Política Anticorrupción Chile

La Política Anticorrupción en Chile es el documento interno que fija las reglas, principios y directrices de la organización en la materia que regula. Se rige por Ley N° 20.393/2009.

El Código Penal de Chile establece múltiples delitos de soborno aplicables tanto al funcionario que recibe el soborno (cohecho pasivo) como a la persona o empresa que ofrece o paga el soborno (cohecho activo). El Artículo 248 define el cohecho pasivo para funcionarios públicos — un empleado público que solicita o acepta un beneficio económico indebido a cambio de realizar u omitir un acto oficial dentro de sus funciones. El Artículo 250 define el cohecho activo — la responsabilidad penal de quien ofrece, da o promete una ventaja indebida a un funcionario público para influir en su conducta oficial. El Artículo 251 bis, incorporado por la Ley N° 21.121/2018, establece la responsabilidad penal por cohecho a funcionarios públicos extranjeros — haciendo a Chile el primer país latinoamericano en implementar el delito de la Convención OCDE con sanciones penales para personas naturales y jurídicas.

La Ley N° 20.393/2009 extiende la responsabilidad penal por cohecho activo y otros delitos predicado a las personas jurídicas — empresas, corporaciones, fundaciones y otras organizaciones. Bajo el Artículo 3, una persona jurídica es penalmente responsable cuando un director, gerente, empleado o agente comete un delito predicado en el ejercicio de sus funciones, beneficiando directamente a la entidad, y la entidad no previno adecuadamente el delito mediante un modelo de prevención de delitos conforme al Artículo 4. El Ministerio Público (Fiscalía de Chile), específicamente la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, investiga y procesa los casos de corrupción con participación del sector privado. Las penas para personas jurídicas bajo la Ley 20.393 incluyen multas de hasta 200.000 UTM, prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado de Chile por hasta 5 años, y disolución en casos extremos.

Chile ha suscrito y ratificado múltiples instrumentos internacionales anticorrupción: la Convención Anticohecho de la OCDE (1999); la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, ratificada mediante DS N° 375/2009); y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA (CICC, ratificada mediante DS N° 1.879/1999). Chile ingresó como miembro pleno de la OCDE en mayo de 2010, lo que creó expectativas de cumplimiento alineadas con los estándares de los países desarrollados. El Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE realiza revisiones periódicas del desempeño de Chile en la aplicación de la Convención, generando presión política para una aplicación vigorosa de la Ley 20.393 y del Artículo 251 bis del Código Penal. forms-legal.com ofrece este modelo de Política Anticorrupción actualizado a los estándares de la Ley 20.393, el Código Penal y la Convención OCDE vigentes en 2025.

Una Política Anticorrupción en Chile es esencial para todas las empresas que operan en el país e interactúan con funcionarios públicos, participan en licitaciones del Estado, operan en industrias reguladas, o tienen operaciones internacionales sujetas a leyes anticorrupción extranjeras como la US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o la UK Bribery Act 2010.

Las empresas que contratan con el gobierno chileno a través de ChileCompra (Mercado Público), regulado por la Ley N° 19.886/2003, están expuestas al riesgo de corrupción en contratación pública y requieren Políticas Anticorrupción formales como parte de su modelo de prevención de delitos bajo la Ley N° 20.393. La Contraloría General de la República audita regularmente los procesos de contratación pública y ha derivado numerosos casos al Ministerio Público por presuntas irregularidades en licitaciones de obras públicas, compras de equipos médicos, y contratos de tecnología del Estado.

Las empresas mineras y sus proveedores que operan en el sector minero chileno — incluyendo proveedores de Codelco (la mayor productora de cobre del mundo, empresa del Estado), Antofagasta Minerals, SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), BHP Chile, Lundin Mining y Anglo American Chile — necesitan Políticas Anticorrupción que aborden los riesgos específicos de las interacciones con funcionarios de Codelco (calificados como funcionarios públicos bajo el Artículo 260 del Código Penal), inspectores del SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) y autoridades regulatorias mineras.

Las instituciones financieras reguladas por la CMF — bancos bajo el DFL N° 3/1997, aseguradoras bajo el DFL N° 251/1931, corredoras de bolsa bajo la Ley 18.045 — necesitan Políticas Anticorrupción que aborden los riesgos identificados en las evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera — GAFILAT) del marco anticorrupción y antilavado de Chile. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) supervisa el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos que se superponen con los riesgos de corrupción, especialmente en sectores como la minería, la construcción y los servicios profesionales.

Las empresas farmacéuticas, distribuidoras de dispositivos médicos y prestadores de servicios de salud que interactúan con CENABAST (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud), comités de adquisiciones de hospitales públicos y funcionarios del MINSAL necesitan políticas anticorrupción robustas dado el riesgo elevado de corrupción en el sector de salud identificado por la OCDE y Transparencia Internacional en sus evaluaciones anuales de Chile.

Una Política Anticorrupción conforme a la Ley N° 20.393/2009 y los Artículos 248–251 del Código Penal debe incluir los siguientes elementos esenciales:

**Declaración de tolerancia cero:** Una declaración inequívoca de la alta dirección (directorio y gerente general) declarando tolerancia cero para el soborno, la corrupción y los pagos indebidos en todas sus formas — soborno directo, soborno indirecto a través de terceros (intermediarios), pagos de facilitación (prohibidos sin excepción bajo el Artículo 250 del Código Penal chileno), y cualquier acuerdo quid pro quo con funcionarios públicos definidos por el Artículo 260 del Código Penal, incluyendo empleados de todos los órganos del Estado, municipalidades, empresas del Estado como Codelco, ENAP y BancoEstado, fuerzas armadas, y funcionarios públicos extranjeros.

**Conductas prohibidas:** Enumeración explícita de conductas prohibidas: pagar u ofrecer sobornos a funcionarios públicos nacionales (Art. 250 del Código Penal); sobornar a funcionarios públicos extranjeros (Art. 251 bis); realizar pagos de facilitación a cualquier funcionario; ofrecer o aceptar regalos, entretenimiento u hospitalidad que superen los umbrales establecidos o creen obligaciones; participar en conductas de colusión (Art. 3° DL 211) con competidores; manipular licitaciones públicas bajo la Ley N° 19.886; y realizar aportes políticos que violen la Ley N° 19.884/2003 sobre financiamiento político.

**Límites de regalos y hospitalidad:** Umbrales monetarios y requisitos de preaprobación: regalos a funcionarios públicos — prohibidos en todos los casos (conforme a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 que prohíbe a los funcionarios aceptar dádivas); regalos a contrapartes del sector privado — permitidos hasta CLP 50.000–100.000 con divulgación; hospitalidad (almuerzos, eventos) — permitida hasta un umbral con preaprobación para montos superiores; y funcionarios extranjeros — cero regalos conforme a la Convención OCDE.

**Debida diligencia de terceros:** Due diligence anticorrupción obligatorio para intermediarios, agentes, consultores, distribuidores y socios de joint venture que actúen en nombre de la empresa en interacciones con funcionarios públicos. El due diligence debe incluir: verificación de antecedentes mediante el Registro Civil, bases de datos de la CMF y bases comerciales; revisión de la estructura societaria para identificar beneficiarios finales bajo la Ley N° 21.719/2024 y la Ley N° 20.393; cuestionario anticorrupción; y declaraciones y garantías anticorrupción en todos los contratos con terceros.

**Canal de denuncias e investigaciones:** Un canal de denuncia confidencial para reportar inquietudes de corrupción, con protección contra represalias bajo la Ley N° 21.361/2021. El Encargado de Prevención designado bajo el Artículo 4 de la Ley 20.393 es responsable de gestionar las denuncias y coordinar las investigaciones internas. forms-legal.com ofrece este modelo de Política Anticorrupción Chile como referencia de cumplimiento conforme a los estándares de la Ley 20.393, el Código Penal y la Convención OCDE vigentes en 2025. La Política Anticorrupción debe contemplar los siguientes elementos estructurales: (a) declaración de compromiso de la alta dirección, (b) mapa de riesgos de corrupción por área y proceso, (c) código de conducta y conflictos de interés, (d) procedimiento de debida diligencia para proveedores y socios comerciales, (e) canal de denuncias anónimo conforme a la Ley 20.205 y (f) régimen disciplinario interno. El Artículo 4 de la Ley 20.393 exige que el modelo de prevención sea supervisado por un encargado de prevención de delitos independiente. Las empresas que certifiquen su modelo ante entidades acreditadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (CMF) pueden obtener atenuantes penales en caso de imputación. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige además reportes de operaciones sospechosas a sujetos obligados. En procesos de licitación pública, la ausencia de una política anticorrupción vigente puede ser causal de inhabilidad conforme al Artículo 26 de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos. Descarga el modelo de Política Anticorrupción Chile en forms-legal.com en PDF o DOCX.