Contrato de Servicios de Seguridad Privada México (LFSP art. 26)

Las empresas de seguridad privada que operan en más de un estado o que prestan servicios en instalaciones reguladas a nivel federal deben tener una autorización federal expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP). La empresa debe estar inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada (RNESP) y contar con un número de registro REPSE válido conforme al Decreto del DOF del 23 de abril de 2021 para el cumplimiento de la subcontratación laboral. Conforme al Artículo 26 de la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP), todo contrato de servicios de seguridad privada debe identificar el número de autorización federal de la empresa. Las empresas que prestan servicios sin una autorización federal válida cometen una infracción conforme a los Artículos 49 a 50 de la LFSP, sujeta a multas administrativas y a la cancelación de la licencia. Los clientes deben verificar el estatus del RNESP de la empresa de seguridad a través del portal de la SSPC antes de celebrar cualquier contrato de servicio — contratar a un prestador sin licencia expone al cliente a sanciones administrativas y a responsabilidad penal conjunta por cualquier incidente que involucre a personal armado sin licencia. El registro RNESP de la SSPC es de acceso público en línea, lo que permite a los clientes verificar el estatus de la autorización, las modalidades específicas de servicio permitidas y la fecha de vencimiento de la licencia antes de la firma del contrato.

El REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas) es un registro federal obligatorio establecido por el Decreto del DOF del 23 de abril de 2021 que reformó las disposiciones de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo. Todas las empresas que prestan servicios especializados — incluidos seguridad privada, limpieza, TI y nómina — deben registrarse en el REPSE administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las empresas de seguridad privada deben renovar su registro REPSE cada tres años. El contrato debe incluir el número REPSE de la empresa de seguridad porque: primero, sin él el cliente no puede deducir los pagos a la empresa de seguridad para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme al Artículo 27 Fracción V de la LISR; segundo, el cliente no puede acreditar el 16% de IVA cobrado por la empresa de seguridad conforme al Artículo 5 de la Ley del IVA; y tercero, el cliente asume la responsabilidad solidaria por las obligaciones de IMSS e INFONAVIT no pagadas por la empresa de seguridad conforme al Artículo 15-D de la LFT si el REPSE de la empresa de seguridad es inválido o está vencido. Los clientes deben verificar el estatus del REPSE en www.repse.stps.gob.mx antes de la firma del contrato e incluir una obligación contractual de que la empresa de seguridad mantenga vigente su registro REPSE durante todo el plazo del contrato, con notificación inmediata al cliente en caso de cualquier suspensión o revocación del REPSE.

Los guardias de seguridad armados pueden portar armas de fuego bajo un contrato de servicios de seguridad privada en México, sujetos a requisitos estrictos conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) y a la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP). El Artículo 38 de la LFSP prohíbe a las empresas de seguridad privada portar armas designadas como de uso exclusivo de las fuerzas armadas (armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea) — incluidos los rifles de asalto y las armas de alto calibre. Las armas autorizadas para la seguridad privada conforme a la LFAFE se limitan a revólveres y pistolas de calibres no reservados para uso militar, y deben estar registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la licencia colectiva de portación de armas de la empresa. Cada guardia asignado bajo el contrato debe tener una Cédula de Armas expedida por la SEDENA que confirme que está autorizado para portar el arma específica. El contrato de servicios debe identificar los tipos de arma y los números de registro de la SEDENA de todas las armas usadas en la prestación del servicio. La violación de las restricciones de armas de fuego de la LFAFE por parte del personal de seguridad durante el servicio contratado puede derivar en responsabilidad penal para el guardia individual y en la revocación administrativa de la licencia de la empresa de seguridad por parte de la DGSP.

La empresa de seguridad privada — no el cliente — es el patrón de todos los guardias de seguridad asignados conforme al contrato de servicios, según lo establecen los Artículos 10 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La empresa de seguridad es responsable de pagar las cuotas del IMSS, las aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT, el reparto de utilidades (PTU), las vacaciones, el aguinaldo y todas las demás prestaciones laborales legales conforme a la LFT. Sin embargo, el cliente asume la responsabilidad solidaria por estas obligaciones conforme al Artículo 15-D de la LFT si la empresa de seguridad incumple los pagos al IMSS y al INFONAVIT — las disposiciones reformadas de subcontratación del Decreto del DOF del 23 de abril de 2021 imponen esta responsabilidad como condición del régimen de deducibilidad fiscal. Para gestionar este riesgo, el contrato de servicios debe exigir a la empresa de seguridad proporcionar constancias de pago cuatrimestral del IMSS Digital, otorgar al cliente el derecho de retener el pago como remedio ante el incumplimiento, y exigir a la empresa de seguridad mantener vigente su registro REPSE. Los clientes con múltiples contratos de seguridad en distintas instalaciones deben dar seguimiento a las fechas de recepción de las constancias y mantener un calendario de cumplimiento para evitar asumir inadvertidamente la responsabilidad solidaria por descuido.

La empresa de seguridad privada tiene la responsabilidad civil principal por los daños causados por sus guardias asignados durante la prestación de los servicios de seguridad contratados, conforme al Artículo 1924 del Código Civil Federal (CCF) — que establece la responsabilidad patronal por los actos de los empleados realizados en el ejercicio de sus funciones. Cuando un guardia, por negligencia o de manera intencional, causa daños a la propiedad, lesiones personales o un robo durante las horas de servicio contratado, la empresa de seguridad responde por los daños materiales, los perjuicios y, potencialmente, el daño moral conforme a los Artículos 1910 a 1934 del CCF. Un contrato de servicios bien redactado debe topear la responsabilidad contractual de la empresa de seguridad a un monto pactado — típicamente un múltiplo del valor anual del contrato —, exigir un seguro de responsabilidad civil con la cobertura mínima señalada en el contrato, y establecer procedimientos de reporte de incidentes que incluyan la notificación obligatoria al cliente y a las autoridades correspondientes dentro de las 24 horas. También debe incluirse el derecho del cliente al reemplazo inmediato de los guardias implicados y a la cooperación en la investigación del incidente. La responsabilidad penal de los guardias individuales que cometen robo, agresión u otros delitos durante el servicio es independiente y se rige por el Código Penal Federal y los códigos penales estatales aplicables — la empresa de seguridad no incurre en responsabilidad penal por la conducta individual del guardia, salvo que la dirección de la empresa haya dirigido o ratificado el acto delictivo.

Contratar a una empresa de seguridad privada sin licencia en México — una que carece de una autorización federal válida de la SSPC y de registro en el RNESP — expone al cliente a múltiples consecuencias legales y financieras. Primero, los pagos a un prestador sin licencia no son deducibles para efectos del ISR y el IVA cobrado no puede acreditarse, lo que resulta en un costo fiscal igual al 16% al 35% del total de los pagos del contrato según la tasa de impuesto del cliente. Segundo, el cliente puede ser considerado responsable solidario de todas las obligaciones laborales de la empresa sin licencia frente a sus trabajadores conforme al Artículo 15-D de la LFT, incluidas las cuotas del IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, el reparto de utilidades y las vacaciones devengadas. Tercero, si los guardias armados sin licencia causan lesiones o daños, el cliente puede enfrentar responsabilidad penal conforme al Código Penal Federal como parte corresponsable por facilitar operaciones ilegales de seguridad armada en sus instalaciones. Cuarto, los clientes en sectores regulados — bancos supervisados por la CNBV, empresas de logística reguladas por la SCT, operaciones mineras bajo la Secretaría de Economía — pueden enfrentar sanciones administrativas de su regulador sectorial por contratar prestadores de seguridad no conformes. La SSPC publica en línea el registro público del RNESP, lo que permite a los clientes verificar el estatus de autorización de una empresa de seguridad, las modalidades de servicio permitidas y la vigencia de la licencia antes de la firma del contrato — la verificación toma menos de cinco minutos y debe ser un paso obligatorio en cualquier proceso de contratación de servicios de seguridad.

Un Contrato de Servicios de Seguridad Privada en México debe incluir un protocolo detallado de respuesta a incidentes que especifique: la cadena de comunicación desde el guardia en sitio hasta el centro de operaciones de la empresa de seguridad (Centro de Control) y luego hasta el contacto designado por el cliente; el tiempo máximo de respuesta de las patrullas móviles o del personal de apoyo; y el procedimiento para contactar a las fuerzas de seguridad pública locales — Policía Municipal, Policía Estatal o Guardia Nacional — para incidentes que excedan el mandato de la empresa de seguridad privada. Conforme al Artículo 11 de la Ley Federal de Seguridad Privada, el personal de seguridad privada tiene prohibido desempeñar funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de seguridad pública — solo pueden detener a personas en flagrancia y deben entregar de inmediato a las personas detenidas al Ministerio Público. El contrato debe exigir a la empresa de seguridad presentar un Informe de Incidente dentro de las 24 horas de cualquier evento de seguridad y notificar al cliente y a la DGSP según lo requiere el Artículo 35 de la LFSP. Los protocolos de coordinación con la policía local — incluidos los números de contacto del C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones) y el Número de Emergencias 911 — deben documentarse en un manual de operaciones del servicio anexo al contrato.

Conforme a la Ley Federal de Seguridad Privada y a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SSP-2000, todos los guardias de seguridad privada asignados bajo un servicio contratado deben haber completado el Currículo de Formación Básica aprobado por la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP). El Currículo de Formación Básica cubre: el marco legal y los límites de la autoridad de la seguridad privada; el uso de la fuerza y las reglas de actuación congruentes con los Artículos 9 y 11 de la LFSP; los primeros auxilios y la respuesta a emergencias; los procedimientos de comunicación; las técnicas de seguridad física y protección perimetral; y, para los guardias armados, el manejo y la seguridad de armas conforme a los requisitos de la LFAFE. Los guardias deben tener una Cédula de Identificación Personal (CIP) válida que confirme la conclusión de la capacitación aprobada. El contrato de servicios debe exigir a la empresa de seguridad mantener registros de capacitación vigentes de todo el personal asignado, proporcionar copias al cliente a solicitud y actualizar la capacitación anualmente. Los instructores que imparten el Currículo de Formación Básica deben estar a su vez certificados por la DGSP como instructores certificados — el contrato debe garantizar que la capacitación la imparten únicamente instructores certificados por la DGSP para asegurar el cumplimiento regulatorio y limitar la exposición del cliente al riesgo de cumplimiento de la LFSP.