Modelo de Prevención de Delitos Chile

El Modelo de Prevención de Delitos en Chile es el documento corporativo que establece las medidas de organización, supervisión y prevención que en él se definen. Se rige por Ley 20.393/2009 Art. 4.

La arquitectura legal de la Ley 20.393, modificada por la Ley 21.595/2023, atribuye responsabilidad penal a corporaciones, fundaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada bajo la Ley 3.918/1923, Sociedades Anónimas (SA) bajo la Ley 18.046/1981, Sociedades por Acciones (SpA) reguladas por los Artículos 424–446 del Código de Comercio, y demás personas jurídicas cuando un delito se comete: (i) directamente en beneficio o interés de la organización; (ii) por personas con facultades de dirección, administración o supervisión — dueños, controladores, directivos, ejecutivos, representantes o cualquier persona que ejerza funciones gerenciales; o (iii) por deficiencias en el control ejercido sobre personal de menor jerarquía. El Artículo 4 de la Ley 20.393 crea una defensa completa (exención de responsabilidad penal) para la persona jurídica que haya adoptado e implementado un MPD adecuado con anterioridad a la comisión del delito.

El catálogo de delitos cubiertos por la Ley 20.393, drásticamente expandido por la Ley 21.595/2023, incluye actualmente: lavado de activos (Artículos 27–28 de la Ley 19.913); financiamiento del terrorismo (Ley 18.314); cohecho activo a funcionarios públicos nacionales (Artículo 250 del Código Penal); cohecho a funcionarios públicos extranjeros (Artículo 251 bis del Código Penal); receptación (Artículo 456 bis A del Código Penal); negociación incompatible (Artículo 240 del Código Penal); corrupción entre privados (Artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal); administración desleal (Artículo 470 N.° 11); apropiación indebida (Artículo 470 N.° 1); estafa; delitos tributarios conforme al Código Tributario; delitos ambientales bajo la Ley 19.300 (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente); delitos informáticos según la Ley 21.459/2021; manipulación de mercado e información privilegiada bajo la Ley 18.045/1981; conductas anticompetitivas bajo el Decreto Ley 211/1973; fraude al consumidor bajo la Ley 19.496; y numerosos delitos económicos adicionales incorporados por la Ley 21.595/2023.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) — unidad de inteligencia financiera creada por la Ley 19.913/2003 — coordina la supervisión antilavado y entrega orientaciones sobre implementación del MPD para entidades sujetas a su fiscalización. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aplica la normativa de competencia bajo la Ley 19.911 y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mientras la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), creada por la Ley 21.000/2017, supervisa el cumplimiento del MPD en el sector financiero regulado.

La Corte Suprema y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal han evaluado la adecuación del MPD en causas emblemáticas como los casos Enersis, Corpbanca y SQM, estableciendo estándares jurisprudenciales que distinguen entre un programa de compliance genuinamente operativo y un documento puramente formal. Un MPD adecuado conforme al Artículo 4 de la Ley 20.393 debe incluir cuatro elementos básicos: (1) designación de un Encargado de Prevención de Delitos con autonomía y recursos suficientes; (2) identificación de actividades o procesos que generan riesgo penal (mapeo de riesgos penales); (3) protocolos, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar conductas delictivas; y (4) canales de denuncia — incluyendo mecanismos anónimos — conformes a la Ley 20.205/2007 y las protecciones al denunciante del sector privado introducidas por la Ley 21.595/2023.

El Modelo de Prevención de Delitos Chile es requerido o altamente recomendable en un amplio espectro de situaciones corporativas determinadas por el alcance de la Ley 20.393/2009 y el catálogo penal ampliado por la Ley 21.595/2023.

Obligación legal para ciertas entidades: Aunque la Ley 20.393 no impone una obligación universal de adoptar el MPD a todas las personas jurídicas privadas, ciertos sectores regulados enfrentan requerimientos de facto. Las empresas del Estado — incluyendo CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile), ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) y BancoEstado — están expresamente obligadas a adoptar un MPD conforme al Artículo 4. Las entidades supervisadas por la CMF, incluidos bancos regulados por el DFL N.° 3/1997 (Ley General de Bancos), compañías de seguros bajo el DFL N.° 251/1931 e intermediarios de valores bajo la Ley 18.045/1981 (Ley de Mercado de Valores), operan bajo circulares de la CMF que exigen programas de cumplimiento equivalentes al MPD. Las entidades obligadas a reportar a la UAF conforme al Artículo 3 de la Ley 19.913 — bancos, casinos, corredores de bienes raíces, automotoras, notarías y otros sujetos obligados — deben implementar controles antilavado integrados al marco del MPD.

Participantes en contratación pública: Las empresas que contratan con organismos del Estado chileno bajo la Ley 19.886/2003 (Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios) y que operan en la plataforma ChileCompra (Mercado Público — www.mercadopublico.cl) enfrentan mayor escrutinio en materia de prevención de la corrupción. Los contratos de concesión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los acuerdos de asociación público-privada frecuentemente incluyen la obligación contractual de mantener un MPD operativo como condición del contrato. Las empresas proveedoras del Estado en sectores sensibles — salud, defensa, infraestructura vial — deben adoptar el MPD para participar en procesos de licitación de alto valor.

Remediación post-investigación: Cuando una empresa, sus directores o empleados son objeto de investigación penal por parte de la Fiscalía Regional o la Fiscalía Nacional Económica, o cuando el Juzgado de Garantía emite una formalización de investigación (imputación formal) bajo el Código Procesal Penal (Ley 19.696/2000), la implementación o actualización del MPD se vuelve prioritaria. Si bien el Artículo 4 de la Ley 20.393 exige que el MPD esté vigente antes de la comisión del delito para acceder a la exención, un MPD implementado post-investigación puede servir como circunstancia atenuante (atenuante de responsabilidad penal) durante la determinación de la pena.

Transacciones corporativas y due diligence: Las fusiones, adquisiciones y aumentos de capital que involucran Sociedades Anónimas bajo la Ley 18.046 o SpAs bajo los Artículos 424–446 del Código de Comercio requieren due diligence sobre la adecuación del MPD. Los inversionistas de capital privado, adquirentes internacionales y participantes del mercado de capitales — tanto chilenos como extranjeros — tratan la documentación del MPD como un estándar de cumplimiento básico para empresas objetivo chilenas. Los informes de due diligence legal verifican la existencia, adecuación operacional y actualización del MPD conforme a la Ley 21.595/2023.

Nuevas empresas en sectores de alto riesgo: Las startups, SpAs y empresas recién constituidas en sectores como fintech regulado por la CMF, plataformas de comercio electrónico bajo la Ley 19.496, empresas farmacéuticas supervisadas por el Instituto de Salud Pública (ISP), y operadores de infraestructura crítica regulados por la Agencia Nacional de Ciberseguridad bajo la Ley 21.663/2024, deben implementar un MPD adaptado al catálogo expandido por la Ley 21.595/2023 desde su constitución, dado el amplio alcance de los delitos cubiertos aplicables a cualquier persona jurídica de derecho privado.

Un Modelo de Prevención de Delitos Chile adecuado conforme al Artículo 4 de la Ley 20.393/2009, modificada por la Ley 21.595/2023, debe contener los siguientes elementos esenciales para superar el escrutinio judicial de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y las Cortes de Apelaciones:

Identificación organizacional y ámbito de aplicación: Nombre legal completo de la entidad —ya sea Sociedad Anónima (SA) bajo la Ley 18.046/1981, Sociedad por Acciones (SpA) conforme a los Artículos 424–446 del Código de Comercio, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) bajo la Ley 3.918/1923, u otra forma jurídica— junto con RUT, inscripción en el Registro de Comercio, domicilio legal y declaración explícita del ámbito de aplicación del MPD que cubra filiales, sucursales y unidades operativas controladas.

Encargado de Prevención de Delitos: Designación formal del Encargado de Prevención por el directorio conforme al Artículo 4 de la Ley 20.393, con autonomía organizacional suficiente para reportar directamente al Directorio o Junta de Accionistas, recursos adecuados (presupuesto, personal, tecnología), identidad, fecha de nombramiento, línea de reporte, facultades específicas y plazo documentados.

Mapeo de Riesgos Penales: Evaluación sistemática que identifica: (a) actividades, procesos, unidades de negocio o relaciones con terceros que generan exposición penal bajo la Ley 20.393 y la Ley 21.595/2023; (b) probabilidad e impacto de cada riesgo identificado; (c) controles existentes y su efectividad; y (d) riesgo residual. El mapeo debe adaptarse al sector, tamaño, presencia geográfica en las 16 regiones de Chile y perfil de contrapartes de la organización.

Procedimientos, protocolos y controles internos: Manuales y procedimientos escritos para cada riesgo penal identificado, incluyendo: debida diligencia en contrapartes conforme a la Circular N.° 49/2012 de la UAF; flujos de aprobación para transacciones inusuales; segregación de funciones; controles sobre pagos en efectivo sobre los umbrales del Artículo 4 de la Ley 19.913; política de gastos y regalos; protocolos de interacción con funcionarios públicos; y controles sobre aportes electorales bajo la Ley 19.884/2003.

Canal de denuncias y protección al denunciante: Canal interno confidencial y/o anónimo conforme a la Ley 20.205/2007 y las protecciones ampliadas de la Ley 21.595/2023, con receptor designado distinto del supervisor directo del denunciado, garantías de no represalia, procedimientos de investigación documentados y plazos de resolución.

La implementación de un MPD adecuado bajo la Ley 20.393/2009 requiere análisis del contexto organizacional específico y adaptación continua al catálogo penal ampliado por la Ley 21.595/2023.