Enforcement Proceedings Petition Colombia

El Artículo 422 del CGP establece una lista de documentos que prestan mérito ejecutivo: (1) los que provienen del deudor o de su causante y que contienen una obligación clara, expresa y exigible (pagarés, letras de cambio aceptadas, contratos con obligaciones dinerarias vencidas); (2) los que emanan de autoridades judiciales o administrativas (sentencias en firme, laudos arbitrales ejecutoriados, actas de conciliación aprobadas por juez o conciliador); (3) los que la ley expresamente reconoce como tales (facturas de venta aceptadas conforme al Artículo 773 C. Com., certificaciones de deudas tributarias del Artículo 828 ET, cuotas de administración de PHV conforme a la Ley 675/2001). El cheque rechazado por fondos insuficientes también es título ejecutivo conforme al Artículo 731 del Código de Comercio. Para que un documento prive mérito ejecutivo, la obligación debe ser: clara (sin ambigüedad sobre su naturaleza y alcance), expresa (determinada en el mismo documento sin remisión a otros) y exigible (vencida o de plazo cumplido).

El tiempo de duración de un proceso ejecutivo en Colombia varía significativamente según el despacho judicial, la carga procesal y la actitud del ejecutado. En términos teóricos, si el ejecutado no se opone (no interpone excepciones) y los bienes embargados son de fácil realización, el proceso puede concluir en seis a doce meses. Sin embargo, en la práctica de los juzgados civiles de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, los procesos ejecutivos con oposición y avalúo y remate de bienes pueden durar entre dos y cuatro años. La Ley 2213 de 2022 introdujo mecanismos de agilización como la notificación electrónica del mandamiento y el remate virtual de bienes, que han reducido los tiempos en los casos en que el ejecutado tiene activos identificados y embargo practicado. Las excepciones de mérito (Artículo 442 CGP) son el principal factor de dilación cuando el ejecutado las interpone en términos legales.

El Artículo 594 del CGP establece el listado de bienes inembargables en Colombia. Son inembargables: el salario mínimo mensual legal vigente (solo puede embargarse el excedente sobre el SMMLV, hasta la mitad, conforme al Artículo 593 CGP y el Artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo); las prestaciones sociales (cesantías, primas, indemnizaciones laborales); las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia, salvo en los casos de alimentos conforme al Artículo 134 de la Ley 100 de 1993; los bienes del hogar de naturaleza básica (cama, nevera, estufa, televisor básico) conforme al Artículo 594 numeral 2 CGP; los utensilios de trabajo del artesano o agricultor que le son indispensables para subsistir; y el subsidio familiar, las cesantías administradas por los fondos y las cuentas AFC. El bien inmueble de vivienda puede embargarse salvo que sea el único bien del ejecutado con valor inferior a la deuda.

Conforme al Artículo 442 del CGP, el ejecutado tiene diez días hábiles contados desde la notificación del mandamiento ejecutivo para proponer excepciones de mérito. Las excepciones más frecuentes son: pago total o parcial de la deuda; compensación (cuando el ejecutado tiene a su vez un crédito exigible contra el ejecutante); prescripción de la acción ejecutiva (tres años para títulos valores conforme al Artículo 789 C. Com.); falsedad del título; falta de requisitos del título para prestar mérito ejecutivo; y acuerdo de no demandar. Si se proponen excepciones, el juez da traslado al ejecutante por diez días para que se pronuncie, decreta las pruebas necesarias y fija fecha de audiencia para pronunciarse sobre las excepciones. Si las excepciones prosperan, el proceso termina con una sentencia que declara probada la excepción. Si no prosperan, continúa la ejecución con el remate de los bienes embargados.

Sí. El CGP y las normas de insolvencia colombianas permiten que el ejecutado proponga un acuerdo de pago directo con el ejecutante en cualquier etapa del proceso. Si las partes llegan a un acuerdo, pueden presentar al juez una conciliación en el marco del proceso ejecutivo, que el juez aprueba mediante auto conforme al Artículo 43 CGP, suspendiendo la ejecución mientras se cumple el acuerdo. Adicionalmente, si el ejecutado tiene múltiples acreedores y se encuentra en cesación de pagos, puede acogerse a los procesos de insolvencia de persona natural o jurídica regulados por la Ley 1116 de 2006 (reorganización empresarial) o el Decreto 772 de 2020 (insolvencia de personas naturales no comerciantes), que generan una medida de alivio automática (stay) que suspende todos los procesos ejecutivos en curso mientras se adelanta el acuerdo de reorganización o liquidación. El ejecutante que tenga una medida de embargo practicada conserva su posición preferencial en el acuerdo de insolvencia.

El cálculo de los intereses moratorios en una demanda ejecutiva en Colombia depende de la naturaleza de la obligación y del tipo de título ejecutivo. Para obligaciones civiles entre particulares no reguladas por el Código de Comercio, el interés moratorio máximo es el doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme al Artículo 884 del Código de Comercio, aplicable también por remisión al Artículo 1617 del Código Civil. La Superintendencia Financiera certifica mensualmente la tasa bancaria corriente y la tasa de usura: para 2025, la tasa de usura para créditos de consumo y ordinario ha oscilado entre el 30% y el 36% efectivo anual (E.A.), siendo ese el límite máximo de interés moratorio convencional aplicable en una demanda ejecutiva ante juzgados civiles colombianos. Para títulos valores (pagarés, letras de cambio), si las partes no pactaron expresamente una tasa de interés moratorio, se aplica el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera conforme al Artículo 884 C. Com. Para obligaciones tributarias cobradas por la DIAN mediante proceso ejecutivo, la tasa de interés moratorio es la Tasa de Interés de Mora Tributaria certificada por la DIAN conforme al Artículo 635 del Estatuto Tributario, que para 2025 equivale a la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera incrementada en un 50%. La fórmula básica de liquidación de intereses moratorios en demanda ejecutiva es: Capital × Tasa diaria × Número de días de mora. La demanda ejecutiva debe incluir la liquidación de intereses actualizada hasta la fecha de presentación, con indicación expresa de la tasa aplicada, el período y la fuente de certificación, para que el juez pueda verificar que los intereses reclamados no superan la tasa de usura vigente al momento de la causación.