciones especiales establecidas por cada ley.

Las medidas precautorias prejudiciales del Artículo 279 del CPC son necesarias con urgencia máxima cuando el riesgo de daño se produce antes de que el demandante pueda preparar la demanda principal — por ejemplo, cuando se tiene conocimiento de que el deudor iniciará una transferencia masiva de activos en los próximos días. El tribunal puede decretar estas medidas inaudita altera pars (sin oír al futuro demandado) y exigir al solicitante que presente la demanda dentro de diez días hábiles bajo pena de caducidad de la medida.

Una Solicitud de Medida Precautoria válida ante los tribunales civiles chilenos debe cumplir con los requisitos formales y sustanciales del Código de Procedimiento Civil y la práctica judicial de los Juzgados Civiles de la Región Metropolitana y regiones.

Tribunal Competente: El escrito debe dirigirse al Juzgado Civil competente según las reglas de competencia del Código Orgánico de Tribunales (COT). Para inmuebles, es competente el juez del lugar donde está situado el bien (Artículo 135 COT). Para obligaciones contractuales, el juez del domicilio del demandado (Artículo 134 COT) o del lugar de cumplimiento de la obligación si las partes lo pactaron. Para acciones reales muebles, el juez del domicilio del demandado.

Sumilla y Datos de Identificación: El escrito debe comenzar con una sumilla que identifique el tipo de actuación ("Solicita Medida Precautoria" o "Solicita Medida Precautoria Prejudicial"), el nombre completo y RUT del solicitante, el nombre completo y RUT del demandado o futuro demandado, y la materia del juicio o del derecho que se pretende proteger.

Fundamentos de Hecho: Descripción fáctica precisa de los hechos que justifican la medida — la naturaleza del derecho reclamado, los actos o amenazas del demandado que hacen urgente la protección, el valor estimado de los bienes en riesgo expresado en UF o CLP, y los antecedentes que acreditan el peligro en la demora. El Artículo 298 del CPC exige que los antecedentes sean suficientes para presumir la existencia del derecho y la necesidad de la medida.

Fundamentos de Derecho: Cita específica de los artículos del CPC que autorizan la medida solicitada (Artículos 290–302), las normas del derecho sustantivo que fundamentan la pretensión principal (Código Civil, Código de Comercio, Ley N° 19.947, etc.), y la jurisprudencia relevante de la Corte Suprema o Cortes de Apelaciones si refuerza la procedencia de la medida en el caso concreto.

Medida Específica Solicitada: Indicación precisa del tipo de medida precautoria — secuestro, retención, prohibición de celebrar actos y contratos, o interventor — y descripción detallada de los bienes sobre los que recaerá, con todos los datos que permitan individualizarlos (número de rol de avalúo para inmuebles, número de patente para vehículos, número de cuenta bancaria para retención de fondos, número de matrícula para acciones de sociedades anónimas).

Caución o Contracautela: Si el tribunal puede exigir caución al solicitante conforme al Artículo 298 inciso 2 del CPC para responder por los perjuicios que la medida pueda causar al demandado si la pretensión principal resulta infundada, el solicitante debe ofrecer una caución adecuada — que puede ser una fianza personal, una póliza de seguro de caución, o dinero en efectivo depositado en la cuenta corriente del tribunal.

Otrosíes: Solicitudes accesorias como la notificación de la resolución que decrete la medida al Conservador de Bienes Raíces para la inscripción en el Registro de Prohibiciones (Artículo 297 CPC), o al Servicio de Registro Civil para vehículos, o a la institución bancaria para la retención de fondos.

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